nombre reservado con SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

Valdivia, trece de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y YENIENDO PRESENTE:

1.- Don Gonzalo Andrés Lepe Ruiz, abogado, en favor del Doctor nombre reservado, recurre de protección en contra del Servicio de Salud del Maule representada por don nombre reservado, ignoro profesión y estado civil, Director Subrogante del Servicio de Salud del Maule, y en contra del nombre reservado, por las omisiones en las que ha incurrido al dictar la Resolución de 11 de abril en curso contenida en el Ordinario N.o 1199, que rechaza el Recurso de Nulidad y el Recurso de Reposición interpuesto en carácter de subsidiario del primero, y la petición subsidiaria, acto que estima ilegal y arbitrario, afectando, perturbando y privando al recurrente de sus derechos y garantías constitucionales su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N.o 24 de la Carta Fundamental, y artículo 19 N.o 2, artículo 19 N.o 3 inciso quinto y artículo 19 N.o 16 de la Carta Fundamental.

Indica que la resolución recurrida, contenida en el oficio N.o 1199, dictada por el Servicio de Salud del Maule, resolvió rechazar el incidente de nulidad y la reposición subsidiaria deducido en contra de la Resolución Exenta N.o 1794 de fecha 30 de marzo de 2022, notificada vía correo electrónico a este con fecha 1 de abril de 2022, la que dispuso lo siguiente: “RESOLUCIÓN. 1.- nombre reservado al Dr. nombre reservado, C.I. No RUT reservado, para reingresar, postular, ser contratado o designado en cualquier cargo de la Administración del Estado por el lapso de 6 años, a contar de la fecha de dictación de esta resolución, por incumplimiento por parte del becario de su período asistencial obligatorios. 2.- HÁGASE EL COBRO respectivo de los montos generados por motivo de la ejecución de la formación y perjuicios derivados de su incumplimiento al nombre reservado, C.I. No RUT reservado, obligación legal, que ascienden a UF 12.703(doce mil setecientas tres Unidades de Fomento), por la Unidad de Formación del Departamento de Desarrollo de las Personas de este Servicio. 3.- NOFÍQUESE la presente Resolución al Dr. nombre reservado, por medio electrónico al correo correo reservado y por carta certificada o al domicilio registrado en el Servicio por el profesional. 4.- SE HACE PRESENTE que de conformidad al artículo 59 de la Ley 19.880, el Dr. nombre reservado, dispone del plazo de cinco días contados desde la notificación del presente acto, para interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que dicta la resolución. 5.- REGÍSTRE el presente acto, una vez que se encuentre notificado, en el sistema de información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), mediante la dictación de la correspondiente resolución en dicho sistema.”

La resolución, contenida en el Ordinario N.o 1199, de fecha 26 de abril de 2022, fue dictada por el director (S) del Servicio de Salud del Maule don nombre reservado, en lo que importa para el presente recurso, resolvió rechazar la nulidad y la reposición interpuesta con el carácter de subsidiaria, en los siguientes términos:

“Respecto de una de las alegaciones contenidas en la Nulidad, relativa al nulo acceso del Doctor nombre reservado, respecto de los documentos que fundaron la decisión impugnada, refiere: “(...) cabe señalar que dichos documentos corresponden por una parte a comunicaciones internas entre las distintas unidades o Departamentos del Servicio, “(...)” o bien resoluciones que si tenían algún efecto sobre su persona le fueron notificados al domicilio que tenía registrado en el Servicio, y que en el evento de modificarlo debía informar oportunamente. Cabe señalar que por lo demás, todos los documentos citados fundantes han sido detallados en los considerandos de la resolución, y son públicos, pueden ser solicitados por Ud. o por quien lo requiera a través de los canales establecidos para ello. Por lo que no puede señalarse que es un acto infundado, ya que está debidamente respaldado por la documentación y argumentado en los respectivos considerandos, con el fundamento de hecho y derecho correspondiente.”

Enseguida, respecto de las alegaciones relativas a los vicios de procedimientos al dictarse un acto terminal, sin mediar un procedimiento administrativo, esto es, al haberse dictado una sanción sin respetar el debido proceso, la resolución recurrida haciendo descansar su argumentación en la siguiente fundamentación.

“No puede considerarse como ilegal o antijurídica la sanción de inhabilidad, en especial en lo referido a la alegación sostenida por Ud., en el sentido de que no existiría un procedimiento, que le hubiese permitido ser oído, ya que no estamos frente a un procedimiento sumarial de los establecidos en el Estatuto Administrativo, ya que la finalidad establecida en dicho procedimiento administrativo es distinta a la que dispone la Ley N.o 19.664 y su Reglamento, toda vez que, la ley es la que establece la sanción de pleno derecho ya que las inhabilidades son de derecho estricto, como ha resuelto la jurisprudencia administrativa y judicial en caso de incumplimiento de los deberes del becario, porque precisamente éste ha asumido una obligación legal de dar cumplimiento a cada uno de esos deberes y en caso de no hacerlo se aplica derechamente la sanción de inhabilidad de cobro de las indemnizaciones y garantías, no siendo requisito para ello iniciar un procedimiento disciplinario como ocurre en el procedimiento administrativo sancionador, cuya finalidad es aplicar una sanción ante una falta administrativa, que por lo demás son diversas de las establecidas en la Ley N.o 19.664, de lo que se concluye que no ha existido la infracción al debido proceso alegada.”

Luego, pronunciándose sobre el recurso de reposición, reproduce los principales argumentos de su representado, en el sentido que la única garantía que se constituyo fue la relativa a la especialidad de medicina interna, y que no se constituyó garantía respecto de la subespecialidad, y que tampoco se pactó obligación de retorno, por lo que no es posible cobrar 5703 UF al no existir obligación alguna contraída por el servicio, y que en consecuencia, el Servicio de Salud del Maule, no estaría facultado para hacer efectiva la Multa, al no haberse acordado aquella con mi representado.

Se cita como fundamento principal de la supuesta obligación de su representado, el certificado número 134, en el que se expresa que el Servicio de Salud del Maule, gestionara con el interesado la devolución del doble de tiempo una vez finalizada la Subespecialización, sin embargo, aquel indica que se debe respaldar con la correspondiente garantía legal, la que nunca se constituyó. En efecto, la recurrida, sostiene que en dicho certificado descansaría la obligación legal de devolución, y que aquel permitiría afirmar que se habría producido la interrupción de la devolución del Período Asistencial Obligatorio de la especialidad, a sólo un mes de haberla iniciado, de lo cual concluyen que le correspondía desempeñarse en el Hospital Regional de Talca desde el 1 de junio de 2017 hasta el 30 de abril de 2027.

En seguida, se afirma que la obligación de la subespecialidad es legal, reconociendo que no se constituyó la garantía, ni se firmó el pagaré, agregando que la escritura es una obligación del profesional, indicando que habría un aprovechamiento del propio dolo. Indican que la devolución debe ser efectiva, continua y asistencial, que la regulación de la devolución estaría regulada en términos taxativos, y que sólo la Subsecretaría de Redes Asistenciales puede suspender la devolución. Afirma que se trataría de una obligación indivisible.

Luego, respecto de la inhabilidad, indican que se aplicó de acuerdo con los criterios objetivos y de forma equitativa. Sostienen que este caso habría sido ratificado por la Contraloría General de la República, a través del Oficio N.o E1944861/2022), la que habría aplicado el Dictamen de Contraloría citada en la resolución impugnada, rechazando consecuencialmente la reposición, procediendo a confirmar la sanción, rechazando igualmente la petición subsidiaria en dicho sentido.

