nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente que:

Primero. nombre reservado, domiciliado para en la comuna de Valdivia, recurre de protección en contra del nombre reservado, representado por su superintendente, Juan Pablo Molina Herrera, ambos domiciliados en la comuna de Puyehue, impugnando la resolución de 23 de septiembre de 2024, que confirma su expulsión de la referida institución, acto que califica de arbitrario, ilegal y vulneratorio de sus garantías constitucionales derecho a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y debido proceso, contenidas en los números 1, 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere una sanción anterior, también aplicada por el nombre reservado recurrido, de 31 de mayo de 2024, que fue dejada sin efecto por esta Corte, mediante sentencia dictada el 6 de agosto de este año en el recurso de protección Rol Nº1602-2024.

Relata que, poco antes de aquel fallo, el 24 de julio de 2024, fue citado por correo electrónico para comparecer ante el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, para el 29 de julio, en calidad de acusado por la utilización de bienes del nombre reservado o de las compañías sin autorización; promover o sostener polémicas o comentarios que desprestigien a las autoridades del Cuerpo, a través de medios de comunicación y/o redes sociales de acceso público; y amenazar con atentar contra la vida e integridad física del superintendente del nombre reservado.

Indica que, a la hora de su citación, hizo llegar mediante su pareja una licencia médica, solicitando, además, por correo electrónico que se tuviera por justificada su inasistencia y se fijara un nuevo día y hora para su comparecencia, petición que fue negada por el recurrido, juzgándole en rebeldía, declarándole culpable y sancionándolo con la expulsión del nombre reservado.

Agrega que apeló de dicha resolución, acompañando un certificado de un médico psiquiatra, un informe médico y un informe de una psicóloga, siendo citado nuevamente para el lunes 16 de septiembre.

Señala que, para esta última fecha, se excusó el día anterior al de su citación, fundado en los antecedentes médicos que acompañó a su recurso de apelación, excusa que fue nuevamente fue rechazada, dictándose el 23 de septiembre de 2024 la resolución impugnada, que confirma su sanción de expulsión.

Sostiene que la actuación del recurrido es arbitraria e ilegal, pues no consideró las justificaciones médicas de su inasistencia, limitándose a juzgarlo en rebeldía, transgrediendo su derecho a exponer sus descargos frente a los hechos que se le imputaron sin mediar investigación.

Segundo. Informando, el nombre reservado solicitó el rechazo de la acción deducida, señalando que el recurrente fue sometido a proceso disciplinario por el organismo competente para ello, se le informaron los hechos por los que se le acusaba y las normas del Reglamento General infringidas; se le dio la oportunidad para presentar pruebas y rendir sus descargos y fue sancionado con una medida expresamente señalada en el Reglamento General.

Refiere que el actor intentó excusar su inasistencia a las dos audiencias disciplinarias utilizando la misma orden de reposo médico que le prohibía dedicarse a todo quehacer de bombero y que, sin embargo, anteriormente no consideró, presentándose durante su vigencia en el cuartel, con uniforme de trabajo, para llevar a cabo una manifestación de protesta pública, llamando a la prensa y provocando a que otros sigan su ejemplo, razón que llevó al organismo disciplinario a rechazar sus excusas y juzgarlo en rebeldía.

Sostiene que la sanción aplicada es proporcional a la magnitud y gravedad de las infracciones cometidas, máxime cuando una de las conductas sancionadas es un hecho que puede revestir el carácter de delito y ha sido objeto de una querella, pues el sancionado habría manifestado su deseo de atentar contra el superintendente.

Concluye manifestando que el juzgamiento del recurrente ha sido conforme a derecho y no se ha vulnerado derecho fundamental alguno, por lo que la acción deducida no puede prosperar.

Tercero. El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Cuarto. La Ley Nº20.564, ley marco de los Bomberos de Chile, establece en su artículo primero que “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.”

Por otra parte, el artículo 553, inciso segundo, del Código Civil dispone que "La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercer a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario." De esta forma, por medio de la presente acción constitucional resulta procedente la revisión de la legalidad del procedimiento sancionador en cuanto sus formalidades, la razonabilidad de la actuación y la proporcionalidad de la sanción impuesta, dentro de un marco de control judicial cautelar de las facultades disciplinarias asumidas por el órgano competente del nombre reservado, constituido de conformidad a sus estatutos y la normativa aplicable.

Quinto. En este caso, se ha alegado como acto arbitrario e ilegal la decisión de 23 de septiembre de 2024, adoptada por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, constituido como Tribunal de Apelaciones, que confirma la resolución sancionatoria, cuestionándose que, tanto en primera como en segunda instancia, no se haya atendido a los justificantes médicos del actor respecto de su inasistencia, decidiendo juzgarlo en rebeldía, sin oír sus descargos, y fundando la sanción de expulsión en antecedentes obtenidos sin una previa investigación.

Sexto. De la lectura de la resolución de primera instancia, de 1 de agosto de 2024, del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, se aprecia que en esta se sanciona al recurrente por:

1. Utilización de bienes del nombre reservado o de las compañías, sin previa autorización del superior.

2. Promover o sostener polémicas o comentarios que desprestigien a las autoridades del Cuerpo, a través de medios de comunicación y/o redes sociales de acceso público, el día martes 16 de julio de 2024, a las 13:00 horas, al instalar un pendón y sentarse afuera del cuartel general del nombre reservado, utilizando uniforme de trabajo para una actividad no autorizada ni ordenada por el Cuerpo y efectuando una protesta en contra del Directorio General. Estando en esa protesta, dio una entrevista al medio de prensa virtual el puyehueino.cl, en la que cuestiona a las autoridades del Cuerpo, la capacitación de los oficiales y del personal, manifestando injurias y calumnias contra los miembros del Directorio General y especialmente del superintendente. Esta entrevista se viralizó en redes sociales provocando que el nombre reservado esté siendo criticado y desprestigiado injustamente por la opinión pública.

