Protección contra Servicio de Gobierno Interior

Valdivia, seis de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

El señor nombre reservado, periodista, domiciliado en domicilio reservado, interpuso acción de protección en contra del Servicio de Gobierno Interior, representado por el señor nombre reservado, jefe del Servicio de Gobierno Interior y nombre reservado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana y Gobernación Provincial del Ranco, representada por nombre reservado Pérez de Arce Carrasco, Gobernador Provincial, domiciliado en domicilio reservado, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos; respecto de Resolución Exenta Nº6974/2018, denominada "Dispone No Prorroga De Contrata A Quien Indica", de 23 de noviembre de 2018, dictada por don nombre reservado, jefe del Servicio y Subsecretario, notificada al recurrente mediante carta certificada a su domicilio, por constituir un acto en abierta vulneración a sus derechos, según lo preceptuado en la Constitución Política de la República y, siendo por tanto, arbitrario e ilegal.

Funda su presentación señalando que el 30 de noviembre del presente año fue notificado vía carta certificada, respecto a Resolución Exenta Nº 6974 de 23 de noviembre del 2018, en que se dispone no prorrogar su designación a contrata para el año 2019, en su calidad de periodista y "Encargado de Comunicaciones de la Gobernación Provincial del Ranco", cargo público a contrata de la planta de profesionales del Servicio de Gobierno Interior, técnico, 12º de la Escala Única de Remuneraciones (EUR) de la Región de Los Ríos.

El mencionado acto administrativo que dispone la no prórroga de contrata, señala en términos resumidos, en sus considerandos 5º, 6° y 7°, que a propósito de un exceso del costo de dotación de personal en relación al monto de la asignación contenida para esos efectos en la Ley de Presupuesto, la autoridad provincial se vio en la obligación de solicitar en diversas oportunidades a la Dirección de Presupuesto, ciertos "incrementos o aumentos en el gasto de personal y a efectuar reasignaciones en detrimento de algunos programas", y que a pesar de lo cual, no se logró salvar el déficit generado por tal situación, resultando imposible, por tanto, la mantención de la dotación actual del personal funcionario, debiendo éste reducirse; Que, "la Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y las autoridades tienen el deber legal de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública". Lo señalado por el Gobernador Provincial del Ranco en "documento Reservado de 19 de noviembre de 2018", dirigido a la Jefa de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Interior. En síntesis, este documento Reservado de 19 de noviembre de 2018, habría sido enviado por el Gobernador Provincial del Ranco y contendría el antecedente que se tuvo en consideración como argumento para su desvinculación, señalándose que "el funcionario nombre reservado ha sido objeto de múltiples observaciones y descuentos en su remuneración fruto de sus reiterados atrasos, provocando con ello problemas de coordinación en la labor comunicacional del servicio, lo cual motivó una baja en su calificación en este año. Además ha mostrado poca colaboración en el despliegue de la Gobernación ante los medios de comunicación local y regional, provocando una situación difícil de sostener el tiempo, no contando por ello con una evaluación idónea para el cargo en lo que dice relación con la gestión comunicacional para el año 2019. A mayor abundamiento, el funcionario fue observado en su conducta poca colaborativa con las decisiones y actividades de esta Gobernación, pues continuamente repara y cuestiona la forma de realizar la planificación, cumplimiento y desarrollo del despliegue comunicacional deseado por este servicio". Se agrega que en virtud de los antecedentes mencionados, se configuraría el incumplimiento "de una serie de obligaciones señaladas en la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, particularmente las contenidas en las letras b, e y d del artículo 61".

Hace presente que el 21 de noviembre de 2011 ingresó a prestar servicios personales en la planta de profesionales a contrata, en el cargo indicado, pero inferior en un grado, en el Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con desempeño en la Gobernación del Ranco. A través de la Resolución Afecta N° 4628 de 16 de diciembre de 2011, se le designó en calidad de reemplazo de contrata, prorrogada la designación por Resolución Exenta N°289 de 12 de enero de 2012, para luego ser contratado en calidad de propietario del cargo por Resolución N°196 de 16 de enero de 2012.

