nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA

Valdivia, veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Compareció doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, quien, de conformidad al artículo 20, con relación a los artículo 19 Nº3 y 24, todos de la Constitución Política de la República, dedujo la presente Acción Constitucional de Protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Mariquina, persona jurídica de derecho público, RUT NºRUT reservado, por motivo de la dictación de los Decretos Alcaldicios Nº4786 de 6 de noviembre de 2023 y Nº5594 de 18 de diciembre de 2023, ambos resolvieron aplicar sanciones administrativas en su contra, para que, conociendo del presente recurso, se acoja y se los declare ilegales y sin eficacia jurídica alguna, de acuerdo a los fundamentos que expone:

Indicó trabajar como nutricionista prestando servicios en el Cesfam de Mariquina, desde febrero de 2017 a la fecha.

Expuso que, el 13 de diciembre de 2022 se instruyó realizar una investigación sumaria por la denuncia presentada por la funcionaria de SOME doña nombre reservado en calidad de víctima, donde la recurrente figuraba como denunciada.

Refirió la recurrente que, se le formularon 7 cargos, entre ellos, el haber bloqueado el acceso al correo institucional del SOME CESFAM a la denunciante nombre reservado; por haber bloqueado el perfil RAS (módulo de familia y cambio de establecimiento) a la funcionaria nombre reservado; haber excluido de los turnos de extensión en forma arbitraria y sin justificación a la denunciante; por haber realizado de manera reiterada y sistemática acciones de malos tratos, hostigamientos verbales y laborales; haber incurrido en fallas laborales graves como encargada del servicio de orientación médico estadístico de coordinación; haber incurrido en faltas laborales graves haciendo uso de su feriado legal y; por generar bloqueo de agendas fuera del horario de atención normal del SOME CESFAM Mariquina.

Posteriormente, se elevó a sumario administrativo y se cerró el mismo, mediante el Decreto Alcaldicio Nº4786 dándose por acreditada la transgresión del artículo 82 letra A) y M) de la Ley 18.883: a) Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté legalmente investido, o no le hayan sido delegadas; m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.

Indicó la recurrente que, se dispuso aplicar en su contra la medida disciplinaria de destitución según el artículo 123 letra A) de la Ley 18.883, decisión respecto de la cual dedujo recurso de reposición, solicitando se deje sin efecto la medida.

Finalmente, se le notificó del Decreto Alcaldicio Nº5594, que se impugna por este recurso, el cual acogió parcialmente su recurso de reposición, disponiendo rebajar la medida de destitución, por la de suspensión del empleo por un lapso de 60 días, con la reducción de las remuneraciones de un 50% por transgredir gravemente las obligaciones funcionarias.

Argumentó, en primer lugar, que los Decretos Alcaldicios N°4786, y N°5594 transgreden y vulneran sus derechos de igualdad ante la ley, debido proceso, y el principio rector del non bis in ídem administrativo. Esto, en razón de que, estimó y alegó en su oportunidad, que el fiscal asignado no era el idóneo para conocer su caso, y que, por lo mismo, solicitó su reemplazo, pues él poseía relación directa de trabajo con la denunciante doña nombre reservado.

Ahondó sobre este punto, refiriendo que, la técnica empleada en la formulación de cargos abundó artificialmente respecto de iguales hechos ya zanjados en un sumario anterior en el cual se instruyó una investigación sumaria en su contra por una denuncia de acoso laboral interpuesta por distintas funcionarias, entre ellas, doña nombre reservado, en la que se traen nuevamente hechos pretéritos respecto de los cuales fue absuelta.

En segundo lugar, alegó que, en los Decretos Alcaldicios de autos, existe falta de proporcionalidad y objetividad entre la sanción impuesta y la infracción cometida, pues en ambos decretos se prescindió de las alegaciones conducentes a disminuir su grado de responsabilidad desde el inicio de la tramitación del sumario, esto es, su irreprochable conducta anterior, además, la sanción impuesta vulneró su derecho de propiedad, puesto que se le privó del derecho a percibir su remuneración integra por la actividad que prestaba en servicio.

