UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO VALDIVIA

Valdivia, veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°3283-2020, don Eduardo Jaureguiberry Guzmán, abogado, en representación convencional de la Universidad Austral de Chile, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Los Ríos, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su Directora Regional, doña María Loreto Yud Elissetche, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario del órgano recurrido vulnera sus garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2, 3, 11, 21 y 24 de la Carta Fundamental.

Funda su recurso en que el 11 de junio de 2020 diversas funcionarias de la Dirección Museológica de la mentada casa de estudios presentaron una denuncia ante la Comisión para la Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria, en contra de quien ejercía el cargo de Directora de dicha unidad. Agrega que en la citada investigación se acreditó que desde abril de 2018 la investigada desplegó un comportamiento hostil en perjuicio de quien realiza funciones de aseo y de atención de público, mientras que en enero y julio, respectivamente, restringió el uso de permisos y otorgó un trato diferente a otra trabajadora. Indica que tales hechos fueron considerados constitutivos de acoso laboral y mediante Resolución N°53/2020, de fecha 15 de septiembre de 2020, se aplicó a la investigada la sanción de amonestación por escrito y prohibición de postular o ejercer cargos directivos por un período de un semestre académico, conforme al Reglamento AVD CU. Refiere que el 27 de octubre de 2020, la Comisión dictó la Resolución N°65/2020, que acogió parcialmente el recurso de reposición deducido por la investigada y resolvió aplicar únicamente la sanción de amonestación por escrito, dado que fue trasladada de la unidad durante la substanciación de la denuncia.

Sostiene que el 14 de octubre de 2020, la investigada realizó una presentación ante la Inspección del Trabajo de la Región de Los Ríos, impugnando el Reglamento Interno y su complemento, el Reglamento AVD CU, y solicitando, como medida provisional, la suspensión de la sanción disciplinaria aplicada mediante Resolución N°65/2020. Añade que el 16 de octubre de 2020, la recurrida confirió traslado por 10 días, pero al estar suspendidas las actividades presenciales, la notificación no se realizó a los organismos pertinentes, ocurriendo que el 11 de noviembre de 2020, mediante Resolución N°307 la Inspección del Trabajo acogió la impugnación y ordenó la eliminación del artículo 14 inciso 2 del Reglamento AVD CU y, por ende, excluye a los profesionales a honorarios del ámbito de aplicación del reglamento; acogió la impugnación del artículo 30 del Reglamento AVD CU y ordenó ajustar el plazo de investigación de las denuncias de acoso a 30 días corridos; y acogió la impugnación del artículo 35 del Reglamento y ordenó eliminar las medidas sancionatorias que no están contempladas en el Código del Trabajo; todo dentro de del plazo de 20 días hábiles, bajo apercibimiento de sanción administrativa.

Señala que los artículos 1 y 19 N° 11 de la Constitución Política de la República, las Leyes N° 18.962 y N° 21.091, y los propios estatutos de la Universidad, reconocen la autonomía de ésta, que incluye el derecho a organizar su funcionamiento interno mediante el establecimiento de diversos reglamentos que regulen posiciones jurídicas sustantivas de sus miembros -como los derechos y deberes que deben cumplir sus trabajadoras y trabajadores reflejado en las normas del Reglamento Interno- así como reglas procesales, que determinen los marcos competenciales que habilitan a órganos internos para crear normas o para llevar a cabo procedimientos internos de adjudicación y protección de derechos e intereses.

Arguye que la resolución impugnada ante la recurrida se ajustó al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, específicamente, el apartado que regula el Reglamento de Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria, que se dictó en cumplimiento a la Ley N° 20.005, previa discusión estamentaria y cuya copia se remitió a la recurrida, el año 2018, tal como disponen los artículos 153 y 156 del Código del Trabajo. Aduce que la recurrida está en conocimiento del citado reglamento desde hace más de 2 años sin haber formulado reparos, por lo que su actuar vulnera la confianza legítima, habida consideración que el reglamento es de público acceso y resguarda adecuadamente las garantías de todos los intervinientes.

