nombre reservado con TESORERÍA GENERA DE LA REPUBLICA DE CHILE

Valdivia, nueve de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente que:

Primero. nombre reservado, domiciliado en la comuna de Las Condes, recurre de protección en contra de la Tesorería General de la República, oficina regional de Los Ríos, organismo que, al iniciar la cobranza ejecutiva del impuesto al lujo por la posesión de una embarcación, habría vulnerado su garantía de propiedad, contemplada en el numeral 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se declare inaplicable el impuesto y se deje sin efecto su cobranza, con costas.

Refiere que, para la aplicación de este impuesto es menester la existencia de un reglamento previsto en la Ley Nº21.420, el que, sin embargo, a la fecha de la cobranza objeto de este recurso, no se ha dictado.

Agrega que el valor de la embarcación es notoriamente más bajo que el establecido en la Resolución Nº145 del Servicio de Impuestos Internos para el cobro del impuesto.

Segundo. La Tesorería General de la República informó solicitando el rechazo de la acción deducida.

Señala que la actuación de la recurrida se limita al cobro de las obligaciones tributarias establecidas en la ley y que han sido determinadas por el Servicio de Impuestos Internos, por lo que su actuación no es ilegal ni arbitraria ni puede vulnerar la garantía constitucional de la propiedad del recurrente.

Tercero. El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Cuarto. De la lectura del expediente administrativo acompañado por la recurrida, Rol N°12931-2024 de la comuna de Valdivia, consta que la Tesorería Regional de Los Ríos está cobrando al recurrente las deudas por formularios Nº21, folios 9648469 y 10143019, con vencimiento los días 30 de abril y 30 de junio de 2024, habiendo sido el recurrente notificado y requerido de pago el 8 de octubre de 2024, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 171, inciso primero, del código citado.

No consta que en dicho procedimiento se hayan opuesto excepciones a la ejecución.

Quinto. El artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1, estatuto orgánico del Servicio de Tesorerías, señala que:

“Artículo 1°. El Servicio de Tesorerías dependerá del Ministerio de Hacienda, y estará encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Deberá, asimismo, efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes.”

Y en su artículo 2 Nº2, letra a, establece entre sus facultades:

“2.- Efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de:

a.- Los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones;”

El procedimiento de cobro de las obligaciones tributarias está regulado en el Título V Código Tributario y es llevado a cabo por el Tesorero Provincial o Regional, quien actúa como juez sustanciador. Constituyen título ejecutivo las nóminas de deudores en mora, con indicación de su individualización completa y especificación del período e impuesto adeudado o de las sanciones en su caso y del tipo de tributo, además del número de rol o folio y otras indicaciones. En el marco de este procedimiento, el contribuyente ejecutado puede oponer excepciones a la ejecución, dentro de décimo día de efectuado el requerimiento de pago.

Sexto. Sin perjuicio de lo anterior, la determinación de lo adeudado es realizada por el Servicio de Impuestos Internos, según se señala en el artículo 37 del Código Tributario, mediante el giro, que corresponde a una orden de dicho servicio extendida al contribuyente para que ingrese en arcas fiscales un valor determinado por concepto de impuestos, reajustes, intereses y multas.

El giro puede ser impugnado mediante reposición administrativa o a través del procedimiento general de reclamaciones regulado en los artículos 123 a 148 del código citado. (Aste, Christian. Curso sobre Derecho Tributario y Código Tributario. Santiago. Thomson Reuters, 2016. Tomo II, pág. 889)

Lo señalado se corrobora en la Resolución Exenta Nº125 de 2022 del Servicio de Impuestos Internos, que instruye giro y pago del impuesto establecido en el artículo 9 de la Ley Nº21.420, referido justamente al denominado impuesto al lujo, que, en lo resolutivo, dispone:

“1°. GÍRESE el impuesto establecido en el artículo 9° de la Ley N°21.420 por la Dirección Regional competente según el domicilio del contribuyente propietario, debiendo emitirse un giro por cada bien que, cumpliendo los requisitos para la aplicación del impuesto, le pertenezca al 31 de diciembre del año anterior a su devengo.

Cuando el bien pertenezca a más de una persona se emitirá un giro por el total, a nombre de uno de los copropietarios.

El giro deberá identificar al contribuyente indicando su nombre o razón social, RUT y domicilio. Asimismo, deberá contener los datos de identificación del respectivo bien con que cuente el Servicio, tales como su tipo, marca, modelo, año de fabricación o matrícula, así como su precio corriente en plaza y el monto del impuesto reajustado a partir del devengo.

2°. EMÍTASE el giro dentro de los primeros 5 días hábiles de abril de cada año debiendo ser notificado por correo electrónico o, en su defecto, por carta certificada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 11 bis del Código Tributario. El impuesto deberá ser pagado dentro del mismo mes por los contribuyentes, para lo cual este Servicio habilitará la opción de pago en su sitio web. El monto del impuesto girado se incrementará con los reajustes e intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario en caso de mora del contribuyente.

El Servicio podrá emitir nuevos giros o sustituir los ya emitidos dentro de los plazos de prescripción del Código Tributario. Ello ocurrirá, por ejemplo, cuando deba corregirse la identidad del propietario de un determinado bien al 31 de diciembre del año anterior al devengo, o ante la constatación de algún hecho que altere la base imponible del impuesto o por cualquier otra circunstancia que incida en la determinación de este último.

3°. Los contribuyentes podrán interponer el recurso de reposición administrativa voluntaria contemplado en el artículo 123 bis del Código Tributario en contra del giro que al efecto se emita, o reclamar del mismo en conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 123 y siguientes de dicho código.” (mayúsculas en el original)

Séptimo. De la lectura de la resolución y las normas anteriormente citadas, se aprecia que la actuación del Servicio de Tesorerías se limita a la recaudación de un tributo cuyo monto ha sido previamente calculado por el Servicio de Impuestos Internos, por lo que el Servicio recurrido no tiene ninguna influencia en la determinación de su procedencia y monto, que es justamente aquello que se impugna mediante este recurso, de manera que no le asiste responsabilidad en el hecho que se le reprocha.

Octavo. Por otra parte, la ley franquea la posibilidad de impugnar la determinación de los tributos -el giro- mediante los recursos de reposición administrativa y de reclamación, sin perjuicio del derecho a oponer excepciones a la ejecución seguida en sede administrativa, por lo que, existiendo procedimientos reglados específicamente para la solución de la controversia planteada en el recurso, la que debe resolverse por organismos técnicos especialmente establecidos en la ley, se aprecia que esta excede los márgenes de la acción de protección, de breve tramitación, y, puesto que esta vía tiene la función de cautela urgente de derechos fundamentales, no puede ser utilizada como sustituto procesal de acciones o excepciones que no fueron ejercidas en su oportunidad ante la autoridad competente, por lo que el presente arbitrio debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado contra de la Tesorería General de la República, oficina regional de Los Ríos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección- 2996-2024