3. Amenazar con atentar contra el superintendente del nombre reservado, en conversación sostenida con el capitán de la Primera Compañía, el 11 de junio de 2024, en dependencias del cuartel.

Tales cargos fueron acreditados mediante una publicación en Facebook, un informe del capitán de la Primera Compañía y las declaraciones de tres testigos.

Se determinó que los hechos constatados transgredían el Reglamento General del nombre reservado, en sus artículos 10, 12 letras b), e), f) y n); incurriendo en las faltas de los artículos 137 letra a), numeral 6; 137 letra b), numerales 3, 5, 6 y 7; y 137 letra c), numeral 6, esta última correspondiente a la falta gravísima de haber amenazado con agredir al Superintendente la que, si bien no está señalada específicamente en el Reglamento, se consideró que debe ser sancionada de conformidad a lo dispuesto artículo 138 del mismo cuerpo normativo.

En el considerando cuarto de la resolución de expulsión, se desecha la excusa del voluntario por su inasistencia a la audiencia de descargos, considerando que los hechos constatados demuestran que el propio recurrente hizo caso omiso con anterioridad, para cometer las infracciones, de la misma indicación de reposo que ahora intentaba utilizar como justificación.

La resolución termina aplicando la sanción de expulsión del nombre reservado, contemplada en el artículo 136, letra d), de su Reglamento General.

La resolución impugnada de 23 de septiembre de 2024, dictada por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, constituido como Tribunal de Apelaciones, señala que el recurrente no alega hechos nuevos, remitiéndose el tribunal a los fundamentos de la resolución apelada para confirmar la sanción de expulsión.

Séptimo. Las resoluciones reseñadas fueron dictadas por el órgano competente, el Consejo Superior de Disciplina, constituido como tribunal de primera instancia y luego como tribunal de apelación, mediante el procedimiento establecido en los artículos 120 y siguientes del Reglamento General del nombre reservado, citando en la forma reglamentaria al recurrente para que formulara sus descargos y, luego, para que expusiera su apelación, en ambos casos otorgándole la oportunidad de rendir prueba.

Tanto a la audiencia de primera como de segunda instancia, el recurrente se ausentó esgrimiendo razones médicas, que fueron analizadas y luego rechazadas por el tribunal de Bomberos.

El Consejo analizó la prueba de cargo en conciencia, tal como se prevé en el reglamento, y determinó, fundadamente, la existencia de hechos del recurrente que constituían infracciones previstas en este, aplicando las sanción máxima -la expulsión-, considerando la existencia entre las transgresiones constatadas de una falta gravísima.

Octavo. De esta manera, se aprecia que el actuar de los tribunales del nombre reservado no fue ilegal ni arbitrario, sino el resultado de un procedimiento seguido de conformidad a su Reglamento General, exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión adoptada, constando que, mediante la resolución impugnada, no se perturbaron, amenazaron ni vulneraron los derechos constitucionales del recurrente, por lo que la acción de protección debe ser rechazada.

Y visto, además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del nombre reservado.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Schnettler Carvajal, quien estuvo por acoger la acción de protección, reponiendo el procedimiento disciplinario al estado de celebrar una nueva audiencia con el fin de oír al recurrente y permitirle ofrecer sus descargos y probanzas teniendo para ello en consideración lo siguiente:

1° Que el rechazo del aplazamiento de la audiencia requerido oportunamente por el impugnante vía acción de protección, planteado en los márgenes del procedimiento sancionatorio seguido en su contra, se ampara en antecedentes documentales de orden médico, que éste complementa y amplía al recurrir de apelación, objetando haberse procedido en su ausencia sin mediar justificación para proceder de ese modo.

2° Que, conforme al mérito del proceso, al desestimar la petición de nuevo día y hora enderezada por el recurrente, los órganos disciplinarios se han amparado en motivos genéricos, insuficientes y que redundan en uno de los aspectos de la cuestión de fondo debatida, vale decir, en haber perpetrado el sujeto pasivo del procedimiento los hechos imputados, mientras estaba con reposo médico; circunstancia que determinaría, a juicio del órgano de disciplina, que esta medida carece de justificación médica o no es óbice para que el inculpado pueda llevar adelante sus actividades cotidianas, además de las extraordinarias de protesta, desprestigio y amenazas.

3° Que, en las condiciones apuntadas, se privó al inculpado, sin justificación idónea, de su derecho a ser oído, contraviniendo el poder-deber que prevé artículo 135 del Reglamento, en relación al límite expreso del artículo 553, inciso 2°, del Código Civil. Por lo mismo, se llegó a una decisión de término del proceso sancionatorio doméstico, carente de la fundamentación necesaria para dar por establecida la sanción expulsiva impuesta al recurrente.

De tal suerte, se ha consumado una privación a la garantía constitucional del debido proceso, erigiéndose el órgano de juzgamiento disciplinario en una verdadera comisión especial de aquella que repugnan a la sección dogmática de la Carta Fundamental, afeitándose además la igualdad ante la ley, al dispensar al impugnante un tratamiento distinto al que correspondería a cualquier persona del cuerpo intermedio de que se trata, en la situación en que se encuentra frente al órgano disciplinario que ha activado sus competencias.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº2956-2024 Protección.