En cuanto a los hechos, indica que su representado accedió a la especialidad de Medicina Interna en la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrollándose ésta entre el 01 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, retomando la devolución al Hospital Regional de Talca a contar del 01 de mayo de 2015, dando cumplimiento a aquello. Asimismo, para garantizar los derechos y obligaciones, suscribió Convenio de Retorno, por escritura pública de fecha 19 de abril de 2012, constituyéndose, para efectos legales, una cláusula penal por la suma de UF 7000. Por su parte, además, inició la subespecialidad en Oncología Médica en la Pontifica Universidad Católica de Chile, desde el 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2017.

Señala que nunca tuvo conocimiento de la Resolución Exenta N.o 4443 de 1 de octubre de 2016, de la que sólo se enteró con ocasión de la Resolución que dispuso aplicar la inhabilidad y multa respectiva. No se le informo que, por haber dado inició a una subespecialidad, en función de la necesidad del Servicio de Salud del Maule, su período de devolución respecto de la especialidad de medicina interna se suspendería o interrumpiría, y menos aún, que su obligación de retorno al Servicio comprendería un tiempo igual al doble de su formación. Nunca fue informado de los efectos que le asignaría el Servicio de Salud del Maule, de forma unilateral, a la realización de una subespecialidad médica, y que luego, sin existir garantías o Compromiso de Retorno pactado, se buscaría hacer efectiva una supuesta devolución por el doble del período de formación, y que los años de subespecialidad, pese a tratarse de un requerimiento del Servicio, se entiendan interrumpidos, ya que lo acordado fue efectuar la subespecialidad, terminando el período de devolución el 30 de abril de 2021, lo que es coherente con el hecho de que la escritura suscrita para garantizar la devolución de la especialidad médica nunca fue modificada o dejada sin efecto.

Que, el Servicio de Salud del Maule, jamás le exigió a su representado, de forma previa, al inicio o durante la realización de la Beca la suscripción del Convenio o Compromiso de Permanencia, luego, en lo referente al Certificado N.o 134, aquel sólo constituye una declaración unilateral de Servicio de Salud del Maule, estableciéndose en el mismo, que la obligación de este, consistirá en cancelar en forma directa a la Universidad la diferencia que pueda generarse, asignándole al Servicio, la responsabilidad de gestionar la devolución, más la respectiva garantía, cuestión que nunca se materializó en los plazos legales dispuestos al efecto .Quien de haber contado con dicha información, se habría representado, que, en el evento de renunciar, por cierto, terminado el período pactado en el 2012, el Servicio buscaría la aplicación de la sanción y multa.

De este modo, habiendo terminado su subespecialidad, y encontrándose en período de devolución en el Hospital de Talca, desempeñándome como Médico Oncólogo, esto es, ejerciendo la subespecialidad, dando cumplimiento a sus obligaciones legales, se le requiere para constituir una garantía y suscribir un pagaré, para garantizar el cumplimiento de una obligación, la que ya se encontraba en etapa de cumplimiento, y que fue satisfecha de forma sustancial.

Sostiene que no es admisible legalmente sostener que una persona contrae una obligación sin haber manifestado su voluntad al respecto en lo relativo al cobro de una garantía. Luego, ciertamente, constituye una arbitrariedad, afirmar que, resulta procedente el recurso de Reposición de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, respecto de un acto terminal, pero que en realidad no corresponde la aplicación íntegra de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, porque nos encontraríamos en presencia de un “procedimiento administrativo”, aquello constituye un acto arbitrario e ilegal, que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 no 2, 19 no 3 inciso quinto.

Estima además que, al aplicar el máximo de la inhabilidad, al amparo de la ley que establece una gradualidad debe justificar la aplicación del plazo máximo, lo contrario implica vulnerar la garantía constitucional del artículo 19 N.o 2 de la Carta Fundamental, ya que se estaría en presencia de una discriminación arbitraria, generando consecuencialmente una afectación a la libertad del trabajo en lo relativo a la libre elección, y el libre desarrollo de una actividad económica.

En cuanto a la afectación del Derecho de Propiedad, discurre en cuanto a la naturaleza de la obligación, el carácter de divisible o no y los derechos alternativos que emanan de la misma. Indica que no puede pretender la recurrida que su representado contrajo una obligación indemnizatoria, en circunstancias que ella se encontraba condicionada a la constitución de una garantía consistente en suscripción de una escritura pública y un pagaré, sin que aquello haya ocurrido. No existe documento de ninguna especie, que permita sostener que, respecto de la subespecialidad, le correspondía una devolución de 4 años, y el pago de una multa de 5.703 UF. Más aún, al no existir un acuerdo debía aplicarse la regla supletoria del artículo 12 de la Ley 19.664, que establece que, el profesional que no cumpla con la obligación de desempeñarse en los organismos a que pertenecen, a lo menos, por un tiempo similar al de duración de los programas, cuestión que sin lugar a duda su representado cumplió. Ahora bien, inclusive, para el evento de estimarse que no cumplió, recién allí deberá reembolsar los gastos originados con motivo de la ejecución de los programas y aquellos derivados del incumplimiento, para lo cual constituirá una garantía equivalente a estos gastos incrementados en el 50% cuando corresponda, siendo imprescindible para ello la constitución de la garantía la que en la especie no fue suscrita por su representado por exclusiva responsabilidad de la recurrida.

En definitiva, no surgió obligación alguna de su representado, en relación a la subespecialidad, pues no se pactó al inicio, ni durante, ni una vez finalizado el período de formación siendo el resto de los actos, que han invocado meras declaraciones unilaterales, sin efectos vinculantes para su persona, a lo que se suma que, su representado dio cumplimiento a la obligación de retorno equivalente al período de formación, esto es, dos años, los que se cumplieron en el Hospital Regional de Talca, toda vez que desde el 1 de junio de 2017 hasta el abril de 2021, esto es, durante 4 años se desempeñó como médico oncólogo, habiendo cumplido con creces dicho período, ya que le correspondía sólo devolver un período equivalente al período de formación de dos años, en cumplimiento de la obligación legal contenida en el mencionado artículo 12. Por ello resulta claramente improcedente el cobro de una supuesta garantía o multa, por el monto de 5.703 UF, diferencia entre las 7000 UF pactadas en la escritura de 2012 respecto de la especialidad y los 12.703 UF que se pretenden cobrar, toda vez, que la multa tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que, extinguiéndose la obligación principal, consecuencialmente se extingue la obligación accesoria. De esta forma, ya sea que se estime que el suscrito cumplió con su obligación, o se consideré que no cumplió, no cabe duda de que, la multa cobrada resulta absolutamente improcedente, ilegal y arbitraria, y que indudablemente afecta el derecho de propiedad de su representado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 n 24 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, señala que el artículo 19 N.o 2 de la Carta Fundamental proscribe la arbitrariedad, vale decir, todo acto debe ser fundado o debe tener una razón que lo justifique, en la medida que restrinja derechos, luego, la resolución impugnada, que rechaza la nulidad y reposición, no contiene ningún argumento en virtud del cual, resulte plausible sostener que, resulta procedente el recurso de reposición consagrado en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, él que es procedente respecto de actos terminales, cuando no resulta procedente el recurso jerárquico, y que luego, de expuestos los vicios del procedimiento, sostenga que en realidad la ley de bases de procedimiento administrativo no resulta aplicable.

Ciertamente lo que su parte sostuvo fue que la resolución impugnada, se dicta al amparo de la Ley 19.880, esto es, la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, el que en su artículo 18, establece que el procedimiento administrativo, consiste en una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal, siendo éste, en la especie, la Resolución Exenta No 1794, la que igualmente, al tenor del artículo 3 constituye un Acto Administrativo. El recurrente sostiene que, al encontrarnos en presencia de un acto terminal, requiere del cumplimiento de etapas: a) Iniciación; b) Instrucción y c) finalización, lo que presupone la existencia de un expediente al cual, las partes, en este caso, mi persona, pueda acceder, expediente que no existe. Es decir, se ha dictado un “Acto Terminal”, sin mediar un procedimiento administrativo, vulnerando el artículo 18 señalado y además el artículo 7 inciso primero de la Constitución Política de la República, al disponer la aplicación de una sanción, sin respetar el debido proceso, impidiendo la ejecución de una defensa efectiva. Se ha vulnerado asimismo el principio de escrituración, el principio de contradictoriedad e igualdad de los interesados en este procedimiento.

