Protección contra Juzgado de Letras Trabajo de Osorno

Valdivia, veinticuatro de Octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece el Abogado Sr. Octavio Castro Soto, Rut. RUT reservado, en representación de CPS FIRST SECURTY S.A. ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra del Juzgado de Letras Trabajo de Osorno, representado por Juan Alejandro Vio Vargas, Abogado, Juez Titular del referido Juzgado, domiciliado en domicilio reservado. Inicia el desarrollo de su recurso, señalando que la recurrida ha cometido actos ilegales y arbitrarios que significa infracción al Artículo 19 N° 1, 6, 7, 19 y 24 de la Carta Fundamental, puesto que ha procedido a tener por no presentada la demanda en base a consideraciones subjetivas, aun cuando ya previamente se había dado cumplimiento a la resolución emanada por el mismo Juez recurrido, quién resolvió la no presentación de la demanda por existir en la especie según su criterio, una omisión en la narración de los hechos que configurarían la multa recurrida, pero que aquello se hizo dejando a su representada sin derecho legítimo al acceso a la Justicia, al eliminar la demanda del proceso como si esta no hubiere sido presentada. Agrega que la propia demandada de autos procedió a contestar la demanda en subsidio a la excepción opuesta. Se refiere después a la reclamación judicial de multa que su representada interpuso ante el Juzgado de Letras de Osorno, RIT I – 46 - 2019, especificando que las infracciones motivo de la multa recurrida adolecían de error de hecho, explicando en el fondo los motivos de aquello y expresando los fundamentos de derecho que ameritaban a lo menos la rebaja de ella, admitiéndose con fecha 8 de Julio de 2019 a tramitación sin reparo alguno, fijándose audiencia preparatoria. Procede a transcribir la reposición, agregando que la contraparte contestó la demanda e interpuso una excepción dilatoria de ineptitud del libelo. Prosigue señalando que el 23 de Agosto se lleva a cabo la audiencia preparatoria en la cual, luego de insistentes reconvenciones del Juez recurrido, su representada decide allanarse a la excepción dilatoria, a lo cual es juez resuelve tenerle por allanado al incidente y suspende la audiencia, para que dentro de quinto día la parte demandante subsane los defectos, principalmente en lo que se refiere a la relación circunstanciada de los hechos en que se funda la reclamación, y que se haga cargo de lo referido a la carta de descargos. Continúa con su exposición remitiéndose al escrito en el cual cumplió con lo ordenado por el Tribunal, transcribiendo la parte pertinente, indicando que después el juez recurrido con fecha 28 de Agosto de 2019 citó a una nueva audiencia, pero vuelve a otorgar un plazo para contestar la demanda incumpliendo el procedimiento laboral especial, por cuanto la contestación de la demanda ya había sido presentada y el sentenciador que había validado la corrección del procedimiento, citando a una nueva audiencia, efectuó un llamado como si se tratara de una nueva demanda. Culmina el relato de los hechos, refiriéndose a la audiencia del 16 de Septiembre de 2019, en la cual el sentenciador resuelve acoger la excepción de ineptitud del libelo, al considerar que no ha existido un desarrollo ni fundamentación de la misma, obviando que aquello fue solo un fin dilatorio de la contraria que procedió en subsidio a contestar la demanda con todos los elementos necesarios que obran en su poder, teniéndose en definitiva por no presentada la demanda. El recurrente califica tal determinación de ilegal y arbitraria, la cual ha ocasionado graves perjuicios a su representada, afectando su derecho de propiedad al tener que pagar la multa impuesta. Invoca para recurrir, las garantías constitucionales del Artículo 19 N° 3° y 24 de la Constitución Política de la República, estimando que su parte ha sido juzgada sin el debido proceso, sufriendo así una clara privación de las garantías constitucionales aludidas. Reitera la inconstitucionalidad, ilegalidad y arbitrariedad de la resolución del recurrido y concluye su recurso, solicitando se disponga dejar sin efecto los actos arbitrarios e ilegales descritos, que significan una privación, perturbación y amenaza a los legítimos derechos de su representado, con costas del recurso.

La recurrente acompaño con su recurso los siguientes documentos:

1.- Copia de la resolución objeto del recurso.

2.- Copia de reclamación judicial enmendada Se ordenó a la recurrida informar el recurso.