El 1 de marzo de 2018, el Servicio de Gobierno Interior, registró ante la Contraloría General de la República, la Resolución Exenta RA N°245/240/2018, denominada "Prorroga Contrata De Cargo(S) Que Indica", que contiene un listado de funcionarios de la Gobernación Provincial del Ranco - entre ellas el recurrente-, a quienes el Ministerio del Interior y Seguridad Pública decidió prorrogar, por última vez, su designación a contrata hasta el 31 de diciembre de 2018.

Durante 7 años se desempeñó como periodista y único encargado del Departamento de Comunicaciones de la Gobernación del Ranco, todo sin solución de continuidad en el mismo servicio. Lo anterior, sin perjuicio que para efectos de la Jefatura del Departamento de Desarrollo de Personas de la Subsecretaría del Interior, se ha desempeñado en la Institución desde el 3 de julio de 2007, según se consigna en certificado de antigüedad de 23 de noviembre pasado, por cuanto se había desempeñado en la Gobernación de Concepción como periodista y jefe de Gabinete, por un periodo anterior.

Durante todos los años en que ha ejercido sus funciones de encargado de comunicaciones en la Gobernación del Ranco, siempre fue calificado en Lista 1, de distinción. En el último proceso de calificación su jefe precalíficador fue el propio Gobernador del Ranco, Pérez de Arce C., quien mantuvo su calificación de distinción, en lista 1, de a acuerdo a "hoja de acuerdo y calificación" de la Junta Calificadora, correspondiente al año 2018, observándose inclusive, un alza en las calificaciones de desempeño en el periodo, según se aprecia de la revisión de un primer informe, denominado "Informe de desempeño de otros escalafones", que evalúa el periodo de desempeño laboral desde 1 de Septiembre del año 2017 al 31 de mayo del año 2018 y un segundo informe, denominado "informe de precalificación" , que evalúa el periodo de desempeño laboral desde el 1 de Septiembre del año 2017 al 31 de agosto del año 2018, ambos elaborados por el Gobernador del Ranco, por lo que resulta absolutamente paradójico que en la Resolución que decide no prorrogar la contrata, se señale en su motivando Nº7 que el propio Gobernador, a través de un oficio de carácter reservado, le hubiera calificado en un modo totalmente opuesto, para justificar el término de su contrata, durante el año 2018.

Señala que sus funciones como periodista "encargado de comunicaciones" son un cargo técnico y no político, de funcionalidad permanente, consistente en transmitir mensajes enmarcados en los lineamientos que entrega la administración central y de Gobierno.

Hace presente que el Gobernador Pérez de Arce , quien asumiera en su cargo el 11 de marzo de 2018, debió efectuar una primera evaluación a todos los funcionarios del Servicio, por lo que el día 12 de junio se le hizo entrega del documento Denominado "Informe De Desempeño de Otros Escalafones", correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 al 31 de mayo de 2018, el cual sería modificado por la misma autoridad, previa observación y reparo justificado de su parte, lo que generó que el mismo Gobernador se retractara, excusándose en su inexperiencia en materia evaluativa.

Indica que no se trata de utilizar esta instancia para cuestionar una evaluación de desempeño de la que el mismo Gobernador se hubiera retractado. Lo expuesto, permite dilucidar la discrecional y arbitraria actuación del Gobernador, atendido "el borrón y cuenta nueva" realizado por la autoridad, al imputarle la más deleznable evaluación de sus cometidos, para luego invalidarla y, calificarle de un modo totalmente opuesto. Así las cosas, la fundamentación incongruente y el razonamiento inexistente, construyen el perfil del jefe precalificador, lo que se opone a lo consagrado en el decreto-ley N°19.549/72, letra f) del art. 7.

