nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, nueve de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Don Juan Cristóbal Valdivia González, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación, de don nombre reservado, funcionario público, para estos efectos del mismo domicilio, interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, Contralor Regional de la Región de Los Ríos, domiciliado en domicilio reservado, por haber dictado en forma ilegal y arbitraria el Oficio N° E35942/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, que fue notificado el día 15 de septiembre del año 2020.

Narra que mediante la Resolución Exenta N° 403 de fecha 13 de marzo de 2019 del Gobierno Regional de Los Ríos, se instruyó sumario administrativo en contra de su representado, funcionario de planta, grado 4 E.U.S. del Gobierno Regional de Los Ríos, la cual fue complementada a través de la Resolución Exenta N° 424 de fecha 22 de marzo de 2019.

Luego, mediante la Resolución Exenta N° 1.989 de fecha 15 de octubre de 2019 del Gobierno Regional de Los Ríos, se aprobó el sumario administrativo, y le fue aplicada a su representado la medida disciplinaria consistente en la destitución, contemplada en el artículo 121 letra d) del Estatuto Administrativo.

La Resolución Exenta N° 1.989 ya descrita, fue notificada a su representado el día 16 de octubre del año 2019, por tanto, amparado éste en el artículo 141 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que dispone de un plazo de 5 días hábiles para deducir el respectivo recurso administrativo, el plazo fatal para presentar el recurso de reposición, expiraba el día 23 de octubre de 2019.

Es así, que a las 15:00 horas del día 22 de octubre de 2019 - un día antes de que expirara el plazo fatal de 5 días hábiles previsto en la ley-, su representado concurrió personalmente hasta las dependencias de la Intendencia Regional de Los Ríos ubicada en domicilio reservado, con el objeto de presentar escrito que en la suma señala: En lo principal: Solicita invalidación de acto administrativo que indica. En subsidio uso de sus facultades que indica. Primer otrosí: Recurso de reposición. Segundo otrosí: Acompaña documentos. Tercer otrosí: Téngase presente y acredita personería Sin embargo, cuando el actor intentó ingresar al edificio del Gobierno Regional de Los Ríos, con la finalidad de entregar su presentación por la oficina de partes, no pudo hacerlo. En la entrada del edificio, doña nombre reservado, nombre reservado de Carabineros y punto fijo de Carabineros de Chile de la Intendencia Regional de Los Ríos, le informó que el edificio había sido evacuado a las 13:00 horas debido a las manifestaciones, de público conocimiento, que a contar del 18 de octubre del año 2019 se venían desarrollando a nivel nacional en el contexto del denominado estallido social. En razón de ello, la oficina de partes, que es el lugar donde debía entregar la presentación, estaba cerrada.

Procedió, excepcionalmente, a entregar dicho documento y sus antecedentes al citado personal policial - quien certificó que se apersonó su representado en el día y horario indicados.

Además, envió el escrito y sus antecedentes por correo electrónico a diferentes estamentos de la Intendencia Regional. Es así que, siendo las 15:23 horas de ese día 22 de octubre de 2019, remitió un correo electrónico a la casilla de correo electrónico del sr. nombre reservado Intendente de la Región de Los Ríos (correo reservado) con copia al sr. nombre reservado Jefe de Gabinete del Intendente (correo reservado) y a la Sra. nombre reservado, Encargada del Depto. Gestión y nombre reservado (correo reservado). Esta última, le respondió: “Estimado, por mi parte acuso recibo de información”.

Sorpresivamente, con fecha 22 de noviembre de 2019, su representado fue notificado de la Resolución Afecta N° 100 del Gobierno Regional de Los Ríos, la cual aprobó el sumario administrativo y resolvió aplicar la medida disciplinaria de destitución en contra de su representado, cuyo fundamento, señalado en el considerando 21 de dicho acto es el siguiente:

La circunstancia que transcurridos cinco días hábiles desde la notificación del acto administrativo, el Sr. nombre reservado, no presentó recurso de reposición, ni posteriormente, por lo que, de acuerdo al Artículo N° 141 y siguientes del Estatuto Administrativo, corresponde dictar la Resolución Afecta de término del proceso, a fin de ser remitida a la Contraloría Regional para su control preventivo de legalidad Atendido lo anteriormente expuesto, interpuso reclamo de ilegalidad el día 4 de diciembre del año 2019 ante la Contraloría Regional de Los Ríos, el que fue conocido bajo el expediente N° 143.610/2019.