También se infringe el artículo 11, pues tratándose de la afectación de derechos de particulares, no se esgrimen razones que justifiquen la aplicación en toda la extensión de las sanciones, vale decir, se le inhabilita por seis años, en circunstancias que, no cabe duda de que, efectúe la devolución en los términos pactados en el Contrato de 2012. Asimismo, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, estamos en presencia de un vicio de procedimiento, que recae sobre un elemento esencial, ya que se ha generado una situación de indefensión, que le impidió a su representada exponer los argumentos en virtud de los cuales estimaba improcedente el cobro de una multa y la respectiva inhabilidad. Ello en relación con el artículo 17 y 35 de la referida Ley.

Así la recurrida se ha constituido en una Comisión especial, toda vez que aplicó la sanción más gravosa sin respetar el procedimiento administrativo, en efecto, el artículo 24 del Decreto Supremo no 507, disposición reglamentaria que establece que el incumplimiento del período asistencia lo inhabilitará a postular para ser contratado o designado en cualquier cargo de la Administración del Estado, hasta por un lapso de seis años, sin perjuicio de hacérsele efectiva por la autoridad correspondiente la garantía a que se refiere el artículo anterior, administrativamente y sin más trámite, vulnerando con ello el artículo 19 no 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República.

No se consideró que su representado, terminado su período de formación, se reincorporó de forma inmediata al Hospital de Talca, desempeñándose hasta abril de 2021, y luego, al trasladarse a la ciudad de Valdivia, se incorpora al Hospital de Valdivia como Médico Oncólogo y como profesional a honorarios de la división Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, lo que ciertamente denota, su compromiso con la salud pública. Se olvida que, la ley prevalece por sobre el Reglamento, y en el presente caso, el artículo 12 de la Ley 19.664, prima por sobre el inciso primero del artículo 17 del Decreto Supremo No 507, ya que el supuesto fáctico de la última se configura cuando estamos en presencia de un becario que, terminado el período formativo debe efectuar la fase asistencial en calidad de funcionario, sin embargo, en el caso de mi representado, al revestir la calidad de funcionario, al iniciar la subespecialidad, su obligación de devolución se rige por el artículo 12 de la Ley 19664, no resultando aplicable el artículo 17 que contempla la obligación del doble del periodo de formación, obligación que aplica respecto de la especialización, más no, en la subespecialización. Además, el artículo 19 del Decreto Supremo N.o 507, no contempla ningún tipo de sanción derivada de la no suscripción del Convenio, al contrario, establece una perentoria obligación en su inciso segundo, cuyo destinatario no es otro que la Dirección del Servicio de Salud, consistente en que ella deberá aprobar, mediante resolución el Convenio, lo que deberá ocurrir dentro del primer mes de iniciada la beca.

Se trata de ilegalidades y arbitrariedades manifiestas, las que constituyen una evidente afectación a las garantías constitucionales del artículo 19 no2 y 19 no 3 inciso quinto ya referidas.

Debe tenerse presente que el Ordinario no 2755 de 20 de mayo de 2015, enviado por nombre reservado, en su calidad de Directora de Salud del Maule, da cuenta del inicio del cumplimiento del período en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Supremo 507, indicándose en el mismo que el compromiso de permanencia es desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 30 de abril de 2021, siendo esto coincidente con el Convenio suscrito en el 2012, lo que fue informado mediante un correo electrónico de 20 de mayo de 2015, enviado por doña nombre reservado, en su calidad de Jefe de Formación, Departamento Desarrollo de las Personas, Servicio de Salud del Maule, comunicación en la que se confirma que, debe regularizarse el inicio de devolución por especialización realizada, aun cuando en su caso, se iniciará subespecialización en oncología médica a contar el 1 de julio próximo. Ello demuestra que el Servicio de Salud, al 20 de mayo de 2015, estaba en pleno conocimiento de que su representado realizaría la subespecialización médica, y, aun así, el compromiso de permanencia se mantuvo hasta el 30 de abril de 2021, fecha que se mantuvo sin modificación alguna. Refiere que con fecha 15 de febrero de 2021, respondió el correo al Director del Hospital don nombre reservado, reiterando la improcedencia de lo solicitado, y que ello puede deberse a una confusión, ya que su situación fue conversada con las autoridades del momento, a saber, la Subdirectora Médica del Hospital Regional de Talca, y la autorización de la Directora del Servicio de Salud del Maule, a saber, doña nombre reservado y nombre reservado respectivamente. quienes le solicitaron y propusieron , luego de haber iniciado su periodo de retorno, una vez terminada su especialidad en medicina interna, la realización de una subespecialidad en oncología, ya que no existía oncólogo en el Hospital de Talca, aclarando que no hubo postulación al Programa Becas Maule, Talca, desconociendo en que consistiría dicho programa, y que no existían temas pendientes, encontrándose trabajando como oncólogo en el Hospital de Talca, manteniéndose su compromiso inalterable hasta la fecha de su convenio, ratificado por el oficio de 2015, esto es, hasta el 30 de abril de 2021, siendo esto, lo acordado en su oportunidad. La norma invocada contempla expresamente, la posibilidad de definir un período menor para especialidades que sean declaradas en falencia, estableciendo como límite que tales períodos en ningún caso podrán ser inferiores al tiempo de formación. Invoca Dictámenes de Contraloría General de la República.

El acto arbitrario e ilegal denunciado afecta igualmente la libertad de trabajo de su representado y su protección consagrada en el artículo 19 no 16 de la Carta Fundamental, toda vez que, el establecimiento de una inhabilidad por el plazo máximo legal, sin explicitar las razones para ello, afecta el derecho de toda persona a la libre elección del trabajo, que impide que el trabajo puede ser prohibido para una persona, salvo que se oponga a la moral, la salubridad pública o que lo exija el interés nacional. Su representado, se encontraba trabajando en el Servicio Público, en el Servicio de Oncología del Hospital Base Valdivia, uno de los Centros de Alta Complejidad Oncológicos del país definidos en el plan nacional de cáncer, se trata de sólo 6 centros en Chile. Este centro no solo atiende a la Región de los Ríos, sino a toda la macrozona sur austral (Regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes). De igual forma, su representado, trabaja igualmente, en el Ministerio de Salud en la oficina de drogas de alto costo dependiente de la división de planificación sanitaria. Ambas circunstancias que debieron ser consideradas, pues no solo afecta su libre elección del trabajo, sino que, en los hechos, impide que desarrolle una actividad laboral de carácter crítico en el país, y generará consecuencias perjudiciales para toda la red pública en una materia tan sensible y compleja como lo es el cáncer. Sin perjuicio de ser también una decisión infundada, arbitraria e ilegal, que producirá de mantenerse un efecto desastroso, habiendo incurrido la Subsecretaria de Redes Asistenciales en una evidente omisión, que vulnera no sólo los derechos de mi representado, sino que afecta gravemente la salud pública.

Pide en definitiva ordenar el restablecimiento del derecho, ordenando a las recurridas dejar sin efecto la Resolución Exenta No 1794, de fecha 30 de marzo de 2022, y la Resolución contenida en el ordinario no 1199 dictada por don nombre reservado, Director( S) del Servicio de Salud del Maule, esto es, dejando sin efecto la Multa y la Inhabilidad aplicada a mi representado, o en su caso, dejarlas sin efecto, ordenando instruir un procedimiento administrativo en el que se le permita a mi representado ejercer todos los derechos que consagra en su favor la ley de bases de procedimiento administrativo, con costas u otra medida que estime a fin de restablecer el imperio del derecho ordenando las medidas necesarias para cumplir dicho objetivo constitucional.