Señala que frente a la imposibilidad práctica de ejecutar sus funciones con normalidad, puesto que no sólo se le excluía de las actividades propias e inherentes a su cargo sino que ahora se sumaba la falta de certeza respecto a su futuro laboral, en virtud de sus manifiestas intenciones de "alejarle" del servicio y su curiosa actuación antes descrita, no dudó en hacer presente al Gobernador que no iba a tolerar apremios psicológicos y conductas constitutivas de hostigamiento reiterado que tuvieran por resultado la consiguiente amenaza y perturbación de su situación laboral, por cuanto le infligía perjuicio y menoscabos ilegítimos, de modo que lo instaba a someter su acción a la Constitución y las leyes.

Que, con el transcurso de los días y meses, la relación laboral logró fluir de manera normal y cordial, ejecutándose un trabajo en equipo con resultados positivos, según se valoraba desde la misma autoridad provincial y desde el nivel central, reflejado también en el trato cotidiano y en sus evaluaciones venideras.

Las circunstancias en el ejercicio de su función pública, a partir de principios de octubre cambiaron dramáticamente. Existieron nuevamente modificaciones en el trato con su jefatura directa y en las labores habituales de su cargo, muchas no volvieron a ser las mismas. A modo ilustrativo, sus salidas a terreno disminuyeron ostensiblemente, en circunstancias que dadas sus responsabilidades y funciones habituales, debía participar de las reuniones con organizaciones sociales, públicas y privadas; acompañar a la autoridad a las actividades en terreno propias del servicio, a fin de elaborar adecuadamente los comunicados de prensa; mantener contacto con los medios de comunicación social, a nivel comunal, provincial, regional y nacional; convocar a los medios de comunicación a las diferentes ruedas o puntos de prensa realizadas por la Gobernación, como también el apoyo a eventos culturales y, en su lugar, acudían otros funcionarios de la repartición, actividades en las que se prescindió absolutamente de la labor del encargado de comunicaciones, quien quedó relegado a trabajar en su oficina, sin mayor trato con otras instituciones, organizaciones y medios de comunicación existentes en la comuna y provincia, con escasa o nula salida a terreno en las actividades propias de la Gobernación, limitándose al trabajo específico de difusión de comunicados de prensa, en que la autoridad provincial se refiriera a programas y políticas públicas impulsadas e implementadas desde el Gobierno central en las "redes sociales institucionales".

Que el 13 de noviembre ya se le pedía la entrega de la cámara fotográfica, por parte del Jefe de Gabinete, cuya entrega simbolizaba un "desalojo" anticipado de sus funciones. No obstante ello y pese al clima laboral adverso, pudo ejercer sus labores, como ejemplo señala un comunicado de prensa 14 de noviembre redactado por él, nota principal del Boletín "Newsletter" de la Unidad de Comunicaciones de la División de Gobierno Interior.

Que, ante la animadversión del clima de trabajo, se vio en la necesidad moral y física de hacer uso del permiso compensatorio de horas extras, desde el día 26 al día 30 de noviembre. Cumplió funciones de oficina el día lunes 3 de diciembre e hizo uso de sus vacaciones a partir del día siguiente y hasta el lunes 10 del mismo mes; el martes 11 de diciembre debió volver a la Gobernación, sin embargo, la indiferencia hacia su persona y la indolencia por parte de la jefatura directa y su nula disposición al diálogo, le obligaron a hacer uso de un nuevo permiso compensatorio en virtud de las horas extras acumuladas que le eran reservadas, decisión avalada por dictamen N°99254N15 de 16 de diciembre de 2015, de la Contraloría General de la República, en que se expresa que no procede el pago del descanso complementario pendiente a los funcionarios que, tras conocer la decisión de la autoridad de cesarlos, cuentan con el tiempo necesario para gozar de él antes de su desvinculación y, pese a ello, voluntariamente deciden no utilizarlo.

