EMPRESA DE TRANSPORTES COMPAÑIA DE SEGURIDAD CHILE LTDA. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE OSORNO

Valdivia, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

El 27 de septiembre de 2019 comparece el abogado don Cristóbal Agustín Muñoz González, en representación de Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Limitada, con domicilio en domicilio reservado. Interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, acusando un actuar ilegal y arbitrario al resolver un recurso de reconsideración administrativa, arrogándose facultades jurisdiccionales para interpretar un contrato colectivo y de esta manera mantener el quantum de dos multas.

Relata que el 13 de marzo de 2019 la recurridas cursó a la recurrente tres infracciones, imponiendo multas por 30 y 60 unidades tributarias mensuales, en el caso de las dos primeras y veinte ingresos mínimos mensuales en el caso de la tercera. El 22 de mayo presentó un recurso de reconsideración, resolviéndose el 19 de agosto rebajándose únicamente la primera a 15 unidades tributarias mensuales, rechazándose la solicitud respecto de las dos restantes.

Centrado en las dos infracciones respecto de las cuales se rechazó el recurso de reconsideración, explica que aquella cuyo número es 4544/19/24 número 2, fue impuesta con el siguiente tenor: “No pagar semana corrida a los trabajadores que se indican y los periodos que se señalan, habiéndose constatado que estos dependientes tienen estructura de remuneraciones mixta (compuesto por remuneraciones de carácter fijo y remuneraciones variables). Estas últimas compuestas, entre otras, por los conceptos “bono terminal móvil”, “bono terminal móvil porta valor”, “bono terminal móvil vigilante” (según corresponda, en función de la labor pactada). Estos pagos percibidos por los trabajadores constituyen remuneración que se les paga al dependiente individualizado en base a lo pactado en el instrumento colectivo de fecha 10.05.2017, celebrado entre la fiscalizada y el sindicato interregional empresas de Transportes Compañía de Seguridad de Chile PROSEGUR Limitada, en cuanto a los trabajadores realicen en forma debida con el total de los servicios con el uso del terminal móvil, procediendo a la descarga de ruta y esta finalizada en el sistema de forma correcta. Cumpliendo lo anterior, el trabajador percibe un monto diario indicado en el contrato colectivo, en forma individual por trabajador y tienen el carácter de principal y ordinaria, es decir, subsisten por si mismas, independiente de otra remuneración. *trabajador nombre reservado, función pactada vigilante privado, por lo pagos por bono terminal móvil pagado los meses de junio y julio de 2017, septiembre de 2017 hasta febrero de 2019. * trabajador nombre reservado, función pactada conductor, por los pagos por bono terminal móvil pagado en los meses de junio y julio de 2017. septiembre de 2017 hasta febrero de 2019. * Trabajador nombre reservado, función pactada porta valor, por los pagos por bono terminal móvil pagado en los meses de junio de 2017 hasta febrero de 2019. * Trabajador nombre reservado, función pactada vigilante privado, por los pagos por bono terminal móvil pagado los meses de junio de 2017 hasta febrero de 2019. * Trabajador nombre reservado función pactada porta valor por los pagos por bono terminal móvil pagado en los meses de junio de 2017 hasta febrero de 2019. * Trabajador nombre reservado, función pactada porta valor, por los pagos por bono terminal móvil pagado en los meses de junio de 2017 hasta febrero de 2019. * Trabajador nombre reservado, función pactada porta valor, por los pagos por bono terminal móvil pagado en los meses de junio de 2017 hasta septiembre de 2018, diciembre de 2018 y febrero de 2019. * Trabajador nombre reservado, función pactada vigilante privado, por los pagos por bono terminal móvil pagado en los meses de junio de 2017 hasta junio de 2017, agosto de 2018 hasta diciembre de 2018 y febrero de 2019. * Trabajador nombre reservado, función pactada conductor, por los pagos por bono terminal móvil pagado en los meses de junio y julio de 2017, septiembre de 2017 hasta febrero de 2019. // demás trabajadores y períodos en resolución de multa física”.