El reclamo se fundó, entre otras cosas, en que la Resolución Afecta N° 100 de 2019 del Gobierno Regional de Los Ríos, es absolutamente contraria a derecho, debido a que ha sido dictada sin que previamente se resuelvan las alegaciones y recursos interpuestos dentro de plazo legal por su representado.

En efecto, la ilegalidad denunciada es producto de la infracción, entre otras normas, del artículo 18 inciso 2° del DFL 1-19653 de 2000, que dispone que: “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento”.

También ha resultado infringido el artículo 10 del DFL 1-19653 de 2000 que dispone que: “Los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar”.

A través de un reciente fallo, la Corte Suprema ha establecido los elementos mínimos que debe cumplir el procedimiento disciplinario para satisfacer el debido proceso. Estos son: (a) amplio acceso del investigado a los antecedentes en que se sustenta el procedimiento disciplinario, (b) la posibilidad de conocer los cargos, (c) la posibilidad de defenderse, (d) la posibilidad de rendir pruebas, (e) la posibilidad de conocer el dictamen, (f) la posibilidad de recurrir a una instancia superior, y (g) la posibilidad de ser asistido por un defensor letrado. (Corte Suprema, rol 3.862-2019).

Ante el proceder del recurrido surge con toda su fuerza el mandato del Artículo 8.2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone el derecho al recurso judicial ante un tribunal superior, como lo normado en el artículo 2.3 letra a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho a una acción efectiva ante los tribunales a las personas cuyos derechos y libertades hayan sido violados.

El acto descrito, fuera de ser un acto manifiestamente ilegal y arbitrario, priva, perturba y amenaza gravemente, los derechos y garantías constitucionales de su representado, específicamente, aquellos consagrados en el artículo 19 números 2° y 3° inciso 5° de la Constitución Política de la República.

Pide, se acoja el recurso, declarando que el Oficio N° E35942/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020 dictado por el recurrido es ilegal y arbitrario y que vulnera garantías consagradas en el artículo 19 N° 2° y 3° inciso quinto de la Constitución Política de la República y, en su mérito, restablezca el imperio del derecho adoptando todas las medidas que estime necesarias, y en concreto las siguientes:

1. Dejar sin efecto el Oficio N° E35942/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, así como todo acto de la autoridad que tenga por causa o fundamento dicha resolución.

2. Ordenar la reapertura del procedimiento disciplinario, dispuesto por Resolución Exenta N° 403 de fecha 13 de marzo de 2019 del Gobierno Regional de Los Ríos, en cuya virtud se instruyó sumario administrativo en contra de don nombre reservado, funcionario de planta, grado 4 E.U.S. del Gobierno Regional de Los Ríos. Acto administrativo que fue complementado a través de la Resolución Exenta N° 424 de 22 de marzo de 2019.

3. Disponer el reintegro de don nombre reservado, a sus funciones dentro del Gobierno Regional de Los Ríos.

4. Disponer cualquier otra medida se estime pertinente destinada a restablecer el imperio del derecho y amparar las garantías constitucionales del actor.

5. Que se condene en costas al recurrido.

INFORMA don nombre reservado, Contralor Regional de Los Ríos.

Hace una primera alegación de falta de legitimación pasiva, señalando que la presunta perturbación de los derechos fundamentales que alega el actor es producto de la actuación del Gobierno Regional de Los Ríos y no de la dictación del oficio recurrido, ya que a través de éste no se adoptó la decisión de sancionar al recurrente, ni tampoco esa Entidad Fiscalizadora sustanció el procedimiento en el cual se tomó esa determinación, limitándose la actuación de Contraloría Regional de Los Ríos, a expresa solicitud del actor, a conocer de la solicitud de reconsideración interpuesta por el interesado, instancia en la que se reiteró y reafirmó el pronunciamiento previo que se solicitaba reconsiderar, para finalmente desestimarlo sin que ello implique efecto jurídico alguno en orden a alterar la situación disciplinaria del recurrente.

