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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 3219-202010 dic 2020

SOC INFORMATICA I W LIMITADA con nombre reservado

Fecha
10 de diciembre de 2020
Corte
Corte de Apelaciones de Valdivia
Sala
Segunda
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol N° 3219-2020, sentencia de 10 de diciembre de 2020

Resumen

Se rechaza sin costas la protección deducida por la sociedad contra la jueza titular, al no ser la vía idónea para impugnar resoluciones judiciales y no acreditarse una acción u omisión ilegal o arbitraria, apareciendo la decisión debidamente motivada.

Texto íntegro

C.A. de Valdivia Valdivia, diez de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, empresario, en representación de Sociedad Informática IW Ltda., ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Letras y Garantía de La Unión, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida vulnera su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental.

Expone que en causa RIT O-30-2019 del Juzgado de Letras y Garantía de La Unión se dictó sentencia con fecha 26 de octubre de 2020, condenando a la sociedad recurrente al pago de prestaciones laborales, empero, quien fue señalado como representante de la empresa es un tercero que no reúne los requisitos del artículo 4 inciso 1° del Código del Trabajo, pues don nombre reservado abandonó la sociedad en el mes de maro de 2017, según escritura de modificación, declaración de testigos y prueba confesional, rendida en juicio.

Sostiene que nombre reservado es el único representante de la sociedad y aquello consta en causa RIT 1204-2019 del Juzgado de Letras y Garantía de La Unión, por lo que el actuar de la recurrida atenta contra su derecho de propiedad, al privarlo de parte importante de su patrimonio de forma ilegal y arbitraria.

En definitiva, solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto la sentencia dictada el 26 de octubre de 2020 en causa RIT O-30-2019 del Juzgado de Letras y Garantía de La Unión, en cuanto condena a la sociedad recurrente al pago de las prestaciones que indica, con costas.

Informando el recurso, doña nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Letras y Garantía de La Unión expone que en causa RIT O-30-2019 don nombre reservado dedujo demanda por despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales, en contra de su ex empleadora Sociedad Informática IW Ltda., representada legalmente por don nombre reservado, o por quien represente a dicha persona jurídica según dispone el artículo 4 del Código del Trabajo.

Señala que el 26 de noviembre de 2019 don nombre reservado, demandado como supuesto representante legal de la Sociedad Informática IW Ltda., o en virtud del artículo 4 del Código del Trabajo, opuso la excepción de falta de legitimación pasiva del compareciente para representar a la sociedad demandada, sea legal, convencional o en virtud del artículo 4 del Código del Trabajo, alegando que no la representa bajo ningún respecto o forma.

Refiere que el 31 de enero de 2020 se dictó sentencia por doña nombre reservado, Juez Suplente del Juzgado de Letras y Garantía de la Unión, que acogió la excepción de falta de legitimidad pasiva. Indica que la parte demandante dedujo recurso de nulidad en contra de la aludida sentencia, el que fue acogido por una Sala de esta Corte el dieciséis de marzo del presente año, en causa Rol N° 51-2020 del libro de ingreso laboral, ordenando la realización de un nuevo juicio.

Manifiesta que por sentencia de veintiséis de octubre del actual, rechazó la falta de legitimación pasiva y acogió parcialmente la demanda deducida en contra de Sociedad Informática IW Ltda., representada legalmente por don nombre reservado. Cita los considerandos 11°, 12°, 13° y 14° de la sentencia del grado que sustentan el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva por estimar que es sujeto pasivo de la acción por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 4 del Código del Trabajo, ya que las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa, no alteran tales derechos, ni la subsistencia de los contratos de trabajo, los que continúan vigentes con el nuevo empleador por el solo ministerio de la ley, sin que sea necesario que las partes suscriban un nuevo contrato de trabajo o modifiquen los ya existentes. Cita el considerando 19° relacionado con las cotizaciones previsionales. Sostiene que el 6 de noviembre de 2020 el abogado de don nombre reservado interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia indicada, invocado las causales previstas en los artículos 477 y 478 letra b) del Código del Trabajo.

Arguye que la falta de legitimación pasiva que se alega por el recurrente se encuentra pendiente de resolución al haberse recurrido de nulidad, no existiendo vulneración a la garantía que se dice conculcada, desde que procedió como jueza no inhabilitada -según lo ordenado por el tribunal ad quem- y resolvió conforme a los fundamentos de derecho expresados en la sentencia, los que pueden ser impugnados a través de los medios que prevé el legislador, tal como aconteció en la especie. Aduce que la acción constitucional de protección no es un recurso procesal destinado a impugnar resoluciones jurisdiccionales. Cita jurisprudencia en apoyo a sus asertos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales Superiores de Justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía consiste en la sentencia dictada en causa RIT O-30-2019 del Juzgado de Letras y Garantía de La Unión, con fecha 26 de octubre de 2020, que rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva y acogió las demanda de despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales interpuesta por don nombre reservado, en contra de su ex empleadora la Sociedad Informática IW Ltda., representada legalmente por don nombre reservado.

El objeto del presente recurso es que “…se deje sin efecto la sentencia de fecha 26 de octubre 2020, en causa RIT O-30-2019, en cuanto a condenar a SOCIEDAD INFORMATICA IW LTDA, al pago de las prestaciones que indica”.

TERCERO: Que, como puede observarse, el acto que se estima ilegal y arbitrario consiste en que la Jueza recurrida dictó una sentencia definitiva en el marco de un procedimiento reglado en el Código del Trabajo.

Sobre el particular, la Excma. Corte Suprema ha sostenido reiteradamente y como criterio general, que la acción constitucional de protección no procede en contra de resoluciones judiciales y que, estando una controversia sometida al imperio del derecho, no procede otorgar amparo constitucional. (Rol N° 32.118-2019, de 14 de enero de 2020). En otro sitio agrega que estando el conocimiento del asunto sustantivo (que sirve de fundamento a la acción constitucional) sometido al procedimiento judicial correspondiente que otorga a las partes y terceros las máximas garantías y mecanismos de impugnación para que puedan hacer valer sus pretensiones y derechos, garantizando de esta manera el cumplimiento cabal del debido proceso, el recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza. (Rol N° 7940-2019, de 21 de julio de 2019).

CUARTO: Que, lo expuesto precedentemente, constituye razón suficiente para el rechazo del recurso, atendido que no resulta posible impugnar por esta vía una resolución judicial dictada en un procedimiento legalmente tramitado.

QUINTO: Que, con todo, la excepcionalidad de la procedencia del recurso de protección para atacar resoluciones judiciales requiere de una manifiesta afectación de las garantías constitucionales y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Carta Fundamental, y en la especie ello no ocurre, desde que la decisión aparece debidamente motivada en aspectos fácticos y jurídicos, sin perjuicio, del derecho del actor a ejercer oportunamente los mecanismos procesales destinados a revertir tal resolución.

Cuestión distinta es que el recurrente no comparta los razonamientos de la Jueza recurrida, pero ello no configura la ilegalidad y arbitrariedad que se reprocha en esta sede cautelar.

SEXTO: Que, en consecuencia, falta uno de los requisitos básicos para la procedencia de esta acción constitucional, atendido que no se acreditó la existencia de una acción u omisión, ilegal y/o arbitraria, lo que conduce al rechazo del presente recurso.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, en representación de Sociedad Informática IW Ltda., en contra de doña nombre reservado, Jueza Titular del Juzgado de Letras y Garantía de La Unión.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3219-2020.