La siguiente multa número 4544/19/24 número 3, fue cursada por “no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar labores de fiscalización, según el siguiente detalle: *documentos “hojas de ruta-conductor” de la ruta 1 y/o ruta peajes-troncales. del período mayo de 2017 hasta julio de 2018. lo anterior, en relación a los trabajadores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Y nombre reservado”.

Sostiene que la resolución 319 es un acto arbitrario, inconstitucional e ilegal que le priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos a no ser juzgado por comisiones especiales y derecho de propiedad, en lo referido a la mantención de las multas expresadas. En primer lugar, señala que el Inspector Provincial del Trabajo se constituyó en una “comisión especial” y afecto el derecho de propiedad, vulnerando criterios jurídicos de la Dirección del Trabajo respecto al beneficio de semana corrida, interpretando una norma contra ley.

Señala haber alegado en el recurso de reconsideración que el beneficio de semana corrida es improcedente respecto al terminal móvil que establece el contrato colectivo vigente desde el uno de mayo de dos mil diecisiete al treinta de abril de dos mil diecinueve. Estima que no procede el beneficio de semana corrida respecto al bono del terminal móvil, pues aquel tiene carácter grupal, siendo sus condiciones las siguientes: 1. Debe tratarse de trabajadores afectos al contrato colectivo; 2. Se debe realizar la ruta con el total de los servicios con el terminal móvil; 3. Se debe cumplir con la descarga de la ruta y debe ser finalizada en el sistema de forma correcta. 4. La calidad de la información debe tener el carácter de aceptable”.

Dice haber citado el dictamen ordinario 4399 de 20 de septiembre de 2017 a partir del cual la reclamada sostiene que no procede el beneficio de semana corrida cuando existe devengamiento colectivo. Cita además un fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillan en causa RIT I-55-2018, caratulado Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Limitada con Inspección Provincial del Trabajo de Chillán, que resolvió, ante un reclamo judicial de resolución administrativa cursado precisamente por no pago del beneficio de semana corrida respecto al bono del terminal móvil, declarando su improcedencia.

Sobre este punto señala que la recurrida rechazó la reconsideración señalando que “no se dio íntegro cumplimiento a las disposiciones legales, convencionales o arbitrales infringidas, dato que el empleador en sus descargos y escrito de reconsideración administrativa no logra acreditar el error de hecho en el cual incurrió el fiscalizador, ya que si bien menciona para que el “Bono Terminal Móvil” se devengue es un bono colectivo y toda la tripulación debe cumplir los requisitos, desconoce el propio tenor de lo que señala el Artículo Octavo Ter, que dispone: “Los trabajadores afectos al presente instrumento colectivo, que realicen en forma debida una ruta con el total de los servicios con el uso del terminal móvil, procediendo con la descarga de ruta y ésta finalizada en el sistema de forma correcta, con una calidad aceptable, recibirá la siguiente bonificación, a saber:” Dicha disposición solo señala que sean trabajadores afectos al instrumento colectivo no menciona que la tripulación completa cumpla los requisitos. Además, en el propio informe de exposición, el fiscalizador señala la Jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo y cuáles son los requisitos para entender si un bono o estipendio sea considerado en la base de cálculo de la semana corrida. Cabe mencionar, igualmente que en la multa, no se está sancionando por el no pago del bono mencionado, sino que se acreditó que se pagó dicho bono, y que el pago realizado cumple los requisitos para pagar el beneficio de la semana corrida. Así las cosas, el empleador en sus alegaciones confunde los conceptos y no logra desvirtuar la multa impuesta ni menos acreditar un error de hecho. Razones estas suficientes y necesarias por las cuales no se acredita la corrección de la norma infringida ni el error de hecho en la fiscalización y se debe confirmar y mantener la multa, conforme lo establece el artículo 511 número 1 y 2 del Código del Trabajo y la propia Circular 46 del Dirección del Trabajo”.

