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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2450-202016 oct 2020

nombre reservado con COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE NIEBLA LOS MOLINOS

Fecha
16 de octubre de 2020
Corte
Corte de Apelaciones de Valdivia
Sala
Segunda
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol N° 2450-2020, sentencia de 16 de octubre de 2020

Resumen

Se acoge el recurso y se ordena reponer el servicio de agua potable al domicilio del recurrente, por haberse dispuesto la suspensión sin un procedimiento racional y justo previo contemplado en los estatutos del comité.

Texto íntegro

Valdivia, dieciséis de octubre de dos mil veinte.

VISTOS:

Don nombre reservado, comerciante domiciliado en domicilio reservado, recurre de protección en contra del COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL NIEBLA – LOS MOLINOS, representado legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado , Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, debido a la grave conculcación del derecho a la integridad psíquica, derecho a la honra, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la república, así como la del numerado 3°, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, especialmente a lo dispuesto en relación a que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, consagrado en el numeral 21º; y por último el numero 4º, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

El recurrente manifiesta en su libelo, que los servicios prestados por la Organización Comunitaria están lejos de ser los óptimos, dado que el agua prácticamente no se puede tomar con la gran cantidad de sedimentos que contiene.

Agrega que debido a un error de facturación, que se encontraría reconocido por la recurrida, no ha recepcionado la cuenta de los consumos de todo lo que va del año 2020, lo que evidenciaría también la mala calidad del servicio, lo que persistiría a la fecha en que se dedujo el presente recurso de protección.

Añade además que el día 24 de junio del presente año, se apersonó la socia Presidenta de la Organización Comunitaria, doña nombre reservado, señalado a la cónyuge del actor que se habría manipulado el medidor de manera indebida, al encontrarse con un estado diferente al tomado el día antes, por lo tanto el aparato estaría adulterado y que aquello constituía un delito sancionado por la ley.

Refiere además que el día 05 de agosto del presente año, es decir, más de un mes después de que realizara la fiscalización del estado del medidor de agua, se percata que el agua potable había sido cortada por funcionarios del Comité desde la vía pública, dejándose en el cerco el formulario de trabajo en terreno correspondiente, documento en el que se señala que el corte de produce por su negativa de realizar el cambio de medidor.

Manifiesta también, que habiéndose acercado hasta las oficinas de la recurrida el día 05 de agosto del presente año, se le habría informado que su caso estaba en estudio y que se demoraría aproximadamente un mes, que nadie del Directorio lo atendería y que en ese mismo acto se le habría informado que su consumo era cero, que nada debía.

Argumenta que esta situación ocasionó malestares físicos y emocionales en su cónyuge, también una descompensación diabética, que ha afectado la salud física y emocional del recurrente, angustia para ambos cónyuges, y que los arrendatarios de sus cabañas les comunicaron que se tendrían que mudar a un lugar con agua potable, situación esta última que le afecta, en razón de la contracción económica producida por la Pandemia Covid-19.

Finalmente, señala que por parte del Presidente de la República, en el contexto de la crisis sanitaria, se realizaron llamados a la calma en torno a que los servicios básicos no serían cortados y también el propio Comité de Agua Potable Rural Niebla – Los Molinos hizo lo propio a través de su página de Facebook, anunciando que no cortaría las servicios mientras no contarán con servicio al público, por lo que considera un atropello de la recurrida que se le prive del agua, sobretodo en una situación de emergencia sanitaria.

Explica, en lo legal, que las atribuciones que la Ley Nº 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, entrega a los Comités de Agua Potable Rural para el cobro y corte de los suministros de agua, están en su artículo 47 que regula los derechos de operador, señala en su letra “f) Suspender el servicio a los usuarios respecto de los cuales se compruebe que han causado daño a las instalaciones, equipos o bienes del operador.

Es decir, es necesario un ejercicio racional que lleve a dicha conclusión, en donde los usuarios al menos tengan la posibilidad de presentar descargos; en ningún caso esta entregado a una determinación unilateral del presidente del Comité de Agua Potable Rural, como ocurre en el actuar de la recurrida.

El petitorio de su recurso señala:

1º Se acoja el recurso de protección interpuesto;

2º Se ordene reponer el servicio de agua potable en su domicilio.

3 º Se condene al pago de las costas a las recurridas.

Alejandro Alberto Borneck Gutiérrez, abogado, por la recurrida, Organización Comunitaria “Comité de Agua Potable Rural Niebla - Los Molinos, informa:

Afirma que don nombre reservado efectivamente es usuario del servicio de distribución de agua potable rural que es administrado por su representada, estando registrado bajo el N° de Servicio 04-0593-10170.

Narra que en el proceso que mensualmente realizan los operarios de su mandante para la toma de lecturas de los medidores de sus socios y usuarios, en el correspondiente al mes de junio de 2020, se observó que el MAP de servicio del recurrente estaba instalado hacia el otro lado, es decir, girado en 180 grados, cuestión que, como es sabido, es utilizado por usuarios de agua potable con el fin de que queden registrados menores consumos de los reales. Puntualiza que cuando se realiza esta maniobra de intervención con el medidor, lo que sucede es que el aparato comienza a girar y contabilizar hacia atrás, descontándose por tanto los metros cúbicos de agua potable que realmente han sido consumidos.

