nombre reservado con DIR. DE PRESUPUESTOS MINISTERIO HACIENDA

Valdivia, nueve de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS, TENIENDO PRESENTE y CONSIDERANDO:

El abogado Rodrigo Ruiz-Tagle Rodríguez en representación de nueve asociados de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial: nombre reservado RUT RUT reservado, administrador, grado 8 del juzgado de garantía de Osorno; nombre reservado, RUT RUT reservado, jefe de Unidad, grado 10 del tribunal de juicio oral en lo penal de Osorno; nombre reservado, RUT RUT reservado, jefe de unidad, grado 10 del tribunal de juicio oral en lo penal de Osorno; nombre reservado, RUT RUT reservado, jefa de unidad, grado 10, del tribunal de juicio oral en lo penal de Osorno; nombre reservado, RUT RUT reservado, jefe de unidad, grado 10, del juzgado de familia de Osorno; nombre reservado, RUT RUT reservado, administradora, grado 9, del juzgado de letras y garantía de Panguipulli; nombre reservado, RUT RUT reservado, administrador, grado 8, del Juzgado de Familia de Osorno; nombre reservado, RUT RUT reservado, jefe de unidad, grado 10, del tribunal de juicio oral en lo penal de Osorno; y nombre reservado, RUT RUT reservado, administrador, grado 9, del juzgado de garantía de Río Negro; todos con domicilio en domicilio reservado; dedujo acción constitucional de protección contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección de Presupuestos, por incurrir en una omisión ilegal y arbitraria, de carácter permanente, al no adoptar una decisión administrativa formal, expresa, fundada y eficaz destinada a corregir distorsiones de remuneración que afectan a los profesionales del Poder Judicial, representados por APRAJUD.

La referida conducta se produce mes a mes, en las remuneraciones de los profesionales referidos, por mantener distorsiones en la asignación de nivelación correspondiente a los grados 8°, 10° y 11°, y en la asignación de responsabilidad del grado 9°, sin que, a la fecha, se dicte un acto administrativo definitivo que enmiende la exclusión de los profesionales señalados de los mecanismos de corrección de remuneraciones, que sí se aplicaron a otros estamentos del Poder Judicial, en particular a jueces y juezas. Con esta situación se consolida una desigualdad injustificada en la remuneración que vulnera los derechos consagrados en los artículos 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Explica que las distorsiones fueron diagnosticadas y reconocidas en antecedentes técnicos y propuestas formales elaboradas y presentadas por la propia institucionalidad que, en determinados tramos, alcanzan niveles significativamente superiores a los razonables dentro de un sistema escalafonario coherente. Esto genera quiebres abruptos entre grados consecutivos y afecta directamente el principio de proporcionalidad en las remuneraciones.

En el año 2016- refirió el recurrente- el Poder Judicial adoptó una decisión administrativa concreta destinada a corregir la distorsión existente en la asignación de nivelación que afectaba a los jueces del grado 6°, y se equiparó, por lo que, ahora, la exclusión de los recurrentes no se sustenta en diferencias sustantivas de funciones, en un menor grado de responsabilidad, ni en una exigencia técnica inferior, sino que responde a una distinción meramente formal carente de fundamento racional.

En virtud de todo lo antes señalado, el abogado Ruiz Tagle solicitó se acogiera la acción y, en síntesis, se ordenara a los órganos recurridos que, dentro de un plazo prudencial, dicten, en el ámbito de sus respectivas competencias, un acto administrativo formal fundado y motivado, que se pronuncie de manera definitiva sobre la situación denunciada y adopte las medidas necesarias, para terminar con la omisión inconstitucional constatada y se corrijan las distorsiones existentes en las remuneraciones. Además, requirió medidas de seguimiento, control o verificación, con el objeto de asegurar el efectivo cumplimiento de lo resuelto, todo lo anterior con costas.

En folio 7, el abogado de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Cristián Castillo García alegó, en primer término, la excepción de falta de legitimación pasiva. La Corporación no es la empleadora de los funcionarios judiciales, no interviene en su nombramiento o en sus calificaciones, no imparte directrices o instrucciones de cómo deben realizar su trabajo en las dependencias de tribunales, ni tiene injerencia en la determinación de remuneraciones, solo las paga por mandato legal y con cargo a un presupuesto fiscal otorgado al Poder Judicial. Además, es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que está al servicio de los tribunales y regulada en el artículo 506 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, con funciones meramente administrativas. También sostuvo que el sistema de remuneraciones del Poder Judicial está regulado en el decreto ley N°3.058 de 1979, modificado por la ley N°19.531, que reajustó e incrementó las remuneraciones del Poder Judicial, con una posterior modificación en el año 2007 por la ley Nº20.224, que varió el sistema de bonos de gestión y amplió su cobertura al reemplazar el individual por uno colectivo, que pasó a formar parte de la asignación de modernización, además, creó un bono de nivelación para grados superiores.