Añade que a la luz de las exclusiones, vejaciones y otras conductas de la autoridad provincial, se terminó por generar un malestar físico y salud, infiriéndosele agravio a la intangibilidad de sus derechos, por lo que el 14 de diciembre se acerca a un profesional de la salud mental, de la especialidad psiquiátrica, a fin que se diagnostique si a la fecha padece síntomas y/o enfermedad a propósito de los hechos señalados, otorgándosele 15 días de licencia médica. No obstante, ejerció funciones con esmero, hasta el último momento, según se observa en los dos últimos reportes que incluyen sus comunicados de prensa, de 9 al 23 de noviembre, enviado al Gobernador, al Departamento de Comunicaciones de la División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a SEGEGOB LOS RÍOS.

Estima que el actuar de la recurrida es infundado, arbitrario e ilegal, y que vulnera el principio de la confianza legítima, también las garantías contempladas en los numerales 1, 2,3 ,16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, razón por la cual solicita ordenar que los recurridos dejen sin efecto la Resolución Exenta Nº6974 de 23 de noviembre de 2018, emitida por nombre reservado, jefe del Servicio de Gobierno Interior y nombre reservado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y proceder a su reincorporación, con todos los derechos, beneficios y remuneraciones devengados en su favor, desde el día de su separación del servicio; todo con expresa condena en costas.

Informa el recurso don nombre reservado Pérez de Arce Carrasco, abogado, en su calidad de Gobernador de la Provincia del Ranco, señalando que el recurrente fue contratado para realizar un reemplazo a contar del 21 de noviembre de 2011 y hasta el 21 de diciembre de 2011 como Técnico grado 13º EUR, mediante resolución Nº 4628 de 16 de diciembre de 2011, del Servicio de Gobierno Interior, contratación que fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2011, mediante resolución 289, del 12 de enero de 2012, del Servicio de Gobierno Interior y mediante resoluciones exentas, se prorrogaron sus funciones a contrata.

Indica que asumió el 11 de marzo pasado la jefatura de la Gobernación Provincial del Ranco, y desde ese día hasta la fecha ha procedido a revisar los antecedentes personales, profesionales y aquellos relativos a la carrera funcionaria, de todos los servidores públicos contratados en la Gobernación, bajo el régimen de contrata establecido en el artículo 3ero letra c) del DFL 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 18.834, sobre estatuto administrativo. Se realizó además, un examen sobre el manual de funciones vigente en esos momentos y aprobado por la Resolución Exenta Nº 132 del 10 de febrero del año 2015, de esa Gobernación, en el cual se pudo comprobar las funciones, asignaciones de cargos y responsabilidades de los funcionarios ya sean titulares y/o suplentes, el organigrama del Servicio y la estructura jerárquica de éste. De esta forma, la Gobernación del Ranco en su oportunidad dictó la resolución exenta Nº 413 de 23 de marzo de 2017, la cual aprobó la asignación de funciones del servicio y determinó cada una de las funciones a los colaboradores públicos que se desempeñan en ella.

Bajo la resolución exenta Nº 1391, de 14 de agosto de 2018, procedió a modificar el Manual de Funciones vigente el año 2015, modificando su Organigrama, reestructurando, no solo la unidad territorial, sino que el funcionamiento de todo el Servicio.

Indica que la necesidad de reestructuración es una facultad que detenta un Jefe de Servicio, y cuyo fundamento radica en la Ley y que a su vez, se respalda por la Jurisprudencia administrativa, lo cual, en los hechos, debe está asociado a los objetivos que busca en su forma de conducir el servicio, a un análisis de su equipo de trabajo, a las contingencias de los usuarios cuyo servicio beneficia y teniendo por principal orden, los principios de eficacia en la administración.

Del informe de desempeño de 14 de junio de 2018, se le observó al recurrente que en el sub factor "obtención de resultados", en materia del factor "Rendimiento Laboral", se estimó que a su respecto falta trabajar notas de audios, grabación de videos, revisión de protocolos antes de la ceremonias". En el sub factor "disponibilidad y flexibilidad en el trabajo", del mismo factor antes indicado; estima que el recurrente falta al coordinar de mejor manera sus reemplazos en caso de ausencia, y los permisos solicitados y aceptar de mejor manera las decisiones de jefatura, como asimismo, en el sub factor de "iniciativa" en lo que dice relación con el factor "idoneidad laboral", debe estar más atento a las bajadas presidenciales e informar a la autoridad de las contingencias que ocurran en la Provincia; en cuanto al Sub factor "trabajo en equipo", relativo al factor de las "actitudes Laborales" se observa al funcionario indicándole que debe tener una mejor la relación y compromiso con sus equipos de trabajo.