El GORE no ha sido emplazado. Indica que es el GORE quien se encuentra dotado de la potestad sancionatoria, sin embargo, el presente recurso ha sido interpuesto exclusivamente en contra de Contraloría Regional. Expresa que lo anterior, hace imposible acceder a lo solicitado por el recurrente en orden a reabrir el procedimiento disciplinario y reintegrarlo al GORE, sin vulnerar el derecho a defensa del servicio.

Alega también la extemporaneidad del recurso, por cuanto si bien esta acción cautelar se dirige formalmente en contra del oficio N° E35942, de 14 de septiembre de 2020, lo cierto es que un presunto agravio de las garantías constitucionales lo configuraría el oficio N° 452, de 31 de enero de 2020, de la Contraloría Regional de Los Ríos.

Lo anterior, por cuanto el oficio N° E35942, de 2020, sólo reitera el análisis efectuado en el oficio N° 452, de 2020, debido a que, al no haber presentado el recurso de reposición dentro del plazo legal, no existía vicio de legalidad que afectara la resolución N° 100, de 2019, sin que el interesado aportara nuevos antecedentes que permitieran variar lo resuelto.

Al respecto indica fallo de la Excma. Corte Suprema, de 7 de agosto de 2017, recaída en la causa rol N° 31.689-2017.

A continuación se explaya sobre la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad.

En subsidio de las alegaciones anteriores, entra al fondo, esgrimiendo que los oficios Nos 452, de 2020, y E35942, de 2020, fueron emitidos por esa Sede Regional a requerimiento del propio recurrente, quien impugnó la legalidad de la resolución afecta N° 100, de 2019, por estimar que ésta se encontraría viciada al omitirse en el procedimiento disciplinario la presentación del recurso de reposición.

Señala que los citados oficios desestiman las alegaciones reiteradas por el actor, mismas efectuadas en su libelo en esta instancia, por cuanto al no haberse interpuesto el recurso de reposición dentro del plazo legal, no existe vicio de legalidad que afecte la resolución N° 100.

Lo anterior, por cuanto debe entenderse que las normas sobre plazos de días, meses o años contempladas en los artículos 48 y 49 del Código Civil deben ser aplicadas en forma armónica con los preceptos de derecho administrativo relativos a la marcha y funcionamiento de las diversas oficinas de la Administración Pública, lo que implica que tales términos deben entenderse extinguidos una vez expirado el horario de atención al público de su último día, por lo que las presentaciones deben ingresarse en las respectivas oficinas de partes institucionales dentro de ese horario (aplica criterio contenido en dictámenes N° 26.589, de 2014 y 33.928, de 2017).

En este sentido, de los antecedentes tenidos a la vista aparece que el día 22 de octubre del 2019, la oficina de partes de dicho Gobierno Regional funcionó, atendida la contingencia, hasta las 13:19 horas, según lo certificado por la jefa de División de Administración y Finanzas de dicha entidad, sin que aparezca registrado, dentro del horario de funcionamiento de ese día, ni de ningún otro, que el peticionario haya presentado el recurso de reposición a que alude.

Enseguida, el artículo 141 de la ley N° 18.834, previene que el recurso de reposición debe presentarse ante la misma autoridad que haya dictado la resolución –en este caso el Intendente de la región de Los Ríos–, y dentro del plazo de cinco días hábiles, contado desde la notificación, por lo que, de la revisión de los antecedentes tenidos a la vista en su oportunidad, fue posible advertir que el escrito de reposición fue enviado el día 22 de octubre de 2019 a una dirección de correo electrónico errónea del señor Intendente, autoridad competente para conocer del mismo y resolverlo, atendido que aparece que su casilla de correo electrónico correcta es correo reservado y no correo reservado, donde éste envió el recurso.

Por último se explaya respecto derechos constitucionales supuestamente vulnerados, alegaciones que desestima.

