Protección contra Director Regional Tesorero de Los Ríos

Valdivia, doce de febrero de dos mil dieciséis.

Vistos:

Doña nombre reservado, empleada, con domicilio en domicilio reservado, de oficio temporera, deduce acción de protección en contra del Director Regional Tesorero de Los Ríos, que mediante resolución de 16 de diciembre de 2015, dictada en Expediente Administrativo N° 501-2004, decretó el embargo de sus remuneraciones. Expone en síntesis que el embargo de sus remuneraciones, dice relación con errores cometidos como contribuyente hace ya más de 10 años y por los cuales fue condenada en la causa Rol N° 21.087, del Juzgado de Letras de Los Lagos y que esta Corte conoció en causa N° Crimen 172-2012.

Explica que la situación descrita, afecta sus derechos garantizados constitucionalmente, en particular los señalados en los numerales 16, 18 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, a saber:

En cuanto al artículo 19 N° 16, esto es, la libertad de trabajo y su protección, sostiene que el embargo decretado, afectará la justa retribución que merece por el trabajo que desempeña para su empleadora, lo que indudablemente repercutirá no sólo en ver mermada la satisfacción de sus necesidades básicas, sino también la posibilidad de que a futuro se le vuelva a contratar por su empleador, en razón de la inherente temporalidad del trabajo.

Por su parte, respecto del artículo 19 N° 18, esto es, el derecho a la seguridad social, afirma que el embargo decretado, disminuirá el monto recaudado por su AFP, con miras a obtener en su momento una jubilación digna.

Por último, en lo relativo al artículo 19 Nº24, esto es, el derecho de propiedad, argumenta que el embargo decretado afecta el derecho de dominio que posee sobre el monto total de su remuneración, teniendo en consideración además, que para decretar tal embargo el Director Regional Tesorero de Los Ríos, se asiló en las disposiciones del artículo 170 del Código Tributario, las que se encuentran tácitamente derogadas por el artículo 57 del Código del Trabajo.

Pide se acoja el recurso y se deje sin efecto la resolución que decreta el embargo de un porcentaje de sus remuneraciones.

Por su parte, don nombre reservado, Director Regional Tesorero de Los Ríos, informa el recurso. Alega en primer término la extemporaneidad de la acción, atendido que la recurrente fue notificada con fecha 10 de diciembre de 2015 en el expediente administrativo Rol Nº501-2004, de la comuna de Los Lagos, que ordenó el embargo de sus remuneraciones en la parte que excedieran de 5 UTM mensuales, es decir, habría tomado conocimiento del embargo de remuneraciones decretado en su contra con más de 30 días antes de la interposición del recurso, por consiguiente, plantea que desde esa data le comenzó a correr el plazo para recurrir de protección, resultando evidente que al deducir el recurso el 21 de enero de 2016, éste se presentó extemporáneamente.

En segundo lugar, señala que el recurso debe ser declarado inadmisible por cuanto el legislador estableció un procedimiento para reclamar y oponerse al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero. Como cuestión previa, precisa que los impuestos girados por el Servicio de Impuestos Internos se encuentran firmes y ejecutoriados, lo que no desconoce la recurrente en su recurso, razón por la cual el Servicio de Tesorerías de acuerdo a un mandato legal inició el cobro ejecutivo de ellas. Reproduce en su presentación las normas legales atingentes. Añade que la recurrente ha tenido derecho a un debido proceso, prueba de ello es que ha tenido la oportunidad de oponerse a la ejecución iniciada en su contra interponiendo excepción de prescripción, por cuanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 171 del Código Tributario en concordancia con el inciso 1° del artículo 176 del mismo cuerpo legal, el plazo para oponer excepciones si se ha practicado notificación por cédula de la demanda ejecutiva es de 10 días, contado este plazo del primer embargo, diligencia que - en el caso que motiva el presente recurso de protección -fue realizada por Tesorería el día 29 de noviembre de 2007, sin que la opusiera.

Afirma que las alegaciones planteadas en el presente recurso deben ser tratadas y falladas en el correspondiente juicio, no siendo el recurso de protección la vía idónea para reclamar de las acciones de estos Tribunales. Cita jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia sobre la materia. En cuanto al fondo del recurso, argumenta que debe desestimarse también, ya que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal.

Explica que el Servicio de Tesorería inició la cobranza de los impuestos adeudados por la recurrente en expediente administrativo Rol N° 501-2004, de la comuna de Los Lagos, los cuales fueron informados por el Servicio de Impuestos Internos una vez que éstos se encontraban ejecutoriados y registrados en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente.

