nombre reservado con AGRICOLA COLEGUAL SPA

C.A. de Valdivia Valdivia, siete de julio de dos mil veintitrés.

Vistos:

El recurso.

Comparece el señor Jorge Ellenberg Navarrete, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación del señor nombre reservado, agricultor, domiciliado en Nalcahue Bajo, comuna de Río Bueno, quien deduce acción de protección en contra de Agrícola Colegual Spa, representada por nombre reservado y nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, en base a las siguientes consideraciones. Refiere que su representado es comunero de la hijuela de terreno de aproximadamente 12,00 hectáreas de superficie, que deslinda con el río Bueno, cuyo dominio se encuentra inscrito a fojas 413 v. N°476 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno correspondiente al año 2013, cuyo plano se encuentra agregado en el protocolo del 6° Bimestre del año 1974 de la Notaría de Río Bueno bajo el N°47, hijuela que al Oeste deslinda con resto del Fundo Cachillahue, hoy Fundo Colegual, de aproximadamente 415,5 hectáreas de superficie, de propiedad de Agrícola Colegual SpA, según inscripción de dominio de fs. 264 v. N°277 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces señalado, del año 2020 y que de acuerdo al plano protocolizado el año 1974, los predios mencionados están separados por un notable accidente geográfico identificado como “quebrada sin nombre”, de recorrido sinuoso y profundo.

Agrega que el fundo mencionado fue subdividido en 68 lotes que se pusieron en venta como parcelas de agrado, con acceso directo al río Bueno, según se publicita y que dada la envergadura del proyecto inmobiliario, que incluía intervención radical de parte importante del entorno natural del lugar al comprender la construcción de un camino de más menos 400 metros de largo y un ancho mínimo de 8 metros, que se desplaza desde el fundo loteado, baja por la quebrada hasta la hijuela de su mandante para llegar finalmente a la orilla misma del río, en donde se construyó una rústica playa que debió haber sido sometida a evaluación de impacto ambiental, según la Ley N°19.300 y su Reglamento, lo que se omitió.

Señala que el plano de subdivisión incorporó, por vías de hecho, una franja de terreno fiscal, correspondiente al antiguo camino de Río Bueno, que se cerró al llegar al fundo y se sumó a la superficie de un conjunto de lotes resultante de la subdivisión, lo que negligentemente fue inadvertido por el Servicio Agrícola y Ganadero que lo autorizó, acto administrativo afectado por vicio de nulidad de derecho público.

Dice que en el mes de marzo pasado, la recurrida, con uso de maquinaria pesada y una cuadrilla de operarios y elementos de trabajo, se abocó a la construcción del camino interior, que llegó hasta la ribera del río sin autorización administrativa y respetar la propiedad privada ajena, procediendo a eliminar la ribera del río, en una extensión de aproximadamente ochenta metros mediante su emparejamiento y el retiro de todo vestigio vegetal, construyendo artificialmente una grotesca playa aprovechando material del propio río, que lleva ya no menos de 60 metros de largo.

Acusa que el camino en cuestión ha significado una notable fractura artificial de la quebrada que separa los inmuebles, sacándose de cuajo todo vestigio de naturaleza (flora, arbustos, árboles nativos etc.) lo que se hizo extensivo a parte del predio del su representado, que fue acanchado para su paso expedito y que al habilitar una playa, destruyendo su ribera y, extrayéndose todo vestigio vegetal, “vaya saberse con que consecuencias en la temporada de lluvias” (SIC).

Estima conculcadas las garantías constitucionales del artículo 19 N°8 de la Constitución Política del Estado, esto es, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el N°24 de la misma norma, esto es, el derecho a la propiedad en sus diversas especies.

Pide se acoja el presente recurso decretando:

1°. Que, la recurrida debe paralizar las obras que restan de finiquitarse tanto en la quebrada medianera indicada y el predio del recurrente, sea por pasar el camino por su interior, sea por la impresentable intervención de su sector ribereño;

2°. Que la recurrida debe reponer, a su costo, las condiciones naturales de la franja de terreno afectada por el camino, en todo su recorrido y la ribera del río, dentro del plazo y condiciones que esta Corte determine;

3° Que en su oportunidad en el alto de la quebrada indicada la recurrida debe poner un cierro que no comunique los predios, lo que se alteró como otra consecuencia de su arbitrio;

4° Que, en lo sucesivo, la recurrida debe abstenerse de realizar todo acto, hecho o conducta que importe la alteración natural de la quebrada, la hijuela del recurrente y la ribera del río Bueno;

5° Que, en lo sucesivo la recurrida debe abstenerse de realizar todo acto, hecho o conducta que implique afectar el derecho de propiedad que el recurrente y los demás comuneros son titulares respecto de la hijuela de 12 hectáreas precedentemente singularizada; y 6° Que, la recurrida debe pagar las costas del recurso.

