Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Valdivia Valdivia, siete de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente que:

Primero. Juan Pablo Sandoval Kindley, abogado, en representación de Promotora Agrícola Dollinco S.A., ambos domiciliados en la comuna de Osorno, recurre de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, organismo que, al bloquear su clave tributaria, impidiéndole acceder a la página web de dicho servicio desde el mes de agosto de este año, habría vulnerado sus derechos a la igualdad ante la ley, a desarrollar su actividad económica y a la no discriminación en materia económica, garantizados, respectivamente, en los numerales 2º, 21º y 22º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene restablecer el acceso bloqueado.

Refiere que, luego de requerir al recurrido la solución de este bloqueo informático, este respondió mediante el correo que adjunta, practicando una serie de exigencias previas a la habilitación de su clave.

Sostiene que tal acto es ilegal y arbitrario, pues no expresa sus razones y no se funda en ninguna norma, circular o instructivo que permita dicha suspensión, impidiéndole acceder a la página web para realizar sus declaraciones de impuestos y demás trámites que como contribuyente le corresponde.

Segundo. El Servicio de Impuestos Internos, informó solicitando el rechazo de la acción deducida.

Señala que la recurrente mantiene como única actividad vigente la de “venta al por mayor de animales vivos” (compra y venta de animales) y, por los ingresos que obtiene de dicha actividad, se encuentra afecta tanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, como al Impuesto de Primera Categoría, acogido al Régimen Pro Pyme General con Contabilidad Completa, establecido en el artículo 14 D), de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Luego detalla las anotaciones y reparos que se han hecho al contribuyente, manteniendo a la fecha del informe dos de ellos: por una parte, debe corroborarse la adquisición de ganado por $1.500.000.000, en circunstancias que el capital declarado es de $300.000, y, por otra, respecto de las vacas que no están cubiertas por contratos de mediería, debe informar el lugar físico donde mantiene o ha mantenido dichos animales.

Afirma que su actuación se ha enmarcado en sus facultades legales de fiscalización y que no tiene la obligación de proveer de una plataforma electrónica para relacionarse con los contribuyentes, siendo esto algo facultativo, manteniéndose como regla general la presencialidad, sin perjuicio del reconocimiento de los efectos de las actuaciones electrónicas.

Por último, niega haber conculcado las garantías constitucionales de la recurrente.

Tercero. El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Cuarto. El artículo 6, inciso primero, del Código Tributario establece que: “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias”.

Por su parte, el artículo 8 Nº16 del código citado, se refiere al sitio web para trámites de los contribuyentes, en los siguientes términos:

“16° Por "sitio personal", el medio electrónico que, previa identificación, le permite al contribuyente o al administrador de una entidad sin personalidad jurídica ingresar al sitio web del Servicio a través de una conexión segura, con el objeto de comunicarse con éste, efectuar trámites personales o tomar conocimiento de las actuaciones de aquel.

Dentro del sitio personal habrá una "carpeta tributaria electrónica" que contendrá una base de datos administrada por el Servicio, que recopilará, integrará y actualizará en conformidad a la ley la información relativa a la identidad tributaria y ciclo de existencia de un contribuyente o entidad sin personalidad jurídica.

Asimismo, en el sitio personal se alojarán los "expedientes electrónicos" que contendrán el registro electrónico de escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en todos los procedimientos administrativos relacionados con la fiscalización y las actuaciones ante el Servicio. Tales antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación o verificación a través de cualquier medio que garantice su fidelidad, integridad y reproducción de su contenido. No obstante, el Servicio, de oficio o a petición del contribuyente, podrá excluir antecedentes calificados como voluminosos, debiendo en ese caso mantener un resumen o índice que permita identificar las actuaciones realizadas y los antecedentes presentados. En cualquier caso, el Servicio no exigirá al contribuyente la presentación de antecedentes que ya contenga el expediente electrónico. En caso que los documentos o escritos acompañados se encuentren en blanco, sin las menciones necesarias o no sean los exigidos por las normas legales, se tendrán por no presentados; sin perjuicio de las sanciones que procedan por incumplir las referidas normas legales.

Una vez acompañados los escritos, documentos y demás actuaciones, será responsabilidad del Servicio velar por su almacenamiento, integridad y protección, evitando su pérdida o modificación posterior.

