nombre reservado con FONDO NACIONAL DE SALUD

C.A. de Valdivia Valdivia, diecisiete de noviembre de dos mil veinte.

Vistos.

Doña nombre reservado y nombre reservado, abogadas, ambas domiciliadas en domicilio reservado, b en representación de doña nombre reservado, Rut RUT reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, recurren de protección en contra de FONASA Región de los Ríos, Rut RUT reservado, representada legalmente por su jefa centro de gestión Regional Los Ríos, doña nombre reservado, o quien ejerza dicha función al momento de la notificación del presente recurso, ambas domiciliadas en domicilio reservado, debido a la grave conculcación del artículo 19 número 1 de nuestra Carta fundamental, respecto Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de su mandante y de su hija, y 19 número 2, derecho a la igualdad y no discriminación, 19 número 3, debido proceso; y 19 número 24, esto en relación a su derecho de propiedad respecto de sus derechos laborales fundamentales, en base a los siguientes antecedentes.

A finales del año 2019 se interpone un recurso de protección ante esta Corte, ROL Protección - 5761 – 2019, debido a que la declaración de renta de su mandante no fue efectuada como se debía. Ella, realiza el trámite en los tiempos correspondientes solicitando que se efectuara por el 100% para tener el pago de sus cotizaciones al día, según lo establecido por la nueva ley de honorarios, sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) incurrió en un error de carácter informático y se le devolvió el 100% del dinero, por lo cual no se efectúo pago de sus cotizaciones. Este hecho significó que doña nombre reservado quedara sin acceso al pago de licencias médicas, incluyendo licencias de pre y post natal, entre otros.

Posteriormente, en la tramitación de la referida acción de protección el SII reconoce de forma expresa haber incurrido el en referido error, lo que generó el grave perjuicio que al día de hoy aun afecta a doña nombre reservado, por lo cual la Excelentísima Corte Suprema revoca sentencia de SSI., (ROL Civil / 12169 – 2020) ordenando al SII y a otras instituciones realizar los trámites necesarios en un breve plazo a fin de restablecer el imperio de derecho. De esta forma, la requerida podría devolver el dinero y que se pagaran las cotizaciones del año 2019 en su totalidad. Cabe mencionar que al ser trabajadora independiente no puede optar a realizar pago de cotizaciones retroactivas.

Así las cosas, el SII modifica en el sistema la declaración 2019, corrigiendo los montos que se debían pagar a cada entidad. Por otro lado, la Tesorería General de la República contestó que ellos no podían realizar el pago a las demás entidades porque no tenían el dinero para realizarlo y tampoco podían generar un cupón para pago, por lo que debía ir personalmente a cada institución a realizar este trámite.

Posterior a esto y sin tener respuesta de las demás entidades, la requirente se dirige a AFP Modelo, quienes después de un tiempo respondieron que con la declaración del año 2020 habían pagado las cotizaciones anteriores, por lo cual el estado actual era “sin deuda” encontrándose doña nombre reservado al día en el pago de sus cotizaciones. En el Instituto de Seguridad Laboral mencionaron que no era necesario realizar el pago del año 2019 ya que con la declaración 2020 se encontraba al día con el seguro que ellos ofrecen. (No tenía que pagar por un seguro que ya no se había utilizado).

Por otro lado, se ofició a FONASA a pronunciarse por este tema, donde ellos enviaron como respuesta solo un certificado de cotizaciones al día y nada más. Por este motivo, su representada se acerca a las oficinas de FONASA de Valdivia donde conversó con el encargado del recinto, quien le entregó un correo (correo reservado) para que explicara la situación y ellos le autorizaran a pagar las cotizaciones, ya que, según lo dicho por el mencionado funcionario, esta acción no se realizaría en las oficinas, sino a través del sistema informático.

Es así, que el día 8 de septiembre del año en curso doña nombre reservado envía toda la información al correo que entregó el encargado de recinto FONASA Valdivia, pero no obtuvo respuesta, por lo que reenvió el correo el día 15 del mismo mes al cual hasta el día de hoy no hay respuesta alguna respecto al grave problema que desde el año pasado afecta a doña nombre reservado, producto del error incurrido por el SII.

Agrega, que la recurrente se encuentra con depresión por lo sucedido, por lo que estima se conculcan las garantías constitucionales mencionadas, por lo que previas citas legales, pide tener por interpuesto recurso de protección, solicitando.