Informa el recurso Juan Vío Vargas, Juez Presidente del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, quién procede en primer lugar a exponer una síntesis de la causa laboral con una secuencia de los hechos y de las fechas de los tramites, gestiones y resoluciones respectivas, y en la cual la parte recurrente se allanó a la excepción de ineptitud del libelo de la parte reclamada del juicio, es decir la Inspección del Trabajo de Osorno, suspendiéndose la audiencia a objeto que la reclamante subsane los defectos y pueda formular su presentación en forma, en lo que se refiere a la relación circunstanciada de los hechos en que se funda la reclamación, y acompañe copia de la carta de descargos, copia del formulario, copia del comparendo en que la demandante asistió del cual surgió la multa y respecto de la que se presentó la reconsideración administrativa. Con respecto al escrito en que se habría subsanado los defectos, precisa que el Tribunal proveyó: “Pasen los antecedentes a la parte demandada para que manifieste lo que le convenga respecto de la subsanación de los vicios”, citándose a las partes a audiencia para el día 16 de Septiembre de 2019. Agrega que la reclamada estimó que no se cumplió con el deber de remediar el libelo, lo que le causa perjuicio por no poder contestar la demanda con todos los antecedentes que corresponde, ante lo cual el Tribunal revisando los antecedentes aportados por el reclamante, consideró que no se dio cumplimiento a la corrección de los vicios, de manera que decidió aplicar la sanción de no continuar adelante con el juicio y se tuvo por no presentada la reclamación, resolución que no fue recurrida. Informando derechamente, el recurrido, precisa que como magistrado no ha hecho sino dar cumplimiento al mandato legal de control de procesabilidad, establecido en los artículos 446 N° 4 y 5 y 453 N° 1 inciso 3° del Código del Trabajo, al que está sujeto la demanda, la cual se presentó con evidentes desajustes. Se refiere después a las multas aplicadas y que en cuanto a su contendido, no se expuso con claridad en que consistieron, vulnerando el derecho de la Inspección del Trabajo a la defensa. Finaliza su informe remitiéndose a las aseveraciones de ilegalidad y arbitrariedad del recurso, negando haber incurrido en esas actuaciones y reitera que no obstante la posibilidad de subsanar los errores, el recurrente no lo hizo y tampoco se vertió recurso en contra de la resolución respectiva, incurriéndose en el recurso además en un yerro al invocar el derecho de propiedad como garantía vulnerada.

Comparece a continuación la abogada de la Dirección del Trabajo, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, quién se hace parte del recurso solicitando el rechazo de este, refiriéndose en primer lugar a los antecedentes de la causa y expone la secuencia de su tramitación y la resolución recurrida del tribunal a quo, para después alegar la improcedencia del recurso, efectuando un análisis de la naturaleza de la acción de protección, manifestando que este no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución judicial, como sucede en el caso de autos. Reitera los mismos fundamentos acerca del contenido jurídico y los propósitos del recurso de protección y en cuanto a la garantía invocada por la recurrente, del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política. Señala por último que además de no indicar el recurrente por qué supuestamente se vería afectado el derecho a la propiedad, la posibilidad de obtener sentencia favorable se trata de una simple expectativa pues nada asegura que el juez si conociera el fondo del asunto, fallaría a favor de la recurrente o dejará sin efecto la resolución administrativa reclamada judicialmente. Concluye su presentación, solicitando se tenga presente lo expuesto al momento de resolver el recurso de protección de autos.

Se ordenó traer la causa en relación y agregarla extraordinariamente para su vista.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Constituye un requisito indispensable de la acción de protección la existencia de una acción u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o que sea arbitraria por parte de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más garantías protegidas por el legislador. La parte recurrente ha invocado para recurrir y fundamentar su acción, la garantías constitucionales consagradas en el artículo 19° N° 3° y 24° de la Constitución Política de la República, esto es, la igual protección en el ejercicio de los derechos y el derecho el derecho de propiedad, respectivamente.

SEGUNDO: Que, el apoderado de la empresa CPS & First Security S.A., interpone acción de protección en contra del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, representado por el Juez titular Juan Alejandro Vio Vargas, quién por resolución dictada en la audiencia preparatoria de la causa RIT I-46-2019 de fecha 16 de Septiembre de 2019 procedió a acoger la excepción de ineptitud del libelo opuesta por la parte reclamada, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno. Expone el recurrente que el juez a quo al oponerse la excepción en el escrito de contestación de al demanda, procedió a conferir traslado para efectos de corregir y subsanar los defectos alegados por la parte demandada y no obstante haber cumplido lo dispuesto por el tribunal, hizo lugar a la excepción, acogiendo los argumentos de la parte contraria. El recurrente invocó para recurrir, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 91 N° 3° y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad de la empresa, al tener que pagar la multa impuesta por la Inspección del Trabajo de Osorno.