Pide, en síntesis, el rechazo con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La primera alegación que se lee del informe de la Contraloría, incide en la falta de legitimación pasiva de la entidad recurrida, puesto que, desde que la determinación de aplicar una medida disciplinaria no corresponde a una actuación propia del Órgano Fiscalizador, sino que compete únicamente a la superioridad del recurrente, en este caso, el Gobierno Regional de Los Ríos, entiende la Contraloría, que es él, el responsable de sus decisiones administrativas, y por ende el legitimado pasivo en contra de quien debió dirigirse esta acción constitucional.

Por ello, manifiesta que la perturbación de los derechos fundamentales que alega el actor es producto de la actuación del Gobierno Regional de Los Ríos y no de la dictación del oficio recurrido, ya que a través de éste no se adoptó la decisión de sancionar al recurrente, ni tampoco esa Entidad Fiscalizadora sustanció el procedimiento en el cual se tomó esa determinación.

Al respecto es indispensable apuntar que de la narración fáctica que se lee del recurso, es indudable que el Gobierno Regional impuso la sanción al actor, pero ese no es el acto que se denuncia como arbitrario e ilegal, que perturba los derechos que invoca, lo que impulsa su accionar es la falta de tramitación de la reposición en contra de la sanción aplicada y a ese respecto es la Contraloría la que en dos oportunidades, a requerimiento del actor, se ha pronunciado sobre la legalidad del actuar del Gobierno Regional.

Es descartable, entonces, la tesis de la recurrida, pues en esta dinámica de hechos, que se pide abordar, la Contraloría, sí ha tenido participación decisiva y es legitimada pasiva.

SEGUNDO: En cuanto al plazo excedido para recurrir de protección, que alega la Contraloría, esta Corte rechazará tales alegaciones vertidas en el informe evacuado al recurso de protección, en que se pide la declaración de extemporaneidad, porque ella no concuerda con la documentación que se ha aparejado a estos autos y que da cuenta de una distinta fundamentación, frente a alegaciones diferentes, esgrimidas por el ente Contralor al resolver el Recurso de Reclamación, en Oficio 452, que se explayó sobre la presentación fuera del plazo legal de la reposición y posteriormente el Oficio 35942 que se pronunció sobre la reconsideración a la negativa antes vertida, donde se fundamentó sobre la inexistencia de caso fortuito.

De lo expuesto se desprende que no ha existido una repetición de argumentos, que lo único que ha pretendido es crear un nuevo plazo, como lo sostiene la recurrida, sino que se aprecia que el Oficio contra el cual se recurre, debe considerarse como un acto independiente y separado del anterior, que permite concluir que por la fecha de interposición del recurso, 14 de Octubre de 2020 y de notificación de citado oficio, 15 de Septiembre de 2020, la acción se ha interpuesto dentro del plazo legal.

Por lo anterior se rechazará la alegación de extemporaneidad.

TERCERO: Son hechos no discutidos por las partes, los siguientes:

1.) Durante el curso del procedimiento disciplinario que se siguió contra el actor se formuló el siguiente cargo: “Haber infringido grave y reiteradamente el principio de probidad administrativa al no haber cumplido con la obligación establecida en letra d) del Artículo 61 del D.F.L. N° 29/2004 de Hacienda, que fijó en texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, Estatuto Administrativo; "d) Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico"; relacionado con lo dispuesto en Artículo 62 N°4 del D.F.L. N°1/19.653 de 2001 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de: la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado; Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: "4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada; de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o par a fines ajenos a los institucionales".

2.) Por resolución exenta N° 1.989, de 15 de octubre de 2019, el GORE resolvió aplicar al actor la medida disciplinaria de destitución por haber infringido grave y reiteradamente la probidad administrativa.

3.) Por resolución afecta N° 100, de 25 de octubre de 2019, que aplicó la sanción de destitución ya señalada, precisando en su resuelvo 1° que, “habiendo transcurrido el plazo legal, contado desde el 15 de octubre de 2019, fecha en que se materializó la notificación de la resolución que aplica la sanción, el inculpado no dedujo recurso de reposición”.