Corrobora visita, el día 24 de junio de 2020, de la socia Presidente del Comité, al lugar acompañada del Jefe de Operaciones, don nombre reservado, oportunidad en que se le entregó a la cónyuge del recurrente el Formulario de Trabajos en Terreno Nº2092, por medio del cual se le notifica la constatación de la manipulación del MAP, a la vez que se le explicó que cualquier manipulación a los medidores o instalaciones del servicio, se encontraba tipificado como delito en la Ley 18.119, como también en el Artículo 459 del Código Penal.

Afirma que no fue reconocida la manipulación del medidor.

Señala que se informó a la usuaria que debía regularizar su deuda y que debía pasar a las oficinas a fin de evitar el corte del suministro.

Explica irregularidades constatadas en la revisión de los historiales de lecturas y consumos del arranque del recurrente don nombre reservado, correspondiente a los años 2019 y 2020.

Posteriormente, el día 4 de agosto de 2020, los operadores del Comité concurrieron al domicilio para ejecutar los trabajos de traslado y cambio medidor, sin poder concretarlo.

Puntualiza que lo adeudado asciende a $814.502.-, según desglose que se lee del informe, deuda que debe ser pagada, previo a la reposición del servicio.

Explica que el “Comité Agua Potable Rural Niebla – Los Molinos”, es una Organización Comunitaria funcional, sin fines de lucro, regida por la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias.

El Título III “De Los Socios”, Artículo 8 del Estatuto del Comité de Agua Potable Rural Niebla – Los Molinos, en su letra e), establece que los socios tienen la obligación de: “Pagar oportunamente las cuotas por los consumos de agua potable, en base a los valores fijados para tal efecto. Los socios que se retrasen en el pago de sus consumos o de otros compromisos económicos, por más de treinta días, y sin causa justificada, quedarán suspendidos en el ejercicio de sus derechos sociales otorgados por el Comité, incluyendo el derecho al servicio de agua potable domiciliaria, el que le será suspendido automáticamente”.

A su turno, el Título VI “De las Funciones del Directorio”, en su Artículo 33, letra i), prescribe que son funciones del Directorio: “Autorizar y/o suspender el suministro domiciliario de agua potable, en conformidad a lo establecido en el Reglamento y en los Estatutos”.

Concluye que no se advierte en la especie cuál es el acto arbitrario o ilegal cometido, habida cuenta que las actuaciones desplegadas y la suspensión de suministro, conforme la deuda que mantenía el recurrente con el Comité, se enmarcan dentro de las facultades administradoras y fiscalizadoras de la Directiva del Comité de Agua Potable Rural Niebla - Los Molinos, cual es el de velar por la correcta distribución del recurso hídrico de todos los socios de la organización comunitaria, todo de acuerdo al régimen estatutario vigente. Consecuentemente pide el rechazo y la condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La intervención que se pide a esta Corte, al tener que analizar la materialización de un actuar ilegal o arbitrario por parte del Comité de agua potable de Niebla, reviste vital importancia tanto a la luz de los derechos que se pueden ver amagados por la suspensión del suministro de agua potable en sí, como por actual estado que se vive de una pandemia mundial que exige la sanitización continua y el uso de agua en forma permanente en tareas de mitigación de los contagios y cuidado de las personas.

Vale decir, si el suministro de agua potable constituye un servicio básico, cuya suspensión debe estar ligada a determinadas y precisas circunstancias, en este actual estado de excepción constitucional, reviste mayor preponderancia.

SEGUNDO: Resulta útil, plasmar cuales son los hechos que se han planteado por las partes de este recurso, sin que exista controversia a su respecto.

1. Don nombre reservado es usuario del servicio de distribución de agua potable rural que es administrado por el “Comité de Agua Potable Rural Niebla – Los Molinos.

1. El día 24 de junio de 2020, la socia Presidente del Comité, doña nombre reservado concurrió al domicilio del actor y entregó a la cónyuge del recurrente el Formulario de Trabajos en Terreno Nº 2092, por medio del cual se le notifica la constatación de la manipulación del MAP (medidor de agua potable).

1. El servicio a nombre del recurrente está en mora desde el mes de mayo de 2019, y por ende en trámite de corte de suministro.

1. El día 5 de agosto se procedió por parte de los operarios al corte de suministro desde la vía pública, dejando la notificación correspondiente adherida a la reja perimetral.

1. Al día siguiente el actor no pudo pagar ni abonar a la deuda, para obtener término de la suspensión del servicio, al no ser autorizado por la recurrida, aduciendo manipulación del medidor y falta de certeza respecto de los montos adeudados.