Acompaña copia de la inscripción de dominio del predio del recurrente; copia del plano de tal inmueble archivado el año 1974; copia de la inscripción de dominio del Fundo Colegual; copia del plano de loteo de dicho fundo; set de fotografías que sustentan su relato, relativas al camino interior y al daño producido al medio ambiente natural.

A folio 17 rola copia de denuncia de 16 de marzo 2023, formulada por el recurrente ante CONAF, provincia del Ranco, con motivo de los hechos en que funda su acción; copia de la denuncia de 18 de abril de 2023 por los mismos hechos, formulada por el recurrente en la DGA Región de Los Ríos y copia de la respuesta de CONAF al recurrente, de 15 de mayo 2023, que informa que el 8 de mayo sus fiscalizadores concurrieron al lugar verificando el corte de árboles y arbustos nativos, contraviniendo la legislación vigente y que se procederá a su denuncia.

El informe.

El señor nombre reservado, abogado, por su representada Agrícola Colegual Spa, Rut RUT reservadoinformó al tenor del recurso y pide que éste sea rechazado por haber sido interpuesto en forma extemporánea argumentando que ha transcurrido más de un año desde que se ejecutaran los trabajos de arreglo de caminos interiores y desmalezamiento de ribera en la propiedad de su representada, tal como da cuenta la factura N°66 de 31 de mayo de 2022 que corresponde a la maquinaria arrendada por su representada para la ejecución de los trabajos reclamados.

Informa que el 4 de octubre de 2022, mediante certificado 353-RB N°2370/2022, el Jefe de la Oficina sectorial de Río Bueno del Servicio Agrícola y Ganadero, Región De Los Ríos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 18.755, certifica que la Subdivisión del Predio cumple con la normativa vigente, competencia del SAG para predios rústicos.

Dice que las fotografías acompañadas por el recurrente reflejan las obras ejecutadas por su representada en mayo de 2022, a fin de crear un camino de acceso interior a los nuevos lotes que resultarían de la subdivisión del inmueble de su propiedad, y que constan en plano de subdivisión aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero y, en ningún caso, refieren a obras ejecutadas en parte de los terrenos del recurrente, por lo que no existe una afectación o amenaza a su derecho de propiedad sobre su inmueble, actuando entonces, su representada al amparo de resolución administrativa que autorizó la subdivisión de su propio inmueble.

Indica que el recurrente debió reclamar la eventual afectación de su derecho patrimonial en sede civil, por tratarse de una discusión sobre deslindes propia de un procedimiento declarativo o de lato conocimiento.

Respecto a la afectación al artículo 19 N°8 de la Constitución Política del Estado, señala que las acciones de mantención del predio no tienen otra calidad especial que la de ser un predio rural, no se trata de un área especial de protección o conservación de acuerdo a nuestra legislación vigente, que no incluye los trabajos de limpias o trazado de caminos interiores, entre aquellas obras previstas como susceptibles de causar un impacto no tolerable al medio ambiente ni a las personas en la ley general de bases del medio ambiente, que la obligue a someterse a Estudio o Declaración de impacto ambiental, basándose las alegaciones del recurrente en suposiciones que no esconden sino su disconformidad con la autorización de subdivisión.

Afirma que no ha traspasado límites, ni ha botado cercos.

Cita normas legales y jurisprudencia para terminar solicitando que el recurso sea rechazado por extemporáneo, no idóneo, declarándose que los derechos alegados no han sido vulnerados, afectados ni amenazados por su representada, con costas.

Acompaña copia certificado de inscripción de dominio e hipoteca y gravámenes del inmueble propiedad de Agrícola Colegual Spa, inscrito a fojas 264 vta. N°277 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno, correspondiente al año 2020; copia plano de subdivisión del inmueble de su representada y resolución que lo aprueba mediante el Certificado 353-RB Nº 2370/2022, del Jefe de la Oficina Sectorial de Rio Bueno, del Servicio Agrícola y Ganadero, Región de los Ríos; y copia factura N°66, de fecha 31 de mayo de 2022, de Unión Maquinarias Spa.