Respecto al procedimiento de cobro aplicado a los impuestos adeudados, como se señalara precedentemente, el inciso primero del artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263 sobre Administración Financiera del Estado dispone que la función recaudadora de todos los ingresos del sector público será efectuada por el Servicio de Tesorerías, salvo aquellos que constituyen entradas propias de los servicios y a su turno, el artículo 35 del mismo cuerpo legal prescribe que el Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos servicios. Agrega el inciso segundo de esta norma que para tal efecto aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos. Hace presente que el procedimiento de cobro realizado por el Servicio de Tesorería se encuentra reglamentado en el Título V del Libro III del Código Tributario, titulado “Del Cobro Ejecutivo de las Obligaciones Tributarias de Dinero", procedimiento regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, precisando que en la especie se ha ejercido la acción ejecutiva que emana del título constituido por la nómina de deudores morosos que sirve de auto cabeza del proceso de cobro, la que conforme al artículo 169 del Código Tributario constituye un título ejecutivo. Por su parte, conforme el artículo 171 del Código Tributario para el caso que se practique el requerimiento en alguna de las formas indicadas en el mismo artículo, el recaudador fiscal procederá a la traba del embargo, tal como ocurrió en estos autos. Es así, que conforme el artículo 170 inciso 3º del Código Tributario para los efectos del cobro de obligaciones tributarias el embargo sobre las remuneraciones que perciba el ejecutado podrá recaer en aquella parte de los emolumentos que excedan a cinco unidades tributarias mensuales, disposición que no guarda ninguna antinomia con las normas invocadas por la recurrente como fundamento de su pretensión.

En efecto, aclara que la doctrina en forma unánime se ha pronunciado en el sentido que cuando a una ley especial sucede una general, ésta no deroga la especial anterior, a menos que la norma general posterior haya tenido la intención de abrogarla, lo cual puede acaecer cuando se hace aparecer en la ley general en forma clara la voluntad derogatoria, o ésta se desprenda del examen de la intención legislativa. Se afirma a este respecto que cuando el legislador dicta una regulación general contrastante con otra anterior más restringida, no tiene la intención de privar de eficacia a esta última, ya que, de ser así, lo declararía expresamente, por lo que forzoso es concluir que el precepto del artículo 170, inciso tercero del Código citado se encuentra vigente en la materia que constituye su especialidad, por cuanto no ha habido una derogación expresa de ese precepto especial y tampoco puede éste considerarse tácitamente derogado por las norma de alcance más general invocadas por la recurrente.

Expresa, además, que desde la Tesorería Provincial del Maipo se recibió un correo electrónico de la Tesorera Subrogante, quien manifestó respecto de la demandada, la existencia de un caso con trasfondo social, exponiendo la situación que le fuera relatada Por la señora nombre reservado, lo que le llevó a dictar una resolución suspendiendo la tramitación, aun cuando no contaba con los antecedentes suficientes para ello. Luego al día siguiente esta Corte decretó la Orden de No Innovar, razón por la cual se dejó sin efecto la suspensión en virtud de las facultades que le confieren el artículo 5° letra P de la Ley Orgánica de Tesorerías y se suspendió en virtud de la Orden de No Innovar. Pide el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, de lo expuesto por las partes y antecedentes allegados a la causa, aparece que el acto recurrido se materializó en una resolución dictada en un procedimiento ejecutivo tributario, dictada en el expediente Rol Nº 501-2004, por el Director Regional Tesorero de Los Ríos, de fecha 16 de enero de 2015, en virtud de la cual se decreta el embargo del 20% de sus remuneraciones, notificada a su empleador con fecha 11 de enero del presente año, acto que estima ilegal y arbitrario, denunciando amagados sus derechos constitucionales contemplados en los artículos 19 Nº16, 18 y 24 de la Carta Fundamental.

Por su parte la recurrida, informando el recurso, alegó la extemporaneidad de la acción entablada, además de sostener que el recurso es inadmisible en consideración que el legislador estableció un procedimiento ejecutivo regulado en el Código Tributario para el conocimiento y juzgamiento de la materia, el que ha sido debidamente respetado por su parte, siendo la medida de embargo de sus remuneraciones decretada completamente ajustada a la normativa especial de orden público que el mismo cuerpo legal estatuye.

TERCERO: Que, en primer lugar, en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por el recurrido, atendido que de los antecedentes aparejados consta que la medida de embargo se materializó mediante la notificación del empleador de la actora con fecha 11 de enero de 2015 y no pudiendo establecer que la notificación practicada con antelación por el funcionario recaudador le haya permitido a la actora tomar conocimiento de ella, no obstante su validez y efectos en los autos respectivos, aparece que la acción fue entablada dentro de plazo, razón por la que dicha alegación será desechada.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, resulta necesario dejar asentado que la utilización de la acción de protección en contra de resoluciones dictadas con arreglo a un procedimiento legal, supone una absoluta desnaturalización de dicho arbitrio, toda vez que éstas deben impugnarse a través de los recursos ordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico y no por esta vía, ya que la acción de protección no es un sustituto procesal que pueda ser utilizado como medio de impugnación de decisiones jurisdiccionales, pues ello afecta el estado de derecho, la certeza jurídica y la normal sustanciación de los procedimientos judiciales, en los que el legislador ha previsto expresamente los remedios procesales que las partes pueden hacer valer en el evento de no compartir los fundamentos de una determinada decisión judicial. (Corte de Valdivia 546-2014CIV).