Que de su informe de precalificación de 14 de septiembre de 2018, se le observó al recurrente que el sub factor "disponibilidad y flexibilidad en el trabajo", en materia del factor "Rendimiento Laboral", se le observa que si bien cumple con su jornada de trabajo, posee 5 atrasos entre los meses de marzo y agosto de 2018, y algunas veces le cuesta aceptar decisiones que no coincidan con su postura. En cuanto al Sub factor "trabajo en equipo", relativo al factor de las "actitudes Laborales" se le observa que se relaciona de buena manera con sus pares, superiores y colaboradores a generar productos en común, dando importancia al logro de los objetivos comunes, pero algunas veces cuestiona las decisiones del equipo.

Que a principios de Noviembre del año 2018 hizo una evaluación de los funcionarios que trabajan bajo su alero, tanto los que están contratados bajo la modalidad a contrata, como de aquellos que prestan servicios a honorarios; analizando sus funciones, desempeños, relaciones interpersonales, uso y cuidado de los bienes fiscales asignados a su cargo, eficiencia en el actuar, conocimiento de su puesto de trabajo, cumplimiento de tareas asignadas, cumplimiento de horarios, evolución de su comportamiento funcionario a lo largo de su carrera etc.

En cuanto a su rendimiento laboral, este funcionario ha sido objeto de múltiples observaciones y descuentos en su remuneración fruto de sus reiterados atrasos que han mermado su consideración, provocando con ello problemas de coordinación en la labor comunicacional del servicio; lo cual motivó una baja en su calificación. Además ha mostrado poca colaboración en el despliegue de la Gobernación ante los medios de comunicación local y regional, provocando una situación difícil de sostener en el tiempo, no contando por ello con una evaluación idónea para el cargo en lo que dice relación con la gestión comunicacional para el año 2019. A mayor abundamiento, el funcionario fue observado en su conducta poco colaborativa con las decisiones y actividades de esta Gobernación, pues continuamente repara y cuestiona la forma de realizar la planificación, cumplimiento y desarrollo del despliegue comunicacional. Así, de acuerdo a los hechos expuestos y de conformidad a lo instruido por Contraloría General de la República a partir del dictamen Nº 85.700 de 2016 y Nº 6400 de 2018, que exigen la dictación de una resolución fundada, en caso de determinarse la no renovación a la contratación de un funcionario que ha prestado servicios por más de dos años consecutivos en la Administración, los antecedentes fueron reflejados en memo que se envió a Santiago, específicamente a Karina Doña nombre reservado, Jefa de División Administración y Finanzas del Servicio del Gobierno Interior, base de los antecedentes y fundamentaciones de la resolución exenta Nº 6974 de 23 de noviembre de 2018, firmada por el nombre reservado don nombre reservado.

Hace presente que a la fecha, el recurrente no ha presentado requerimiento alguno ante la autoridad central, regional ni provincial tendiente a obtener una reconsideración de la medida de no renovación. Por lo expuesto, pide el rechazo del recurso, estimando que no es la vía idónea para la reclamación, que no se ha cometido arbitrariedad o ilegalidad alguna, que no se ha vulnerado el debido proceso, ni afectación al principio de confianza legítima.

Informa además al tenor del recurso doña nombre reservado, en nombre del nombre reservado, en el mismo sentido.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción de protección de garantías constitucionales, del artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de una acción u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o arbitraria, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en ella y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más garantías protegidas por el Constituyente; en concreto, el recurrente considera que se vulneró el derecho a la igualdad ante la ley; el derecho a la libre elección del trabajo con una justa retribución y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 números 1, 2, 16 y 24 de la Carta Fundamental, respectivamente.

