nombre reservado con SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A

Valdivia, trece de octubre de dos mil veinte.

VISTOS:

En Rol de esta Corte N°2403-2020, doña nombre reservado, abogada, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, actuando como agente oficiosa, en virtud de lo establecido en el artículo 2286 del Código Civil y 6 del Código de Procedimiento Civil, deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado y de don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, ambos en contra de la SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD, R.U.T. N°RUT reservado, representada legalmente por su Gerente General, don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado, en razón de haber ejecutado actos ilegales y arbitrarios que se detallan a continuación y que, en su concepto, constituyen una privación, perturbación y amenaza en el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, en particular, los consagrados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

En apretada síntesis, funda su acción en que la recurrida ha efectuado cobros de suministro de energía eléctrica que califica de ilegales y arbitrarios, en perjuicio de los recurrentes, por sumas que superan los doscientos mil pesos ($216.700 y $220.200, respectivamente), habiendo intentado solucionar la situación con la empresa por esos cobros excesivos, pero sin que se les haya brindado una salida; por lo que solicita que se ponga término a esa indebida alza unilateral de las tarifas respecto de aquéllos por quienes recurre, con costas.

La recurrida, por su parte, informó al tenor del recurso, expresando que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que lo reclamado se trata de una factura provisoria, que contempla el promedio de los últimos seis meses anteriores de consumo, lo que se realizó de ese modo producto de la pandemia provocada por Covid 19, añadiendo, por un lado, que es un proceder que se encuentra amparado en el artículo 129 inciso 2° del Decreto N°327; mientras, por otro, afirma que debió haberse ejercido las vías administrativas disponibles ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para culminar indicando que a estas alturas ambos recurrentes han pagado lo adeudado, de acuerdo a las boletas que acompaña, así como remata precisando que se ha deducido el recurso en forma extemporánea, por lo que solicita su rechazo.

Se trajeron los autos en relación y, previa audiencia desarrollada en plataforma virtual, a la que sólo se presentó a alegar el apoderado de la empresa recurrida, la causa quedó en estado de pronunciar el presente acuerdo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla.

Como consecuencia de lo expresado, al conocer una acción de esta índole, es deber constitucional de esta Corte, en uso de sus facultades conservadoras, adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias que tiendan a asegurar la debida protección ante una acción u omisión, arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el Constituyente establece.

SEGUNDO: Que, en este sentido, fluye como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, procurar la obtención de un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y, en general, las materias cuyo fallo requiere de una discusión y tramitación en el marco de un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues, tal como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema: “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N°27.451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente.” (Rol N°2538-14, de 09/09/2014).

TERCERO: Que debe añadirse a lo dicho, que para que pueda prosperar el recurso de protección debe existir: a) un acto u omisión, b) que uno u otro sea calificado como arbitrario o ilegal, c) que se traduzca en una “privación” o “perturbación” o, por último, en una “amenaza” al legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y d) que sea factible la adopción de medidas tendientes al restablecimiento del imperio del derecho, en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

En el asunto que puntualmente ocupa este fallo, el acto contra el cual se reclama es el de cobro de una tarifa, tildada como excesiva y aplicada por parte de la empresa recurrida, en tanto se han esgrimido como derechos conculcados, los contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en un orden lógico, debe primeramente considerarse la alegación de extemporaneidad traída a colación por SAESA S.A., en cuanto reputa tardío el recurso, si se considera el tenor del artículo 1° del Auto Acordado que lo regula, ya que datando el cobro reclamado del mes de mayo pasado, el ingreso de la acción se produjo recién el 4 de agosto del año en curso.

No obstante, esta Corte desestimará este primer ítem de orden formal invocado por la recurrida, de suerte que, pese a ser efectivo lo antes expuesto, no puede perderse de vista que se alegó en el recurso “que el acto ilegal y arbitrario continúa ocurriendo, con los cobros de los meses de junio y julio de 2020, siendo el último del periodo del 30 de julio de 2020”. De esta forma, al vislumbrarse renovado el acto censurado en el tiempo, dada la prolongación de sus efectos, la fecha de interposición del arbitrio encuadra perfectamente dentro de los 30 días fatales, contados desde que se haya producido o tenido noticia o conocimiento cierto del acto respectivo.