TERCERO: Que, al informar el recurso, el recurrido expuso la secuencia de la tramitación de la causa, como asimismo la oportunidad que se le otorgó al recurrido para que subsane los defectos de su demanda, al allanarse a la excepción de ineptitud del libelo opuesta por la demandada, en relación a la exposición circunstanciada de los hechos de la reclamación, solicitándosele que acompañe diversa documentación relacionada con la multa y respecto de la cual se presentó reconsideración administrativa. El recurrido señaló que el reclamante presentó escrito en el cual dio por subsanados los vicios del libelo, ante lo cual se citó a las partes a audiencia preparatoria a objeto que la reclamada se pronuncie sobre el escrito y conteste la demanda en su caso, estimando esa parte que los vicios no fueron subsanados. Finalmente expuso que al revisar los antecedentes estimó que no se dio cumplimiento a la corrección de los defectos del libelo, resolviendo no continuar adelante el juicio y tener por no presentada la reclamación. También consideró que la vía del recurso de protección no es la óptima para reclamar de la resolución. Se hizo parte la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, quién respaldó la resolución recurrida y principalmente alegó la improcedencia de la acción de protección para reclamar de la respecto de una resolución judicial, como asimismo que el recurrente no presentó el recurso judicial del procedimiento para reclamar por la resolución que tuvo por no presentada su demanda CUARTO: Que, en causa RIT I– 46 -2019 sobre reclamación de resolución de multa administrativa deducida en contra de la Inspección Provincial del trabajo, la demandada opuso una excepción de ineptitud el del libelo, la que en definitiva fue acogida por el Juez del Trabajo de Osorno, al estimar que no se corrigió los vicios relacionados con la exposición circunstanciada de los hechos, conforme lo exige el artículo 446 N° 4 del Código del Trabajo. La recurrente ha estimado que el vicio en cuestión fue corregido y correspondía proseguir con la tramitación de la causa y al no resolverse en ese sentido, el juez recurrido incurrió en afectación a la garantía constitucional establecida en el artículo 19 números 3° y 24 de la Constitución Política de la República, ante la circunstancia que ha sido juzgada sin el debido proceso y que la empresa deberá pagar la multa impuesta por la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno.

QUINTO: Que, al efecto y en relación con las alegaciones relacionadas con la improcedencia de la acción de protección para reclamar de una resolución judicial en relación con el procedimiento respectivo, debe tenerse en consideración que tratándose de una causa laboral de reclamación judicial, el artículo 512 del Código del Trabajo que la establece, se remite al artículo 474 sobre recursos judiciales, siendo aplicable también el procedimiento de aplicación general. En cuanto a la resolución que falló acogiendo una excepción de ineptitud del libelo, el artículo 475 del Código dispone que “La reposición será procedente en contra de los autos y de las sentencias interlocutorias que no pongan termino al juicio o hagan imposible su continuación. En contra de la resolución dictada en audiencia, la reposición deberá interponerse en forma verbal inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna y que se resolverá en el acto”. A su vez, el artículo 476 dispone que “Solo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que ponga término al juicio o haga imposible su continuación.“.

SEXTO: Que, conforme lo dispone la normativa citada en el considerando precedente, el procedimiento laboral establece el sistema de recursos otorgados a los litigantes para reclamar en contra de una resolución que estime contraria a derecho y concretamente, de aquellas que determinen no continuar con la tramitación de una causa, como ocurre en el presente caso. En consecuencia y teniendo en consideración que el recurrente tuvo la posibilidad de interponer los recursos judiciales que contempla el procedimiento, sin hacer uso de ellos, la acción cautelar ha resultado entonces improcedente, con lo cual, no se ha vulnerado el derecho al debido proceso. Del mismo modo y sin perjuicio de la improcedencia de la acción, debe considerarse que respecto de la garantía constitucional del derecho de propiedad invocada, no se observa una relación entre este derecho y el objeto del recurso, por cuanto el argumento del recurrente en orden a que la afectación consiste en el pago de la multa, tal circunstancia no se observa que pueda estar relacionada con la legalidad del procedimiento ni con los fundamentos de la resolución reclamada.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el Auto acordado sobre tramitación de Recursos de Protección de la Extma. Corte Suprema, se declara que, SE RECHAZA el Recurso de Protección interpuesto por el apoderado de la empresa CPS & First Security S.A. en contra del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, representada por el Juez Titular Juan Vio Vargas, quién resolvió con fecha de Septiembre de 2019 no continuar con la tramitación de la causa laboral RIT I -46-2019, en la cual no se vulneró el derecho consagrado en artículo 19° números 3° y 24° de la Constitución Política de la República, sin costas del recurso.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Vidal Etcheverry.

Rol 3058 – 2019 PRO.