Manifiesta que el actuar descrito es ilegal y arbitrario, al haber excedido los límites de sus competencias normativas y fiscalizadoras, extendiendo su pronunciamiento a relaciones jurídicas no laborales, ya que pretende regular las relaciones de la Universidad con sus prestadores de servicios o sujetos a contratos a honorarios, habida cuenta que la investigada impugnó el reglamento una vez que el acto terminal no le fue positivo y luego de haber ejercido todos los derechos que el mismo procedimiento reglado le asegura. Agrega que el actuar de la recurrida es ilegal, ya que es una facultad de la Universidad aplicar el reglamento interno, que fue generado conforme al ordenamiento jurídico, privando a la recurrente de la posibilidad de investigar situaciones de violencia, acoso y discriminación que pueden darse al interior de la comunidad universitaria. Indica que el acto descrito es arbitrario, pues desconoce que el procedimiento de investigación establecido en el reglamento es más beneficioso para el trabajador.

Considera que la recurrida, al excluir de la aplicación del reglamento a los profesionales que prestan servicios a honorarios a la Corporación, pretende regular relaciones de carácter civil, excediendo los márgenes de su competencia, constituyéndose en una suerte de comisión especial, que pasa por alto el tenor de los convenios a honorarios suscritos por las partes, que incluyen la sujeción al mentado reglamento. Estima que se vulnera la igualdad ante la ley, en tanto la recurrida otorga un trato diferente a la Universidad, pese a que todos los procedimientos por denuncias de acoso, violencia o discriminación se han substanciado con el mismo reglamento.

Expresa que al ordenar que se modifique el plazo de investigación de las denuncias de acoso a 30 días corridos, omite un análisis de las razones procesales y de fondo; tipo de destinatarios; hipótesis de denuncia; garantías resguardadas; claridad en la definición de plazos; y legalidad de origen de la regulación, que justifican la estructura que contiene el citado reglamento.

Estima que la recurrida, cuando ordena eliminar las medidas sancionatorias que no están expresamente señaladas en el Código del Trabajo, olvida que este cuerpo de normas no establece un régimen taxativo de sanciones, sino un mínimo, máxime si se considera que la posibilidad de establecer y aplicar sanciones deriva de la libertad de enseñanza, carácter de cuerpo intermedio de la corporación, libertad para desarrollar actividades económicas lícitas y derecho de propiedad.

Afirma que el Reglamento de AVD CU no sólo se aplica a trabajadores, sino que también a otros miembros de la comunidad universitaria, como: estudiantes, académicos y administrativos, lo que refuerza el carácter sancionatorio más allá de la potestad disciplinaria del empleador y que es preterido en el análisis de la recurrida. Añade que en la resolución que se impugna por esta vía se omite que el reglamento interno es un catálogo de exigencias mínimas y que, en el presente caso, la normativa de acoso, violencia y discriminación resguarda adecuadamente tanto los derechos de los trabajadores, como los principios laborales.

En definitiva, solicita se acoja el recurso y se dejen sin efecto las resoluciones que acogen parcialmente la modificación del Reglamento Interno de la Universidad Austral de Chile, con costas.

Informando el recurso, doña Audrey Vidal Lucero, abogada en representación convencional de la Dirección Regional del Trabajo de Los Ríos, expone que con fecha 28 de febrero de 2018, la recurrente aprobó el Reglamento de intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la Comunidad Universitaria, que sustituyó el Título X del procedimiento para investigación y sanción frente a denuncias de acoso sexual y el Título XI: del acoso laboral de la Primera parte del Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad, de 7 de octubre de 2009. Agrega que la resolución que se impugna por esta vía acogió 3 de las 6 impugnaciones deducidas por la trabajadora en contra del reglamento de la Recurrente, sin que hasta la fecha se haya aplicado la multa administrativa señalada en el apercibimiento, habida cuenta que actualmente la Dirección Regional debe conocer el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la misma trabajadora, respecto de los puntos no acogidos. Indica que la recurrente, estando en conocimiento de la Resolución, no interpuso ninguno de los recursos administrativos dispuestos en la Ley N°19.880.

Alega, en primer término, que se accionó erróneamente en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Los Ríos, en circunstancias que la Resolución Administrativa impugnada fue dictada por el Inspector Provincial del Trabajo de Valdivia. Seguidamente, considera que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia planteada en autos, toda vez que el Código del Trabajo contempla un procedimiento reglado al efecto en los artículos 420, 503, 504, 511 y 512. Cita jurisprudencia en apoyo a sus asertos.