QUINTO: Que, superado lo anterior y para decidir acerca del fondo, acorde a lo planteado por los recurrentes en su libelo y por la recurrida en el respectivo informe, son hechos no controvertidos los siguientes:

1.- La existencia de un lapso en que no se concurrió a terreno a desarrollar un registro domiciliario del consumo de energía eléctrica atingente a los recurrentes, durante el cual la empresa recurrida optó por aplicar una fórmula legal, consistente en promediar el consumo de los seis últimos meses, generando así un cobro provisorio, el que con posterioridad ha sido regularizado en las cuentas de los periodos futuros, luego de haber reanudado la medición directa del servicio de cada usuario.

2.- El proceder descrito se verificó a causa y durante el primer periodo de la pandemia, motivada por el virus Covid 19. Y 3.- Los recurrentes no han sufrido el corte del suministro eléctrico de sus respectivos domicilios.

SEXTO: Que, según fuera adelantado en el considerando tercero de esta sentencia, de acuerdo al texto del recurso y antecedentes que las partes han incorporado a la causa, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, el aspecto concreto que se encuentra en discusión está constituido por el importe cobrado por concepto de consumo domiciliario de energía eléctrica, en relación con ambos recurrentes.

En este rubro debe indicarse, desde ya, que nítido aparece que lo cuestionado (correcta medición y cálculo de consumo eléctrico versus cobro) es un asunto cuya definición requiere de conocimientos provenientes de una disciplina especializada, de manera que al tratarse de una materia de carácter eminentemente técnico, no aparece susceptible de ser resuelta en el contexto de una acción cautelar de naturaleza extraordinaria, como lo es el presente recurso, que supone la existencia de un derecho indubitado, que se observa inexistente en la especie al tener que ser precisado en la instancia competente.

SÉPTIMO: Que, empero, circunscritos al ámbito estrictamente jurídico, la operación de cálculo del consumo de un cliente efectuada mediante la aplicación de un mecanismo ligado al promedio de su consumo, resulta plenamente posible desde un punto de vista normativo, por cuanto así lo ha permitido el artículo 129 del citado Decreto Supremo N°327/97, Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, que rige puntualmente la materia, lo que de suyo trae aparejado el descarte de la hipótesis de práctica de un acto ilegal de parte de la empresa recurrida. En efecto, el citado precepto indica: “Si por cualquier causa no imputable al concesionario no pudiere efectuarse la lectura correspondiente, el concesionario dejará una constancia de esta situación en un lugar visible del inmueble y podrá facturar provisoriamente, hasta por dos períodos consecutivos, una cantidad equivalente al promedio facturado en los seis meses anteriores. En la boleta o factura siguiente que se emita de acuerdo con las lecturas del medidor, se abonarán los pagos referidos, dejándose constancia de esta circunstancia. Para estos efectos, la demanda máxima registrada al momento en que pueda tomarse la lectura se considerará también para el período anterior.”

A lo manifestado se añade que el mismo D.S. N°327/97 del Ministerio de Minería, establece en su artículo 123, que los concesionarios de servicio público de distribución deberán facturar en base a las cantidades que consten en el equipo que registra los consumos del usuario, exceptuando los casos en que este reglamento autoriza la estimación del consumo. Por su lado, hoy en día el Decreto 11 T del Ministerio de Energía, de 24 de agosto de 2017, es el que ha fijado las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados, efectuados por las empresas concesionarias de distribución, según la opción tarifaria que rige al usuario. De esta forma, tanto la cantidad de energía consumida como la valorización de la misma corresponden a aspectos explícitamente abordados por la regulación eléctrica respectiva.

OCTAVO: Que, además, debe tenerse presente que si se detectan diferencias en los cobros posteriores, es factible deducir el reclamo respectivo en sede administrativa, el cual deberá ser dilucidado en un procedimiento de lato conocimiento, en el que las partes queden habilitadas para rendir pruebas acreditando sus pretensiones, lo que no se advierte posible en el estrecho margen que dispensa un recurso de protección.

