nombre reservado con COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES WINDSOR SCHOOL LTDA.

C.A. de Valdivia Valdivia, veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro.

Visto:

Don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, dedujo acción de protección de garantías constitucionales contra la Cooperativa de Servicios Educacionales Windsor School, domiciliada en domicilio reservado, fundada en que es profesor de matemáticas desde hace 13 años en el colegio recurrido y que en dicha calidad postuló al cargo de Inspector General que se abrió el 9 de julio de 2024 en dicho establecimiento. Agregó que el 12 de agosto el Director del Colegio informó al equipo directivo del colegio que él se había adjudicado el concurso; no obstante, agregó, no ha podido asumir el cargo ya que el día 13 de agosto fue informado por el Coordinador de Enseñanza Básica y la Subdirectora del colegio que otro profesor, Sr. nombre reservado, había presentado reclamos en su contra en representación de un grupo de alumnos.

Señaló que no obstante lo anterior, el 28 de agosto fue nuevamente presentado por el Director de colegio como el nuevo Inspector General en una asamblea de funcionarios y tras ello se enteró que alguien se comunicó con el Presidente del Consejo de Administración del establecimiento para hacerle presente que no se podía nombrar como Inspector al recurrente ya que habían protocolos pendientes. Así, el Presidente del Consejo de Administración indicó al Director que debía pausarse el nombramiento y al mismo tiempo fue reemplazado en sus clases por otra profesora y se le asignaron otras labores.

Agregó que el 10 de septiembre se le comunicó que el nombramiento en el cargo de Inspector estaba en pausa y que el 11 de septiembre se le comunicó a través de correo electrónico el “Protocolo de denuncia referente a la prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo” el cual no dice relación con vulneraciones de derechos entre profesores y alumnos, sino que regula relaciones con el empleador y entre trabajadores.

Alega que en definitiva no ha podido ejercer el cargo; que se le ha expuesto a una situación que lo ha afectado y que se basa en injurias y calumnias para evitar que asuma el cargo.

Señaló que si bien al interior del colegio existe un protocolo que busca prevenir agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que afecten a estudiantes, no ha podido conocer las denuncias o hechos que supuestamente se le atribuyen; que el protocolo establece ciertas obligaciones que no se respetaron, como que la denuncia debió hacerse al Director del colegio; que el establecimiento debía hacer la denuncia dentro de 24 hrs., a la Policía o al Ministerio Público; y respetar el debido proceso y escuchar a ambas partes.

Por todo lo anterior pretende: i) se deje sin efecto la suspensión del ejercicio del cargo de Inspector General y que se le permita asumir el cargo; que se modifiquen los protocolos en cuanto contravienen el ordenamiento jurídico nacional; y se ordene el cierre del procedimiento incoado en su contra en el más breve plazo y se le sobresea de los cargos, con costas.

En su alegato expuesto en estrados se desiste de la primera solicitud, en razón que su representado habría perdido interés en ejercer el cargo de Inspector general del establecimiento.

Que informando la recurrida hizo presente en primer término, que el proceso de selección para el cargo de Inspector General no respetó algunas etapas que se contemplaban, especialmente en cuanto el Director por sí y ante sí anunció la selección del recurrente para el cargo, en circunstancias que no posee ninguna facultad para contratar, modificar o terminar contratos de trabajo, lo cual compete al Consejo de Administración que es un órgano superior a la Dirección del colegio.

Agregó que tal Consejo adoptó la decisión de postergar cualquier nombramiento una vez que se conoció de los hechos denunciados, decisión que se enmarca dentro de sus competencias y considerando la naturaleza del cargo en cuestión. Hizo presente además que tras la denuncia se inició una investigación interna y además hay procedimientos pendientes en la Superintendencia de Educación y en el Ministerio Público.

