nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

Valdivia, diez de enero de dos mil veinticinco.

Vistos:

Comparece don Jorge Manuel Lena Salgado, abogado, en representación de don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada legalmente por nombre reservado, quien con su actuar ilegal y arbitrario ha afectado la garantías del articulo 19 numeral 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representado tiene una relación convencional con la recurrida cuyo origen es por el otorgamiento de una suma de dinero por la recurrida en favor de la recurrente, lo cual se materializó mediante la suscripción de un pagare N°017CON104580537, que fue suscrito con fecha 29 de marzo de 2023, por la suma de $3.614.168.-, por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento.

Señala que con fecha 20 de marzo de 2024, la recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente, momento en el cual hace efectivo la cláusula de aceleración, seguido actualmente ante el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, en la causa ROL C-127-2024.

Señala que la recurrente ejerce labores ante su empleador, Forestal Arauco S.A, y recibió por el mes trabajado de noviembre de 2024, la correspondiente liquidación de remuneración, en la cual se detecta un descuento denominado “Crédito Personal Caja Los Andes”, por la suma de $207.031.- en el mes de noviembre de 2024.

Refiere, que el actuar denunciado evidencia la vulneración del derecho de propiedad de la actora, reconocido y amparado por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que amparándose en las disposiciones contenidas en la Ley 18.833, la recurrida pretende, sin aviso previo y de forma abusiva, obtener el pago de una deuda por la cual, en forma simultánea, ha accionado judicialmente.

Finaliza solicitando que se acoja su acción constitucional de protección, y en virtud de ello se ordene a la recurrida que cesen los descuentos de la remuneración de su representado, y la restitución de los dineros sustraídos, esto es la suma de $207.031.- por descuento de noviembre de 2024, y de todos los demás descontados durante la tramitación del recurso de protección, adoptando las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Informando comparece doña nombre reservado abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien señala que con fecha 29 de marzo 2023 se otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código N° 017CON104580537, por un capital inicial de $3.614.168.-, a una tasa de Interés mensual de 2.23%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $150.526, cuyo vencimiento correspondió a fecha 31 de mayo 2023. La cuota del mes de mayo 2023, cuota N° 1, fue pagadas con fecha 10 de diciembre 2024, manteniéndose en estado moroso las cuotas de los meses de junio 2023 a octubre 2024, cuotas N° 2 a N° 18.

Agrega que efectivamente se inició una demanda en contra de la recurrente lo hizo por una obligación legal que establece el compendio de normas que regula a las Cajas de compensación, en la circular 3567 del 4 de enero de 2021, que obliga a iniciar el cobro del crédito social judicialmente dentro de 6 meses de mora siendo un crédito vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro de no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación mediante el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833 sería pertinente y oportuno.

Agregó, que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Asimismo, indica que los descuentos aplicados en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la norma legal tantas veces mencionada, en concordancia con dispuesto en el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, normas que describen cómo el mecanismo de pago del crédito social, opera mediante el descuento de dicho crédito desde las remuneraciones del trabajador, retención realizada por parte del empleador afiliado, quien tiene la obligación legal de remesar a la Caja acreedora la suma de dinero descontada, y hace presente, además, que el hecho que la recurrida haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a su parte, ni al empleador de la actora, de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del ya mencionado artículo 22.

En consecuencia, refiere que su parte no ha abusado de las facultades que le otorga la ley, puesto que ha sido precisamente aquella la que le permite efectuar los descuentos con la finalidad de cautelar el fondo social, por lo que estima que no existe actuación arbitraria ni ilegal de su parte que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente, por lo que solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, a través de la presente acción cautelar, la recurrente pretende obtener el cese de los descuentos efectuados por la recurrida en sus liquidaciones de remuneraciones, de las cuotas impagas del crédito otorgado a ésta en el año2023, pagaderos en 36 cuotas, en razón de que en relación a los mismos, la recurrida ha iniciado acción ejecutiva para su cobro, bajo el Rol C-127-2024 ante el Juzgado de Letras de Panguipulli, causa en la cual ha sido requerida de pago y ha sido trabado el embargo.

3° Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no es arbitraria o ilegal desde que la deuda que ha cobrado mediante el descuento en la remuneración de la recurrente, se encuentra vigente y no ha sido declarada prescrita, razón por la cual su parte ha procedido en los términos del artículo 22 de la Ley 18.833, y aclara que el procedimiento judicial iniciado por su parte para perseguir el cobro de lo adeudado, dice relación únicamente con el último de los mutuos suscritos por la actora y obedece al cumplimiento de una obligación legal que pesa sobre las Cajas de Compensación, y que se encuentra expresamente establecido en la norma ya mencionada.

4° Que, en primer lugar y para la adecuada comprensión de la presente acción constitucional, cabe precisar que, del mérito de los antecedentes que obran en el expediente digital de autos, se advierte que el cobro judicial iniciado por la recurrida, dice relación con el mutuo de dinero suscrito por la actora en el mes de marzo del año 2023, por la suma de $3.614.168, a una tasa de 2.23%, en un plazo de 36 meses, y cuyo primer vencimiento tuvo lugar el 31 de mayo de 2023.

Tal obligación ha sido objeto del juicio ejecutivo Rol C-127-2024, seguido ante el Juzgado de Letras de Panguipulli, causa en la cual la parte recurrente y ejecutada opuso excepciones a la ejecución, encontrándose falladas con fecha 16 de diciembre del 2024, siendo recurrida dicha resolución por la parte ejecutante, encontrándose pendiente el fallo dicho recurso, sin perjuicio de lo cual, el veintisiete de Marzo de dos mil veinticuatro se despachó mandamiento de ejecución y embargo, como se advierte del estudio del expediente electrónico.

5° Que, de lo consignado precedentemente es posible afirmar que, en lo relativo al cobro del mutuo código 017CON104580537, suscrito por la actora en marzo del año 2023, la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley 18.833 de manera ilegal y arbitraria, puesto que si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento de los créditos sociales otorgados, con cargo a las remuneraciones de los afiliados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se verifica en la especie desde que con la demanda ejecutiva presentada el 20 de marzo del año 2024, la recurrida aceleró la totalidad del crédito, el que desde ese momento dejó de estar representado en cuotas.

De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida el descuento en la remuneración del mes de agosto del año en curso, ya no existían cuotas del crédito social otorgado que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, todo lo cual torna ilegal dicho proceder, dando cuenta del uso abusivo de esta modalidad de pago de préstamos sociales.

6° Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito, ya que la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, desde que ya optó, en su oportunidad, por la ejecución de la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda perseguir el pago del mismo por las vías legales ordinarias que procedan.

7° Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que, los descuentos indebidos afectaron la propiedad de la recurrente sobre su remuneración, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida, en lo que dice relación con el descuento efectuado en relación con el mutuo cuyo cobro se judicializó por parte de la recurrida.

Por estas consideraciones y atendido el mérito de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara, que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, sólo en cuanto se ordena que la recurrida se abstenga de solicitar al empleador de la recurrente el descuento de los saldos impagos correspondientes al crédito social código 017CON104580537, otorgado el 29 de marzo de 2023, debiendo además, efectuar la devolución de las cuotas que hayan sido indebidamente descontadas en sus remuneraciones, sin perjuicio de las demás devengadas durante la tramitación de estos autos, si las hubiere.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 3088 – 2024 Protección.