CERVECERA CUELLO NEGRO SPA. con nombre reservado

C.A. de Valdivia.

Valdivia, diez de abril de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

1.- Comparece don nombre reservado, Abogado, en representación de Cervecera Cuello Negro SPA, quien recurre de protección en contra de doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de Valdivia, por la privación y perturbación en el legítimo ejercicio del derecho de pro-piedad reconocido y protegido en el N° 24 del artículo 19 de la Carta Política por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la resolución 440 de fecha 13 de diciembre de 2022 por medio de la cual invalida la resolución N° 415 de 28 de noviembre de 2022, que había aceptado la solicitud de resolución de multa por un curso de capacitación rechazando en consecuencia la solicitud invocada.

Refiere que la resolución de multa N° 8268/22/34-1 fue por no entregar personalmente a las partes involucradas, un informe por investigación interna de un caso de acoso sexual y que en razón de lo establecido en el artículo 506 Ter N° 2) del Código del Trabajo, se solicitó su sustitución por asistencia a un programa de capacitación obligatoria, acogiendo así la recurrida dicha solicitud mediante resolución 415 de 28 de noviembre de 2022.

Expresa, que con fecha 13 de diciembre de 2022, se dicta por la recurrida el acto ilegal y arbitrario que motiva el presente recurso, cual es, la resolución N° 440, que le fue notificada, el día 16 de diciembre de 2022, por la cual invalida la resolución N° 415 precitada, y que el fundamento invocado por la recurrida para invalidar, es que la multa sustituida por capacitación, fue dictada por infracción a normas de orden, higiene y seguridad, respecto de lo cual no procede el recurso de sustitución por capacitación, rechazando así la solicitud de reconsideración en comento.

Explica que la resolución de invalidación que motiva el presente recurso es ilegal porque formalmente fue dictada sin observancia de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 19.880, no oyendo en forma previa a la recurrente, alegando que la recurrida no la citó a una audiencia para que realice sus descargos. La ilegalidad de dicha resolución también lo es en cuanto al fondo, ya que de oficio la administración invalida una resolución que era beneficiosa para la recurrente conculcando así un derecho adquirido para ella, cual es, el derecho a que una sanción pecuniaria sea sustituida por una capacitación. Cita doctrina en apoyo de este argumento. Agregando además que es ilegal, porque la resolución anulatoria se funda en un elemento extralegal, esto es, que la multa cuya sustitución se solicitó, versa sobre una infracción a las reglas de “orden, higiene y seguridad”, explicando que para comprender como se determina la ilegalidad del acto administrativo, el recurrente, a su razón analiza los numerales 1) y 2) del artículo 506 Ter del Código del Trabajo, para concluir que la recurrida excede sus facultades al invalidar la resolución por la cual concedió dicho beneficio Manifiesta así que se le ha afectado el derecho constitucional a la propiedad, en todas sus especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, que por el artículo 19 N° 24 de la Carta Política le asiste. Seguidamente, y en apoyo de sus asertos, invoca normas del derecho común, como lo es, el artículo 576 del Código Civil, haciendo alusión a la clasificación de cosas incorporales, en derechos reales y personales.

Finaliza pidiendo que se deje sin efecto la resolución N° 440, que motiva el presente recurso, en subsidio, se ordene a la recurrida a tramitar nuevamente el procedimiento, con audiencia del recurrente, todo ello previo a la resolución de dicho procedimiento 2.- Informa doña nombre reservado, Abogada en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, solicitando el rechazo de la acción con costas.

Da cuenta que el recuso deducido contra el acto impugnado es la Re-solución N°440 de 13 de diciembre de 2022 de la Inspectora Provincial del Trabajo de Valdivia, doña nombre reservado, mediante el cual se invalidó la Resolución N°415 de 28 de Noviembre de 2022, de la misma Inspección, y en su lugar, rechaza sustituir una multa por una capacitación conforme al artículo 506 Ter N°2 del Código del Trabajo.

Señala, que lo indicado en el recurso es que la decisión sería arbitraria e ilegal por cuanto, se habría invalidado el acto administrativo sin oírle previa-mente, donde la resolución invalidada era beneficiosa para su representada siendo un derecho adquirido, buscando dicha resolución invalidatoria amparo en un elemento extralegal, al indicar que la multa no podía ser objeto de sustitución de sí misma por capacitación por ser de una materia de orden, higiene y seguridad, vulnerando así sus garantías fundamentales, invocando como garantía afectada la del N°24 del artículo 19 de la Carta Magna, esto es, el derecho de propiedad.

Añade, (citando la multa en su informe), que ello importa una infracción al artículo 154 en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo, y que dicha sanción fue aplicada en el ejercicio de las facultades otorgadas al Inspector del Trabajo, según lo dispuesto en los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo; y artículo 1° del DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Arguye, que la recurrente ante dicha multa con fecha 19 de Agosto de 2022 solicitó que aquella fuera sustituida por una capacitación, de acuerdo al artículo 506 Ter N°2 del Código del Trabajo, lo cual implica reconocer haber cometido la infracción, solicitud que fue aceptada mediante Resolución N°415 de 28 de Noviembre de 2022 de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, notificada por correo electrónico con fecha 29 de Noviembre de 2022.