En este mismo sentido se ha manifestado recientemente nuestro máximo tribunal al señalar lo siguiente: “(…) Que según lo expuesto por la parte recurrente y lo que surge del mérito de autos, la decisión impugnada se materializó en una resolución judicial dictada en la causa antes individualizada (....) Esto resulta inadmisible, ya que lo procedente es deducir en su contra los remedios jurisdiccionales que sean conducentes, y no que se utilice esta acción como un recurso procesal de dicha índole. El recurso de protección no puede entenderse como un medio de impugnación de resoluciones judiciales”.

“(….) Que, en consecuencia, lo pertinente es que el actual asunto sea debatido a través de los recursos jurisdiccionales que correspondan, toda vez que tal cuestión ya está sometida a la jurisdicción y, por lo tanto, bajo el imperio y regulación del derecho” (Excma. Corte Suprema Rol N°9021-2014).

QUINTO: Que, en efecto, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el recurso de protección constituye una medida esencialmente cautelar, que tiene por objeto solo otorgar una medida rápida y efectiva cuando alguno o algunos de los derechos que se consagran en el artículo 20 del texto constitucional se vean amenazados o vulnerados, por actos que importen una vulneración al estado de derecho, supuestos que no concurren en la especie, al emanar los actos recurridos de un resolución judicial dictada.

Al respecto, preciso resulta colacionar que el procedimiento ejecutivo tributario regulado en el Título V, del Libro Tercero, del Código Tributario, constituye un solo procedimiento, dividido en dos etapas, una administrativa y la otra judicial. En dicho procedimiento se establecen normas especiales en materia de emplazamiento, requerimiento, excepciones a la ejecución, realización de bienes, entre otras, que se explican por el interés público comprometido en el cobro de deudas tributarias, y que justifica que el legislador haya otorgado ciertas prerrogativas al Fisco acreedor que lo diferencian del acreedor común.

En este orden de ideas, la resolución que decreta el embargo parcial de las remuneraciones de la actora, se encuentra expresamente prevista como medida de apremio en el artículo 170 inciso tercero del Código Tributario, la que ha sido dictada previa notificación de la afectada y en la forma que el inciso cuarto de la misma disposición legal regula para tales efectos, de lo que se deduce que dicha medida se encuentra dentro de la competencia y facultades que el propio legislador confiere al ente recaudador, razón por la que no constituye un acto ilegal, siendo una norma claramente de carácter especial, en favor del interés público comprometido en la recaudación fiscal, de ahí que tampoco deba entenderse derogada por la entrada en vigencia del Código del Trabajo y la disposición contenida en su artículo 56.

Por su parte, del examen de las piezas del expediente administrativo allegado, se advierte que la actora fue legalmente emplazada y requerida de pago en la forma ordenada en el artículo 171 del Código Tributario, de lo que se deduce que en la dictación de la resolución atacada por esta vía, se han respetado cabalmente las garantías del debido proceso, en sus manifestaciones de bilateralidad de la audiencia y derecho a defensa, aún más consta que el recurrido, atendida la situación social de la actora, decretó la suspensión de la medida impugnada por 60 días, aun cuando luego haya dejado sin efecto para cumplir con la orden de no innovar decretada, de ahí que tampoco pueda estimarse como un acto arbitrario.

En efecto, no resulta posible estimar que el acto en cuestión sea arbitrario, vale decir, que emane de una decisión caprichosa o antojadiza del recurrido, pues de lo razonado hasta ahora queda claro que el Tesorero Regional, actuando como Juez Sustanciador, ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones y en el marco de un procedimiento legalmente tramitado, no vislumbrándose que dicha decisión estén desprovista de razón suficiente, además de no haberse acreditado que la actora haya impugnado por la vía de los medios y recursos jurisdiccionales ordinarios el embargo decretado, tratándose claramente de un asunto ya sometido al imperio del derecho.

SEXTO: Que, por todo lo anteriormente señalado, no se vislumbra de qué manera pueden entenderse vulnerados los derechos constitucionales invocados por la recurrente, razón por la que el recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Titular Srta. Ruby Antonia Alvear Miranda.

N°Proteccion-35-2016.

Pronunciada por la SEGUNDA SALA, Ministra Srta. RUBY ALVEAR MIRANDA, Ministro Sr. JUAN IGNACIO CORREA ROSADO y Ministra Srta. LORETO CODDOU BRAGA. Autoriza la Secretaria Titular Sra. Ana María León Espejo.

En Valdivia, doce de febrero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. Ana María León Espejo, Secretaria Titular.