Lo anterior queda comprobado con lo prescrito en el artículo 3° N°17 de la Ley N°18.410, que previene: “Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 17.- Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos que se formulen por, entre o en contra de particulares, consumidores y propietarios de instalaciones eléctricas, de gas y de combustibles líquidos, en general, y que se refieran a cualquier cuestión derivada de los cuerpos legales o reglamentarios cuyo cumplimiento le corresponde fiscalizar.”

Por ello es palmario que incumbe a la competencia de la SEC resolver las reclamaciones de los clientes dirigidas en contra de las concesionarias del servicio público, en este caso, de distribución eléctrica, según procedimiento y recursos previstos en el Título IV de esa misma ley y en el reglamento respectivo, correspondiendo este último al D.S. 327/97 del Ministerio de Minería, en cuyo artículo 161 se detalla ese curso procesal, que es el idóneo para canalizar un reclamo recaído en los supuestos cobros excesivos asociados a la aplicación de tarifas eléctricas a clientes regulados por SAESA.

NOVENO: Que, por otra parte, en relación a la arbitrariedad atribuida a los actos de cobro de sumas derivadas del cálculo realizado a base de promedios históricos de consumo de los clientes, debe tenerse especial consideración que el actuar de la recurrida ha tenido lugar en un periodo de contingencia sanitaria y bajo la vigencia de un estado de excepción constitucional, como lo es el de Catástrofe, ambos motivados por el hecho público y notorio de un escenario pandémico causado por el virus Covid 19, según se dijo, el que ha demandado de parte de las personas, agrupaciones, instituciones y empresas la adopción de medidas tendientes a implementar nuevas formas de trabajo, contacto y comunicación, así como, en la especie, la adaptación de sus sistemas, incluidos los de registro, reclamo y resolución de los mismos, a fin de aminorar el riesgo de contagio, en este caso, de los trabajadores que se desempeñan en el área de servicios eléctricos.

En virtud de lo descrito, la circunstancia reconocida de no haber medido de manera presencial el consumo eléctrico durante un período obsta a la configuración de un proceder arbitrario, ya que la “arbitrariedad” supone la carencia de razonabilidad en el actuar u omitir o la falta de proporción entre los medios y el fin que se pretende alcanzar, en definitiva, la presencia de una actuación carente de todo fundamento y sólo movida por el capricho, lo cual no se vislumbra en el caso analizado, en atención a todo lo señalado.

DÉCIMO: Que, como corolario de lo argüido, no se ha logrado apreciar la efectiva vulneración, sea a título de amenaza, perturbación o privación, de los derechos de igualdad ante la ley o de propiedad, citados por los recurrentes, de suerte que, amén de no haber desarrollado el modo cómo alguna de esas vulneraciones se habría producido a sus respectos, más allá de su mera enunciación y del natural incordio derivado del cobro mismo, no se ha dado cuenta del cotejo con la situación de otros clientes que hubiesen recibido un trato diverso, como para deducir discriminación arbitraria, ni informado una situación de urgencia o gravedad que recaiga sobre alguna forma de propiedad de los recurrentes, que amerite una acuciante intervención jurisdiccional, como pudiera haber sido, a vía ejemplar, el padecimiento del corte del suministro eléctrico aplicado a alguno de ellos, de manera de haber ponderado alguna afectación actual y evidente.

UNDÉCIMO: Que, por último, contando con la vía precisa de naturaleza administrativa de reclamación frente al ente técnico especializado (Superintendencia de Electricidad y Combustibles-SEC), para dirimir las diferencias de posición habidas ante el cobro efectuado durante un período acotado, habrá de desestimarse el arbitrio formulado, estimando en todo caso, para efectos de las costas, que ha existido plausible fundamento para realizar el reclamo.

A la luz de los preceptos legales citados y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 24, 20 y demás de la Constitución Política de la República, así como acorde al Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, abogada, actuando como agente oficiosa de don nombre reservado y de don nombre reservado, en contra de la Sociedad Austral de Electricidad SAESA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

ROL N°2403-2020. PROT.