Por otro lado sostuvo que hay un uso errado de la acción de protección ya que con ella el recurrente obtener derechos de carácter permanente al obligar al colegio a modificar su contrato de trabajo y a modificar los estatutos y protocolos internos, afectando con ello su autonomía.

Refiere que la obligación de denuncia que recae sobre las autoridades del colegio requiere de cierto nivel de análisis de la conducta denunciada y que el hecho que el recurrente no haya incurrido en delito no implica que sea apto para el cargo. Finalizó negando las infracciones constitucionales y legales que acuda el recurrente.

Se hizo parte Matías nombre reservado Barrientos, quien señaló que a través del relato que se contiene en el libelo se busca denostarlo y menoscabar su imagen como profesor; y que solo cumplió el deber de atender las inquietudes de los alumnos a su cargo, quienes le refirieron comportamientos inapropiados del actor, los cuales reportó a sus superiores.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos vulneratorios calificados como ilegales y arbitrarios por el recurrente, los hace consistir en la decisión por parte de la recurrida de “pausar” el nombramiento que le habría sido informado, como Inspector general del establecimiento educacional, en razón de reclamos en su contra, los cuales no tendrían justificación alguna; en la notificación del “Protocolo de denuncia referente a la Prevención del Acoso Sexual, Laboral, y Violencia en el trabajo”, en circunstancias que este no resultaba aplicable, ya que no dice relación con vulneración de derechos entre profesores y alumnos, demostrando la falta de fundamentación y motivación del proceso por parte del establecimiento educacional, y dejando en evidencia un sistema reglado que origina una comisión especial, que no permite el derecho a defensa, y además que vulnera el artículo 3 del Código Procesal Penal, ya que deja a criterio de una comisión especial, la eventual investigación de delitos, lo cual según nuestro Código Procesal Penal, corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público.

Refiere que existe el protocolo de Prevención Y Actuación Frente A Maltrato, Acoso Escolar O Violencia Entre Miembros De La Comunidad Educativa, el que no habría sido aplicado. Estima que el trato que ha recibido es arbitrario y desigual, toda vez que al ventilarse reclamos de contenido sexual o de maltrato dentro de la sala de clases, existen procedimientos estandarizados por la propia recurrida, avalados por su propio reglamento. Agrega además que la recurrida se habría negado a informar los hechos que se le imputan, ya que solo se le exhibió ciertas declaraciones bastantes escuetas durante una entrevista, sin entregarle acta de dicha reunión. Resalta igualmente el hecho que, el comunicado en que se “pausa” la asunción como el nuevo Inspector General de la recurrida, no fue totalmente motivada o fundamentada.

Estima vulneradas las garantías constitucionales de los artículos 19 N° 2, n°3, n°4, n°16 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que respecto de estos hechos, la recurrida ha precisado que, el colegio comenzó en julio de 2024, un proceso de selección entre sus profesores para ocupar el cargo de Inspector General del establecimiento. Este proceso constaba de una serie de etapas que no fueron cumplidas. Sin embargo, el Director, por sí y ante sí, anunció la selección del recurrente de autos. Que sólo podría comparecer el Gerente de la Cooperativa a la modificación del contrato del Sr. nombre reservado, y por lo tanto, necesariamente requería del acuerdo previo del Consejo de Administración, órgano colegiado que adoptó, conocidos los hechos, la decisión de postergar cualquier acuerdo en torno a su nombramiento como Inspector General hasta tener los resultados de la investigación de las denuncias que se habían presentado en su contra por estudiantes de octavo año básico.

Refiere que la decisión del Consejo de Administración se encuentra dentro de sus competencias, y además resultaba justificada existiendo denuncias contra el recurrente por asuntos que afectaban la convivencia escolar, especialmente considerando que asumía como Inspector General del establecimiento y como tal sería una de las máximas autoridades en materia de convivencia escolar, conforme a la descripción del cargo.