4.) El citado acto administrativo terminal fue tomado razón con fecha 20 de noviembre de 2019, por encontrarse ajustado a derecho, lo que fue notificado al actor el 22 de noviembre de 2019.

5.) El 4 de diciembre de 2019, el actor presentó un recurso de reclamación ante la sede regional, conforme con el artículo 160 de la ley N° 18.834, en contra del GORE, por la emisión de la resolución afecta N° 100, de 2019, por estimar que ésta se encontraría viciada al omitirse en el procedimiento disciplinario un trámite esencial, como es, la presentación de los recursos que la ley contempla, reclamo que fue desestimado por la Entidad de Control por el oficio N° 452, de 31 de enero de 2020.

6.) Con fecha 28 de julio de 2020, el recurrente solicitó a la Contraloría la reconsideración del aludido oficio N° 452, de 2020, la que fue desestimada a través del oficio N° E35942, de 14 de septiembre de 2020.

CUARTO: Teniendo en vista, lo expuesto en el considerando que antecede, que refleja el contexto administrativo, cimentado para la aplicación del Estatuto Administrativo, resulta que la tramitación está afinada, concluyendo con la imposición de la sanción en los términos del artículo 140 del Estatuto Administrativo; mas, resulta confuso lo ocurrido con el escrito de reposición presentado contra la resolución que impuso la sanción, que por no haberse presentado en la oficina de partes del Gobierno Regional, no fue tramitado. Ello derivó en la consideración de no existir recurso en contra de la sanción y la posterior Toma de Razón de la Resolución N° 100 de fecha 25 de Octubre de 2019 del Gobierno Regional.

¿Realmente no se presentó recurso de reposición, como lo consigna la Resolución N° 100? ¿Tiene relevancia considerar la situación de estallido social que se vivenciaba a la época del término del plazo para presentar la reposición? ¿Era razonable exigir al actor haber previsto que el horario de atención de la oficina de partes sería más breve el día 22 de octubre de 2019? ¿La recepción del acuso recibo por parte de una funcionaria del gobierno regional pudo tener la virtud de ser considerada formalmente como recepción del escrito?

Estas interrogantes, entre otras, son las que surgen de la descripción fáctica que se plasma en los escritos de las partes, porque es claro que la presentación de la reposición dentro de plazo se verificó, lo que la recurrida cuestiona, es que no se presentó ante la autoridad que dictó la resolución (el intendente), en los términos del artículo 141 del Estatuto Administrativo y ello trae como consecuencia que se haya pedido intervención a la Contraloría.

QUINTO: Al respecto se debe atender a que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las medidas que resulten necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria y/o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución, en su artículo 20 ampara, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

Por regla general, ha sido el criterio uniforme, rechazar las acciones constitucionales de este tipo, relacionadas con sumarios administrativos e imposición de sanciones, cuando se presenta el recurso de protección, como una nueva instancia en un procedimiento administrativo sancionatorio. Pero, este no es el caso.

SEXTO: Para la procedencia del recurso de protección se requiere que efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile. El ámbito de la acción cautelar que describe el artículo 20 de la Carta Fundamental comprende solamente situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

SÉPTIMO: Cabe analizar entonces lo que se verificó después de terminada la investigación de este sumario administrativo, en el que se impuso la sanción de destitución, respecto al recurso de reposición pendiente y de los pronunciamientos de Contraloría Regional en torno a la solicitud de reclamación y posterior reconsideración, impetrada por la actual parte recurrente.

Ya se detalló en el considerando tercero el iter administrativo.

Aquí, es necesario detenerse en los dos pronunciamientos de la recurrida, en torno a la presentación del recurso de reposición del 22 de Octubre de 2019 contra la resolución que sancionó con la destitución al actor, recurso entregado a personal femenino de guardia de carabineros, apostada en las afueras de la Intendencia y que además fue enviado por correo electrónico, al intendente y otros funcionarios del Gobierno Regional.

El primer pronunciamiento (no es el acto recurrido), es el contenido en el Oficio 452, de 31 de Enero de 2020, que desestima la reclamación que pretendía impugnar la legalidad de la· resolución Nº 100, de 2019, que aprobó el procedimiento que le aplicó al sr nombre reservado la medida disciplinaria de destitución.