Tercero: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha es la decisión del señor nombre reservado de no prorrogar la contrata del recurrente, la que se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2018, esto es, al vencimiento de su término.

El objeto de la acción es que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 6974-2018, se ordene su reintegro a la Gobernación Provincial del Ranco del recurrente y se ordene el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales correspondientes.

Cuarto: Que, de lo expuesto y con el mérito de antecedentes aportados por los interesados, analizados conforme a las reglas de la sana critica, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1) El recurrente ingresó al servicio el 21 de noviembre de 2011, según Resolución 4628, para desempeñarse como técnico grado 13, para el Servicio de Gobierno Interior.

2) El recurrente se desempeñó como funcionario a contrata para la recurrida, de manera continua y en virtud de sucesivas prórrogas de contrata, durante los años, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, todas realizadas mediante las correspondientes Resoluciones Exentas, y mencionando en ellas, que se le contrataba hasta que sus servicios sean necesarios. El recurrente además, trabajó para la recurrida en un periodo anterior, de lo que da cuenta el certificado de antigüedad emitido por el Jefe del departamento y nombre reservado, con fecha 23 de noviembre de 2018, que indica que el recurrente se desempeña en dicha institución desde el 3 de julio de 2007.

3) Que al momento del término de la relación que unía a las partes, la recurrente se desempeñaba como Técnico grado 13 EUR, según consta de resolución exenta N° 245/240/2018.

4) Que el 23 de noviembre de 2018, el señor nombre reservado, mediante Resolución Exenta N° 6974, resuelve no prorrogar la designación a contrata del recurrente, la que según el documento mencionado, expiró el 31 de diciembre de 2018.

6) El referido acto se notificó personalmente al recurrente con fecha 30 de noviembre de 2018.

Quinto: Que la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" está en armonía y concordancia con el carácter que tienen los empleos a contrata que, conforme al artículo 3 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución. Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia en esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada.

En consecuencia, la expresión "mientras sean necesarios sus servicios" ha sido utilizada para permitir, en esta clase de nombramientos, la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan. Luego, por tratarse de un funcionario público que ejercía sus labores a contrata, la característica principal es la transitoriedad en la prestación de los servicios, lo que trae como consecuencia que el funcionario público no sirve en cargo en propiedad, ni goza de estabilidad en el empleo, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los funcionarios de planta.

Sexto: Que, aunque la relación laboral del funcionario a contrata con su empleador concluyó el 31 de diciembre de 2018, esta posibilidad de término era conocida por el recurrente, pues la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita, lo que determina la inexistencia de un comportamiento ilegal atribuible al actuar del recurrido.

Séptimo: Que, en relación a la arbitrariedad en el actuar de la recurrida, resulta útil consignar que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar con ocasión de los Dictámenes N° 22.766 y 23.518, de 28 de noviembre de 2016, que se ha mantenido en el tiempo y complementado con el Dictamen N° 6400 de 2 de marzo de 2018, cuya normativa ampara, entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata. Dicho principio, además, es recogido de manera uniforme en la jurisprudencia reciente de la Excma. Corte Suprema (Rol N° 20.508-2018, de 26 de noviembre de 2018; Rol Nº 19.214-2018 de 22 de noviembre de 2018; Rol N° 19.223-2018 de 22 de noviembre de 2018).

Octavo: Que, sin desconocer las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga al nombre reservado, conforme a las cuales le corresponde dirigir, organizar y administrar el Servicio, lo cierto es que las determinaciones que en este sentido pronuncie deben ser debidamente fundadas, es decir, el acto administrativo que de ella surja debe encontrarse motivado en consideraciones que no dejen duda alguna sobre la procedencia de la decisión adoptada, pues la ausencia de una fundamentación adecuada impide conocer las razones en base a las cuales se adopta la decisión.