En subsidio de lo manifestado anteriormente, el representante de la referida Corporación realizó una exposición detallada de cada uno de los componentes de las remuneraciones, incluidas las bonificaciones y los reajustes, para indicar que, en los últimos años, las rentas de parte del personal del Poder Judicial se incrementaron sólo por los porcentajes definidos en la ley de presupuesto del sector público. Es más, las leyes N°20.883 y N°21.050, contemplaron acotados ajustes en las remuneraciones del Poder Judicial con la asignación de nivelación para el grado VI y el incremento de 9% a 10% del componente base de la asignación de modernización (al que tenían derecho los funcionarios desde el grado III al XIX) y ajustes al bono de nivelación y asignación de modernización de los grados I y II. La modificación del monto de asignación de nivelación otorgado al grado VI de la escala de personal superior fue un logro de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas (ANMM), que durante varios años visibilizó la situación de jueces de tribunales de asiento de capital, producto de la diferencia que se producía en sus remuneraciones con relación a los jueces de tribunales de asiento de Corte de Apelaciones y jueces de tribunales de asiento de comuna.

El abogado Castillo García, a continuación, manifestó que la situación más grave afecta a jefes de unidad con desempeño en tribunales de asiento de capital de provincia y de comuna (asimilados a los grados X y XI de la escala de sueldos del Personal Superior), dado que sus remuneraciones son en torno a un 50% inferior de quienes desempeñan las mismas funciones en los tribunales de asiento de Corte de Apelaciones. Es por eso que, en diversos documentos de trabajo y presentaciones, la Corporación expuso la problemática de la escala de sueldos del personal superior y ha desarrollado propuestas concretas para resolver la distorsión; sin embargo, cualquier mejora requiere la tramitación de una ley de competencia exclusiva del Ejecutivo y la dirección de presupuestos no brindado una respuesta favorable para avanzar en un proyecto de ley que solucione las distorsiones en la escala de remuneraciones, pese a existir un compromiso para ello.

El recurrido agregó que el Poder Judicial funciona con un presupuesto legal anual, pero antes del periodo presupuestario, se realiza una estimación de los gastos que tendrá este poder del Estado en cada uno de sus ítems presupuestarios, el cual incluye las remuneraciones del personal. Tampoco existe presupuesto fiscal para solventar lo solicitado por los recurrentes, por no contar con el financiamiento aprobado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Por todo lo anterior, indicó que su parte no incurrió en un acto ilegal o arbitrario sobre el tema en cuestión y que los recurrentes no tienen un derecho indubitado, respecto de sus remuneraciones o las de los profesionales asociados a APRAJUD, para que sean corregidas en cuanto a las distorsiones, ya que ellas, de existir, son materia entregada a la exclusiva determinación de la ley.

En folio 11 informó el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz Lamartine, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien, en síntesis, sostuvo que el artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales preceptúa que la elaboración de los presupuestos y la administración, inversión y control de los fondos que la Ley de Presupuestos asigna al Poder Judicial, es una actividad de la Corte Suprema, en el marco de la superintendencia directiva, correccional y económica sobre los tribunales del Poder Judicial, mientras que la administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales la ejerce el máximo tribunal, a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Por consiguiente, no cuenta con habilitación formal para pronunciarse sobre las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial, ni para emitir una decisión administrativa del mismo carácter, al no estar facultado por la Constitución y las leyes; de allí que no incurrió en una actuación ilegal y/o arbitraria reprochable con relación a la conducta que motiva la acción de protección.