2. Informando el recurso doña VERÓNICA ANDREA CONTARDO MERA, Abogado, en representación del Servicio de Salud Maule, representado por su director (S) nombre reservado, solicita rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Precisa que el Dr. nombre reservado accede a Especialidad en Medicina Interna en la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de una beca entregada por Concurso Público, Ministerial FORDIR, la que se desarrolla entre el 01 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, debiendo retornar a realizar su devolución al Hospital Regional de Talca a contar del 01 de mayo de 2015.

Para garantizar los derechos y obligaciones que dieron lugar a la especialidad y el Convenio de Retorno suscribe, el profesional, escritura pública con fecha 19 de abril de 2012, Repertorio N° 3.081-2012, garantizando una suma de UF 7.000 en caso de incumplimiento de su obligación de retorno.

Conforme a lo informado por la Unidad de Formación, a través de correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2014 de la Subdirectora Médica del Hospital de Talca de la época, dirigido a la Subdirectora de Gestión Asistencial de este Servicio, entre otros, se confirma decisión de respaldar la Subespecialización del Dr. nombre reservado, indicando en dicha comunicación que se respaldaría con un contrato de 44 horas, además agrega que a la fecha de emisión del correo, el Dr. nombre reservado se encontraba terminando de cursar beca de especialidad, requiriendo por tanto, carta de patrocinio para postular a la Subespecialidad indicada. Ante ello se cursa certificado N°134 firmado por la directora T Y P del Servicio de Salud Maule, entregando el respaldo al profesional para la subespecialización, e indicando que, “el Servicio de Salud, gestionará con el interesado la devolución del doble de tiempo una vez finalizada la subespecialización, lo que se debe respaldar con la correspondiente garantía legal”. En este documento se establece la obligación legal de devolver un tiempo igual al doble de su formación lo que estaba en pleno conocimiento del profesional. Asimismo, el 1 de julio de 2015 mediante Memorándum N° 324 del Subdepartamento de Capacitación y Formación del Hospital Regional de Talca se envía al Servicio de Salud Maule, el Formulario de Solicitud de Subespecialización suscrito por el propio profesional recurrente, juntamente con los antecedentes requeridos para la elaboración del compromiso de permanencia, que como la ley señala corresponden al doble del tiempo de su formación.

El cupo de la beca de subespecialidad a la que accedió el recurrente es parte del Programa Becas Maule “médicos especialistas y subespecialistas para la Región del Maule”, financiado con fondos del Gobierno Regional, y el objetivo general del programa, es formar las competencias y capacidades a médicos para que se desempeñen en la Región del Maule en las áreas de mayor demanda que efectúan los usuarios, a través de la capacitación, perfeccionamiento y mejoramiento, que les entregará una Facultad de Medicina que cumple con los requisitos para impartir formación en especialidades médicas, en coordinación con los objetivos y lineamientos del Servicio de Salud del Maule y mejorar y generar las condiciones necesarias para atraer y retener especialistas y subespecialistas para la región. Es aquí donde se vincula el profesional con el Programa Becas Maule, pues el cupo al que postulo y se adjudico estaba asociado al Programa Becas Maule y así fue debidamente informado.

Es en dicho contexto, se interrumpe la devolución del Período Asistencial Obligatorio de su especialidad, a sólo un mes de haberla iniciado, para continuar formándose en la subespecialidad de Oncología Médica a través del programa Becas Maule I, a contar del 01 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2017, debiendo retornar al Hospital de Talca el 01 de junio 2017, por un periodo de 9 años 11 meses, que corresponden a 5 años 11 meses que le quedaban por devolver de su especialidad y que fueron interrumpidos, más los 4 años de devolución correspondientes a su subespecialidad.

A través de Resolución Exenta N° 4443 de fecha 01 de septiembre de 2016 del Servicio de Salud Maule, se procede a dictar Comisión de Estudios, notificada al recurrente, donde se detalla la interrupción de su PAO anterior, y su nuevo compromiso de retorno y que en definitiva sumados ambos períodos le corresponde desempeñarse en el Hospital Regional de Talca desde el 01 de junio de 2017 hasta el 30 de abril de 2027. En diversas instancias se le solicito acercarse garantizar las obligaciones que traía aparejada el respaldo a su subespecialidad (escritura y pagaré), sin que el Dr. nombre reservado cumpliera con dicha obligación legal. Tal incumplimiento fue informado por oficio N° 316 de 27 de enero de 2021 de la Dirección del Servicio de Salud al director de Hospital de Talca, se solicita pueda reunirse con el profesional, indicando que debe dar cumplimiento a la firma de la escritura, en un plazo no superior a 5 días hábiles de recepcionado el documento. En caso de no cumplirse con lo requerido se procederá a solicitar sanción administrativa para el profesional, de acuerdo con la normativa vigente.

Así el recurrente presenta carta de renuncia, la cual hizo efectiva a contar del 01 de mayo de 2021 indicando motivos de cambio de ciudad, pese a encontrarse vigente su obligación legal de retorno, restándole por cumplir 5 años 11 meses, 4 años de su subespecialización y 1 año 11 meses de su especialidad, lo que corresponde a un incumplimiento grave de las obligaciones como especialista y subespecialista formado con recursos públicos.

Tal como lo establece la ley expresamente (D. S. N° 507 de 1991 y D.S. N°91 de 2001 ambos del Minsal) existe una obligación de permanencia para todos los profesionales que realizan una especialización o subespecialización financiada por el Estado del doble del tiempo de duración de su formación en un establecimiento de la Red Asistencial, determinado por el Servicio de Salud respectivo, hecho conocido por el actor y además puesta en su conocimiento expresamente a través del Certificado de respaldo N° 134, y a través de la Resolución N° 4443 de fecha 1 de septiembre de 2016, la que no sólo contemplaba la obligación del profesional de suscribir los documentos para garantizar sus obligaciones, sino que también se señalaba expresamente los plazos de su devolución, indicando como fecha de término el 30 de abril de 2027. Luego no es válido el argumento de desconocimiento de que la subespecialidad trae aparejado un compromiso de devolución correspondiente al doble del tiempo de formación del profesional, pues es una obligación legal conocida por el médico.

El no haber suscrito la documentación requerida, no es causal para considerar que la obligación no existe, pues la obligación de retorno es una obligación legal, nace a la vida jurídica por el sólo ministerio de la ley y la suscripción de la escritura pública y pagaré que este Servicio solicita para garantizar las obligaciones asociadas a la formación, sólo corresponden a un trámite administrativo y formal que permitirán una mayor celeridad en el cobro de las garantías de ser esto necesario, pero en forma alguna dicen relación con la existencia misma de la obligación..

A la fecha de presentación de la renuncia del Dr. nombre reservado al Hospital Regional de Talca le quedaban pendiente por devolver 5 años 11 meses, 4 años de su subespecialización y 1 año 11 meses de su especialidad, enmarcándose ello en un incumplimiento grave de sus obligaciones correspondiendo aplicar la sanción contemplada en la ley, esto es inhabilidad hasta por 6 años para postular, para ser contratado o designado en cualquier cargo de la Administración del Estado, conjuntamente con el cobro de lo invertido en su formación, más los correspondientes recargos legales.

En cuanto a la renuncia presentada por el profesional recurrente a contar del 1 de mayo de 2021, cabe señalar que el funcionario cesa en su empleo en virtud de la aceptación por parte de la autoridad de su renuncia voluntaria, y no producirá efecto sino desde la fecha que quede totalmente tramitado el acto que la acepte, a menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada y así lo disponga la autoridad. Sin embargo, un funcionario está impedido de alejarse de sus funciones mientras no se produzca tal aceptación, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad administrativa por abandono de funciones (Dictamen N°3.149/2015; N°31.825/2017; 23.250/2016) y en el presente caso, no es posible aceptar su renuncia, ya que se encuentra pendiente su obligación de permanencia.

