Protección contra Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Valdivia Valdivia, diecisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente: 1) Comparece don Darek Macpherson Méndez, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad cubana, cédula de identidad para extranjeros NºNUM000, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión de pronunciamiento respecto a su solicitud de regularización migratoria por razones humanitarias presentada el 29 de abril de 2025, lo que sostiene vulnera el derecho de igualdad ante la ley y de integridad psíquica del artículo 19 Nº2 y 1 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene a la Subsecretaría del Interior que dicte la resolución terminal que en derecho corresponda respecto de la solicitud de regularización, en un plazo no superior a 60 días, y al Servicio Nacional de Migraciones que proceda a la ejecución inmediata de la regularización una vez resuelta, con costas.

Refiere que su representada ingresó al país por paso no habilitado el 22 de octubre de 2022 y se autodenunció.

El 20 de marzo de 2024 el Servicio Nacional de Migraciones tuvo por desistida su solicitud de refugio por extemporaneidad. Ante esta situación, y fundado en su arraigo familiar (convivencia con ciudadano chileno, don nombre reservado, RUN NUM001) y laboral (Contrato de trabajo como secretaria), presentó una carta de solicitud de regularización excepcional ante la Subsecretaría del Interior con fecha 29 de abril de 2025.

Agrega que su solicitud fue derivada a la Subsecretaria del Interior por el Servicio Nacional de Migraciones el 25 de agosto de 2025, invocando el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. A la fecha, han transcurrido más de 8 meses desde la presentación original y más de 4 meses desde la derivación oficial, sin que exista un acto administrativo terminal, excediendo con creces los plazos de la Ley N°19.880. 2) A folio 5, informó en representación del Servicio Nacional de Migraciones el abogado Elver Luciano Noriega Arteaga.

Indica que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad administrativa que se encuentra tramitando la solicitud de la contraria, como tampoco es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre dicha petición.

Y que no existe incertidumbre respecto a la situación migratoria de la extranjera porque no ha dictado sanción migratoria alguna contra la recurrente, ya sea de multa, orden de abandono, expulsión, ni cualquier otra sanción migratoria. 3) A folio 9 informó don Sebastián Álvarez Moscoso, abogado, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior.

Indica que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, de la parte recurrente se encuentra, actualmente, en tramitación, y que las mismas dadas su carácter excepcional requieren un análisis exhaustivo porque concederlas implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería, y que actualmente están tramitando más de 10.000 de estas solicitudes.

Agrega que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de un permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, significa que la persona extranjera ha incurrido previamente, de manera voluntaria, en una o más contravenciones a la normativa migratoria que normalmente podrían ser sancionables incluso con la expulsión del país, y precisamente por ello solicita a la autoridad que, de manera excepcional, y a pesar de dicha contravención legal, se le permita regularizar su situación migratoria, no siendo procedente imputar las consecuencias que de aquello se deriven - directa o indirectamente- ni a la Administración ni a la eventual demora que pudiese afectar la resolución de su solicitud, sino sólo a las acciones de la propia parte recurrente. 4) El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en el- que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental. 5) Que, para resolver se ha de tener presente lo dispuesto en la ley respecto al órgano encargado de resolver la petición de la recurrente se ha de tener presente lo dispuesto en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 Ley de migración y Extranjería, que establece la facultad de regularización migratoria extraordinaria, que señala: “Artículo 155.- Funciones de la Subsecretaría del Interior. Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones: 9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.” 6) Que, atendido el mérito de los antecedentes expuestos, teniendo presente que una solicitud de regularización migratoria por motivos humanitarios es del todo excepcional, porque efectivamente implica el reconocimiento expreso de una infracción manifiesta a la Ley de Migración y Extranjería que es el ingreso por paso no habilitado y para lo cual dicha normativa establece como sanción la expulsión; que en cuanto al tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud, se debe atender en este caso a la realidad que enfrenta la Administración por la cantidad de estas solicitudes excepcionales que debe tramitar, y especialmente que la derivación a la Subsecretaría del Interior, que es quien debe pronunciarse en definitiva sobre lo solicitado, ocurrió en agosto del presente año, motivos por los que no se observa un actuar ilegal y/o arbitrario de parte de los recurridos, ni afectación del derecho de igualdad ante la ley, pues no existe antecedente de que se le esté dando un trato desigual a la recurrente, y respecto de la integridad psíquica, tampoco constan antecedentes de una vulneración de tal derecho, por lo que la presente acción debe rechazarse.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Darek Macpherson Méndez, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones. Regístrese digitalmente, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-32-2026.