nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

C.A. de Valdivia Valdivia, veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcaldesa, doña Carla Amtmann Fecci, por las acciones arbitrarias e ilegales de la recurrida que vulneran los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 3 inciso quinto y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 20 de octubre de 2021 fue notificada del decreto N°5485 de fecha 08 de octubre de 2021 que rechaza el recurso reposición interpuesto respecto del Decreto Exento N° E-875 de fecha 02 de junio de 2021, que tiene por afinado procedimiento de sumario administrativo seguido en su contra, que en definitiva aplica la medida disciplinaria de destitución del cargo.

En cuanto a los hechos materia de la investigación, señala que en su calidad de directora del CEIA nombre reservado, dado el deteriorado de la infraestructura del establecimiento y de su implementación y considerando que el sostenedor no aportaba los medios para dar respuesta a la demanda educativa, el año 2019 comienza a arrendar el gimnasio a establecimientos cercanos, sin contar con facultades delegadas, trámite que inició en septiembre de ese año pero que no finalizó al llegar el estallido social. Señala que con los recursos recaudados se adquirieron implementos que fueron en directo beneficio de los alumnos y que la decisión de invertir los recursos se realizaba en conjunto con los profesores del establecimiento lo que figura en las actas de los consejos de profesores, lo que acreditó con los vales y otros instrumentos allegados al proceso sumarial.

Señala que el sumario administrativo se instruyó por denuncia efectuada ante la Contraloría Regional Los Ríos por un funcionario de su establecimiento, entidad que solicita a la Ilustre Municipalidad de Valdivia investigue los hechos. Refiere que al ser citada a declarar ante la Fiscal del caso, explica lo sucedido y acompaña todas las boletas y facturas de las compras y reparaciones realizadas con los fondos provenientes de los arriendos. No obstante, el fiscal adquiere convicción de su culpabilidad, y dispone aplicar la medida de “destitución”, reproduciendo el cargo formulado por falta de probidad en sus labores de conformidad al art. 72 letra b) de la Ley 19.070, en relación al artículo 54 de la ley 18.875 y un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 letra f) del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la I. Municipalidad de Valdivia.

Cuestiona la torpeza y vaguedad con que fueron formulados los cargos que se le imputan, lo que le impidió una verdadera defensa, pero más grave aún fue la falta de prueba para fundar el cargo, lo que no se condice con lo desproporcionado de la sanción en atención al mérito del sumario administrativo, lo que transforma a la Fiscalía del sumario en una verdadera comisión especial, al no considerar sus argumentos-descargos y permitirle a funcionarios de su establecimiento declarar como testigos en el sumario administrativo.

En síntesis, refiere que no existe en la vista del fiscal, o la resolución que aprueba el sumario ni en la resolución que rechaza su reposición, ningún análisis respecto de sus alegatos vertidos, a sus facultades que posee como Directora para gestionar administrativa y financieramente el establecimiento, al hecho que los arriendos se encontraban formalizados y que se acompañaron los comprobantes de recibo de dineros, a las constantes solicitudes de recursos rechazadas por el sostenedor, a la circunstancia que no se habría considerado su irreprochable conducta anterior, lo que deviene en un acto administrativo falto de motivación y carente de razonabilidad por la medida adoptada en la forma que se dieron los hechos, violando el principio de proporcionalidad.

En definitiva, solicita se deje sin efecto el Decreto Exento E-875 del 2 de junio de 2021 y se ordene la reincorporación a la brevedad en sus funciones, con costas.

Informa la recurrida que el recurso de protección es una tutela de urgencia, que procede cuando no existen otros recursos o medios para cautelar el resguardo de los derechos fundamentales. En la especie existe un procedimiento específico en el artículo 485 del Código del Trabajo que permite al trabajador reclamar de aquellos actos provenientes de una relación laboral que vulnera garantías fundamentales de los trabajadores.