Ante tal situación, el Servicio de Salud Maule previo a dictar la resolución que declaraba la inhabilidad del profesional e instruir el cobro de los fondos asociados a la formación mediante Oficio N° 2107 de fecha 15 de julio de 2021 del Servicio de Salud se solicitó pronunciamiento a Contraloría Regional del Maule respecto de la forma de proceder ante la renuncia del Dr. nombre reservado encontrándose inconclusa su obligación legal de devolución. Mediante oficio N° E194861 de fecha 16 de marzo de 2022 el órgano contralor se pronuncia en el siguiente sentido: “... Si bien el profesional por el que se consulta principió el cumplimiento de la aludida fase de seis años el 1 de mayo de 2015, esta fue interrumpida por la autoridad a requerimiento del interesado, autorizándolo a cursar la subespecialidad a la cual postuló voluntariamente, por lo cual es dable concluir que el lapso utilizado en el desarrollo de dichos estudios, no puede considerarse como parte del cumplimiento del referido período asistencial, debiendo dar observancia efectiva a la totalidad de las obligaciones de permanencia a que se encuentra comprometido (aplica dictamen N° 30.965 de 2012, de esta Contraloría General).

En consecuencia, atendidas las consideraciones anotadas, resulta obligatorio que respecto del profesional por el que se consulta se haga efectiva la garantía de cumplimiento y la inhabilidad dispuesta en la normativa analizada”

Tal pronunciamiento deriva en que el 30 de marzo de 2022 mediante Resolución Exenta N° 1794 se decretó la inhabilidad del Dr. nombre reservado para reingresar, postular, ser contratado o designado en cualquier cargo de la Administración del Estado, por el lapso de 6 años, a contar de la fecha de dictación de esta resolución, por incumplimiento por parte del becario de su periodo asistencial obligatorio, así como hacerse el cobro de los montos generados con motivo de la ejecución de la formación y perjuicios derivados de su incumplimiento. Tal resolución fue recurrida por el afectado, mediante presentación realizada ante el director del Servicio de fecha 11 de abril de 2022, el que fue resuelto por el órgano recurrido mediante Oficio Ordinario N° 1199 de fecha 26 de abril de 2022, acto signado por la contraria como arbitrario e ilegal y en el que se fundamenta el presente recurso.

Dicho Oficio, dictado por la autoridad competente y dentro del ejercicio de sus facultades, señala que, revisados los argumentos y antecedentes entregados en la presentación del recurrente, y considerando que estos no aportan circunstancias nuevas, a las ya ponderadas al momento de dictar el acto recurrido que deban ser estimadas para dejar sin efecto el acto administrativo impugnado, se rechaza la nulidad y el recurso de reposición interpuesto en subsidio.

El citado acto administrativo, invocado por la contraria como arbitrario e ilegal, fue debidamente fundamentado por la autoridad, y considera todos los antecedentes señalados precedentemente en este recurso, agregando, además: Que el profesional en formación no es autónomo para determinar cuánto tiempo devuelve, ni dónde, ni a que imputa cada período de devolución, pues ello está determinado por ley y la forma de computar el plazo ha sido instruido por Contraloría. Para la Especialidad son 3 años de formación y 6 años de devolución y para la Subespecialidad son 2 años de formación y 4 años de devolución. La devolución debe ser efectiva, continua y asistencial, sólo suspendida por autorización de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. El tiempo de formación de la subespecialidad no es imputable al desempeño del PAO, por lo que lo suspende. Por lo tanto, al momento de la renuncia le restaba por cumplir 5 años 11 meses, 1 año 11 meses de su especialidad y 4 años de su subespecialización. Cualquier estipulación distinta o contraria a ello, sería aplicar medidas especiales y arbitrarias, con relación al resto de los profesionales en formación de nuestro Servicio (especialistas y subespecialistas).

Habiendo quedado establecido el incumplimiento de su obligación de retorno, considerando que el PAO u obligación de retorno es indivisible, basta con un solo día de incumplimiento para hacer exigible el cobro total de la garantía. Se cobran UF 7000 de su especialidad y UF 5.703 de la subespecialidad, porque ambas obligaciones de retorno fueron incumplidas, totalmente para el caso de la subespecialidad y parcialmente para el caso de la especialidad, montos que corresponden a los gastos incurridos en la formación, más el 50% como avaluación anticipada de los perjuicios, conforme lo establece la ley.

En cuanto a que la aplicación de la inhabilidad esta se realiza conforme lo permite la ley, por el plazo autorizado por ley y considerando criterios objetivos, y de forma equitativa en comparación al resto de los casos de similares características que existan dentro del Servicio, todo ello establecido en una resolución debidamente fundada. A su respecto cabe agregar que el sistema de becarios es de carácter compuesto ya que sus estudios de formación (especialidad - subespecialidad) incluyen años de docencia y años de período asistencial obligatorio (PAO), los que son pagados por el Estado – en este caso Servicio de Salud Maule- de manera completa, tanto matrícula, arancel universitario, estipendio mensual, y remuneraciones durante su tiempo de devolución. Estos implican un alto costo, y es por ello que la ley se pone en el escenario que no terminen sus estudios o bien una vez terminados no respeten su compromiso como servidores públicos en el área de la salud.

Que es ese y no otro el sentido de la ley de exigir una garantía para cubrir la inversión económica que efectúa el Estado y la otra la sanción de inhabilidad que de acuerdo a la historia de la Ley 19.664 fue considerada un castigo social frente al incumplimiento del médico en formación que incumple sus deberes, todo esto con el fin de asegurar la retribución por los beneficiarios del programa de becas, y que en definitiva sea la población la directa beneficiada en recibir en atenciones la experticia que profesionales médicos han adquirido financiada con el dinero de todos los chilenos y chilenas.

Los argumentos que hoy el profesional recurrente se encontraría trabajando en otro Servicio Público, sabiendo que no tenía regularizada su situación en el Servicio de Salud Maule, no aminora la gravedad de la situación y el perjuicio directo causado al órgano recurrido quien por años formó a un profesional en una subespecialidad carente en la región, con fondos públicos, con la legítima intencionalidad que dicho profesional terminada su formación devolvería a la región dentro de la que tiene jurisdicción el Servicio de Salud Maule con los conocimientos que la especialidad y subespecialidad le han entregado.

No debemos olvidar que el Servicio de Salud Maule es un órgano de la Administración del Estado que debe velar tanto por la inversión de los recursos públicos, como porque esos fondos públicos invertidos por el estado en una persona en particular sean retribuidos conforme lo obliga la norma, esto es con el plazo de devolución de un período asistencial, que es la forma de entregar a la comunidad la atención de salud de la especialidad financiada por el Estado.

Así la Dirección del Servicio ha actuado dentro de sus facultades legales, por lo tanto, no puede considerarse su actuación como ILEGAL, ya que lo ilegal representa una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea, una manifestación del simple capricho del agente. Tratándose de una omisión ilegal o arbitraria, obviamente, debe existir la obligación legal de actuar para el agente. Sólo así podrá cometerse un agravio a través de la inactividad. Invoca jurisprudencia. Por lo que el Ordinario N°739 de fecha 18 de marzo de 2022 no se enmarca en ninguna de dichas clasificaciones pues ha sido dictado conforme el marco legal existente y ha sido debidamente fundado.

Agrega que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, y es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1o del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas. En tal sentido el Oficio ordinario N° 1.1199 de 26 de abril de 2022 signado como el acto vulneratorio, es un acto administrativo dictado por el Director del Servicio de Salud Maule que resuelve la solicitud de la invalidación de la Resolución Exenta N° 1794 de fecha 30 de marzo de 2022, los cuales dicen relación con el pronunciamiento de la autoridad en cuanto al plazo de devolución del Dr. nombre reservado, a su incumplimiento con ocasión de su renuncia y a la inhabilidad como consecuencia legal a dicho incumplimiento, hechos y circunstancias del mismo. Dicho acto debidamente fundamentado le indica al profesional que no es posible acceder a la invalidación, por cuanto sólo se justifica cuando el acto haya sido dictado contrario a derecho, y tal como se razonó existen razones de hecho y derecho que lo sustentan.