Noveno: Que, el asiento normativo de la exigencia de fundamentación de los actos administrativos se encuentra en la propia Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, al disponer en su artículo 11 inciso segundo que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos", lo que es reiterado en sus artículos 16 y 41.

Sobre el particular, conviene recordar que la Excma. Corte Suprema ha manifestado que “…la causa o motivación es un elemento del acto administrativo que puede ser entendido como la razón que justifica su dictación por la Administración del Estado, en la que se encuentran elementos fácticos y de derecho. La causa o motivo debe expresarse en el acto de la Administración y ello deriva precisamente de que el actuar de la misma debe ser razonable, proporcionado y legalmente habilitado, a fin de posibilitar su comprensión frente a los destinatarios y evitar ser tachada de arbitraria, puesto que la inexistencia o error en los motivos de hecho, determina la existencia de un vicio de abuso o exceso de poder”. (Corte Suprema, Rol 19.585-2016, 22 de junio de 2016).

Decimo: Que, la ausencia de una fundamentación adecuada tal como lo expresa la recurrente, impide conocer las razones en base a las cuales se ha adoptado la decisión, lo que a lo menos formalmente no ocurre en la resolución impugnada, ya que ésta , en sus numerales 5° y 7°, da razones para la adopción de la medida, que consisten en que el costo de la dotación de personal excede el monto de la asignación contenida para estos efectos en la Ley de Presupuesto, lo que ha obligado a la autoridad a solicitar en diversas oportunidades entre el 4 y 13 de septiembre de 2018, mediante tres oficios, incrementos al gasto de personal.

Otra fundamentación de la decisión es la comunicación del Gobernador Provincial, de 19 de noviembre de 2018, dirigida a la Jefa de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Interior, en el cual se señala que el recurrente ha sido objeto de múltiples observaciones y descuentos de remunerción fruto de sus reiterados atrasos, provocando con ello problemas de coordinación en la labor comunicacional del servicio, lo cual motivó una baja en la calificación. Además ha demostrado poca colaboración en el despliegue de la Gobernación ante los medios de comunicación local y regional, provocando una situación difícil de sostener en el tiempo, no contando por ello con una evaluación idónea para el cargo en lo que dice relación con la gestión comunicacional para el año 2019. A mayor abundamiento, el funcionario fue observado en su conducta poco colaborativas con las decisiones y actividades de esta Gobernación, pues continuamente repara y cuestiona la forma de realizar la planificación, cumplimiento y desarrollo del despliegue comunicacional deseado por este servicio Undécimo: Las menciones contenidas en el acto administrativo explican por qué en el caso particular del recurrente se decidió poner término a su contrata y no se puede señalar, a lo menos desde el punto de vista formal, que el actuar de la recurrida carece de razonabilidad, pues el acto en cuestión se encuentra fundado en razones particulares que dicen relación con el recurrente, resolución que ha sido expedida por quien tiene las facultades para hacerlo, y se han acompañado, los documentos que dan cuenta de los fundamentos.

Duodécimo: Que, en las circunstancias antes indicadas, la decisión de la autoridad administrativa en orden a poner término a la contrata del recurrente, está dentro de sus facultades y contiene los fundamentos explicitados en la resolución impugnada, los que se estiman a lo menos desde el punto de vista formal como suficientes para justificar la terminación de la contrata, sin que esta Corte pueda, a través del presente recurso, entrar a conocer sobre la efectividad de los hechos contenidos en los documentos fundantes, por tratarse de un asunto de lato conocimiento, circunstancias que permiten rechazar el recurso.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto además, lo dispuesto en los artículos 6, 7, 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de Servicio de Gobierno Interior y la Gobernación Provincial del Ranco.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol 2374-2018 PROTECCION Pronunciada por la SEGUNDA SALA, integrada por el Ministro Sr. JUAN IGNACIO CORREA ROSADO, Ministra Sra. MARCIA UNDURRAGA JENSEN quien no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo no firma por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales y Ministro Sr. LUIS MOISES AEDO MORA. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Titular.