En cuanto al fondo de la acción señala que el cargo realizado es claro y preciso, constando en el expediente sumarial a fs. 36 y 37 que la recurrente reconoce expresamente que no contaba con facultades delegadas para obrar como obró, y que sin embargo actuó con displicencia de la legalidad, y que además, dicha situación había sido advertida por el órgano contralor regional, quien ordena al municipio se investigue. Refiere que la falta al principio de probidad de la inculpada se materializó y se encuentra acreditada, con o sin su intención, con el reconocimiento que realiza en la indagatoria sumarial al saber que no disponía de facultades delegadas.

Refiere que en el expediente sumarial se tomó declaración a don nombre reservado, Jefe Área Finanzas D.A.E.M. y a don nombre reservado, Jefe Área de Infraestructura D.A.E.M., y que la recurrente no solicitó rendir prueba testimonial luego de formulado el cargo sumarial, no hizo solicitud ni esfuerzo alguno en tratar de desvirtuar el reproche sumarial mediante la rendición de prueba testimonial que le beneficiara. Señala que la declaración de los testigos nombre reservado y nombre reservado desvirtúa lo sostenido por la recurrente en cuanto a que el sostenedor no aportaba los medios para dar respuesta a la demanda educativa, por lo que su declaración fue hallada falsa e injuriosa para la administración comunal.

Respecto a la valoración de las atenuantes refiere que se descartó la destacada labor como gestora educacional invocada, por no ser una atenuante de responsabilidad propiamente tal, sino más bien una aseveración que no fue acreditada; en cuanto a la atenuante especificada de colaboración con la investigación señala que tampoco se consideró pues la recurrente ofreció durante el proceso sumarial testimonios esencialmente contradictorios, y en lo relativo a la atenuante irreprochable conducta anterior, señala que si bien formalmente le pudo haber beneficiado, no pudo aparejársele un efecto sustantivo y rebajador de la sanción a la luz de la gravedad de los hechos acreditados y atendidos su reiteración en el tiempo.

Por último, hace presente que doña nombre reservado cesó en sus funciones como Directora del C.E.I.A. nombre reservado el día 30 de septiembre de 2021, al haber expirado el convenio en virtud del cual asumió la dirección del centro educativo de adultos. Y en virtud de los antecedentes expuestos pide el rechazo en todas sus partes del recurso de protección, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha consiste en que la Alcaldesa de Ilustre Municipalidad de Valdivia dictó Decreto Afecto N°5485 de fecha 08 de octubre de 2021, que rechazó el recurso reposición interpuesto respecto del Decreto Exento N° E-875 de fecha 02 de junio de 2021, que tiene por afinado el procedimiento de sumario administrativo seguido en contra de doña nombre reservado, directora del Centro de Educación Integral de Adultos nombre reservado, y que en definitiva, mantiene la medida disciplinaria de destitución.

El objeto del presente recurso es que se deje “…sin efecto la resolución recurrida y se ordene la reincorporación a la brevedad en sus funciones”.

TERCERO: Que, para una adecuada resolución de la controversia, debe tenerse presente que la investigación sumaria tiene su origen en el informe 29962/2020 de fecha 2 de agosto 2020 de la Contraría General de la República, respecto de una serie de irregularidades de orden administrativo y financiero que habrían ocurrido en el CEIA nombre reservado, motivo por el cual, se formularon los siguientes cargos a la recurrente:

“Haber percibido directamente durante toda la anualidad 2019 y hasta marzo de 2020 (inclusive) fondos provenientes del arriendo de dependencias del establecimiento nombre reservado, a entidades tales como: “Centro de Integración Laboral”, Colegio Nuestra Señora del Carmen”, Club de Gimnasia Artística”, “Club de Karate”, Universidad Austral de Chile e “Iglesia Evangélica Reconcíliate con Dios”, y sin que haya contado en la oportunidad con facultades legales para hacerlo y sin que dichos convenios o contratos se hayan formalizado en manera alguna”. (sic)

CUARTO: Que, en la vista fiscal se dejó asentado que “…se ha adquirido la convicción de la culpabilidad de doña nombre reservado, tanto de los antecedentes que obran en el proceso, según lo ha reconocido la propia inculpada en sus declaraciones de fs. 36 y 37… como asimismo fue advertido oportunamente por el órgano contralor regional en el informe que rola a fojas 9 del expediente sumarial… y lo expuesto por el sr. nombre reservado…”, convicción a la que arriba a pesar de los descargos realizados por la inculpada por carecer de facultades delegadas para ello, conforme lo dictamina el propio órgano contralor.