En folio 13, el director de presupuestos, nombre reservado manifestó, en primer lugar, que carece de legitimidad pasiva respecto de la acción, porque los recurrentes no son funcionarios ni prestan servicios a la DIPRES, por lo que, no dicta actos administrativos que modifiquen las remuneraciones que se les enteran. En segundo lugar, alegó la falta de legitimación activa de los recurrentes, porque la acción se entabla por 9 recurrentes que señalan formar parte de la APRAJUD, aunque el recurso, en varios de sus apartados, asumiría la representación de todos los funcionarios afiliados a dicha Asociación, en circunstancias que no puede considerarse a todos ellos como parte del recurso porque éste no tiene el carácter de popular. Además, no se recurrió contra la ley que regula las asignaciones por las cuales se reclama, esto es, la ley Nº19.531, y el plazo está ampliamente vencido, porque la última normativa que se dictó, y que modificó la asignación de nivelación a funcionarios de cierto grado (VI) del Escalafón de personal Superior, data de 2016, o sea, desde hace 10 años a la fecha, mientras que el postrero oficio dirigido por la DIPRES por APRAJUD sobre el tema, es de 22 de mayo de 2023; por lo que, no se cumple así con el plazo de 30 días para interponer la acción. Finalmente, sostiene que la acción de protección no es la vía idónea para resolver el asunto en cuestión, pues solo una norma de rango legal podría materializar la pretensión de los recurrentes.

En la vista del recurso, las partes alegaron y la causa quedó en acuerdo. Tras la respectiva deliberación, se arribó a la decisión fundada que se expone.

CON LO RELACIONADO Y CONSDIDERANDO:

PRIMERO: La acción de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que dicha disposición enumera, mediante medidas de resguardo que se adopten ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Por consiguiente, el requisito para la procedencia de la acción es un acto u omisión ilegal, o sea, contrario al ordenamiento jurídico; y/o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, que afecten una o más de las garantías y derechos protegidos.

También corresponde señalar que nuestra jurisprudencia ha manifestado que la arbitrariedad es la falta de razonabilidad en el proceder o en la omisión. Un actuar arbitrario es el contrario a la justicia o dictado por el mero capricho de una persona o entidad. Por su parte, lo ilegal es una acción u omisión que no se sujeta a la normativa, o sea, es contraría la ley.

SEGUNDO: La recurrente sostiene que el acto ilegal y arbitrario, de carácter permanente, consistiría en no adoptar, por parte de los recurridos, una decisión administrativa, formal fundada y motivada, que, de manera definitiva, corrija la distorsión en las remuneraciones que afecta a los profesionales del Poder Judicial recurrentes, pertenecientes a la APRAJUD. Esto, con relación a la asignación de nivelación de los grados 8°, 10° y 11° y a la asignación de responsabilidad del grado 9° del escalafón del personal superior.

Los recurridos, por su parte, requirieron el rechazo del recurso. El supuesto acto arbitrario e ilegal no les era atribuible, sea porque la Corporación Administrativa del Poder Judicial no es la empleadora, ni interviene en sus nombramientos, calificaciones ni impone directrices a los funcionarios judiciales; sea porque el Ministerio de Justicia no está habilitado para pronunciarse sobre las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial, ni para emitir una decisión administrativa formal sobre la materia, objeto del recurso; y sea porque los recurrentes no son funcionarios de la DIPRES ni le prestan servicios, en términos de poder dictar actos administrativos que modifiquen sus remuneraciones.

TERCERO: Planteado el conflicto, corresponde determinar si los recurridos- organismos e institución- son efectivamente los encargados de remediar el problema planteado por los recurrentes, cuya temática no se ha cuestionado decididamente.

Al respecto, se señala que la distorsión en las remuneraciones que dice afectar a los recurrentes tiene relación con su desempeño en los tribunales donde ejercen sus labores, y por las cuales perciben una asignación de nivelación relacionada con los grados 8°, 10° y 11° y una asignación de responsabilidad, respecto del grado 9°, todos del escalafón del personal superior, que están muy por debajo de aquellos que ejercen labores similares en los tribunales que menciona en el cuerpo de su escrito.

CUARTO: Al respecto corresponde señalar que el sistema de remuneraciones del Poder Judicial está regulado, tanto en el decreto ley N°3.058, publicado el 29 de diciembre de 1979; en la ley N°19.531, promulgada el 07 de noviembre de 1997 como en la ley N°20.224, del año 2007.

En el primer cuerpo normativo se estableció, primero, la escala de sueldos base mensuales y reajustables, para el personal escalafón superior y empleados, luego para los técnicos (ley 19,968 de 30 de agosto de 2004), como también, el porcentaje de la asignación judicial, la profesional, la de antigüedad, los gastos de movilización y otras asignaciones derivadas de anteriores normativas.

