nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente 1°) Doña nombre reservado deduce acción de protección constitucional en contra de la Fiscal Administrativo doña nombre reservado, profesional de Gendarmería de Chile, designada como fiscal administrativo en Sumario Administrativo por Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, en el Centro de Apoyo para la Integración Social de Valdivia, destinado a esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad administrativa que le pudiera afectar a la funcionaria doña nombre reservado, por una denunciada por un presunto maltrato y acoso laboral que se habría cometido en contra de la profesional nombre reservado. Argumenta que la recurrida incurrió en actos ilegales y arbitrarios, que consistentes negarse a decretar un término probatorio y dejarla en absoluta indefensión, e imputar a la recurrente el haber sido condenada, por el delito de lesiones, hecho por el cual fue sobreseída por el Juzgado de Garantía de Valdivia. Denunciado la conculcaciones del derecho el derecho de igualdad ante la ley y el respeto y la protección de la vida privada, Señala que el día 29 de septiembre del año 2020, fue notificada de la fiscalía administrativa de una serie de cargos, a consecuencia de los hechos investigados, evacuando los por los hechos imputados, solicitando en el principal incidente de nulidad por vicio procedimental, solicitando la reformulación de los cargos por ser imprecisos impidiendo una adecuada defensa, en el primer otrosí descargos en forma subsidiaria, y segundo otrosí término probatorio para rendición de prueba documental, testimonial; careo y exhibición de documentos. A su respecto, le es notificada del oficio Reservado Nº 05, con fecha 21 de octubre del año 2020, en cual en lo concreto refiere sobre la petición de que se conceda un término probatorio, indicado que respecto al careo prueba testimonial, no son aceptados por debido a que estas pruebas no resultan útiles, pertinentes y plausibles para esclarecer los acontecimientos de acoso laboral y determinar el grado de culpabilidad del afectado. En relación la prueba documental, debido a que el requerimiento es ambiguo y no se refiere con especificidad las pruebas que desea presentar, por lo cual se estima que este requerimiento tiene la única finalidad de dilatar el presente proceso sumarial. En cuanto a la Exhibición de documentos se accede a lo solicitado. Junto con lo anterior en el mismo se formula el siguiente cargo: “PRIMER CARGO: Que usted indica en respuesta a lo declarado por la Sra. nombre reservado que: "Lo señalado es absolutamente falso, jamás la denunciada ha tenido ni tiene una condena de ningún tipo, consta en mi Ficha Personal de la Institución, y además la fiscalía puede solicitar Extracto de Filiación". Por lo cual usted en los descargos que rolan a fojas 1063, infringe lo indicado en artículo 61 letra g) del D.F.L. N° 29, que fija texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo", en cuanto a la entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado". Lo anterior debido a que usted, no es honesta en su contestación, debido a que según consta en Causa RUC N° 1800665150-6, RIT 5037-2018, usted registra una condena en calidad de autora del delito escrito y sancionado en el artículo 494 N° 5 del Código Penal.

La recurrente señala que si bien es cierto la fiscal administrativo no se encuentra obligada a acceder a disponer ciertas diligencias probatorias solicitadas por el inculpado, por no resultar útiles, pertinentes y plausibles para esclarecer los hechos, debe necesariamente fundamentar dicha negativa mediante una resolución y en este mismo sentido el artículo 138 Inciso 2° del Estatuto Administrativo, dispone expresamente “Que cuando el inculpado solicita la realización de ciertas y diligencias o aportar prueba, el fiscal está obligado a acceder debiendo ordenar un término probatorio, que no puede exceder en total de 20 días. Agrega que la negativa infundada de la fiscal administrativa, de “Ordenar un término Probatorio”, ha concluido en que mi representada ha quedado en la absoluta indefensión.

Respecto al segundo acto Ilegal y arbitrario se vincula directamente con en uno de los cargos formulados por la Fiscalía Administrativa, esto la imputación de la existencia de una condena por un delito de lesiones leves, señala que jamás ha sido deshonesta o faltado a la verdad ya que nunca ha sido condenada, toda vez que la causa a la cual se hace mención RUC 1800665150-6, RIT 5037-2018, del Juzgado de Garantía de Valdivia, se declaró la suspensión condicional del procedimiento por el periodo de un año, en consecuencia fue absuelta, mediante resolución del Juzgado de Garantía de Valdivia de fecha 23 de septiembre del año 2019.

Por lo que pide que se deje sin efecto oficio Reservado Nº 05, de fecha 21 de octubre del año 2020, notificada con fecha 22 de octubre del año 2020, la cual deniega la oportunidad de rendir prueba y las diligencia solicitadas, disponiendo para lo anterior un término probatorio con la finalidad de aportar prueba que es de relevancia para la defensa administrativa de la recurrente, con expresa condena en costas 2°)

La recurrida informa el recurso, señalando que no existen fundamentos para acoger el recurso, toda vez que en cuanto a la denegación de conceder un término probatorio, se fundamentó en relación a la solicitud de prueba documental, no se aceptó debido a que el requerimiento era ambiguo y no refería con especificidad las pruebas que deseaba presentar, por lo cual se estimó que este tenía la única finalidad de dilatar el proceso sumarial.