A folio 20, esta Corte dispuso oficiar a la Dirección General de Aguas para que informe si existe una afectación de la ribera del Río Bueno y, en su caso, la data de la misma, así como cualquier otro hecho que estime pertinente hacer presente; a la Dirección Regional de Vialidad, para que informe si existe afectación de una franja de terreno fiscal y, en su caso, extensión de la misma, así como cualquier otro hecho que estime pertinente hacer presente; y a la Superintendencia del Medio Ambiente, para que informe si existe una intervención al medioambiente que requiera la fiscalización de dicho organismo, así como cualquier otro hecho que estime pertinente hacer presente.

Informa la Superintendencia del Medio Ambiente.

Que doña nombre reservado, Superintendenta del Medio Ambiente, informa que su servicio no cuenta con antecedentes asociados a denuncias o fiscalizaciones relativas a los hechos indicados en la acción de protección, dando cuenta de los pasos a seguir para denunciar, de acuerdo a la normativa legal vigente.

Informa la Dirección de Vialidad.

Don nombre reservado., Director Regional de Vialidad, informa que si bien en los planos existentes en el expediente se hace referencia como “Camino Antiguo a Lago Ranco”, que nace de la T-851 en el km 11,6 lado izquierdo, aquel no se encuentra en su inventario de caminos públicos.

Informa la Dirección General de Aguas.

A folio 34, el señor nombre reservado., Director Regional de Aguas (S) Región De Los Ríos, acompaña el expediente caratulado FD-1402-48 que se inició con fecha 18 de abril de 2023; que el 10 de mayo de 2023 se realizó la inspección en terreno al Fundo Colegual, fiscalización que dejó en evidencia una intervención que consiste en el desarrollo de un camino para acceder al río y la conformación de una plataforma en un ancho aproximado de 6 metros paralelo al río Bueno, intervención que no cuenta con la autorización de ese Servicio, por lo que la recurrida incumple los artículos 41 y 171 del Código de Aguas, fiscalización que quedó consignada en el Acta de Inspección en Terreno – Unidad de Fiscalización N°3519, expediente que se encuentra en etapa probatoria.

Y considerando:

Primero: La presente acción constitucional, en su primer acápite, persigue que la garantía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sea protegida, por verse amagada por los actos ilegales de autoría de la empresa recurrida. Se pide lo siguiente: 1°. Que, la recurrida debe paralizar las obras que restan de finiquitarse tanto en la quebrada medianera indicada y el predio del recurrente, sea por pasar el camino por su interior, sea por la impresentable intervención de su sector ribereño; 2°. Que la recurrida debe reponer, a su costo, las condiciones naturales de la franja de terreno afectada por el camino, en todo su recorrido y la ribera del río, dentro del plazo y condiciones que esta Corte determine; 3° Que en su oportunidad en el alto de la quebrada indicada la recurrida debe poner un cierro que no comunique los predios, lo que se alteró como otra consecuencia de su arbitrio; 4° Que, en lo sucesivo, la recurrida debe abstenerse de realizar todo acto, hecho o conducta que importe la alteración natural de la quebrada, la hijuela del recurrente y la ribera del río Bueno; 5° Que, en lo sucesivo la recurrida debe abstenerse de realizar todo acto, hecho o conducta que implique afectar el derecho de propiedad que el recurrente y los demás comuneros son titulares respecto de la hijuela de 12 hectáreas precedentemente singularizada; y 6° Que, la recurrida debe pagar las costas del recurso.

Segundo: En primer lugar, el apoderado de la recurrida sostiene que el recurso debe ser rechazado por haber sido interpuesto en forma extemporánea, argumentando que ha transcurrido más de un año desde que se ejecutaran los trabajos de arreglo de caminos interiores y desmalezamiento de ribera, en la propiedad de su representada, tal como da cuenta la factura N°66 de 31 de mayo de 2022, que corresponde a la maquinaria arrendada para la ejecución de los trabajos reclamados.

Tercero: Que la petición de rechazar la acción por haberse deducido en forma extemporánea será desestimada, teniendo en consideración que al deducirse el recurso se denunció la ejecución de faenas existentes al mes de marzo del año en curso “a fin de impedir que se siga incrementándose el daño al medio ambiente”, lo que justificó el decretó de no innovar, lo que permite inferir que la acción fue deducida dentro de plazo.

