nombre reservado CONTRA nombre reservado

C.A. de Valdivia Valdivia, veintitrés de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

1) Comparece doña nombre reservado, tecnólogo médico, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección, dirigida en un primer término en contra de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y ampliada con posterioridad, por presentación de 5 de mayo de 2026, en contra del Supermercado Puritan, ubicado en la misma dirección, y de sus dueños o responsables.

Refiere que su vivienda se emplaza en un pasaje sin veredas, enfrentando la pared trasera de un supermercado, a una distancia aproximada de ocho metros, en la que se ubican los motores de sus generadores, los ventiladores de los equipos de aire acondicionado, los compresores de refrigeración y los portones traseros del local, por donde ingresan y salen trabajadores, se retiran los contenedores de basura y se efectúa la descarga de combustible.

Expone que, desde la instalación del supermercado, ha debido sobrellevar diversas molestias: el bloqueo de la entrada y salida de su vehículo por clientes y trabajadores; el retiro de basura fuera de su reja, con derrame ocasional de líquidos percolados del camión; cartones que quedan en el suelo y se deshacen con la lluvia; portazos del portón de fierro a partir de las veintidós horas; y la descarga de gas y petróleo frente a su puerta, con el riesgo que ello reviste y la dificultad de circulación que origina. Añade que lo más gravoso es el ruido constante proveniente de los motores de los equipos, el que ha aumentado con los años y que, por la cercanía, invade su vivienda y patio aun con puertas y ventanas cerradas, afectando su descanso, en especial durante la noche.

Señala que las anteriores situaciones no admiten una solución por la vía del cobro de una multa y solicita que se dispongan medidas de mitigación, tales como la construcción de un muro alto que contenga el ruido y la reubicación de los portones traseros hacia la esquina del pasaje. Estimas vulneradas las garantías de los numerales 1° —derecho a la vida y a la integridad física y psíquica—, 8° —derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación— y 24° —derecho de propiedad— del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Acompaña a su ampliación informe técnico de evaluación de cumplimiento del Decreto Supremo N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente –Norma de Emisión de Ruidos–, elaborado por el ingeniero civil acústico don nombre reservado, que concluye que la fuente emisora —sistema de climatización y de extracción de gases de la panadería del local— supera los niveles máximos permitidos para la Zona III en período nocturno, arrojando mediciones de 52 dBA –decibelios ponderados– en el interior de la vivienda y de 65 dBA en el exterior, frente a un límite de 50 dBA. El informe señala que se trata de una medición no oficial ni reportable, efectuada con un sonómetro que no cuenta con certificado de calibración periódica vigente del Instituto de Salud Pública, y que constituye únicamente un antecedente para una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, a quien correspondería verificar los resultados mediante mediciones oficiales para iniciar un eventual procedimiento sancionatorio.

2) Informa don nombre reservado, a través de su abogado don Aníbal Rosales Ortiz, solicitando el rechazo del recurso por falta de legitimación pasiva. Sostiene que no es la persona contra quien debe dirigirse la acción, pues no posee la calidad de supermercadista ni desarrolla actividad económica similar, registrando ante el Servicio de Impuestos Internos un giro de prestación de servicios personales de segunda categoría. Agrega que fue erróneamente individualizado, ya que su nombre es nombre reservado y no nombre reservado, y que se desempeña como subadministrador en un establecimiento de comercio ubicado en domicilio reservado, distinto y alejado de aquel donde se producirían las molestias alegadas, con el que no tiene relación ni conocimiento de su funcionamiento.

3) Informa el Supermercado Puritan, representado por Comercializadora MRPAN S.A., a través de su abogado don Maximiliano Yévenes Salgado, solicitando igualmente el rechazo de la acción. En primer término, opone su extemporaneidad, pues, al fundarse el recurso en hechos existentes "desde la instalación de este supermercado", el plazo debería computarse desde hace doce años, sin que el libelo precise fecha o período de las situaciones denunciadas. En cuanto al fondo, analiza pormenorizadamente los hechos y sostiene que el bloqueo de acceso es atribuible a terceros no identificados —clientes o trabajadores esporádicos—, disponiendo el local de estacionamiento para su clientela; que el retiro de basura compete a la Municipalidad de Valdivia, por corresponder al camión municipal; que niega lo relativo a los cartones, pues contrata servicios externos de alto estándar; que respecto de los portazos se compromete a instalar reparaciones —como una goma en el portón— para disminuir el ruido; y que la descarga de gas y petróleo corresponde a empresas terceras debidamente certificadas, comprometiéndose a comunicarles la situación. Hace presente, además, que la propia recurrente relativiza las molestias al señalar que no serían graves de ocurrir en una avenida, y que, en lo concerniente al ruido, su conocimiento corresponde a las autoridades pertinentes —la Superintendencia del Medio Ambiente o el Juez de Policía Local—, dotadas de un término probatorio del que carece esta acción cautelar, por lo que pide su rechazo.