Por todo lo reseñado, podemos señalar que no hay acto alguno arbitrario o ilegal, pues el acto impugnado se ajusta plenamente a derecho, pues es la ley la que establece que el médico acreedor de una beca de especialidad y subespecialidad debe devolver el doble del tiempo de su formación, en una jornada de 44 horas semanales, conforme fue concedida la beca.

Así las cosas, en el actuar de este Servicio debe primar lo que establece la ley y la jurisprudencia administrativa, y claro está que es la ley la que establece el período asistencial obligatorio, que corresponde al doble del tiempo de su formación, cualquier pronunciamiento en contrario por parte del Servicio configuraría una actuación arbitraria e ilegal en atención a lo exigido al resto de los becarios que anualmente son respaldados por los Servicios de Salud del país, quienes realizan su período asistencial obligatorio, ya sea en este u otro Servicio por un tiempo igual al doble de su formación y en jornada completa.

Finalmente, reiteramos que la Dirección del Servicio de Salud Maule, no ha incurrido en ningún acto que vulnere, amenace o perturbe, el derecho del artículo 19 N°2, N°3 inciso quinto yN°16 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso deberá ser rechazado en todas sus partes; con costas.

3. Comparece informando el recurso doña nombre reservado, abogada, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, solicita su rechazo total.

Indica que el recurso de protección debe ser rechazado, desde que la Subsecretaría de Salud Pública no ha incurrido en ningún acto u omisión que pueda calificarse como ilegal o arbitrario y que, tampoco pueda estimarse que vulnere, perturbe o amenace garantías constitucionales de la recurrente. Invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en cuanto a la naturaleza y requisitos de esta acción constitucional. Refiere en el ámbito de su aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, ilegalidad y arbitrariedad que como se dará cuenta en este informe, no se verifican en la especie.

Indica, pormenoriza y fundamenta legalmente las funciones que le corresponden a dicha Secretaría de Estado, destacando al efecto la articulación, gestión y desarrollo de la Red Asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas (artículo 16) y que en cumplimiento de esta labor, se desarrollan los principios de servicialidad de la Administración y de la continuidad y regularidad de la función pública, tal como se advierte de los artículos 1° de la Constitución Política y 3° y 5° de la Ley N° 18.575, que obligan a velar por el bien común por sobre el particular.

Indica que de acuerdo al reglamento N° 507, que aprueba reglamento de becarios de la ley No 15.076, en el sistema nacional de servicios de salud, del Ministerio de Salud, precisa que “los profesionales que cumplan un programa de especialización en los establecimientos asistenciales dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud, cualquiera sea la institución responsable del desarrollo de dicho programa, estarán obligados a acatar las normas y disposiciones que regulan el funcionamiento de tales establecimientos” (artículo 2). Luego se sigue que “el incumplimiento de las obligaciones docentes asistenciales o administrativas que corresponden a los profesionales becarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que conste en antecedentes calificados debidamente evaluados por la autoridad superior correspondiente, dará lugar a que la Subsecretaría de Redes Asistenciales o el director de Servicio Salud, en su caso, ponga término a la beca mediante resolución fundada” (artículo 2, inciso 2°).

Es importante señalar que los programas de especialización que se ofrezcan mediante becas por el Ministerio o los Servicios de Salud, corresponderán a aquellos que se requieran para el cumplimiento de las políticas de salud y, principalmente, para la satisfacción de las necesidades del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

Expuesto lo anterior, el Servicio de Salud Maule debe velar tanto por la inversión de los recursos públicos, puesto que éstos son fondos públicos invertidos por el Estado en una persona en particular, sean retribuidos conforme lo obliga la norma, esto es con el plazo de devolución de un período asistencial, que es la forma de entregar a la comunidad la atención de salud de la especialidad financiada por el Estado. En consecuencia, la Dirección del Servicio ha actuado dentro de sus facultades legales, por lo tanto, no puede considerarse su actuación ilegal la denunciada en estos autos, desde que ello, representaría una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea, una manifestación del simple capricho de la autoridad.

Tratándose de una omisión ilegal o arbitraria, obviamente, debe existir la obligación legal de actuar para el agente. Sólo así podrá cometerse un agravio a través de la inactividad. En efecto, el Oficio ordinario N° 1.1199 de fecha 26 de abril de 2022 signado por el recurrente como un acto arbitrario, es un acto administrativo dictado por el Director del Servicio de Salud Maule que resuelve la solicitud por parte del Dr. nombre reservado de la invalidación de la Resolución Exenta N° 1794 de fecha 30 de marzo de 2022, los cuales dicen relación con el pronunciamiento de la autoridad en cuanto al plazo de devolución del Dr. nombre reservado, a su incumplimiento con ocasión de su renuncia y a la inhabilidad como consecuencia legal a dicho incumplimiento, hechos y circunstancias del mismo. Dicho acto debidamente fundamentado, señala que no es posible acceder a la invalidación, por cuanto sólo se justifica cuando el acto haya sido dictado contrario a derecho, y tal como se razonó existen razones de hecho y derecho que lo sustentan.

Por todo lo reseñado, podemos señalar que no hay acto alguno arbitrario o ilegal, pues el acto impugnado se ajusta plenamente a derecho, pues es la ley la que establece que el médico acreedor de una beca de especialidad y subespecialidad debe devolver el doble del tiempo de su formación, en una jornada de 44 horas semanales, conforme fue concedida la beca.

Así las cosas, el Servicio de Salud recurrido, al establecer las medidas y exigencias, está haciendo primar lo que establece la ley y la jurisprudencia administrativa, y claro está que es la ley la que establece el período asistencial obligatorio, que corresponde al doble del tiempo de su formación, cualquier pronunciamiento en contrario por parte del Servicio configuraría una actuación arbitraria e ilegal en atención a lo exigido al resto de los becarios que anualmente son respaldados por los Servicios de Salud del país, quienes realizan su período asistencial obligatorio, ya sea en este u otro Servicio por un tiempo igual al doble de su formación y en jornada completa.

En cuanto a los hechos indica que el recurrente accede a Especialidad en Medicina Interna en la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de Concurso Público, Ministerial FORDIR, desde el 01 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, debiendo retornar al Hospital de Talca a contar del 01 de mayo de 2015, para lo cual suscribe escritura N° 3081/19.04.2012 por UF 7.000. Luego, a través de correo electrónico de 24.11.2014, de la subdirectora Médica del Hospital de Talca dirigido a subdirectora de Gestión Asistencial de este Servicio, confirma decisión de respaldar Subespecialización e indica que se respaldará con un contrato de 44 horas, quien a la fecha del correo se encontraba terminando de cursar beca de especialidad y requiere carta de patrocinio para postular a Subespecialidad. Ante ello se cursa certificado N°134 firmado por la directora indicando que, “el Servicio de Salud, gestionara con el interesado la devolución del doble de tiempo una vez finalizada la Subespecialización, lo que se debe respaldar con la correspondiente garantía legal” Certificado que el profesional presento para postular a Pontificia Universidad Católica de Chile.

Posteriormente, el profesional interrumpe su devolución para continuar formándose en la subespecialidad de Oncología Médica a través del programa becas maule I, a contar del 01 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2017, debiendo retornar al Hospital de Talca el 01 de junio 2017 por un periodo de 9 años 11 meses. Considerando que, en la fecha en que el profesional ingreso a la subespecialización (2015), el procedimiento de la Unidad de Formación para continuar con los procesos administrativos para dictar Res., de comisión de estudios, firma de escritura pública y realización de convenios con los centros formadores para el pago de derechos arancelarios, correspondía a que, el Hospital que respaldaba la correspondiente Subespecialidad, debía enviar Formulario Solicitud Programas de Subespecialización ley 19.664, copia Contrato Ley 19.664 y Formulario Compromiso de Permanencia, y que al 21 de diciembre del año 2015, pese a las reiteraciones, aún se encontraba pendiente contrato del Profesional, se procedió a solicitar la intervención de la Subdirectora de las Personas.

