nombre reservado con SOCIEDAD EDUCACIONAL DOMUS MATER S.A.

Valdivia, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

1º) nombre reservado, matrón, en representación de su hijo T.I.V.A., estudiante, ambos domiciliados en la comuna de Valdivia, deduce recurso de protección en contra del Colegio Domus Mater de Valdivia, impugnando la decisión de la recurrida de condicionar su matrícula para el año escolar 2026 al pago de la deuda de su hermano, acto que califica de arbitrario, ilegal y vulneratorio de sus garantías constitucionales de integridad psíquica y educación, de los numerales 1 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que, en su calidad de apoderado, se encuentra actualmente en una situación económica delicada, por haber perdido su trabajo, y el único bien de la familia se encuentra embargado, por lo que pagar inmediatamente lo que se le solicita, se vuelve imposible.

Sostiene que, la negativa de la matrícula por parte de la recurrida afecta al estudiante por una deuda respecto de su hermano, desarraigándolo de su colegio, circunstancia que reviste particular gravedad por su condición, pues el estudiante está diagnosticado con trastorno de espectro autista, todo ello vulnerando sus derechos y su interés superior.

Termina solicitando que se permita la matrícula para este año 2026 y se obligue al colegio a arribar a un convenio para el pago de lo adeudado, de acuerdo con su capacidad económica, con costas.

2º) Informando, el colegio alega, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, fundado en que a los apoderados se les recordó oportunamente, a fines del año 2025, su obligación de regularizar sus deudas como requisito contractual y reglamentario para el proceso de matrícula de alumnos para el año lectivo siguiente, por lo que el recurso, interpuesto en marzo de este año, se dedujo encontrándose vencido el término fatal de treinta días establecido en el auto acordado respectivo.

Precisa que las deudas del actor corresponden a los años 2024 y de 2025 y se refieren a sus dos hijos, no solo al alumno por quien se recurre, superando a esta fecha los siete millones de pesos, según los documentos que acompaña.

Se refiere a su condición de establecimiento educacional privado, que cuenta solo con el pago de aranceles y matrículas para financiar su actividad, habiéndose subrayado a los apoderados la importancia de mantener sus pagos al día al momento de contratar, obligación que consta en el contrato y en el reglamento interno, supeditándose la posibilidad de nuevas matrículas a la regularización de deudas existentes, obligación libremente asumida por el apoderado que recurre al vincularse con el colegio.

Niega que el cumplimiento del contrato de prestación de servicios educacionales implique una vulneración de los derechos del estudiante, afirmando que no corresponde la discusión de este asunto por la vía de un recurso de protección, el que se utiliza para intentar forzar al colegio a la celebración de un convenio de pago, asunto del todo improcedente.

3º) El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

4º) En cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, de los antecedentes acompañados, en especial los avisos generales enviados a los apoderados por el colegio y las comunicaciones por correo electrónico acompañadas por ambas partes, queda de manifiesto que el recurrente estuvo desde el año pasado en conocimiento del impedimento del colegio a permitir, para el año lectivo siguiente, la matrícula de estudiantes cuyos padres no hubieren solucionado su deuda por aranceles antes del 31 de diciembre de 2025, por lo que a la fecha de interposición de su recurso, el 4 de marzo de 2026, el plazo establecido en el numeral 1º del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se encontraba vencido, lo que llevará, desde ya, al rechazo del presente arbitrio.

5º) Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al fondo del recurso, el establecimiento recurrido, Colegio Domus Mater de Valdivia, puesto que es un colegio privado, se rige por el contrato de prestación de servicios suscrito por las partes y por su propio reglamento interno de convivencia escolar, ambos asumidos por las partes en uso de su autonomía de su voluntad y a los que se encuentran obligados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil, sin perjuicio de que su aplicación práctica está sujeta a la supervigilancia del Estado a través de la Superintendencia de Educación y tiene como límite el respeto al marco legal vigente y a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la República.

El referido contrato de prestación servicios educacionales, acompañado por la recurrida, señala en su artículo 9 letra d) que el colegio podrá no renovar la inscripción del estudiante en el establecimiento por deudas en su escolaridad. Esta obligación de pago de aranceles está reiterada en el reglamento, al establecer como deber de los apoderados “Cumplir oportunamente el pago de los aranceles de escolaridad y/u otros valores asociados (talleres), establecidos por el Colegio, en conformidad a lo establecido en el respectivo Contrato de Servicios Educacionales.”

De esta manera, puesto que no está discutida la existencia de deudas del recurrente por aranceles de los períodos 2024 y 2025, queda de manifiesto que, al negar la matrícula para el año 2026, el colegio ha actuado en el marco de las reglas aceptadas libremente por el actor, fundada en el incumplimiento de sus obligaciones, y su actuar, por lo tanto, no es ilegal ni arbitrario.

6º) Por último, se ha recabado, como medida para mejor resolver, el certificado de alumno regular del Hampton College de Valdivia, que acredita que el estudiante por quien se recurre es actualmente alumno del séptimo básico de dicho colegio, por lo que su educación para este año lectivo 2026 se encuentra debidamente asegurada, no existiendo la necesidad de alguna medida cautelar urgente de parte de esta Corte.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de su hijo T.I.V.A., estudiante, en contra del Colegio Domus Mater de Valdivia.

Atendido que en esta causa se encuentra involucrado un niño, se ordena la anonimización de esta sentencia y la reserva de la causa.

Regístrese, comuníquese por la vía más rápida y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la abogada integrante Sr. María Isabel Ruiz-Esquide Enríquez N° Protección-304-2026