En cuanto al fondo, estima que la resolución impugnada se dictó en el ejercicio de las facultades del Inspector del Trabajo, consistentes en verificar el cumplimiento de la normativa laboral, en relación a los Reglamentos Internos, pues el propio legislador reconoce la posibilidad de impugnar las disposiciones de los Reglamentos y, en consecuencia, la facultad del Servicio de resolverlas, conforme lo dispuesto en los artículos 153 a 157 del Código del Trabajo.

Afirma que el Servicio no ha cuestionado las facultades de la recurrente para dictar un reglamento interno, sino que se observó que el mismo contiene ciertas irregularidades en relación a la normativa laboral y derechos de los trabajadores y, por ello, deben ser subsanadas. Añade que al tenor de lo dispuesto en el inciso final del citado artículo 153, los trabajadores pueden impugnar las disposiciones contenidas en el reglamento interno en cualquier momento, por lo que carece de trascendencia que se haya remitido copia a la Inspección Provincial el año 2018. Refiere que la Resolución N° 307, no prohíbe a la empleadora la investigación y sanción de las situaciones de violencia, acoso y discriminación, sino que debe ajustar su actuar a la normativa laboral y respeto de derechos fundamentales de los trabajadores, máxime si se considera que el artículo 154 N° 10 del Código Laboral tiene un carácter taxativo y busca impedir la aplicación de sanciones diferentes a las detalladas, precisamente, para evitar arbitrariedades del empleador.

Niega que el Servicio pretenda regular relaciones civiles, pues la resolución recurrida señala que el Código del Trabajo no se aplica a las personas que prestan sus servicios bajo un contrato de honorarios, según lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7 y 8, por lo que el Reglamento Interno regulado en el artículo 153 del Código del ramo no resulta aplicable a prestadores de servicios a honorarios. Considera que, si la recurrente pretende aplicar dicho reglamento a sus prestadores de servicios a honorarios, entonces habría un vínculo de subordinación y dependencia, debiendo la empleadora a regularizar la situación de informalidad laboral. Arguye que la recurrida únicamente resolvió la impugnación de reglamento interno, sin revisar o reprochar la investigación interna realizada a la trabajadora.

Señala que la resolución recurrida no es arbitraria, ya que se dictó en cumplimiento de la labor de fiscalización de la legislación laboral y explicita los fundamentos de hecho y de derecho en que se funda, habida cuenta que el recurrente no detalla la arbitrariedad que reprocha, ni tampoco funda la vulneración de las garantías que dice conculcadas. Añade que sólo se resolvió la impugnación del reglamento interno, sin atribuirse facultades jurisdiccionales, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo 153.

Manifiesta que al recurrente se le aplicó el mismo procedimiento de resolución de impugnación de reglamentos internos que se le aplica a cualquier empresa en el territorio nacional, no pudiendo considerarse que la realización de actos de la propia Universidad, investigaciones con el mismo procedimiento, constituya un trato discriminatorio de parte del Servicio.

Indica que la regulación contenida en el reglamento interno excede el plazo de investigación de 30 días corridos, que prevé el artículo 211-C del Código del Trabajo, mientras que el artículo 154 del mismo código contiene un catálogo taxativo de sanciones y, por ello, la decisión del Inspector del Trabajo aparece también ajustada a derecho en estos puntos.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, consiste jurídicamente en una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que deben implementarse ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en lo concreto, se advierte que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha consiste en que el Inspector Provincial del Trabajo de Valdivia dictó la Resolución N° 307, con fecha 11 de noviembre de 2020, y la Resolución Rectificatoria N° 321, de 27 de noviembre de 2020, acogiendo parcialmente la impugnación deducida por una trabajadora de la recurrente en contra del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Universidad Austral de Chile.

De este modo, el objeto del presente recurso es que se dejen sin efecto “…las citadas resoluciones que acogen parcialmente la modificación del Reglamento Interno de la Universidad Austral de Chile, decretando, en definitiva, que no son procedentes las modificaciones solicitadas…”.

