nombre reservado con TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

Valdivia, seis de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

nombre reservado, chilena, ingeniero forestal, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Tercer Tribunal Ambiental, representado por el Ministro Presidente don Iván Alberto Hunter Ampuero, chileno, abogado, y su Secretario Abogado y jefe administrativo y de personal don nombre reservado, chileno, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, en base a los siguientes hechos.

Ingresó a prestar servicios al Tercer Tribunal Ambiental con fecha 15 de abril de 2019. Para lo anterior suscribió contrato de trabajo a plazo fijo (3 meses) con esa fecha, el que se transformó en indefinido. Por carta de despido de 26 de octubre de 2020 la recurrida invoca la causal contenida en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, “esto es, necesidades de la empresa.”(sic).

Los hechos que fundamentarían la causal invocada “obedecen a una racionalización del trabajo derivada de su falta de adecuación al perfil establecido para el cargo de Profesional Universitario del ámbito de ciencias.” (sic). Racionalizar significa reducir, disminuir, cumplir los fines con menos personal o con menores medios o herramientas. El cargo al que postuló está fijado en la planta del Tribunal (artículo 13 de la Ley 20.600 que Crea Tribunales Ambientales). No puede eliminarse ese cargo.

A su vez invoca falta de adecuación al perfil establecido para el cargo, en circunstancias que este fundamento es la forma disfrazada de la derogada “falta de adecuación laboral” del trabajador”. En 1990 mediante la Ley 19010 se creó la causal de necesidades de la empresa (artículo 3°) que luego pasaría al texto refundido como el artículo 161 del Código del Trabajo. Se establecieron formas o casos en que se podía reconocer estas necesidades de la empresa y existía como fundamento la “falta de adecuación técnica y laboral del trabajador”. La norma señalaba : “Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores, y la falta de adecuación laboral o técnica del trabajador.” (subrayado es nuestro) Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema a través de múltiples y reiterados fallos rechazaron como fundamento o justificación de necesidades de la empresa la “falta de adecuación técnica y laboral del trabajador”, ya que se contrapone con el principio de estabilidad relativa del empleo y de la capacitación permanente como principios del derecho laboral común. En consecuencia, si la selección y contratación de personal era un acto plenamente reconocido respecto del empleador, la mala o errada selección y contratación no podía ser cargada al trabajador. En consecuencia, si hubo un problema de selección, antes de justificar el despido en esta falta de adecuación técnica y laboral, el empleador debía capacitar al trabajador.

El hecho de que el personal del Tribunal se rige por el Derecho Laboral común no lo exime de trato igualitario y similar a funcionarios de otros Tribunales, siendo vulneratorio de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2, 16 y 24, por lo que pide tener por interpuesta, acción constitucional de protección en contra del Tercer Tribunal Ambiental, RUT RUT reservado, del Ministro Presidente don Iván Alberto Hunter Ampuero, chileno, abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, por sí y en representación del Tercer Tribunal Ambiental, y de su Secretario Abogado y jefe administrativo y de personal don nombre reservado, chileno, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, por sí y en representación del Tercer Tribunal Ambiental, todos domiciliados en domicilio reservado, declararlo admisible, ordenar al recurrido informar, incluyendo en su informe los correos electrónicos enviados al Relator de la causa R25/2020 don nombre reservado y a la Ministra Sibel Villalobos, solicitando el permiso para que el Profesional de Apoyo don nombre reservado, considerando sus competencias profesionales, se hiciese parte del análisis de la causa señalada, decretando que se adopten las medidas, providencias o actos que estime y juzgue pertinentes y necesarios para el restablecimiento del imperio del derecho y asegurar su debida protección como afectada, debiendo en consecuencia dejar sin efecto la decisión de despido y ordenar su inmediata reintegración o reincorporación a sus funciones habituales, en las mismas condiciones en que las estaba desarrollando, con expresa continuidad de sus remuneraciones, es decir, con goce íntegro de remuneraciones ordinarias, extraordinarias, asignaciones, bonos y todo otro beneficio que me hubiere correspondido percibir, desde la fecha de la desvinculación hasta la de su efectiva reincorporación, con expresa condenación en costas.

Informa la recurrida, solicitando el rechazo de la acción, fundado en que no existe un acto ni arbitrario, ni ilegal ya que su cumplió con la normativa laboral correspondiente, pagándose las respectivas indemnizaciones, en forma fundada y acabada no siendo la vía idónea la presente acción, debiendo haberse entablada las acciones judiciales ante los juzgados del trabajo, por lo que solicita el rechazado del recurso, con costas.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).

Lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).…”.

Cuarto: Que, para la resolución de la presente controversia cabe tener presente que el Código del Trabajo contempla las acciones que en sede administrativa y judicial puede ejercer el trabajador en defensa de sus derechos, estableciendo procedimientos reglados, con plazos, oportunidad y órganos competentes diferenciados, según la hipótesis que se invoquen.

Quinto: Que, las cuestiones que por esta vía se han planteado se encuentran debidamente cubiertas por el estatuto tuitivo de los trabajadores, no siendo el recurso de protección el mecanismo idóneo para resolver controversias entre trabajadores y empleadores producto del término de la relación laboral, en el entendido que el ordenamiento jurídico contempla las acciones concretas para tal fin.

Sexto: Que, en las circunstancias antes indicadas, surge que la discusión de fondo que plantea el presente recurso exige determinar si la recurrente puede controvertir la naturaleza del despido, el que fue efectuado mediante la respectiva carta de aviso, pagándose las indemnizaciones, controversia que atendida su naturaleza no corresponde a una materia que pueda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre. (Excma. Corte Suprema, Rol N° 19.099-2019, 9 de marzo de 2020)

Séptimo: Que, atendido lo razonado, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio, de otras acciones que pudieren corresponder a los recurrentes ante la judicatura competente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Tercer Tribunal Ambiental, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Luis Felipe Galdames Bühler.

Rol 3234 – 2020 PRO.