1. Se acoja el recurso de protección interpuesto;

2. Regularizar el estado de los pagos en FONASA lo necesario para poder acceder a los pagos de las respectivas licencias médicas de la requirente de pre y post natal y así poder gozar de su derecho a remuneraciones y calidad de vida adecuada.

3. Se ordene efectuar los pagos íntegros de sus licencias pre y post natal a la recurrente 4. Que se condene, expresamente en costas a la recurrida, atento a lo temerario de su actuar y al tiempo trascurrido desde que la E. Corte ordenara la reparación de la vulneración de doña nombre reservado, y que la recurrida sigue entrabando.

La recurrida, informó al tenor del recurso, solicitando su rechazo, fundado en que Fonasa no determina el pago de las licencias médicas, siendo el órgano competente el Compín, y su función consiste en entregar los recursos para el pago.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Tercero: Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

La “arbitrariedad” indica carencia de razón en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad que alcanza, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o sea, una actuación carente de fundamento (El Recurso de Protección, nombre reservado, página 189).

Lo “ilegal” se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posea o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte (op. cit. Pág. 239).

Cuarto: Que son hechos no controvertidos, que en causa 1269-2020 de la Excma. Corte Suprema, se ordenó al Servicio de Impuestos Internos, que corrigiera la declaración de renta de la recurrente, ya que por un error, no pagó las cotizaciones de doña nombre reservado, devolviendo el 100% de lo retenido; lo anterior, trajo como consecuencia, que al no haberse pagado las cotizaciones a FONASA, al momento de solicitarse del pago de las licencias médicas por concepto de pre y postnatal, el COMPIN, no las pagara; al día de hoy, FONASA no ha recibido el pago de las cotizaciones de parte de la recurrente fundado en cuestiones de carácter administrativo.

Quinto: Que de acuerdo a los presupuestos facticos anteriores, se puede vislumbrar el actuar arbitrario de parte de la recurrida, al no recibir el pago de las mentadas cotizaciones por concepto de salud a pesar de no desconocer lo resuelto por nuestro máximo tribunal en causa citada, a pesar de las gestiones realizadas por la recurrente en forma presencial y también por correo electrónico, lo que le impide el trámite y gestión de las licencias médicas y por consiguiente su pago.

Sexto: Que, de lo expuesto por el abogado de la recurrida, no se desconoce la solicitud de pago, señalando que dicho aspecto si puede ser solucionado por su representada, a diferencia de lo ocurre con la aprobación de las licencias médicas, lo que es resorte del Compin.

Séptimo: Que, por lo anterior, estima esta Corte que se vulnera la garantía fundamental del derecho a la vida y la integridad psíquica de la recurrente, ya que la no recepción por parte de FONASA, del pago de las cotizaciones, ha generado un daño psicológico que viene como consecuencia de la actuación arbitraria de la recurrida.

Octavo: Que el remedio de lo anterior, consiste en que FONASA, reciba el pago de las cotizaciones por parte de la recurrente, lo que le permitirá tramitar las respetivas licencias médicas. En lo que se refiere al punto 3 de su escrito, no es posible acceder a ello, al no ser FONASA el órgano legal que determina la procedencia o no del pago de las licencias, sino que es el COMPIN.

Y vistos, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 y demás de la Constitución Política de la Republica, Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema y demás normas aplicables, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Fondo Nacional de Salud, y, en consecuencia, se ordena que dentro del plazo de quince días reciba el pago de las cotizaciones de salud, sin costas.

Acordada contra el parecer del Ministro Sr. Muñoz quien estuvo por rechazar el recurso en consideración a que la recurrida no ha incurrido en ninguna acción u omisión que importe amenaza, privación o perturbación de alguna de las garantías que dice conculcada, pues no se dan a su respecto los presupuestos para disponer de los fondos necesarios para el pago de las licencias que pretende la recurrente, desde que la misma no ha regularizado la situación conforme lo dispuesto en la sentencia 1269-2020, en la cual debió instar porque se diera integro cumplimiento a lo allí solicitado, sin que se hubiere hecho, de esa forma no posible imputar alguna responsabilidad a Fonasa atendido su marco regulatorio y las obligaciones que sobre esta institución pesan en relación con las pretensiones de la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Mario Julio Kompatzki Contreras y del voto en contra, su autor.

N°Protección-3157-2020.