TERCERO: Que, en lo que interesa al recurso, la resolución recurrida es del siguiente tenor:

“2) Acógese la impugnación al artículo 14 inciso 2°, en virtud de lo señalado en el Considerando 9 de la presente resolución, debiendo la empleadora eliminar de su Reglamento Interno, en el Ámbito de aplicación, a los profesionales a honorarios, dentro del plazo de 20 días hábiles, bajo apercibimiento de sanción administrativa.

4) Acógese La impugnación al artículo 30, en virtud de lo señalado en el Considerando 11 de la presente resolución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153 del Código del Trabajo, debiendo la empleadora ajustar el plazo de investigación de las denuncias de acoso contemplado en su Reglamento Interno, a 30 días corridos, dentro del plazo de 20 días hábiles, bajo apercibimiento de sanción administrativa.

5) Acógese La impugnación al artículo 35, en virtud de lo señalado en el Considerando 12 de la presente resolución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153 del Código del Trabajo, debiendo la empleadora eliminar de su Reglamento Interno las medidas sancionatorias que no están contempladas en el Código del Trabajo y por tanto ilegales, dentro del plazo de 20 días hábiles, bajo apercibimiento de sanción administrativa.”

CUARTO: Que, para la acertada resolución de la presente controversia, cabe tener presente que el Código del Trabajo contempla un conjunto de acciones que en sede administrativa y judicial puede ejercer el empleador en defensa de sus derechos, estableciendo procedimientos reglados, con plazos, oportunidad y órganos competentes diferenciados, según las hipótesis que se invoquen. Baste al efecto, en lo pertinente, tener a la vista lo preceptuado en el Título II del Libro V del texto jurídico en comento.

QUINTO: Que, así las cosas, las cuestiones que por esta vía se han planteado se encuentran debidamente cubiertas por el Código Laboral, no vislumbrándose el recurso de protección como el mecanismo idóneo para resolver controversias suscitadas, como en este caso, entre un empleador y la Inspección del Trabajo, producto de la dictación de una resolución por parte de esta última, que acoge parcialmente la impugnación deducida en contra del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, formulada por una de sus trabajadoras, en uso de las facultades que le confiere el inciso final del artículo 153 del aludido cuerpo legal, en el entendido que el ordenamiento jurídico contempla las acciones concretas encaminadas a tal fin.

SEXTO: Que, en las circunstancias antes indicadas, surge que la discusión de fondo que plantea el presente recurso exige determinar si el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la recurrente se ajusta a la normativa laboral, controversia que, atendida su naturaleza, no corresponde a una materia que pueda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados.

SÉPTIMO: Que, en refuerzo del aludido carácter cautelar, urgente y no declarativo de esta acción constitucional, que demanda de suyo la existencia de derechos indubitados en favor del actor, viene en auxilio lo dirimido por la Excma. Corte Suprema, al sostener: “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015).

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente.” (Rol 2538-14, de 09/09/2014).

De esta forma, sólo una vez constatado aquello resulta factible determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la tutela requerida; no obstante, ese elemental presupuesto, en razón de lo expresado, en la especie no concurre.

OCTAVO: Que, por otra parte, se aprecia que en cada una de las imputaciones efectuadas por el letrado asesor de la recurrente en contra de la recurrida, subyace la existencia de una controversia asociada a la competencia y adecuado empleo de las potestades conferidas a la Inspección del Trabajo, en este caso centradas en el control legal motivado por una reclamación general recaído en reglas específicas del mentado reglamento de cara a la normativa laboral que impera esta materia, lo que se traduce en una verdadera reclamación de ilegalidad que ha debido ventilarse a través del mecanismo y en la sede especializada correspondiente, dada la evidente postura de desconocimiento de las facultades ejercidas por el Inspector del Trabajo de Valdivia (que no el Director Regional del Trabajo de Los Ríos contra quien, por lo demás, erróneamente se accionó); lo que viene a refrendar lo antes reflexionado.

NOVENO: Que, atendido lo razonado, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio del empleo de otras acciones que pudieren corresponder a la recurrente, a ser ejercidas ante la judicatura competente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Universidad Austral de Chile en contra de Dirección Regional del Trabajo de Los Ríos.

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Redacción del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

Rol 3283 – 2020 PRO.