Cuarto: Atento a la garantía que se invoca y la especial dedicación que hace el artículo 20 de la Constitución, en su inciso final, sobre la procedencia del recurso de protección ante la acción u omisión ilegal, de terceros, que señala: “Procederá, también, el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad a o persona determinada”. Se requiere de una acción u omisión “ilegal”, sin que se contemple la “arbitrariedad”, como se hace en la protección de las demás garantías que esta acción ampara, vale decir, la antijuridicidad del acto u omisión se cumple con la ilegalidad, esto último, tras la modificación de la ley N° 20.050 de 2005. A su vez este actuar ilegal, debe afectar el derecho a vivir en un “medio ambiente libre de contaminación”. En este punto, debe recurrirse a la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, siendo conceptualizado el medio ambiente, como “el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”, artículo 2° letra ll), en lo atingente a la contaminación, la misma norma citada, en su letra c), define, “contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente”.

Quinto: De lo transcrito, puede indicarse que el bien jurídico amparado es el medio ambiente libre de contaminación, que para el caso en particular, a juicio del recurrente, se verifica por al realizarse obras tanto en la quebrada medianera y el predio del recurrente, sea por pasar el camino por su interior, sea por la intervención de su sector ribereño. Se denuncia la construcción de una playa en la ribera del Río Bueno que, en su concepto, debió someterse a evaluación de impacto ambiental, según la Ley N°19.300 y su Reglamento, lo que se omitió. Pide se ordene a la recurrida abstenerse de realizar todo acto, hecho o conducta que importe la alteración natural de la quebrada, la hijuela del recurrente y la ribera del río Bueno.

Sexto: La ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece un marco general de regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental y en su artículo 10 dispone que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los que detalla y de su lectura no queda de manifiesto que los trabajos realizados en el predio rural, por la empresa recurrida, sean de aquellos que están regulados por la ley que se denuncia infringida, razón que se estima suficiente para desestimar la acción en este acápite, siendo necesario que el conocimiento del presente asunto -de naturaleza técnica- se denuncie ante los entes que legalmente han sido diseñados para abordar el tema medio ambiental, por lo que se enviarán copias de estos antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente para que, en uso de sus facultades de oficio, determine si procede dar inicio a fiscalización o procedimiento sancionatorio.

Séptimo: Que, refuerza esta decisión el hecho que, de los informes solicitados a las instituciones públicas, queda en evidencia que ante la Dirección Regional de Aguas se tramita un expediente de fiscalización por contravención a los artículos 41 y 171 del Código de Aguas, en espera de resolución pertinente, conflicto que está siendo conocido por la autoridad competente. Asimismo, la tala de árboles y arbustos nativos fue denunciada el 16 de marzo 2023, la cual fue formulada por el recurrente ante CONAF, provincia del Ranco, autoridad que debe actuar en consecuencia.

Octavo: En cuanto al derecho de propiedad, el actor acusa que el camino en cuestión ha significado una notable fractura artificial de la quebrada que separa los inmuebles, sacándose de cuajo todo vestigio de naturaleza (flora, arbustos, árboles nativos etc.) lo que se hizo extensivo a parte del predio del su representado. La recurrida afirma que no ha traspasado límites, ni ha botado cercos.

Noveno: Que, no obstante la documentación acompañada, la cual fue detallada más arriba, en este escenario no es posible dilucidar si la propiedad del recurrido -como el derecho que la ampara- fue afectada por las obras realizadas por la empresa Agrícola Colegual Spa, es decir, no ha quedado en evidencia una actuación arbitraria o ilegal que haga necesaria la intervención de esta Corte, en el marco de la presente acción constitucional, cuyo objetivo es atender situaciones determinadas y urgentes que priven, perturben o amenacen derechos constitucionalmente protegidos.

Por estos motivos y visto lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, se rechaza el recurso interpuesto por el señor Jorge Ellenberg Navarrete, abogado, en representación del señor nombre reservado, agricultor, en contra de Agrícola Colegual Spa.

Remítanse copia de estos antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente para que, en uso de sus facultades de oficio, determine si procede dar inicio a fiscalización o procedimiento sancionatorio.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

N°Protección-297-2023.