El segundo cuerpo legislativo, la ley N°19.531, reajustó e incrementó las remuneraciones del Poder Judicial, relativas al sueldo base y a las asignaciones y bonificaciones. En su artículo 2° estableció, para los años 1997 al 2000, una asignación de responsabilidad superior para el personal del escalafón superior del Poder Judicial ubicado en los grados I al VII de la escala de sueldos base mensuales, establecida en el decreto ley 3.058, en los montos que indica para cada grado. Luego el artículo tercero reconoció una asignación de nivelación para el personal perteneciente al escalafón superior del Poder Judicial y autoridades de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en los montos mensuales que indica, según el grado que corresponda al cargo respectivo, de acuerdo con la ubicación establecida en el artículo 5° del decreto ley N°3.058, de 1979 (en él se establece el escalafón del personal superior, de empleados, de miembros de los consejos técnicos del Poder Judicial, de consejos técnicos de juzgados de familia de asiento de Corte y de capital de provincia, de comuna o agrupación de comunas).

Por último, la ley 20.224, promulgada el 13 de octubre de 2007, modificó la 19.531 y concedió beneficios al personal del Poder Judicial, de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Estos beneficios fueron un bono de nivelación para funcionarios de la Corte Suprema, pertenecientes al grado I y II de la escala del personal superior del Poder Judicial y un bono de modernización para los empleados pertenecientes: a los grados III al XI del escalafón del personal superior del Poder Judicial, a los escalafones de consejeros técnicos y de empleados del Poder Judicial, a la Academia Judicial y a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Posteriormente, las leyes N°20.883 y N°21.050 contemplaron ajustes acotados en las remuneraciones del Poder Judicial con la asignación de nivelación para el grado VI y el incremento de 9% a 10% del componente base de la asignación de modernización (al que tenían derecho los funcionarios desde el grado III al XIX) y ajustes a bono de nivelación y asignación de modernización de los grados I y II.

Efectivamente, la ley 20.883, publicada el 02 de diciembre de 2015, estableció un reajuste de remuneraciones a trabajadores del sector público, aguinaldos y otros beneficios. En su artículo 35 estableció un monto de $314.436 mensuales por concepto de asignación de nivelación, establecido en el artículo 3° de la ley 19.531, para el personal del grado VI del escalafón superior del Poder Judicial. Este mayor gasto fiscal que representaba su aplicación, en este caso, del artículo 35, durante su vigencia en el primer año se financiaría con cargo presupuestario a la partida del Poder Judicial, y en lo que faltare con recursos provenientes a la partida del Tesoro Público. En los años siguientes, con cargo a los recursos de la Ley de Presupuestos del sector público, preceptuó su artículo 37. Antes el articulado 36, ordenó reemplazar, a contar del 1 de enero de 2016, en la letra a) del inciso segundo del artículo 4° de la ley 19.531, el guarismo 9% por 10%.

A continuación, la ley 21.050, publicada el 07 de diciembre de 2017, en su artículo 59, introdujo modificaciones a la ley 20.224, en el orden de agregar al inciso primero de su artículo 4° la siguiente oración final: “…Además, el personal perteneciente a los grados I y II del escalafón del personal superior del Poder Judicial tendrá derecho al componente base y al incremento por desempeño institucional de las letras a) y b) del inciso segundo, respectivamente”. Por consiguiente, el personal perteneciente a los grados I y II del escalafón tendría derecho al pago del componente base, señalado en el número 1, a contar del 1 de enero de 2019, así lo señala el artículo 60 de la ley 21.050.

QUINTO: El compilado de normas contenidas en las distintas leyes y en el decreto ley 3.058, reproducido en raciocino anterior, desvela y establece que las referidas asignaciones (la de nivelación y de responsabilidad) tuvieron su origen en la ley, la cual determinó su monto, vigencia y quiénes serían los beneficiados con ellas, que no fue otro que el personal del Poder Judicial, asimismo, estableció la(s) fuente(s) de financiamiento. Por consiguiente, si se desea corregir las eventuales distorsiones de remuneración que los recurrentes denuncian, la vía administrativa no resulta ser la idónea, ni menos por el organismo e instituciones recurridas. El agente legitimado para iniciar el proceso de corrección de la distorsión en las remuneraciones- como la llama el recurrente- es el jefe de Estado, ya que esa materia es de su exclusiva iniciativa. A él le corresponde fijar, conceder, modificar o aumentar remuneraciones u otra clase de emolumentos del personal de la administración pública y de otros organismos, así lo sanciona el artículo 65, número 4, de la Constitución Política de la República, como también, el deber de explicitar con cargo a qué ítem presupuestario se financiaría el gasto.