4) Que la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye un arbitrio cautelar de urgencia, cuya procedencia supone la concurrencia de un acto u omisión, ilegal o arbitrario, actual e indubitado, imputable a persona o autoridad determinada, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías que la propia norma enumera. Tratándose del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación del artículo 19 N°8, el inciso segundo del artículo 20 exige, específicamente, que el acto u omisión sea ilegal e imputable a una autoridad o persona determinada. Por su naturaleza, la acción carece de etapa probatoria y no constituye vía idónea para dirimir controversias que, por requerir amplia rendición de prueba, deben ventilarse ante las instancias jurisdiccionales o administrativas que el ordenamiento contempla.

5) Que, en lo que respecta a don nombre reservado, los antecedentes acompañados por esta parte —en especial la consulta de situación tributaria de terceros del Servicio de Impuestos Internos— permiten establecer que no ostenta la calidad de titular o explotador del supermercado, sino un giro de servicios personales de segunda categoría, y que según informa se desempeña como subadministrador en un local diverso, ubicado en el sector Corvi, ajeno a aquel del que emanarían las molestias denunciadas, sin existir antecedentes que desvirtúen aquello. En tales condiciones, no resulta posible imputarle acto u omisión alguno respecto de los hechos que motivan la acción, la que, a su respecto, deberá ser desestimada por falta de legitimación pasiva.

6) Que, delimitado el examen al supermercado recurrido, la mayor parte de las situaciones descritas en el recurso —el bloqueo del acceso vehicular, el manejo de la basura y de los cartones y la descarga de combustible— aparecen atribuidas a terceros indeterminados, tales como clientes, trabajadores esporádicos, el camión recolector municipal o empresas proveedoras, sin que se precise la fecha de su ocurrencia ni se acompañe respaldo que las acredite, siendo además relativizadas por la propia recurrente. Por consiguiente, dichas conductas no configuran un acto u omisión ilegal o arbitrario que pueda atribuirse de manera directa y determinada a la recurrida, quedando el núcleo de la controversia reducido a las emisiones de ruido del local.

7) Que, en este punto, primero corresponde señalar que la alegación de extemporaneidad opuesta por el Supermercado recurrido no será acogida, pues, tratándose de una alegación de ruidos y molestias por ruido que se señala es de carácter permanente y continuado, la eventual perturbación se renovaría en la medida que subsista la fuente que la origina, de suerte que el plazo no puede contarse desde un acto único y pretérito, esto sin perjuicio de lo que se resolverá sobre el fondo.

8) Que, despejado lo anterior, se ha de tener presente que la recurrente sustenta la ilegalidad de tales emisiones en la superación de los límites del Decreto Supremo N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, según el informe acústico acompañado. Sin embargo, el propio informe se autocalifica como una medición no oficial ni reportable, ejecutada con un sonómetro que no cuenta con certificado de calibración periódica vigente del Instituto de Salud Pública, y declara constituir únicamente un antecedente para impulsar una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, a la que correspondería verificar los resultados mediante mediciones oficiales y reportables. De este modo, el mismo medio en que se apoya la pretensión reconoce que la superación de la norma de emisión —y, por ende, la ilegalidad que se reclama— no se encuentra todavía oficialmente establecida.

9) Que la determinación de si una fuente sobrepasa los niveles de emisión fijados por el referido decreto supone una cuestión de carácter técnico, cuya constatación exige fiscalización y medición oficial, propia de la competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente conforme a lo dispuesto en al artículo 20 del Decreto Supremo N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente y, en su caso, la eventual intervención y conocimiento del Juez de Policía Local respectivo, órganos dotados de procedimientos con etapa probatoria de la que esta acción carece. En tal sentido, no corresponde a esta vía cautelar dirimir una controversia de esa índole ni sustituir a las instancias especializadas a las que el ordenamiento ha confiado su conocimiento, de manera que la pretensión, así planteada, excede el ámbito propio de la protección, sin perjuicio de las acciones y denuncias que la recurrente pueda ejercer ante las instancias administrativas y jurisdiccionales competentes.

10) Que, sin perjuicio de todo lo anterior, no se puede ignorar el compromiso del propio Supermercado, al evacuar su informe y reconocido en estrados, únicamente en cuanto a que respecto de los portazos se compromete a instalar reparaciones —como una goma en el portón— para disminuir el ruido, único sentido en el que será acogido el presente recurso, por estimarse que en este especial aspecto hay un allanamiento de este recurrido a la pretensión de la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I. Que se acoge la excepción de falta de falta de legitimación pasiva de don nombre reservado.

II. Que se acoge, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra del Supermercado Puritan, solo en cuanto, este debe cumplir con el compromiso de instalar reparaciones en el portón para disminuir el ruido, en los términos expresados en su informe y el Considerando 9º del presente fallo.

Atendidos los hechos expuestos en esta causa remítase copia del presente fallo tanto a la Superintendencia del Medio Ambiente, para los fines que estime pertinentes, como a la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, para que, en su caso, y de estimarlo pertinente, tome conocimiento de la existencia de duda respecto al cumplimiento de requisitos de altura del muro de atrás del supermercado recurrido.

Sirva el presente fallo de suficiente y atento oficio remisor.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-393-2026.