TERCERO: Conforme a la documental acompañada, por la recurrente y por la recurrida, como por el tenor del propio informe evacuado, ha quedado de manifiesto que existe una imputación directa a la persona del actor, en cuanto a haber alterado la medición del suministro de agua potable. Pese a dicha acusación, no consta denuncia ni acción legal de parte del Comité de Agua Potable, en aras a canalizar en el procedimiento que legalmente corresponde, el conocimiento del hecho con la aportación de pruebas y las garantías de derecho a defensa por parte de quien se indica como autor del hecho ilegal.

Por el contrario, se advierte que ante la constatación del presunto acto de manipulación del medidor de agua potable, la recurrida ha actuado en forma autotutelar, procediendo a cortar el suministro del vital elemento. Así consta del documento acompañado por la propia recurrida, que consiste en la orden de trabajo n° 2105, fechada 5 de agosto de 2020, en la que se lee “se procede al corte del servicio por negarse a recibir la orden de trabajo para traslado de MAP”.

CUARTO: Aquí cabe detenerse, pues la fundamentación que se lee del informe en lo relativo al corte de suministro se sustenta en la falta de pago oportuna del servicio prestado, en la morosidad, pero del propio documento acompañado por su parte, se lee la razón esgrimida para el corte, que se aleja de las facultades legales.

No se desconoce que los Estatutos del Comité, que han sido acompañados como prueba documental, disponen la facultad de suspensión, ante retrasos en el pago y sin causa justificada, pero aquí la hipótesis es otra. En todo caso, lo propio que contemplan los Estatutos es también dudoso a la luz de lo que dispone la Ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, en su artículo 11 inciso segundo, en cuanto prohíbe que el incumplimiento de la prestación pecuniaria conlleve la suspensión del servicio.

QUINTO: Claros los hechos y la participación que en ellos ha tenido la recurrida cabe pronunciarse sobre si su acaecimiento vulnera alguna de las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que a criterio del recurrente se han visto conculcadas con el actuar arbitrario de la Presidenta del Comité de agua potable.

Y la respuesta es afirmativa, pues resulta evidente la autotutela que ha ejercido la recurrida al impedir al señor nombre reservado, que reciba el servicio de agua potable.

Aquella justicia por mano propia, es precisamente la que se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídica y que de incidir en un derecho consagrado entre las garantías constitucionales resguardadas por la acción de protección, debe ordenarse su inmediato cese.

SEXTO: Resulta pertinente a la fundamentación de la presente controversia, la conceptualización de autotutela ilícita, esto es, “la reacción directa y personal de quién se hace justicia con sus manos propias ”, como la definió el procesalista Sr. nombre reservado (citado por don nombre reservado), toda vez que no respetó los medios que el ordenamiento jurídico chileno pone a su disposición para obtener la declaración de sus derechos, conducta incompatible con un estado de derecho, pues tal como agrega nombre reservado , “Representa el imperio de la 'ley del más fuerte' en que resulta triunfador no siempre quien tiene efectivamente la razón pero sí siempre quien cuenta con los medios coercitivos para imponer sus decisiones “(nombre reservado Campbell, nombre reservado, Los Actos Procesales, Tomo I, Ed. Jurídica, 1997, pág. 276) ”.

SEPTIMO: Constatada la verificación de un actuar arbitrario e ilegal, es necesario detenerse a analizar si esta acción de autotutela, conculca garantías fundamentales del actor, que estén resguardadas por la presente acción constitucional.

Ya se ha expuesto cuales son las garantías que el recurrente alude como perturbadas, y en particular, a esta Corte, causa convicción lo relativo a la vulneración de la garantía contemplada en el artículo 19 n° 3 inciso 4°, al constatarse la carencia de procedimiento racional y justo en los Estatutos del Comité de Agua Potable, pero en este punto es necesario hacerse cargo de la discusión que se mantiene en la doctrina y que la jurisprudencia ha recogido en uno y otro sentido, sobre si esta garantía recibe o no protección en el presente recurso.

Esta Corte asume la postura “más garantista” en esta materia y concluye que la afectación al debido proceso constituye un actuar a ser amparado por la presente vía constitucional. Y esta afirmación tiene sustento en se encuentra inmersa en la afectación al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, la que sí está expresamente contemplada dentro de la enumeración que hace el artículo 20 de la Constitución. No puede ser de otra manera, ya que necesariamente con la imposición de un castigo, suspensión de servicio de agua potable, sin debido proceso previo, se está transgrediendo la garantía de no ser juzgado por una comisión especial, puesto que, al no contener un procedimiento justo y racional, torna la decisión final en una determinación que tiene su sustento en la voluntad vacía de quienes la adoptan.

OCTAVO: Este Tribunal no desconoce la existencia de deuda por concepto de suministro de agua potable; tampoco la presunta manipulación del medidor de agua potable, pero deben seguirse las vías legales para el cobro de lo adeudado y para la denuncia de lo acaecido, conforme a los instrumentos legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico contempla.

Y visto además lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, se ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto por don nombre reservado en contra del COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL NIEBLA – LOS MOLINOS y se ordena reponer el servicio de agua potable en el domicilio del actor.

Redacción de la Ministra doña Marcia Undurraga Jensen.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 2450 – 2020 PROTECCION.