Relata, que posteriormente se advierte la existencia de vicio en dicha resolución, razón por la cual, en virtud de la Ley N°19.880, y previa audiencia de 12 de diciembre de 2022, mediante Resolución N°440 de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia, de fecha 13 de diciembre de 2022, se invalida la Resolución N°415 informándose el rechazo de la solicitud de sustitución de multa por capacitación, al haberse verificado que la multa objeto de solicitud correspondía al tipo de infracción de higiene y seguridad, incumpliendo un requisito, y entonces no era susceptible de sustitución de multa por capacitación dictada por la Dirección del Trabajo, actuándose así conforme a derecho al in-validar un acto administrativo viciado, el cual contravenía lo dispuesto en el artículo 506 Ter N°2 del Código del Trabajo Manifiesta que la acción de protección es improcedente para resolver este caso, ya que el Libro V del Código del Trabajo, relativo a la jurisdicción laboral, contempla en su Título II el Procedimiento para reclamar judicialmente de las multas y demás resoluciones administrativas, estableciéndose así en la ley laboral la posibilidad de reclamar judicialmente de las resoluciones de multa, respecto de las resoluciones que se pronuncian sobre los recursos de re-consideración administrativa de dicha sanción, e incluso, respecto de otras re-soluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo distintas de las anterior-mente señaladas, como son las resoluciones sobre sustitución por capacitación, como la de la especie.

Sostiene que lo enunciado en el ´párrafo anterior, se refiere a un procedimiento especial, cuyos efectos son la suspensión de la resolución y la fijación de las partes del conflicto jurídico, ante un juez laboral y en un procedimiento oral, concentrado, con un respeto íntegro del principio de la bilateralidad de la audiencia, no pudiendo utilizar esta acción cautelar como un sustituto jurisdiccional, tal como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema.

Expresa que respecto al recurso de autos la ley ya estableció un procedimiento específico de impugnación, que es el contemplado en el artículo 504 en relación al artículo 506 ter del Código del Trabajo, donde en el existe la posibilidad de reclamar judicialmente de las resoluciones administrativas de la Dirección del Trabajo que no sean resoluciones de multa, como son las que se pronuncian sobre la solicitud de sustitución por capacitación; y de conformidad a lo dispuesto en la letra e) del artículo 420 del Código del Trabajo. En apoyo de sus asertos cita como Jurisprudencia 3 sentencias dictadas por esta Corte de Apelaciones Narra, que la resolución N° 440 se encuentra ajustada a la normativa jurídica vigente, pues el Código del Trabajo en su artículo 506 Ter establece los requisitos para autorizar la sustitución de una multa y el artículo 53 de la Ley N°19.880 faculta la invalidación de los actos administrativos contrarios a derecho. Cita el artículo 56 Ter del Código del Trabajo en apoyo de su argumento.

Seguidamente señala los recursos administrativos que se pueden deducir, emanado del artículo 506 Ter del Código del Trabajo, en sus numerales 1) y 2), señalando que los requisitos legales para acceder a la sustitución por capa-citación de la Dirección del Trabajo es que se trate de micro o pequeña empresa, que no hubiere recurrido de conformidad al artículo 503 y 511 del Código del Trabajo, que sea a solicitud de la empresa, que sea sólo por una vez en el año respecto de la misma infracción y que la multa impuesta no lo sea por infracción en relación con normas de higiene y seguridad.

Explica, en razón de lo señalado en el último requisito del párrafo anterior, que, ese fue el que no se cumplió, por lo que la recurrida hizo uso de la facultad dispuesta en el artículo 53 de la Ley N°19.880, el cual prescribe que “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.”. A la luz de la facultad ejercida por la Inspectora Provincial, mediante correo electrónico de fecha 7 de diciembre de 2022 se procedió a citar a la recurrente a audiencia remota para el día 12 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, la cual no compareció, levantándose acta donde consta lo obrado.

Así da cuenta que no es efectivo que no se haya cumplido con la audiencia ordenada por el art. 53 de la Ley N°19.880, ya que estando notificada la recurrente no compareció, agregando, que si se acoge la tesis que la recurrente no se le escuchó antes de dictar el acto administrativo, ello no vicia el acto administrativo, sino que simplemente implicaría a lo sumo un error en el procedimiento, que en ningún caso conllevaría una vulneración de garantía funda-mental.

Nuevamente se refiere al artículo 506 Ter del Código del Trabajo, para establecer la diferencia de sus recursos y lo que persigue cada uno, en sus numerales 1) y 2), donde la acción del numeral 1) del artículo en comento está orientada para infracciones que tengan relación con higiene y seguridad, res-pecto de las cuales será el Organismo Administrador de la Ley N°16.744 capa-cite a la empresa y la incorpore a un programa de asistencia al cumplimiento en donde además se verifique la puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En cuanto la acción del numeral 2) de la misma disposición está orientada para infracciones que dicen relación con materias distintas a las de higiene y seguridad, respecto de las cuales este Servicio capacitará a la empresa, sin abordar temáticas de higiene y seguridad, como lo son, por ejemplo, las de Prevención de Riesgos, o como en la especie, de Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad.