Los expedientes electrónicos podrán incluir antecedentes que correspondan a terceros, siempre que sean de carácter público o que no se vulneren los deberes de reserva o secreto establecidos por ley, salvo que dichos terceros o sus representantes expresamente lo hubieren autorizado.

Los funcionarios del Servicio que accedan o utilicen la información contenida en los expedientes electrónicos deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, así como con las demás leyes que establezcan la reserva o secreto de las actuaciones o antecedentes que obren en los expedientes electrónicos.

Los antecedentes que obren en los expedientes electrónicos podrán acompañarse en juicio en forma digital y tendrán valor probatorio conforme a las reglas generales.”

Además, el artículo 4 bis de la de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos dispone que:

“Artículo 4° bis. El Servicio de Impuestos Internos podrá, además, relacionarse directamente con los contribuyentes y éstos con el Servicio, a través de medios electrónicos, entendiendo por tales aquéllos que tienen capacidades eléctricas, digitales, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares. Los trámites y actuaciones que se realicen a través de tales medios producirán los mismos efectos que los trámites y actuaciones efectuados en las oficinas del Servicio o domicilio del contribuyente.

El Servicio de Impuestos Internos deberá establecer y administrar en su sitio web una plataforma tecnológica para que los contribuyentes de difícil fiscalización o de escaso movimiento operacional o económico, las empresas de menor tamaño según se definen en la ley Nº 20.416 y demás contribuyentes que determine a su juicio exclusivo, emitan y reciban las facturas y demás documentos electrónicos señalados en el artículo 54, registren sus operaciones y cedan o recepcionen las facturas a través del procedimiento previsto en la ley Nº19.983. Respecto de las operaciones que se ejecuten a través de esta plataforma, el Servicio acreditará para todos los efectos legales la identidad del emisor y la integridad del mensaje o documento electrónico.

El Servicio mantendrá una carpeta electrónica por cada contribuyente, en la cual registrará los datos y antecedentes correspondientes a su inicio de actividades y actualización de información a que se refiere el artículo 68 del Código Tributario y término de giro a que se refiere el artículo 69 del mismo cuerpo legal. Al contenido de esta carpeta podrán acceder los funcionarios del Servicio y el contribuyente.”

Quinto. De la lectura de las normas citadas, se aprecia que la facilitación de los trámites tributarios mediante la disposición para los contribuyentes de una página web institucional del Servicio de Impuestos Internos no implica un impedimento para estos de su facultad de concurrir a las oficinas de dicho organismo a realizar presencialmente las actuaciones que requirieren.

Tampoco dicho acceso virtual constituye un derecho de los contribuyentes, puesto que no se encuentra entre los enumerados en el artículo 8 bis del Código Tributario y tal facilitación está establecida en términos facultativos, por lo que el Servicio puede, lógicamente, negar dicho acceso a determinados contribuyentes en los casos en que aquella medida se enmarque en sus facultades generales de fiscalización y tenga como finalidad evitar un perjuicio fiscal y sin que implique obstaculizar la posibilidad de estos de concurrir personalmente a las oficinas del organismo fiscalizador.

Sexto. En este caso, el servicio recurrido ha comunicado al recurrente las razones que motivan la medida de bloqueo de su clave tributaria, la que encuentra asidero en la falta de antecedentes documentales necesarios para despejar inconsistencias detectadas en el desarrollo de su actividad económica, de manera tal que dicha medida no resulta arbitraria y aparece proporcionada a los incumplimientos de la contribuyente.

La medida ha sido, por otra parte, adoptada por el órgano técnico competente para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de sus facultades legales, por lo que no existe en este caso un acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida.

Séptimo. Por último, como ya se ha señalado, la medida que se impugna no implica un impedimento absoluto para la recurrente, puesto que esta tiene la posibilidad de concurrir a realizar sus trámites a la oficina correspondiente del Servicio de Impuestos Internos, de manera que la situación no amerita la intervención cautelar urgente de esta Corte y el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Promotora Agrícola Dollinco S.A. en contra del Servicio de Impuestos Internos A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-2427-2024.

En Valdivia, siete de octubre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.