nombre reservado con BANCO SANTANDER - CHILE

C.A. de Valdivia Valdivia, once de enero de dos mil veintiuno.

Vistos, Doña nombre reservado, empresaria, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección contra el Banco Santander, representado por don nombre reservado, Ingeniero Comercial, domiciliado en domicilio reservado.

Se lee un extenso y a ratos confuso relato en torno a procesos judiciales pendientes en sede civil y penal, en torno a ellos afirma que existen irregularidades las que hace consistir en falsificaciones y otras.

Expresa que se encuentra pendiente remate judicial del inmueble de su propiedad ubicado en domicilio reservado, lugar en que y donde, además, desempeña su actividad económica de “pequeña empresaria de turismo”.

Al respecto la actora expresa que este remate fue solicitado en la causa Rol C 1512-2017 del Segundo Juzgado Civil de Valdivia, “aun cuando se mantiene vigente causa penal por estos mismos documentos causa 1512-2016 juzgado de garantía de Valdivia”.

Manifiesta que dicha subasta se encontraría inserta en un juicio absolutamente desvinculado de la realidad, dado que se basaría en dos escrituras que “adolecen de falsedad”, añadiendo que, según habría averiguado personalmente en el Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, tales documentos “no cumplen con los requisitos ni de forma ni de fondo para tener o haber tenido alguna validez legal”.

Señala la recurrente, entre otras cosas, que estos documentos y créditos asociados no fueron solicitados por su persona, y que los dineros no habrían sido abonados en su cuenta corriente.

Según se dice en el libelo, al no contar con las formalidades que reseña la actora, los documentos cuestionados “han carecido siempre de la posibilidad de ser cobradas vía juicio ejecutivo o especial hipotecario. De tal forma que, merced a lo anterior, dicha nulidad o carencia de requisitos legales se ha extendido en todo el período histórico del juicio 1512-2017 del Segundo Juzgado Civil y todos los elementos de dicho juicio resultan legalmente hábiles para sustentar un resultado que permita al recurrido subastar mi propiedad y único bien de trabajo”.

Sobre el particular, la recurrente invoca la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 21 de la Carta Fundamental, y señala que de llevarse a efecto la subasta fijada para el día 3 de diciembre de 2020, se “vulneraría atrozmente mi derecho Constitucional citado, toda vez que en la actualidad existen juicios dirigidos a acreditar la verdad respecto de la falsedad de dichas escrituras, que pueden hacer variar totalmente el resultado y la legitimidad de la subasta y podría llegarse al contrasentido de por una parte llegar a establecerse mi verdad judicial y legal, pero cuando ya esté subastada mi propiedad; lo que resultaría un absurdo jurídico o judicial”.

En el recurso no se indica cuál sería el acto u omisión arbitrario o ilegal en que habría incurrido el Banco Santander Chile y que vulneraría las garantías constitucionales de la actora.

Termina pidiendo se solicite informe a la recurrida.

Roberto Navarrete Droguett, abogado, por la recurrida Banco Santander Chile, informa:

Inadmisibilidad del Recurso.

En primer término alega que el recurso de protección debe ser desestimado, pues se busca evitar un remate judicial decretado en un proceso ejecutivo del que conoce actualmente el Segundo Juzgado Civil de Valdivia cuestión que en caso alguno puede ser materia de una acción de urgencia, como lo es la de protección de garantías constitucionales.

Inexistencia de actuaciones ilegales o arbitrarias.

Añade que incluso si se estimase que el recurso ha sido entablado respecto de una materia que corresponde conocer por esta vía, igualmente deberá ser rechazado, toda vez que el Banco Santander Chile no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria.

Afirma que en la causa Rol C 1512-2017 de la que conoce el Segundo Juzgado Civil de Valdivia, su parte entabló acción ejecutiva en contra de doña nombre reservado, de conformidad con las normas del juicio ejecutivo por obligación de dar, mediante la cual perseguía el cobro de tres mutuos, concedidos por la entidad bancaria el año 2012, dos de ellos con garantía hipotecaria.

Detalla distintas incidencias y acciones desplegadas por la actora con el propósito de evitar que se llevase a efecto el remate del inmueble embargado, así, dedujo el recurso de amparo económico en contra del Banco Santander Chile (Rol de Ingreso 60-2018), rechazado por esta Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia por sentencia de 12 de septiembre de 2018; fallo que fue aprobado por la Excma. Corte Suprema. Así también, recurso de protección en contra del Banco Santander Chile (Rol de Ingreso 683-2018), en cuya virtud pedía, por motivos semejantes a los que esgrime ahora, que se ordenase la suspensión del juicio ejecutivo seguido en el Segundo Juzgado Civil de Valdivia bajo el Rol C 1512-2017, el que fue rechazado.