A la petición de careo, no fue aceptado por cuanto al tipificarse como acusación de acoso laboral, no consideró prudente exponer a la funcionaria denunciante, por cuanto aquella manifestó sentir temor con solo ver a la recurrente.

Respecto de la solicitud de rendición prueba testimonial, señala que se constató en el desarrollo del sumario que la recurrente tenía plenas facultades para supervisar el trabajo de la denunciante, por lo que no resulto prudente dilatar el proceso en un término probatorio que respecto de una situación que no estaba cuestionada. En relación a la solicitud de exhibición de documento, aquel fue aceptado incorporándose la prueba rendida.

Todo lo expuesto da razón que la recurrente no quedó en la indefensión toda vez que en el proceso se le otorgó plazos para preparar sus descargos.

En cuanto a la imputación de la recurrente de haber sido condenada por delito de lesiones leves, se observó en el proceso a raíz de la declaración de la Jefa de Dirección Regional de Los Ríos, que el mes de septiembre tuvo conocimiento que la recurrente había sido condenada al pago una multa una Unidad Tributaria Mensual como autora del delito consumado de lesiones leves, en la causa RIT 5037-2018 del Juzgado de Garantía de Valdivia, por lo que sumado a la versión de la recurrente, refiere que se estuvo por aclarar dicha situación, haciendo presente la independencia de las responsabilidades administrativas, penales y civiles, consagrado en el Estatuto Administrativo.

Pide que se rechace el recurso intentado, declarando que el acto administrativo que ordenó sustanciar el sumario se ajustó a derecho y no es arbitrario ni ilegal, y que no se ha perturbado, amenazado o conculcado los derechos de la protegida por haber actuado con apego a las normas administrativa.

3°) Que de los antecedentes que obran en presente arbitrio constitucional, dan cuenta que la controversia sometida a conocimiento de esta Corte, dice relación a que a la recurrente se le veto la posibilidad de ofrecer pruebas en un proceso sumarial seguido en su contra y en la cual a la recurrida le corresponde la sustanciación de dicho procedimiento disciplinario. Junto con lo anterior, sustenta la alegación de una imputación por una condena en materia penal, de la cual no sería efectiva.

4°)

En dicho orden de ideas y de los antecedentes aparejados a esta sede cautelar de garantías fundamentales, debe imperativamente ponderarse sobre la ocurrencia de los hechos conculcatorios. Al respecto, se asienta la circunstancia que de la respuesta Fiscal del sumario mediante oficio Reservado Nº 5, del día 21 de octubre del presente año, da razón de haber negado fundadamente cada una de las peticiones de incorporación de medios de pruebas formulado por la sumariada, cuestión que juicio de esta Corte, contraviene las normas relativa al debido proceso, toda vez que el privarle a la recurrente de la rendición de sus probanzas dentro de un término probatorio, no hace más que atacar la posibilidad de sustentar y acreditar sus descargos y desvirtuar el proceso disciplinario.

Lo anterior, tiene sentido a razón que cualquiera que sea el procedimiento en cuestión, debe atenderse a los principios de bilateralidad, igualdad de armas, derecho a defensa, aportación de pruebas e impugnación de la resoluciones dictadas a su respecto, normas que engloban el debido proceso y que tiene por finalidad la evitación de vicios que afecten la que la sustanciación o ritualidad de la causa.

En tal sentido, cabe asentar que a la recurrente se le ha privado de la posibilidad de aportación de prueba documental, declaración de testigos y careo con la denunciante, situación por la cual debe imperativamente ser corregida la postura de la Fiscal a cargo del sumario administrativo, en orden concederle un término probatorio para la aportación de dichos medios de pruebas.

5°)

Por otro lado, en cuanto a la vulneración de su derecho a la honra, respecto la imputación de la existencia una sentencia condenatoria en sede penal que afectaría a la recurrente, dicha alegación será desestimada en esta sede cautelar, toda vez que la Fiscal del sumario debe atender a todas las declaraciones que se formulen intraproceso y las que necesariamente deberán ser aclaradas y ponderadas en su oportunidad, por lo que en consonancia con lo razonado precedentemente, la sumariada deberá acreditar con las probanzas pertinentes a fin de desvirtuar dichas aseveraciones, por lo que la alegación de conculcación del derecho referido, carece de sustento al respecto, sin perjuicio como se ha dicho, sobre la posibilidad de la aportación de las pruebas efectúe la recurrente al sumario.

6°)

En síntesis, cabe para esta Corte asentar sobre la pertinencia y procedencia de conceder un término probatorio para la rendición de pruebas a la recurrente, en particular, prueba documental, testimonial y careo con la denunciante, a fin de mantener incólume las normas del debido proceso seguido por la Fiscal del sumario disciplinario.

Y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de doña nombre reservado, debiendo la recurrida en su calidad de Fiscal Administrativa del sumario, conceder un término probatorio para la rendición de la prueba documental, testimonial y careo ofrecida por la recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Fiscal Judicial Sra. Gloria Hidalgo Álvarez Rol 3200 – 2020 PRO.