En consecuencia, y respecto a lo señalado en el párrafo anterior, sostiene que se debe descartar la alegación de la recurrente en cuanto a no haber sido oída previamente a la dictación de la Resolución invalidatoria por no ser efectivo, como también la alegación referida a que se habría incorporado un elemento extralegal porque al regular la sustitución por capacitación de la Dirección del Trabajo, el artículo 506 Ter numeral 2) no mencionaría a las de orden ya que, como se ha dicho, para dicho recurso es necesario que se no sea infracción de higiene y seguridad, y en la especie, lo era al ser infracción a normativa de reglamento interno de orden, higiene y seguridad, siendo totalmente artificiosa y caprichosa la exclusión pretendida por la empresa en cuanto a que se trataría de una infracción a materias sólo de orden y que por ello quedaría excluida del artículo 506 Ter numeral 1)

Expresa, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 504 del Código del Trabajo, la recurrente tenía la opción de solicitar sustitución de multa por capa-citación, cuyo rechazo puede ser impugnado ante el juez laboral mediante la acción genérica del art. 504 del Código del Trabajo, no optando por ese procedimiento.

Aclara que no existe arbitrariedad en el actuar de la recurrida, ya que ella no lo hizo con falta de razón o mero capricho, sino que procedió conforme a lo que establece la ley, ni tampoco se ha vulnerado la garantía constitucional establecida en el N° 24 del artículo 19 de la Carta Política, ya que si bien el recurrente alega que se le afecta el derecho de propiedad, la multa administrativa que ha sido impuesta ha sido conforme al marco de la legislación laboral, y respecto a la alegación de la recurrente, que la resolución invalidada era beneficiosa para él, teniendo supuestamente derecho de propiedad sobre el derecho a sustituir la multa por una capacitación, ello no es efectivo ya que no ha acreditado tener un derecho indubitado.

Finaliza, pidiendo que se rechace el recurso en todas sus partes al no existir acto ilegal o arbitrario cometido por la recurrida.

3.- De la lata exposición de los intervinientes, queda en evidencia que lo discutido se relaciona con el ejercicio de una facultad que la ley confiere a la Dirección del Trabajo, bajo el supuesto de la imposición de una multa que admite su conmutación por otra sanción, bajo la premisa fundamental de la aceptación de la infracción, como es la asistencia a programas de capacitación, cuyo propósito es la instrucción o formación de las partes respecto de determinadas normas de seguridad en mira de la protección de la integridad física, psíquica y salud de los trabajadores.

4.- De igual forma, el ejercicio de la atribución legal de la Dirección del Trabajo, debe ejercerse dentro del ámbito de las competencias legales que el órgano administrativo detenta, que no obedece sino a la estricta sujeción al principio de legalidad, conforme al cual deben actuar todos los Entes de la administración del Estado, quienes no pueden sino, hacer solo aquello que la ley legalmente les permite, es en ese contexto que los administrados podrán ejercer los derechos que la ley les confiere, sin que por la presunción de legalidad, se mantenga o justifique la conservación de una acto ilegal o de decisiones o resoluciones que han sido pronunciadas contraviniendo las reglas imperativas que reglan el actuar del Estado.

5.- Asentado lo anterior, es del todo evidente que la discusión que se ha pretendido levantar en esta sede, parte de la aseveración de un actuar ilegal de la recurrida al dejar sin efecto una resolución contraria a derecho, sin haber oído a la parte recurrente en el procedimiento respectivo, más sin embargo tal supuesto, no resulta acreditado, pues consta que de aquella actuación, la recurrente tomó conocimiento y no intervino en la gestión correspondiente, incluso se excusó de hacerlo, por lo que, no es posible, establecer en este procedimiento de protección, que exista una flagrante ilegalidad como pretende establecerlo la compareciente que afecte su derecho de propiedad como ha sido insinuado, lo que desde ya autoriza a desestimar el presente recurso.

6.- Por otro lado y aun de haber sido preterida en el procedimiento anulatorio, con violación de las reglas del emplazamiento legal al que la ley le da derecho, ello es una cuestión de carácter procedimental, que debió alegarse en la sede y por los medios que la ley establece al efecto, sin que ello devele un actuar de tal entidad que requiera la intervención urgente de esta Corte, quien en esas condiciones está impedida de tomar medidas, como las que demanda el recurrente, pues no constituye este procedimiento una alternativa procesal para corregir los actos de procedimiento que se estiman viciados.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Se resuelve:

Que, se RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, Abogado, en representación de Cervecera Cuello Negro SPA, en contra de doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de Valdivia.

Redacción del Ministro Sr. Samuel Muñoz Weisz Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-31-2023.