Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Osorno

Valdivia, catorce de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, en representación convencional de Sociedad Comercial Kaiser Limitada, del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en negarse a tramitar un recurso de reconsideración, atenta contra sus garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Expone que mediante resolución N°4544/18/9, de 1 de octubre de 2018, la recurrida sancionó a Sociedad Comercial Kaiser Limitada con multas de 340 UTM y 40 UTM, por nueve infracciones en materias de higiene y seguridad y una infracción en materia laboral, respectivamente. Agrega que con fecha 15 de noviembre de 2018 presentó recurso de protección en contra de la fiscalización que dio origen a la multa, Rol Corte N° 2039-2018, que fue rechazado por sentencia de 19 de noviembre de 2018.

Señala que el 29 de noviembre de 2018 presentó reconsideración administrativa ante la recurrida, que fue declarado inadmisible el 3 de diciembre del mismo año por estar pendiente de resolución el recurso de protección ya referido. Indica que el 28 de diciembre de 2018, una vez ejecutoriado el fallo de protección, presentó una nueva reconsideración ante la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, la que por Resolución Ordinaria N° 23 de 8 de enero de 2019 no fue admitida a tramitación por considerar que es paralela a reclamación judicial.

Sostiene que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida vulnera la garantía prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues en el recurso de protección Rol N° 2039-2018 se impugnó la acto de fiscalización y no el fondo de las materias fiscalizadas, objetivo que si cumple la reconsideración administrativa interpuesta estando ejecutoriado el fallo dictado en sede cautelar y dentro de plazo legal. Agrega que la decisión de no admitir a tramitación la reclamación resulta contradictoria con lo sostenido por la propia recurrida el 3 de diciembre de 2018, oportunidad en que citó el artículo 54 de la Ley N° 19.880 en apoyo a su decisión.

Expone que los hechos descritos afectan su derecho de propiedad al no poder ejercer las acciones contempladas en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo.

En definitiva solicita se acoja el recurso, y se deje sin efecto la Resolución Ordinaria N° 23 de 8 de enero de 2019, ordenando a la recurrida que admita a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución Multa N°4544/18/91.

Informando el recurso, doña Yessica Labbé Velásquez, abogado, en representación de la Dirección del Trabajo alega en primer término, la falta de requisitos para la interposición de la presente acción constitucional, ya que se pretende determinar el alcance del artículo 54 de la Ley N° 19.880 lo que constituye una declaración de derecho.

Expone que el Ordinario N° 23 que se cuestiona por esta vía fue dictado por el Inspector Provincial del Trabajo de Osorno en virtud de las facultades conferida en el artículo 511 del Código del Trabajo, en relación a la Circular N° 46 de 2 de mayo de 2012 de la Dirección del Trabajo, que establecen tres requisitos copulativos de admisibilidad, entre los que se encuentra, que no exista reclamación judicial contra la misma resolución en reconsideración. Agrega que al haber interpuesto recurso de protección en causa Rol N° 2039-2018 resultan inadmisibles las solicitudes de reconsideración ante la Inspección del Trabajo de Osorno, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 54 de la Ley N° 19.880. Hace presente que la inadmisibilidad no se decretó por el plazo, como parece entenderlo erradamente el recurrente. Cita dictámenes de la Contraloría General de la República en apoyo a sus asertos. Arguye que los sostenido en el Ordinario N° 1733 de 3 de diciembre de 2018 constituye un error de redacción, pues no se ajusta a derecho que un asunto sometido a conocimiento de los tribunales de justicia sea resuelto por la administración.

Concluye sosteniendo que no existe actuación arbitraria o ilegal, por cuanto se actuó dentro del marco legal y en uso de atribuciones y prerrogativas propias, no produciéndose, por tanto, lesión a los derechos invocados.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de una acción u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o arbitraria, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más garantías protegidas por el legislador; en concreto, el recurrente considera que se vulneró su derecho de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, de un análisis del recurso y lo informado por la institución recurrida, surge que el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la interposición de un recurso de protección inhibe la posibilidad de deducir reconsideración administrativa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo.

CUARTO: Que, el artículo 511 del Código del Trabajo faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, en los casos que el afectado no hubiere recurrido de conformidad al artículo 503 y no hubiere solicitado la sustitución del artículo 506 ter, ambos del código laboral. Así, dicha norma establece solo dos hipótesis negativas que facultan al Director para inhibirse de conocer una reclamación.

QUINTO: Que, la urgencia y celeridad que exige la tutela de derechos fundamentales conlleva que la acción constitucional de protección no puede ser coartada, limitada, suspendida o interrumpida por disposición legal alguna, lo que además es coherente con su naturaleza excepcional. Además el propio constituyente se encargó de precisar en el artículo 20 de la Carta Fundamental que el recurso es procedente “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

SEXTO: Que, así las cosas, la regla de inhibición administrativa contendida en el inciso tercero del artículo 54 de la Ley N° 19.880 no resulta aplicable frente a la interposición del recurso de protección en causa Rol N° 2039-2018, máxime si se considera que el artículo 511 del Código del Trabajo contempla dos causales tasadas de inhibición, que no concurren en la especie.

Concurre a favor de esta conclusión que del carácter constitucional del derecho al recurso procesal, como integrante del debido proceso, deriva la obligación de interpretar las normas que regulan los requisitos de admisibilidad de los medios de impugnación de la forma más favorable para el litigante, a fin de posibilitar el acceso efectivo al recurso.

Finalmente debe tenerse presente que las partes deben conducir su actuar conforme al principio de buena fe procesal, siendo una manifestación del mismo el actuar de acuerdo a los propios actos, que conlleva la necesidad de un obrar frente a la judicatura en coherencia con la conducta desplegada anteriormente, por lo que no resulta admisible que la recurrida desconozca el mérito del Ordinario N° 1733 de 3 de diciembre de 2018.

SÉPTIMO: Que, por lo expuesto, el recurso de reconsideración debió ser admitido a tramitación y, al no hacerlo, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, que afecta la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al discriminarle arbitrariamente respecto de quienes encontrándose en las mismas condiciones, mantienen su derecho a reclamar administrativamente de la multa impugnada, circunstancia que permite acoger la acción de protección.

Atento lo anterior, innecesario resulta pronunciarse sobre la restante garantía denuncia como infringida.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación convencional de Sociedad Comercial Kaiser Limitada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno y, en consecuencia, se deja sin efecto el Oficio Ordinario N° 23 de 8 de enero de 2019, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el recurrente respecto de la Resolución Multa N°4544/18/91 de 1 de octubre de 2018.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 290 – 2019 PRO.