Acusa que con lo resuelto la recurrida actúa como una “comisión especial”, al interpretar un contrato colectivo y normas legales, facultades exclusivas y excluyentes de los tribunales.

En relación a la multa alusiva a la no exhibición de documentación sostiene que respecto de hojas de ruta por periodos mayo 2017 a julio 2018, fueron eliminados a consecuencia de una plaga de ratones que obligó una desratización., encontrándose impedido de presentarlos por caso fortuito o fuerza mayor.

Sostiene que la recurrida rechazó la reconsideración indicando que “no se dio íntegro cumplimiento a las disposiciones legales, convencionales o arbitrales infringidas, dado que la empresa señala que por un caso fortuito o fuerza mayor, consistente en una plaga de ratones, la cual conllevó un proceso de desratización, se vio imposibilitado en acompañar la documentación requerida por la Inspección del Trabajo, acompañando un documento de fecha 18 de junio de 2018 por un servicio prestado en mayo de dicho año. La multa impuesta señala que se requirió la documentación hasta julio de 2018, al menos 2 meses después del proceso de desratización y de la plaga que sufrió la empresa, y ni siquiera el mes de julio se acompañó tanto en la fiscalización como en la etapa de reconsideración. Además, tampoco se cumplen con los requisitos de un caso fortuito o fuerza mayor toda vez que lo que empresa alega como un hecho inimputable, imprevisible e irresistible, son todas cosas que solo estaban en su esfera de responsabilidad y sobre todo cuando en el cumplimiento de las normas laborales, y de fiscalización de este ente administrativo se deben conservar la documentación y no eliminarlas. Razones estas suficientes y necesarias por las cuales no se acredita la corrección de la norma infringida ni el error de hecho en la fiscalización y se debe confirmar y mantener la multa, conforme lo establece el artículo 511 números 1 y 2 del Código del Trabajo y la propia Circular 46 de Dirección del Trabajo”.

Nuevamente acusa que la recurrida se arroga facultades jurisdiccionales al negar la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor.

En concreto pide que se restablezca el imperio del derecho y se adopten todas las providencias necesarias, dejando sin efecto la resolución número 319 en aquella parte que mantiene las multas administrativas números 4544/19/024 números 2 y 3, con costas.

Informó la abogada Francisca Massri Negrón solicitando el rechazo del recurso con costas, alegando su improcedencia, destacando los antecedentes de la fiscalización y precisando que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos contemplados en la ley para la defensa de los derechos de quienes se sienten perjudicados por la dictación de una resolución administrativa. Destaca la posibilidad del recurrente de presentar reclamo ante el Juzgado Laboral conforme lo regula el artículo 512 inciso segundo del Código del Trabajo. Afirma que la Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que el recurso de protección no es el camino idóneo para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa de orden laboral. Alega inexistencia del acto arbitrario o ilegal, señalando que los funcionarios del servicio solo pueden dejar sin efecto multas respecto de las cuales se acredite un error de hecho esencial, no acreditándose en este caso. Afirma que la alegación del recurrente desconoce el tenor de lo señalado en el artículo octavo ter del instrumento colectivo tenido a la vista en el proceso de fiscalización que dispone: “Los trabajadores afectos al presente instrumento colectivo, que realicen en forma debida una ruta con el total de los servicios con el uso del terminal móvil, procediendo con la descarga de ruta y finalizada en el sistema de forma correcta, con una calidad aceptable, recibirá la siguiente bonificación a saber”. Dicha disposición solo señala que sean trabajadores afectos a instrumento colectivo, no mencionando que la tripulación completa cumpla con los requisitos.

En cuanto a la tercera multa, destaca que se presentó un documento alusivo a la desratización de junio de 2018, por un servicio presentado en el mes de mayo de aquel año. La multa es impuesta respecto de documentación requerida hasta julio de 2018, contemplando dos meses después del proceso de desratización, no cumpliéndose con los requisitos de un caso fortuito o fuerza mayor.