En tercer lugar, denunció que los actos impugnados son arbitrarios e ilegales. Son ilegales, por cuanto ha sido dictados con infracción al artículo 18 inciso 1 de la Ley 19.880 que refiere que el procedimiento administrativo es una sucesión de actos tramite vinculados entre sí. Y que son arbitrarios, por cuanto restaron validez y eficacia a su derecho fundamental al debido proceso, debido a que debió haber sido acogida sus alegaciones en torno a que los cargos formulados ya habían sido revisados previamente.

Estimó como vulnerados sus derechos fundamentales de igualdad ante la Ley, derecho al debido proceso y su derecho de propiedad.

Finalmente, solicitó se declaren arbitrarios e ilegales, los actos recurridos, y con ello se dejen las resoluciones sin eficacia jurídica, ordenando su absolución por los cargos formulados, o en subsidio, rebajar la medida reemplazándola por amonestación, o la resolución que esta Corte resuelva, más las costas de la causa.

Segundo: Informó por la recurrida, don nombre reservado, en representación de la Municipalidad de Mariquina, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional con costas, por las siguientes razones.

En primer lugar, y como cuestión previa, indicó que la acción de protección constituye una herramienta de naturaleza cautelar destinado a resguardar los derechos que el artículo 20 de la Constitución Política de la República indica.

En cuanto al fondo, indicó que, la recurrida no ha incurrido en actos ilegales ni ha omitido ni dejado de ejercer sus potestades legales en esta situación.

Explicó que, iniciado el proceso sumarial, se realizaron todas las diligencias atingentes a dicho proceso administrativo, tomando declaración a distintos funcionarios, recabando documentos oficiales como decretos, ordenes de procedimiento y resoluciones administrativas.

Añadió que, una vez recabados los antecedentes por el Fiscal Administrativo, se formularon cargos a la recurrente por varias infracciones administrativas, realizando la recurrente sus descargos mediante defensa letrada.

Posteriormente, y una vez terminada la etapa de prueba que la ley contempla, el Fiscal Administrativo evacuó la vista fiscal, al Jefe del Servicio, proponiendo la sanción de destitución. Aprobada la vista Fiscal, por el Jefe del Servicio, se notificó a la recurrente de su destitución. Luego, el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente fue acogido.

Concluyó que, durante la etapa de instrucción y sumario administrativo se respetaron todas y cada una de las garantías constitucionales y administrativas de la recurrente, resolviendo sus peticiones conforme a derecho y que, la recusación planteada por la recurrente al fiscal del caso, se ejerció de forma extemporánea, además, le fueron concedidas oportunamente las oportunidades de efectuar sus traslados para su defensa, se abrió un término probatorio, ejerciendo en cada uno de ellos su defensa a cargo de un letrado.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Requisito indispensable de la acción de protección es la existencia de un acto u omisión ilegal, vale decir, contrario al ordenamiento jurídico; o arbitrario, esto es, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, de lo expuesto y los antecedentes acompañados al presente ingreso, se observa que el acto que motiva el presente recurso de protección y se denuncia como ilegal y arbitrario y vulneratorio de los derechos establecidos en el artículo 19 Nº3 y Nº24, son los Decretos Alcaldicios N° 4786, de 6 de noviembre y N° 5594, de 18 de diciembre, ambos de 2023, por medio de los cuales se impone la medida disciplinaria de destitución a la recurrente, la que posteriormente es rebajada a la suspensión de funciones por 60 días, con reducción del 50% de sus remuneraciones.

Quinto: Que, la jurisprudencia ha señalado que “esta acción constitucional no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en investigaciones sumarias, pues se trata de una acción cautelar de protección de garantías constitucionales y no de revisión administrativa, pues el control que se ejerce por esta vía no se encuentra destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, por lo cual no es procedente que el recurrente pretenda por esta instancia jurisdiccional extraordinaria, que se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario encargado de la investigación en la vista o dictamen realizado al concluir la investigación, como tampoco a la medida terminal adoptada” (Sentencia de Corte de Apelaciones de Concepción, de 7 de marzo de 2022, Rol N° 14951-2021, confirmada por la Corte Suprema, el 22 de marzo de 2022, Rol N° 8784-2022).