Por lo anterior, el Fiscal propone aplicar la media disciplinaria de destitución, por estimar su responsabilidad directa en calidad de autora, en grado de consumado del cargo que se le imputa “…lo que implica falta de probidad en sus labores de conformidad al art. 72 letra b) de la Ley 19.070, en relación al artículo 54 de la ley 18.875 y un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 letra f) del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la I. Municipalidad de Valdivia”.

QUINTO: Que, por Decreto Afecto N°5485 de fecha 08 de octubre de 2021 la Sra. Alcaldesa de Ilustre Municipalidad de Valdivia, estimó que “…las alegaciones hechas valer por la inculpada en su recurso de reposición, no aportan suficientes antecedentes que logren excusar o justificar las conductas que le han sido reprochadas (...) esta autoridad mantiene la medida disciplinaria impuesta, arribando a la plena convicción en torno a la responsabilidad que le cabe a la funcionaria sancionada (…) mediante sanción de destitución, ya que con su conducta vulnera la probidad administrativa”. Por lo que no da lugar al recurso de reposición interpuesto por doña nombre reservado, manteniéndose en consecuencia la sanción de destitución.

SEXTO: Que, el acto administrativo, que se reprocha por esta vía, rechaza el recurso de reposición deducido por la actora en contra del Decreto Exento N° E-875 de 2 de junio de 2021, descartando sus alegaciones de errónea aplicación de la normativa en la gestión administrativa y financiera de los establecimientos y no haber considerado la totalidad de la prueba rendida y la intachable conducta de la carrera funcionaria.

Finalmente, Sra. Alcaldesa de Ilustre Municipalidad de Valdivia arriba a la plena convicción en torno a la responsabilidad que le cabe a la funcionaria sancionada en los hechos materia del procedimiento disciplinario, manteniendo la sanción.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo expuesto y del examen de los documentos aparejados a los autos, se advierte que mediante el procedimiento sumarial se comprobó de manera fehaciente las infracciones de la recurrente en el desarrollo de sus funciones –descartándose que en los hechos investigados haya actuado con facultades delegadas, más cuando la propia recurrente lo reconoce expresamente en la vista fiscal y lo ratifica en su acción de protección- por lo que la decisión de la autoridad que dispuso la aplicación de una medida disciplinaria aparece fundada en los antecedentes que constan en el proceso administrativo y de conformidad a las normas sustantivas que reglan la materia.

Lo expuesto, descarta la ilegalidad y arbitrariedad alegada, puesto que la decisión impugnada se encuentra dictada de manera racional, debidamente fundada y dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el sumario administrativo, que sirvió de base para el pronunciamiento reprochado, ha sido tramitado con observancia de las normas legales de procedimiento y con pleno respeto a la garantía del debido proceso, en un procedimiento racional y justo, sustanciado por autoridad competente en el ejercicio de sus facultades legales.

En efecto, la autoridad administrativa aplicó una medida disciplinaria al recurrente en un caso previsto en la ley y, frente a la sanción, el funcionario ejerció los recursos que prevé el ordenamiento jurídico tendiente a revertir tal decisión.

En realidad, el recurrente pretende que por esta vía se revise la integridad del sumario administrativo debidamente tramitado, lo que se aparta de la finalidad urgente, cautelar y no declarativa del recurso de protección.

NOVENO: Que, los razonamientos expresados llevan a concluir que no existe acto ilegal o arbitrario que permita acceder a la cautela solicitada, por lo que se rechazará el recurso intentado.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Valdivia.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro (S) Sr. Carlos Acosta Villegas.

N°Protección-2400-2021.