Complementa que la causa penal RIT 5128-2016 del Juzgado de Garantía de Valdivia, iniciada por querella presentada por doña nombre reservado por los delitos de estafa y de falsificación o uso malicioso de instrumento mercantil falso (y a la que se acumularon otras querellas interpuestas con motivo de los mismos sucesos), se encuentra concluida. En efecto, en cuanto a los querellados doña nombre reservado y don nombre reservado, a su respecto con fecha 11 de noviembre de 2020 se declaró la prescripción de la acción penal. En cuanto a doña nombre reservado (la única querellada que fue formalizada), con fecha 3 de diciembre de 2020 fue sobreseída definitivamente por las causales establecidas en las letras a) y b) del artículo 250 del Código Procesal Penal. Estas resoluciones se encuentran ejecutoriadas.

Concluye que en lo que toca a la causa Rol C 3789-2018 del Primer Juzgado Civil de Valdivia, juicio ordinario civil donde doña nombre reservado entabla demanda en contra del Banco Santander Chile solicitando la declaración de nulidad de las dos escrituras públicas que menciona, esta causa aún se mantiene vigente, pero su avance ha sido extremadamente lento.

En suma, el Banco Santander Chile no ha incurrido en acción u omisión ilegal o arbitraria que vulnere alguna de las garantías constitucionales de la recurrente, puesto que su proceder se ha limitado a deducir una acción judicial conforme a la ley, dando origen a un proceso judicial donde doña nombre reservado fue debidamente emplazada y ha tenido la oportunidad de recurrir a todos los medios que le franquea la ley para ejercer su derecho de defensa.

Por estos motivos corresponde, que el presente recurso de protección sea rechazado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección es un medio de impugnación jurisdiccional de rango constitucional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango constitucional (estrictamente enumerados en el artículo 20 de la carta fundamental) y que provengan de actuaciones que admitan la calificación de arbitraria o ilegal.

SEGUNDO: El derecho que se invoca como conculcado por parte de la recurrente, es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, que encuentra consagración en el artículo 19 N° 21 de la Constitución, derecho que recibe resguardo constitucional a través de esta acción de protección.

TERCERO: De lo consignado en lo expositivo, se aprecia, en síntesis, que existe una discusión en torno al sustento jurídico y a la validez de los antecedentes invocados para proceder al cobro ejecutivo de contratos de mutuo que unían a las partes. Las consecuencias que el avance del procedimiento ejecutivo ha traído en el patrimonio de la actora (embargo y venta forzada de bien raíz) es lo que motiva su accionar. En efecto, la situación de presuntas irregularidades (niega la suscripción de los contratos y la recepción de los prestamos), han motivado en inicio de distintas causas en sede penal y civil.

Por su parte se aprecia que el ente de financiamiento, para proceder al cobro ha justificado con documentos suscritos ante notario (escrituras públicas) la especialidad de procedimiento ejecutivo que ha invocado en su accionar, dando detalles del actuar procesal y acompañando las piezas pertinentes de los litigios en curso.

CUARTO: Conforme a la ya apuntado surge inmediatamente la luz en torno a la naturaleza de la discusión que convoca a las partes de esta acción constitucional. Se trata de discusiones de fondo sobre el no pago oportuno de mutuos; presuntas estafas o falsificaciones y nulidades de contratos, en cada uno de los cuales se requiere un pronunciamiento que dirima el asunto, previa aportación de prueba y posibilidad de ejercicio de derechos procesales en igualdad de armas. Nada de eso es atingente al procedimiento que se ventila en el presente arbitrio constitucional. El propio petitorio del recurso es ilustrador en cuanto a que hay diversas tramitaciones pendientes de ser resultas en tres tribunales de la ciudad, por lo que tampoco plantea nada en particular para que esta Corte pueda acceder a ello.

Considerando además que en el caso propuesto por la parte recurrente, de acuerdo a la información de hecho y jurídica; la recurrente ya ha intentado sin éxito, otras acciones que amparan derechos constitucionales, con un relato fáctico más antiguo, pero similar al actual.

Ello ya es para excluir algún supuesto de carácter ilegal o arbitrario en esta sede, en efecto, la recurrida ha dado los antecedentes pormenorizados de las causas que con anterioridad se han ventilado en esta sede.

QUINTO: A mayor abundamiento, de los antecedentes aportados por las partes, no aparecen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que los hechos invocados en el recurso, constituyan un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive a la actora del legítimo ejercicio de derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dado que tampoco se divisa una perturbación en su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, pues respecto de la mentada actividad, no constan sino los solos dichos de la recurrente, razón por la cual, el presente recurso no puede prosperar.

SEXTO: Por último, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada por la parte recurrente, por existir los procedimientos correspondientes, ya en ejercicio, contemplándose la vía jurisdiccional ordinaria para tratar la materia, y además, porque la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que, como se indicó, protege la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

SÉPTIMO: En virtud de todo lo razonado el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, tornándose innecesario el análisis de los documentos y demás elementos probatorios acompañados.

Y visto lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se RECHAZA el recurso interpuesto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Marcia Undurraga Jensen.

N°Protección-3254-2020.