La razón del rechazo fue la estimación que el recurso de reposición, tantas veces aludido, no fue presentado dentro del plazo que establece la ley, por lo que descartó la ilegalidad de la Resolución N° 100. Las razones esbozadas en dicho pronunciamiento consistieron en la forma especial del cómputo de plazos para efectos administrativos (no hasta las 12 de la noche del último día del plazo, conforme al Código Civil, sino hasta el cierre de la oficina de atención de público respectiva, conforme a dictámenes citados) y en el envío del escrito a una dirección de correo electrónica errada.

El segundo pronunciamiento y que motiva el presente recurso, es el Oficio E35942 de 14 de septiembre de 2020 que desestima la solicitud de reconsideración del Oficio recién citado. Aquí, el ente de control fue requerido para emitir pronunciamiento sobre la circunstancia de caso fortuito, por el estallido social, invocado en presentación anterior y respecto del cual no hubo pronunciamiento del ente de control. A este respecto, consideró el recurrido que constituía un hecho de público conocimiento las manifestaciones sociales acaecidas en el país a fines del año pasado, las que comenzaron varios días antes del 22 de octubre del año 2019, decretándose con fecha 20 de octubre de esa anualidad, Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para la comuna de Valdivia, mediante el decreto N°477, de igual fecha, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que el centro neurálgico de las aludidas manifestaciones en la ciudad de Valdivia, se situó mayormente en la plaza de armas frente al edificio del Gobierno Regional de Los Ríos, y sus inmediaciones, lugar en el que se sucedieron multitudinarias y mediáticas marchas siendo una de ellas la efectuada el día 21 de octubre de ese año, es posible concluir que no concurre en la especie el requisito de imprevisibilidad del hecho para que se configure una situación de caso fortuito que le haya impedido prever o representarse dentro de cálculos ordinarios o corrientes el no funcionamiento en horarios de la tarde del día en cuestión, de la oficina de atención al público de dicha entidad (aplica criterio contenido en dictamen N°7.151, de 2020).

OCTAVO: Conforme a la doctrina generalmente aceptada, ilegalidad y arbitrariedad pertenecen al género común de las acciones antijurídicas; la primera, resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocidas a una persona natural; y la segunda, comporta la vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder público han de ser ejercidos.

En el caso de autos, esta Corte no advierte la ilegalidad del acto, Oficio E35942 de 14 de Septiembre, pues de su lectura se extraen razones suficientes y debidamente desarrolladas en el pronunciamiento de Contraloría, para desestimar la reconsideración.

Ahora, en lo concerniente a la posible arbitrariedad de la conducta, sí debe ser tildada de arbitraria, en cuanto el mérito de las razones esgrimidas, éstas resultan cuestionables y se alejan de lo razonable, al imponer al actor el deber de haber previsto que la oficina de partes de la Gobernación Regional, no estaría abierta al público, por su ubicación céntrica y el desarrollo de manifestaciones en la Plaza de la República.

Lo cierto, es que si retrocedemos en el tiempo y nos ubicamos en el día 22 de Octubre de 2019, a sólo cuatro días del inicio de lo que hoy conocemos como “Estallido Social”, no es lógico ni racional que se exija al actor la conducta que pretende el ente de control. Al día 22 de Octubre de 2019, sólo habían transcurridos escasas jornadas desde el primer hecho, ocurrido en Santiago, que gatilló las múltiples protestas y manifestaciones que se extendieron por largos meses y que provocaron concentraciones masivas en muchas ciudades del país, protestas de particulares y gremios de trabajadores, un sinnúmero de lesionados y daños en bienes públicos y privados, por situaciones que hasta el día de hoy se investigan. Pues bien, esas situaciones de descontrol que se fueron suscitando y que desembocaron en violencia, motivaron que en sectores céntricos, en especial, se cerraran los locales y oficinas, por la contingencia y el riesgo. Ello se extendió por numerosas jornadas. Lo anterior es claro y nítido al día de hoy, pero no era previsible a cuatro días del 18 de Octubre de 2019. No se sabía bien qué estaba ocurriendo, tampoco se dimensionaba la entidad del descontento social y de todos los acontecimientos que se sucederían en los meses posteriores. Si el día 22 de Octubre, la oficina de partes del Gobierno Regional cerró sus puertas al público, pasadas las 13 horas, por las razones ya apuntadas, el actor procedió de la manera que razonablemente era esperable dada la excepcionalidad que se estaba vivenciando.