Que existen órganos especializados, tanto interna como externamente, que están conociendo de estos reclamos o denuncias, dado que, luego de hacerse pública la existencia de denuncias contra el recurrente por parte de estudiantes del establecimiento, no sólo comenzó una investigación interna sino que además existen procesos investigativos, tanto en la Superintendencia de Educación y como en el Ministerio Público, por denuncias realizadas por apoderados del Colegio.

Las denuncias fueron divulgadas por apoderados en reunión de curso de octavo básico, y el profesor jefe canalizó de acuerdo al protocolo interno, por lo que no puede atribuirse al establecimiento una lesión o daño a la honra del recurrente.

QUINTO: Que son hechos no controvertidos los siguientes: que con fecha 12 de agosto se le informa al equipo directivo del establecimiento, la adjudicación del cargo de Inspector general al recurrido; que dicho nombramiento se encontraría “ en pausa” por reclamos en su contra, por parte de un grupo de estudiantes los que fueron canalizados por el profesor Jefe respectivo; que el nombramiento nunca llegó a concretarse; que existe una investigación en curso por los hechos denunciados por los estudiantes dentro del establecimiento, procedimientos en sede administrativa y una denuncia en sede penal; y finamente, que en la actualidad el recurrente no tiene interés en ejercer el cargo.

SEXTO: Que, conforme a lo expresado, es posible concluir que no existe en la especie un acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida.

Que no se advierte en primer término la existencia de una acción ilegal, o arbitraria, toda vez que la decisión de la recurrida, de mantener suspendido el nombramiento del recurrente, se encuentra justificada en atención a la existencia de reclamos y denuncias en contra del recurrido, y las características propias del cargo que pretendía asumir, que dicen directa relación con la convivencia escolar.

Por otra parte, la facultad de modificar los contratos de trabajo correspondería al Gerente de la Cooperativa, quien no lo habría realizado, por lo que no existía por parte del recurrente un derecho adquirido, menos si se encuentra controvertido el procedimiento mismo de selección.

Que tampoco se precisa en el recurso, de qué manera se estaría contraviniendo la igualdad ante la ley, o el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, apareciendo de los documentos acompañados por el propio recurrente, que tras la denuncia, existió una entrevista o reunión, en la que se precisaron los hechos materia del reclamo, por lo que estaba en conocimiento de las situaciones que lo motivaron.

Que precisamente, estos hechos, si bien podrían afectar la convivencia escolar, no habrían sido considerados por el establecimiento educacional como constitutivos de delito, razón por la que no se habría realizado denuncia ante el Ministerio Público.

Que no existe antecedente alguno, en esta causa que permita atribuir a la recurrida acciones orientadas a desacreditar o afectar la honra del recurrente, por el contrario, en estrados se ha destacado incluso su trayectoria laboral como profesor por muchos años en el establecimiento educacional, por lo que esta imputación igualmente será desestimada.

SÉPTIMO: Que el recurrente ha manifestado el desistimiento de la pretensión consignada en el numeral 1 de su recurso, esto es, a) Dejar sin efecto la medida comunicada por la recurrida el día diez de septiembre del presente año, la cual sostiene que por razones administrativas, el ejercicio del cargo de Inspector General se encontrará en pausa; por lo que, conforme lo ya analizado, se omitirá pronunciamiento a su respecto.

Respecto de las otras solicitudes, i) obtener la modificación de los protocolos existentes al interior del establecimiento recurrido en cuanto contravienen el ordenamiento jurídico nacional; y ii) se ordene el cierre del procedimiento incoado en su contra en el más breve plazo y se le sobresea de los cargos; esta Corte entiende que escapan el ámbito propio de la acción constitucional de autos, por lo que no corresponde a esta Corte pronunciarse.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y disposiciones del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre tramitación del Recurso de Protección;

Se rechaza el recurso de protección interpuesto a folio 1, sin costas.

Redacción de la Sra. Fiscal nombre reservado, Paola Oltra Schuler.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2523-2024.