Luego, través de Resolución Exenta N° 4443/01.09.2016, se procede a dictar Comisión de Estudios, la cual fue notificada al Profesional a través de carta certificada por correos de chile, quienes informaron que esta fue entregada en la dirección estipulada. Mediante MEMO 466/05.10.2016, se solicita al Abogado Asesor de la Subdirección de las Personas confección de escritura Pública y Pagaré del Dr. nombre reservado. Luego, a través de correo electrónico de fecha 04.11.2016, la Jefa de formación envía Monitoreo de Escrituras (al 03.11.2016), al Abogado de la Subdirección informando que aún existen escrituras pendientes y solicita gestionar a la brevedad, entre estos el Dr. nombre reservado.

Es necesario hacer presente que, de acuerdo a conversación sostenida con la Subdirectora de las Personas y encargada de formación, respecto al trámite de las Escrituras Públicas, se informa que corresponde al abogado enviar por e-mail el borrador de Escrituras para la revisión de los interesados y aclarar dudas al respecto, enviar borrador a Notaría, comunicar a los profesionales fecha y plazo para que concurran a firmar e informar internamente a la encargada de formación respecto del avance en la regularización de estos documentos. Información que fue respaldada a través de correo electrónico de fecha 23.11.2016. A través de e-mail de fecha 04.07.2017 y 16.10.2017, el Abogado Asesor informa a la jefa de formación nómina de Médicos que, aún no concurren a Notaría a firmar sus respectivas escrituras y pagaré, entre ellos, el Dr. nombre reservado.

Con fecha 24.11.2017, el Abogado Asesor envía e-mail al Dr. nombre reservado, indicándole que, no ha concurrido a suscribir la escritura y pagaré que le corresponde debido a encontrarse en un proceso de formación profesional que, el plazo que tenía para hacerlo se encuentra vencido, por lo que se solicita cumplir con esta obligación a más tardar el 30.11.2016. De no ser así, se suspenderá de inmediato los pagos que se le realizan por concepto de remuneraciones y aranceles. El Dr. nombre reservado responde e-mail informado en párrafo anterior, indicando que: “se encuentra trabajando como especialista en el Hospital Regional de Talca, bajo las condiciones de la escritura vigente que firmó en el año 2012.

Por su parte en el Art. 19 del decreto 507, lo que corresponde a suscripción de convenio de derechos y obligaciones a fin de cautelar loa recursos invertidos en su programa formativo, se solicita pueda reunirse con el profesional, indicando que debe dar cumplimiento a la firma de escritura, en un plazo no superior a 5 días hábiles de recepcionado documento. En caso de no cumplirse con lo requerido se procederá a solicitar sanción administrativa para el profesional, de acuerdo a la normativa vigente.

Luego, con fecha 12.02.2021 a través de e-mail, de la Subdirectora (s) de gestión de las Personas del Hospital de Talca, invita al profesional a regularizar su firma indicándole al profesional, que lo que firmo anteriormente fue la escritura de la especialidad, respondiendo el profesional a través de e-mail dirigido al Director de este Servicio con copia al Director del Hospital de Talca, en el cual, dentro de otros temas señala que “me encuentro cumpliendo con mi compromiso de retorno en el Hospital Regional de Talca desde el 01 de Mayo de 2015 y no desde el 1 de junio de 2017 como figura en ordinario N° 316 enviado” Sin embargo, a través de e-mail del Hospital de Talca de fecha 19.04.2021, se informa que, el profesional presentó carta de renuncia, la cual se hará efectiva a contar del 01.05.2021 indicando motivos de cambio de Ciudad. Luego, a través de e-mail de la Unidad de Formación de este Servicio de fecha 21.04.2021, se pone en conocimiento al profesional las consecuencias de su renuncia respecto de su incumplimiento del Periodo Asistencial Obligatorio y Compromiso de retorno, a lo cual el profesional responde a través del mismo medio con fecha 22.04.2021, indicando que no hay firma que regularizar y tampoco incumplimiento de su parte. Posteriormente, se señala que por correo electrónico del Hospital de Talca, de fecha 03.05.2021, informa al Profesional que, la renuncia no se encuentra aceptada por el Director del Hospital de Talca.

En este punto, el profesional responde este e-mail, indicando que, de conformidad con las normas legales estatutarias que rigen el ejercicio de la función pública, la renuncia presentada en cuanto causal de cesación de funciones no requiere de autorización, sino solo de la aceptación por parte de la jefatura respectiva. El profesional a la fecha de su renuncia no tuvo ausentismo, desempeñándose en jornada de 44 horas semanales en dicho establecimiento, quedando pendiente por devolver 5 años 11 meses.

Sin embargo, mediante MEMO 267/26.05.2021, se pone en conocimiento situación al Director del Servicio, solicitando VB, para aplicar las sanciones estipuladas en el Art. 12 de la Ley 19.664, esto es; a) Reembolso de los gastos originados en el Programa de Especialización y los que deriven del incumplimiento, caucionados en garantía (UF 7.000) b) Gastos por concepto de matrícula y Arancel de la Subespecialidad, los cuales fueron financiados por el Gobierno Regional a través del Programa Becas Maule. c) Inhabilidad para reingresar a la administración del estado hasta por el lapso de 6 años.

Con fecha 01 Julio se sostiene reunión entre el director del Servicio, Jefe Depto. Jurídica y Jefa de Depto., nombre reservado, en la cual se determina Oficiar a Contraloría Regional consultando proceder en este caso. Cabe señalar que con fecha 01 de mayo de 2021, fue contratado por el Hospital de Valdivia en 33 horas, percibiendo las remuneraciones correspondientes por ambos meses. Sin perjuicio de lo anterior y dado que, el Hospital de Talca no aceptó renuncia, también paga remuneraciones correspondientes a mayo y junio al profesional, solicitando el profesional cuenta donde realizar devolución de los pagos percibidos. Con email, de acuerdo al mismo antecedente se envía Ord. N°1979/05.07.2021, informando que dado los antecedentes se solicita pronunciamiento a Contraloría para que determine el proceder del caso Es importante señalar que atendida la situación, se remitieron los antecedentes del profesional mediante ordinario N°2107/15.07.2021 al Contralor Regional del Maule para emitir pronunciamiento al respecto, siendo resuelto mediante Oficio N°194.861/2022 indicando lo siguiente: Enseguida, de los mismos documentos consta que durante tal desempeño el Servicio de Salud Maule lo autorizó, mediante una comisión de estudio, para realizar, desde el 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2017, una subespecialidad en oncología médica, a través de su resolución N° 4.443, de 2016. Lo anterior permite sostener que si bien el profesional por el que se consulta principió el cumplimiento de la aludida fase de seis años el 1 de mayo de 2015, esta fue interrumpida por la autoridad a requerimiento del interesado, autorizándolo a cursar la subespecialidad a la cual postuló voluntariamente, por lo cual es dable concluir que el lapso utilizado en el desarrollo de dichos estudios, no puede considerarse como parte del cumplimiento del referido período asistencial, debiendo dar observancia efectiva a la totalidad de las obligaciones de permanencia a que se encuentra comprometido (aplica dictamen N° 30.965, de 2012, de esta Contraloría General).

En consecuencia, atendidas las consideraciones anotadas, resulta obligatorio que respecto del profesional por el que se consulta se haga efectiva la garantía de cumplimiento y la inhabilidad dispuesta en la normativa analizada.