Se concluye entonces, que el actuar del ente contralor, debe ser tildado de arbitrario, al rechazar la solicitud de reconsideración respecto del Oficio que rechazó la reclamación. Es más, si se considera que ni siquiera se ha alegado que se haya comunicado el cierre anticipado el día 22 de Octubre, ¿cómo se le puede reprochar su falta de previsibilidad al actor?

De acuerdo a lo expuesto, ya zanjada la arbitrariedad que se aprecia en el documento contenido en el Oficio E35942 de la Contraloría, debe retrocederse un paso y analizar el Oficio 452 de Contraloría, que motivó la solicitud de reconsideración. Este último contiene el pronunciamiento que desestima la ilegalidad de la Resolución N° 100 que fue tomada de razón.

Aquí, también se contiene el sesgo de arbitrariedad que se viene desarrollando.

En efecto, la mentada actuación administrativa, con fundamento en jurisprudencia de esa entidad, hace una interpretación del cómputo de los plazos, que incluso sin analizar su mérito, no es aplicable de manera razonable, en la especie.

Con detalle se ha analizado el contexto social que se vivía a fines de Octubre de 2019 y en dicha realidad, si el computo del plazo se realiza conforme al Código Civil (artículos 48 y 49) o conforme a los dictámenes de la Contraloría, resulta irrelevante, pues el escrito fue presentado de la forma en que se podía en las especiales circunstancias que se verificaban.

No hay controversia, de la fecha de recepción del escrito. El día 22 de Octubre, en un horario en que la oficina de partes, normalmente estaba funcionando. Así las cosas, si su presentación se verificó dentro del plazo de 5° día que establece el artículo 141 del Estatuto Administrativo, carece de relevancia que se haya entregado a la carabinera que se hallaba en el ingreso del recinto (quien certificó dicha circunstancia) y se haya enviado a tres correos de personal del Gobierno Regional, aunque sólo una de los correos, haya sido digitado correctamente. El plazo se cumplió y ello es suficiente dadas las circunstancias especialísimas que se daban.

NOVENO: De lo analizado precedentemente, se da respuesta a las interrogantes planteadas en el considerando cuarto de este fallo y ante la constatación del actuar arbitrario de la recurrida en el pronunciamiento de los dos Oficios antes analizados, resulta dable concluir que aún cuando la garantía constitucional del debido proceso no se encuentra dentro de aquellas protegidas por el Constituyente por medio de la acción de protección, la situación puesta en conocimiento de esta Corte, exterioriza que el recurrido incurrió en una conducta, a lo menos arbitraria, según se ha argumentado, en tanto decide que un recurso ha sido presentado en forma extemporánea, de manera irracional, al emitir consideraciones ajenas a la realidad y sin ponderar correctamente la excepcionalidad reinante, lo que en suma impide al actor poder ejercer su derecho al recurso.

Por lo anterior y a fin de restablecer el imperio del derecho, se adoptarán las medidas pertinentes que cautelen la garantía constitucional de igualdad ante la ley que se ha visto transgredida de una manera indirecta con la conducta antes descrita.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que 1. SE RECHAZAN LAS EXCEPCIONES DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA Y DE EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO.

1. SE ACOGE, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado, sólo en cuanto:

1. Se deja sin efecto el Oficio N° E35942/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020.

1. Se deja sin efecto el Oficio 452 de fecha 31 de Enero de 2020.

1. Se ordena la reapertura del procedimiento disciplinario, dispuesto en contra de don nombre reservado, para el solo efecto de conocer la reposición y los trámites posteriores que ello conlleve.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra doña Marcia Undurraga Jensen.

Rol 3156-2020 PROTECCIÓN.