Niega la existencia de ilegalidad o arbitrariedad, y desconoce la existencia de vulneración de alguno de los derechos citados, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

En dicho sentido, es una acción constitucional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos fundamentales, comprendiendo situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

SEGUNDO: Que, de lo expuesto por recurrente y recurrida, surgen los siguientes antecedentes no controvertidos:

1) La Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, por intermedio de un fiscalizador, constató diversas infracciones a la normativa laboral, cursando resolución de multa el 13 de marzo de 2019.

2) El 22 de mayo de 2019 recurrente presentó a la Dirección del Trabajo una solicitud de reconsideración administrativa solicitando sea dejada sin efecto o bien, sea rebajada.

3) En este marco se dicta la resolución impugnada número 319 de 19 de agosto de 2019, por el cual el Inspector del Trabajo de Osorno resolvió la solicitud de reconsideración de la multa cursada. De las tres multas una fue rebajada y dos confirmadas, en el entendido que respecto a la primera se acreditó corrección de la infracción, mientras que respecto de las dos restantes, no se acreditó el error de hecho invocado.

TERCERO: Que, el estatuto laboral contempla los recursos que en sede administrativa y judicial puede ejercer el destinatario de una infracción en defensa de sus derechos. Así, establece un procedimiento reglado, con plazos, oportunidad y órganos competentes diferenciados, según el caso, conforme lo dispuesto en los artículos 503, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo.

En la especie, frente al rechazo de la reconsideración, a la recurrente le asistía el derecho a presentar un reclamo ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 512 inciso segundo del Código del Trabajo.

CUARTO: Que, en las circunstancias antes indicadas, el recurso de protección no es el mecanismo idóneo para levantar reclamos contra las multas establecidas por la Inspección del Trabajo, en el entendido que el ordenamiento jurídico contempla las acciones concretas para tal fin, que conllevan un procedimiento que posibilita el debate con latitud e igualdad de oportunidades, así como el establecimiento preciso del objeto del pleito y la recepción formal de probanzas.

En efecto, el recurso de protección no es un sustituto jurisdiccional y no puede servir para remplazar las normas previstas en el Código del Trabajo que regulan los medios de impugnación que pueden ejercerse en contra de las multas administrativas impuestas por funcionarios de la Dirección del Trabajo.

QUINTO: Que, sobre el particular la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado -en fecha reciente- en los siguientes términos: “…la actividad desplegada por el fiscalizador de modo alguno extralimita sus facultades, pues sólo verificó en dependencias de la recurrente de protección los hechos ya descritos precedentemente y de acuerdo a la documentación proporcionada por aquélla, de modo que la constatación de la infracción a la estipulación contractual se encuentra dentro del marco de acción del referido funcionario y, por lo mismo, la Resolución objeto del presente recurso así como la que por ella se confirma, se dictaron al amparo de las facultades que le han sido conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 505 y siguientes del Código de esta especialidad, de modo que no puede sostenerse que haya actuado como una comisión especial. Lo anterior no obsta a que el recurrente estime inaplicable las normas del Código del Trabajo a su respecto, lo cual podrá discutir en las instancias judiciales que la ley le otorga”. (Causa Rol N° 13.762-2019, citada por la recurrida)

Líneas similares se reiteran en fallo Rol N° 11.963-2019, de 30 de agosto de 2019.

SEXTO: Que, en el presente caso no se aprecia la ilegalidad reclamada, desde que la recurrida se ha apegado al marco legal, cursando multa al constatar infracción y emitir pronunciamiento ante la solicitud de reconsideración, siempre con apego al principio de juridicidad, no verificando arbitrariedad en su actuar en tanto se trata de una decisión motivada.

En consecuencia, el recurso de protección interpuesto no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los números 3 y 24 del artículo 19 y además, artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Cristóbal Agustín Muñoz González, en representación de Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Limitada en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno.

Regístrese digitalmente y archívese, en su oportunidad.

Rol 2677-2019. PRT