De acuerdo con lo anterior, esa Dirección de Servicio mediante Resolución Exenta N°1794/30.03.2022 y Resolución Exenta RA N°433/228/2022 del 31 de marzo de 2022, registrada en Sistema SIAPER, procede a realizar inhabilidad por 6 años y cobros de UF 12.703 por el incumplimiento a la devolución de los programas de Especialidad en Medicina Interna y Subespecialidad en Oncología Médica.

A través de correo electrónico de fecha 06 de abril el Director(S) del Servicio de Salud de Valdivia solicita al Director de este Servicio, solicitando reconsiderar inhabilidad y permitirle el cumplimiento de su Periodo Asistencial Obligatorio pendiente en ese establecimiento, proponiendo generar un convenio de colaboración entre ambos servicios, que por una parte permita al Dr. nombre reservado, cumplir con el período pendiente de su compromiso de devolución formativa en el Hospital Base Valdivia, y por la otra, el mutuo intercambio entre nuestros respectivos Servicios de Salud, para desarrollar y fortalecer la capacidad resolutiva oncológica y onco-hematológica nacional a niveles regionales y provinciales. Posteriormente a través de correo electrónico de fecha 08.04.2022, ingresado en oficina de partes de la dirección de Servicio con fecha 11.04.2022, el Dr. nombre reservado envía recurso de reposición, en el que solicita acogerlo dejando sin efecto la sanción de inhabilidad o reducir los años de la misma, en el mínimo, y dejar sin efecto la multa en su integridad o en su caso, proceder a la rebaja sustancial de la misma, teniendo presente para ello que no existe garantía acordada respecto de la subespecialidad. Sin embargo, mediante ordinario N° 1199/26.04.2022, el Servicio rechaza recurso de reposición de nulidad interpuesto por el profesional, no existiendo nuevos antecedentes que considerar.

En consecuencia, en virtud de lo expuesto, resulta forzoso concluir que a la interesada no le corresponde el pago de la bonificación que mediante esta vía cautelar reclama.

La acción de protección de autos debe ser rechazada, también, por el hecho de no acreditarse ni verificarse en la especie el presupuesto de procedencia consistente en la existencia de una afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la Constitución Política de la República.

En cuanto a la garantía de “La igualdad ante la Ley”, contemplada en el artículo 19 N° 2, de la Constitución, no se verifica en ningún caso desde que se confunde dicha garantía con la supuesta ilegalidad y arbitrariedad que le atribuye al acto administrativo, en atención a que acoger el recurso debe estar dirigido a realizar un examen de legalidad del acto, y como consecuencia de ello, de forma automática nos encontraríamos ante la vulneración de la igualdad ante la ley.

En cuanto a la supuesta afectación al artículo 19 N° 24, sobre su derecho de propiedad para que se considere que ha sido vulnerado es necesario que el derecho reclamado ingrese válidamente al patrimonio del afectado, condición que no se verificó en la especie. Además, justamente los órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, actuando dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. En tal sentido, lo que se pretende por la parte recurrente es solicitar que efectúe una declaración de derechos, que fueron resueltos mediante la vía administrativa indicada al efecto, respaldada por el dictamen de la Contraloría General de la República, concluyéndose que esta no es la vía idónea para las pretensiones del actor.

En síntesis, respecto de la acción de protección de autos, en ningún caso, se verifica en la especie una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria imputable a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que implique un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida que prive, perturbe o amenace los derechos de la recurrente, consagrados en el artículo 19 N° 2, N° 16, y N° 24, de la Constitución Política de la República, por lo que no cabe sino indefectiblemente decretar su rechazo.

4. Que, el núcleo central del presente recurso, tiene por objeto dejar sin efecto la Resolución Exenta N°1794, de fecha 30 de marzo de 2022, y la Resolución contenida en el Ordinario N°1199 dictado por don nombre reservado, director (s) del Servicio de Salud del Maule, esto es en definitiva dejar sin efecto la multa y la inhabilidad aplicada al recurrente don nombre reservado, o en subsidio dejarlas sin efecto, ordenando instruir un procedimiento administrativo en el que se permita a este ejercer todos los derechos que consagra en su favor la Ley 19.880 (LBPA).

5. Que, el reglamento N°507 que aprueba el reglamento de becarios de la Ley N°15.076, en el sistema nacional de servicios de salud, del Ministerio de Salud, señala que “los profesionales que cumplan un programa de especialización en los establecimientos asistenciales dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud, cualquiera sea la institución responsable del desarrollo de dicho programa, estarán obligados a acatar las normas y disposiciones que regulan el funcionamiento de tales establecimientos” (artículo 2). Luego se sigue que “el incumplimiento de las obligaciones docentes asistenciales o administrativas que correspondan a los profesionales becarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que conste en antecedentes calificados debidamente evaluados por la autoridad superior correspondiente, dará lugar a que la Subsecretaria de Redes Asistenciales o el director de Servicio Salud, en su caso, ponga término a la beca mediante resolución fundada” (artículo 2, inciso 2°).

6. Que, a su turno el artículo 12 de la Ley 19664, precisa que los profesionales funcionarios que accedan a programas de especialización financiados por las entidades empleadoras o por el Ministerio de Salud tendrán la obligación de desempeñarse en los organismos a que pertenecen, a lo menos, por un tiempo similar al de duración de los programas. El profesional que no cumpla con esta obligación deberá reembolsar los gastos originados con motivo de la ejecución de los programas y aquellos derivados del incumplimiento, para lo cual constituirá una garantía equivalente a estos gastos incrementados en el 50% cuando corresponda, El profesional que no cumpla su obligación deberá, además, indemnizar los perjuicios causados por su incumplimiento. Además, quedara impedido de regresar a la administración del Estado hasta por un lapso de 6 años.

La normativa citada permite concluir que existe un procedimiento especial y específico y reglamento para estos casos, conocido por el becario desde que están en la ley y reglamento que le permite acceder a la especialización y subespecialización, el que se limita a constatar hechos -no discutidos por el recurrente- y aplicar la consecuencia, en este caso consistente en pago de multa e inhabilidad.

7. Que, constituye un hecho pacifico que el recurrente le resta por cumplir con su obligación de retorno un periodo de 5 años 11 meses, correspondiendo a 4 años de subespecialización y 1 año 11 meses de su especialidad.

8. Que, la obligación de retorno nace a la vida jurídica por el solo ministerio de la Ley, y las obligaciones anexas solo tienen por finalidad permitir una mejor expedición en el cobro de las garantías en el evento de ser esto necesario.

9. Que, la contraloría Regional del Maule ante la renuncia del recurrente y encontrándose pendiente su obligación legal de devolución, mediante oficio N° E 194861 de fecha 16 de marzo de 2022, señala “ si bien el profesional por el que se consulta principio el cumplimiento de la aludida fase de 6 años el 1 de mayo de 2015, esta fue interrumpida por la autoridad a requerimiento del interesado, autorizándolo a cursar la subespecialidad a la cual postulo voluntariamente, por lo cual es dable concluir que el lapso utilizado en el desarrollo de dichos estudios, no pueden considerarse como parte del cumplimiento del referido periodo asistencial, debiendo dar observancia efectiva a la totalidad de las obligaciones de permanencia a que se encuentra comprometido (aplica dictamen N° 30.965 de 2012, de esta Contraloría General).

10. Que, de lo expuesto se desprende no verificarse una vulneración a los artículos 19 N°2, N°16 y N°24, precisamente por no existir ilegalidad y arbitrariedad en el acto administrativo impugnado, por haber sido dictados estos de conformidad a la Ley y debidamente fundamentados, por existir en ellos razones de hecho y de derecho que los sustentan; omitiéndose pronunciamiento sobre la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, por no estar cubierta esta garantía por la acción de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección deducido en contra del Servicio de Salud del Maule y del Subsecretario de Redes Asistenciales, sin costas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Luis Galdames Bühler.

Rol 3848 – 2022 PRO.