Protección contra Servicio de Impuestos Internos región de Los Ríos y la Tesorería General de la R

C.A. de Valdivia Valdivia, doce de junio de dos mil veinticinco.

Vistos:

1º) nombre reservado, domiciliado en la comuna de La Unión, recurre de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos región de Los Ríos y la Tesorería General de la República, oficina regional de Los Ríos, organismos que, al determinar impuestos por el bien raíz de su propiedad ubicado en la comuna de Lago Ranco, calificándolo de sitio eriazo no agrícola, e iniciar su cobranza ejecutiva, habrían vulnerado sus garantías de igualdad ante la ley, igualdad en los tributos y propiedad, contenidas, respectivamente, en los numerales 2º, 20º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto su cobranza, con costas.

Refiere que, durante 2022, el referido predio, fue considerado un bien no agrícola, precisamente un sitio eriazo, devengando un tributo de $982.346. Sin embargo, por reclamación del recurrente, una funcionaria del Servicio de Impuestos Internos inspeccionó el lugar y en su informe técnico, de febrero de 2023, constató que “De lo observado en el terreno se desprende que corresponde cambiar el predio de la serie no agrícola a la serie agrícola”.

Señala que tal situación se debe a la discrecionalidad del servicio, porque su predio siempre ha sido un bien agrícola y no pudo cambiar tal condición en tan pocos días, de manera que antes de la visita de la perita fuera un sitio eriazo y luego un bien agrícola.

2º) La Tesorería General de la República informó solicitando el rechazo de la acción deducida, alegando, en primer lugar, que el recurso es improcedente, porque el legislador ha establecido, en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, un procedimiento especial para oponerse al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias, actuación que no puede ser sustituida por una acción constitucional.

En subsidio, solicita el rechazo del recurso porque su actuación no es ilegal ni arbitraria y se limita al cobro de las obligaciones tributarias establecidas en la ley y que han sido determinadas por el Servicio de Impuestos Internos.

3º) Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos informó señalando que, a partir de una solicitud de fusión inmuebles no relacionados con el del recurrente, detectó que el inmueble en cuestión no se encontraba incluido en el catastro, por lo que lo incorporó, en cumplimiento de su obligación en la Ley Nº17.235, sobre impuesto territorial.

Agrega que el predio, de una superficie de 5.000 m2, fue incluido en la Segunda Serie No Agrícola con destino Sitio Eriazo, teniendo presente para ello las instrucciones contenidas en la Circular N°15 de 15 de marzo de 2019, inclusión que fue notificada el 27 de septiembre de 2022 al correo electrónico del contribuyente.

Refiere que, el 31 de diciembre de 2022, el recurrente solicitó la exención del impuesto territorial respecto del señalado inmueble, indicando como fundamento que se trata de un predio agrícola, y, el 24 de enero de 2023, se visitó la propiedad, donde se pudo constatar que no se observa la subdivisión material del lote y que parece formar una sola unidad con el antiguo predio matriz, el cual está enrolado en la serie agrícola. Conforme a dichos antecedentes, se modificó su clasificación a contar del 1 de enero de 2023, atendiendo la fecha de la presentación del contribuyente y lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº17.235, considerando el momento en que el Servicio de Impuestos Internos constató el destino preferentemente agrícola del bien raíz y el hecho de que el recurrente no aportó antecedentes tendientes a acreditar que tuviera dicha calidad con anterioridad a su reclamación.

Sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar la referida actuación, pues aquello pudo hacerse por petición administrativa, así como por la interposición de una reposición administrativa de lo resuelto o deduciendo un reclamo, de conformidad con el artículo 124 del Código Tributario, un reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Ríos.

Por último, afirma que su actuación no es ilegal ni arbitraria y que no ha vulnerado las garantías del recurrente.

4º) El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

5º) De la lectura del expediente administrativo acompañado por la recurrida, Rol N°10003-2024 de la comuna de Lago Ranco, consta que la Tesorería Regional de Los Ríos está cobrando al recurrente las deudas por impuestos territoriales asociados al inmueble Rol 254-62653, con vencimiento el 31 de diciembre de 2022, habiendo sido notificado y requerido de pago el 15 de octubre de 2024, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 171, inciso primero, del código citado.

No consta que en dicho procedimiento se hayan opuesto excepciones a la ejecución.

6º) El artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1, estatuto orgánico del Servicio de Tesorerías, señala: “Artículo 1°. El Servicio de Tesorerías dependerá del Ministerio de Hacienda, y estará encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Deberá, asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes.”

Y en su artículo 2 Nº2, letra a, establece entre sus facultades: “2.- Efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de: a.- Los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones”

El procedimiento de cobro de las obligaciones tributarias está regulado en el Título V Código Tributario y es llevado a cabo por el Tesorero Provincial o Regional, quien actúa como juez sustanciador. Constituyen título ejecutivo las nóminas de deudores en mora, con indicación de su individualización completa y especificación del período e impuesto adeudado o de las sanciones en su caso y del tipo de tributo, además del número de rol o folio y otras indicaciones. En el marco de este procedimiento, el contribuyente ejecutado puede oponer excepciones a la ejecución, dentro de décimo día de efectuado el requerimiento de pago.

7º) Sin perjuicio de lo anterior, la determinación de lo adeudado es realizada por el Servicio de Impuestos Internos, según se señala en el artículo 37 del Código Tributario, mediante el giro, que corresponde a una orden de dicho servicio extendida al contribuyente para que ingrese en arcas fiscales un valor determinado por concepto de impuestos, reajustes, intereses y multas.

El giro puede ser impugnado mediante reposición administrativa o a través del procedimiento general de reclamaciones regulado en los artículos 123 a 148 del código citado. (Aste, Christian. Curso sobre Derecho Tributario y Código Tributario. Santiago. Thomson Reuters, 2016. Tomo II, pág. 889)

8º) De la lectura de la resolución y las normas anteriormente citadas, se aprecia que la actuación del Servicio de Tesorerías se limita a la recaudación de un tributo cuyo monto ha sido previamente calculado por el Servicio de Impuestos Internos, por lo que el Servicio de Tesorerías no tiene ninguna influencia en la determinación de su procedencia y monto, que es justamente aquello que se impugna mediante este recurso, de manera que no le asiste responsabilidad en el hecho que se le reprocha.

9º) Por otra parte, respecto de la actuación del Servicio de Impuestos Internos, la ley franquea la posibilidad de impugnar la determinación de los tributos -el giro- mediante los recursos de reposición administrativa y de reclamación del artículo 124 del Código Tributario, sin perjuicio del derecho a oponer excepciones a la ejecución seguida en sede administrativa, por lo que, existiendo procedimientos reglados específicamente para la solución de la controversia planteada en el recurso, la que debe resolverse, según corresponda, por organismos técnicos especialmente establecidos en la ley o tribunales especializados, se aprecia que la petición planteada excede los márgenes de la acción de protección, de breve tramitación, y, puesto que esta vía tiene la función de cautela urgente de derechos fundamentales, no puede ser utilizada como sustituto procesal de acciones o excepciones que no fueron ejercidas en su oportunidad ante la autoridad competente, por lo que el presente arbitrio debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos región de Los Ríos y la Tesorería General de la República, oficina regional de Los Ríos.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-340-2025.