SEXTO: Como consecuencia de lo antes señalado, los recurridos no son los legitimados pasivos de la acción constitucional interpuesto por los nueve comparecientes, pertenecientes a la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial, que ejercitan la acción constitucional. La Corporación Administrativa del Poder Judicial es un organismo meramente administrativo que carece de competencia para resolver el problema planteado, ésta no fija ni posee injerencia en la determinación de las remuneraciones de los funcionarios judiciales, solo ejecuta lo mandatado, bajo la supervisión de nuestra Excma. Corte Suprema, con relación a los recursos asignados al Poder Judicial por la ley de presupuesto general de la nación.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tampoco está legitimado pasivamente. Este ministerio carece de competencia formal para pronunciarse sobre las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial, ni puede emitir una decisión administrativa sobre la materia. Es la Excma. Corte Suprema la encargada, conforme el artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales, de elaborar el presupuesto y la administración, inversión y control de los fondos que la Ley de Presupuestos asigna al Poder Judicial.

Y, por último, la Dirección de Presupuesto no dicta actos administrativos que modifiquen remuneraciones.

Por consiguiente, ninguna de las instituciones referidas cuenta con las facultades legales, para hacer la corrección a la distorsión de remuneraciones que sostienen las partes recurrentes les afecta. Ellas no están llamadas a actuar ni resolver el problema que denuncian, porque no pueden, al carecer de facultades legales para ello, ni deben, sin incurrir en flagrante violación del principio de legalidad, al inmiscuirse en materias que no son de su conocimiento ni de su deliberación. Por consiguiente, los organismos recurridos no han incurrido en acto alguno que pueda estimarse ilegal y arbitrario en contra de los recurrentes.

SÉPTIMO: Los recurrentes refieren también que entienden vulnerado su derecho de propiedad, al no efectuarse la corrección de la distorsión de en sus remuneraciones, como así la llaman. Al respecto se señala que mientras no se dicte una ley que reconozca la existencia de la distorsión y se destine a corregirla, para engrosar las asignaciones que perciben los recurrentes en sus remuneraciones y equipararlas con quienes se comparan, su reclamo solo constituye una mera expectativa. De ocurrir así, se reconocerá el derecho y, de paso, se establecerá que los recurrentes fueron discriminados no de manera arbitraria necesariamente, porque no toda discriminación posee tal calificativo.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso, cabe señalar que cualquier persona que considere amagado un “derecho” que estima le asiste y que considera conculcado, de manera permanente, tiene el legítimo derecho de impetrar una acción constitucional de protección ante los tribunales de Justicia en cualquier momento. Será el órgano jurisdiccional el encargado de establecer, si la pretensión contenida en el recurso y la oportunidad en que se dedujo es extemporánea. Esta Corte estimó que la última situación no se verificaba y conoció de la acción constitucional impetrada.

OCTAVO: Por último, corresponde señalar que, como se ha indicado por otras Cortes de Apelaciones cuando han conocido de este tipo de recurso de protección (ingreso de Corte 79-2026, de 23 de marzo del presente año), la materia contenida en el texto de la presente acción constitucional exige, si se insiste en recurrir a la vía judicial, un procedimiento de lato conocimiento que resulta incompatible con la tramitación que le da el refundido texto del Auto Acordado sobre el procedimiento y fallo del citado recurso, de 17 de julio de 2015, a esta acción constitucional.

Además, por la especificidad del asunto y la naturaleza pecuniaria que implica su resolución, se requiere que la misma asociación de la cual forman parte los recurrentes, mediante las vías legales, ejercite, en favor de todos los adherentes que se reconocen afectados, su derecho de petición al Poder Ejecutivo, para que éste envíe un proyecto al Poder Legislativo que busque corregir la pretendida distorsión, una vez agotados los trámites técnicos que otorguen factibilidad a la solicitud planteada, con la intervención previa de la Dirección de Presupuestos de Chile.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA:

SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta por los recurrentes, representados por el abogado Rodrigo Ruiz Tagle Rodríguez, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Dirección de Presupuestos de Chile.

Redactó el ministro interino, Óscar Castro Allendes.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-261-2026