nombre reservado con DIVISION DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS POLICÍAS

C.A. de Valdivia Valdivia, cuatro de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente que:

Primero. nombre reservado, ex funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en la comuna de Valdivia, deduce recurso de protección en contra de la División de Gestión y Modernización de las Policías, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representada por su Jefe nombre reservado, impugnando el Oficio Ordinario 34221, de 15 de diciembre de 2023, que no accede a una reevaluación de la salud del recurrente para cambiar su causal de desvinculación de salud incompatible a invalidez, por haber transcurrido el plazo para solicitar dicha diligencia, acto que califica de arbitrario, ilegal y vulneratorio de sus garantías constitucionales de integridad psíquica e igualdad ante la ley, de los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile el 1 de febrero de 1994, permaneciendo en la institución hasta el 11 de abril del año 2013 y alcanzando el grado de Subcomisario. Fue desvinculado por aplicación del artículo 151 del Estatuto Administrativo, esto es, salud incompatible con el desempeño del cargo, por acumular 205 días de licencias médicas, lo que le impide obtener algún tipo de pensión institucional.

Asegura que, sin embargo, al momento de su desvinculación sufría de un “trastorno por estrés post traumático grave”, que debía ser considerado como una invalidez de segunda clase, y le otorga derecho a recibir pensión, conforme se establece en el artículo 77 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Señala que, por aplicación del artículo 132 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, dentro del término de diez años, contados desde su retiro, tiene derecho a solicitar una revaluación médica para acreditar que sufría una enfermedad invalidante a la época del cese de sus funciones y cambiar la causal de su desvinculación, agregando que, a contar de la dictación de la Ley Nº 21.050, la reevaluación debe ser realizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Señala que el acto que impugna incumple el deber de fundamentación, porque, a la vez que reconoce que su retiro fue publicado en el Diario Oficial en abril de 2013 y que su solicitud la hizo el 1 de diciembre de 2022, afirma contradictoriamente que dicha solicitud es extemporánea, por haber transcurrido más de diez años desde su retiro.

Finaliza solicitando que se deje sin efecto lo resuelto en el acto que impugna y se ordene la reevaluación de su salud por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Segundo. Informando, la recurrida señala que le fue derivada la petición del recurrente originalmente dirigida a la Presidencia de la República y que, luego de su estudio, concluyó que no tiene las facultades para pronunciarse respecto a su requerimiento sobre solicitud de reevaluación médica, y producto de ello, a través del Oficio N° 3.541, de fecha 2 de febrero de 2023, el entonces Jefe de la División de Gestión y Modernización de las Policías solicita a la Secretaría General de la Policía de Investigaciones que le ilustre respecto a la situación expuesta por el recurrente, adjuntando la documentación respectiva.

En una primera oportunidad, la Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones señaló que la petición del recurrente es extemporánea por haber transcurrido más de diez años desde su evaluación médica. Posteriormente, informó que se incurrió en un error, porque el plazo se cuenta desde su desvinculación. Sin embargo, el derecho a solicitar la reevaluación por el recurrente ya fue ejercido, el 31 de julio de 2015, oportunidad en que fueron revisados los antecedentes médicos del peticionario.

Refiere que, en base a esta información, se confeccionó el oficio que mediante este recurso se impugna.

Señala que, en la época en que se aplicó la mencionada causal de retiro al recurrente, la norma del artículo 151 del Estatuto Administrativo no había sido modificada y, por lo tanto, no existía el inciso tercero introducido a través del artículo 63 de la Ley N° 21.050, que previene que, para ejercer la facultad de declarar la salud incompatible, el jefe de servicio deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a su condición su salud, por lo que la evaluación del recurrente, en su caso, debiera realizarse por la Comisión Médica de Investigaciones.

Agrega que el oficio que se impugna tuvo como único fin comunicar un asunto relacionado con la situación médica del recurrente y la institución policial a la que perteneció, remitiendo la información otorgada por esta última al respecto, dado que es la facultada para pronunciarse sobre la reevaluación médica solicitada.

Tercero. El artículo 151 del Estatuto Administrativo, establece que:

“Artículo 151.- El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

El inciso tercero de la disposición citada fue incorporado el 7 de diciembre de 2017, con la dictación de la Ley Nº 21.050.

Por otra parte, el artículo 73 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, dispone que:

“Artículo 73°- Corresponderá exclusivamente a la Comisión Médica de Investigaciones, el examen del personal de la Institución, a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, o la clase de invalidez que los imposibilitare para continuar en él.

Antes de que se resuelva sobre la materia, cuando la autoridad pertinente lo estime oportuno, o el afectado lo solicite, podrá requerirse ampliaciones del informe médico, sobre determinados aspectos del mismo, o sobre posibles consecuencias posteriores de la invalidez establecida.”

Además, el artículo 74 de dicho Decreto con Fuerza de Ley, señala:

“Artículo 74°- El Director General de Investigaciones determinará, previo informe de la Comisión Médica y conforme lo disponga el reglamento respectivo, el grado de invalidez o la irrecuperabilidad, en su caso, del afectado y la capacidad de éste para continuar en servicio. En caso de muerte, declarará igualmente, la circunstancia de haber fallecido el funcionario a consecuencia de un accidente determinado del servicio.

La determinación de la invalidez, su clasificación y la incapacidad para continuar en el servicio se hará en definitiva, por decreto supremo.”

Cuarto. La División de Gestión y Modernización de las Policías, es una repartición administrativa que forma parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, creada mediante la Resolución Exenta de dicha repartición N°5.139, de 30 de agosto de 2019, que señala que “su labor consiste en asesorar al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Subsecretario del Interior en los asuntos de naturaleza administrativa, jurídica, financiera, estatutaria, previsional y de inversiones, relacionados con las Fuerzas de Orden y Seguridad, así como también en lo que respecta a la coordinación y focalización de los recursos policiales de dichas entidades policiales.”

Quinto: En la especie, el recurrente se ha dirigido a Su Excelencia el Presidente de la República para solicitar una reevaluación de su estado de salud, con el propósito de modificar la causal de su desvinculación de la Policía de Investigaciones de Chile, en circunstancias que, de las normas transcritas precedentemente, se aprecia que tal facultad concierne exclusivamente en el Director de la referida Policía, en el concierto del procedimiento correspondiente.

En tales condiciones, no se aprecia de qué manera la respuesta otorgada a la solicitud del recurrente de parte de la División de Gestión y Modernización de las Policías, ordenando la remisión de solicitud a la agencia administrativa a cargo de conocerla amparándose en que carece de competencia para resolver pronunciarse acerca de lo solicitado, limitando su decisión a transmitir la información recabada de la respectiva institución policial, puede constituir una vulneración, perturbación o amenaza a sus garantías constitucionales.

Sexto. En consecuencia, no se aprecia en la especie la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto de mera remisión administrativa que se impugna, ni de una transgresión a los derechos del recurrente, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la División de Gestión y Modernización de las Policías.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-314-2024.