Sexto: Que, bajo esta perspectiva, la revisión que pretende la recurrente no resulta posible de realizar, desde que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en el recurso y en el informe, como de los antecedentes acompañados, no consta que los vicios denunciados ni la vulneración de los derechos cuya protección reclama tengan el carácter de indubitados, requisito esencial para que esta acción pueda prosperar; la recurrida ha controvertido todos los vicios alegados por la recurrente, por lo que requieren un examen de lato conocimiento.

En todo caso, lo recién indicado, no significa negar el derecho a la tutela judicial efectiva que tiene la recurrente para que la decisión adoptada en el sumario pueda ser sometida al escrutinio judicial. Más bien, tiene que incardinar su pretensión por las vías procesales adecuadas, que permitan una completa revisión de la legalidad de la decisión.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, no hay evidencia que permita concluir que la imparcialidad u objetividad del fiscal que instruyó la investigación se encontrara comprometida. Este es un dicho de la recurrente que carece de todo respaldo probatorio.

Tampoco se observa que se haya transgredido la proporcionalidad en la sanción aplicada. Si se aprecian los hechos sobre los que recayó la sanción, estos refieren a situaciones que afectaron el normal funcionamiento de un servicio público, con acciones que perjudicaron a los usuarios y generaron discriminación; unido a ello, se establecieron conductas de malos tratos y hostigamiento laboral, entre otros. Dado lo anterior, no se puede apreciar una desproporción en la actuación municipal considerando que la sanción aplicada (artículo 120 letra c) Ley N° 18.883) no es la más intensa del Estatuto Administrativo Municipal, y que los hechos descritos revisten, a juicio de la titular de la potestad disciplinaria, cierta gravedad en la medida que comprometieron los objetivos institucionales del organismo.

Octavo: Que, por otro lado, las alegaciones formuladas por la Municipalidad en los autos Rol N° T-8-2023, del Juzgado de Letras de Mariquina deben ponderarse en el contexto en que fueron realizadas, esto es, en el ejercicio del derecho de defensa que tiene el ente público en el juicio. Al respecto, además, en la misma contestación de la denuncia, se indica se está realizando el sumario administrativo correspondiente, cuestión que da a entender que se trata de situaciones que deben ser esclarecidas; por ello, no se observa que haya existido prejuzgamiento por parte de la Municipio recurrido que le haya impedido ejercer su potestad sancionatoria.

Noveno: Que, adicionalmente, tampoco se aprecia una transgresión al non bis ídem. Este principio “prohíbe la aplicación de dos o más sanciones, en uno o más órdenes punitivos, si concurre identidad de sujeto, hecho y fundamento” (Gómez, Rosa (2017): “El non bis in ídem en el derecho administrativo sancionador. Revisión de sus alcances en la jurisprudencia administrativa” en Revista de Derecho de la Pontificie Universidad Católica de Valparaíso, XLIX, p. 114). Para la procedencia de esta institución es necesario que concurra la triple identidad: de sujetos; de identidad objetiva, de hecho o fáctica; e identidad de fundamento punitivo.

A la luz de los antecedentes disponibles, resulta evidente que no concurre la identidad de hechos o fáctica entre la primera investigación sumaria y la que motiva este recurso. En efecto, conforme los antecedentes acompañados por la recurrente, aparece que la primera investigación se refiere a hechos de abril de 2022 que se vinculan -esencialmente- a malos tratos hacía algunos funcionarios y funcionarias; por su parte, los hechos por los que fue sancionada y que se describen en la formulación de cargos, se vinculan al funcionamiento del servicio y malos tratos, y son de fechas diferentes: Cargo N°1, desde el 18 de octubre de 2022 hasta la fecha de cierre del proceso indagatorio; Cargo N°2, desde el 16 de noviembre al 26 de diciembre; Cargo N°3, mes de octubre del año 2022; Cargo N°4, desde septiembre 2021 hasta 19 de octubre de 2022; Cargo N°6, de 1 de febrero 2022, 09 de febrero 2022 y 24 de septiembre 2022; Cargo N° 7, de abril de 2023.

Así entonces no se cumple con la identidad fáctica, no se trata de los mismos hechos ni ocurrieron en la misma época, por lo que no hay ilegalidad ni arbitrariedad que haya generado una vulneración de derechos fundamentales.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, Acta 95-2015, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Mariquina, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Iván Hunter Ampuero.

Rol 301 – 2024 Protección.