nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Valdivia, uno de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece doña Priscila Solís Rosas, Abogada, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección a favor de don nombre reservado, Rut: RUT reservado., chileno, casado, con domicilio en domicilio reservado, Región de Los Lagos, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, Rut: RUT reservado, persona jurídica representada en Osorno por el jefe de sucursal don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda su presentación señalando que con fecha 28 de abril del año 2014 don nombre reservado suscribió con la recurrida un pagaré por la suma de $ 6.118.222 por concepto de mutuo más los intereses correspondientes. El Capital y los intereses serían pagados en 60 cuotas iguales y sucesivas, con fecha de vencimiento los días 30 de cada mes, con excepción del mes de febrero, en que el vencimiento se fijó para el último día del mes.

Destaca que se pactó cláusula de exigibilidad anticipada, la cual consistía en que el retardo en el pago de más de 30 días corridos de todo o parte de una cualquiera de las cuotas ya referida permitiría a la Caja exigir la solución integra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizado de los intereses devengados no pagados, devengándose por el retardo un interés igual al interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero según Ley 18.010 que rija a la fecha en que se produzca la aceleración. En la especie se encuentran impagas las cuotas desde el día 30 de junio del año 2016, habiéndose hecho exigibles 46 cuotas, cada una de ellas por la suma de $ 171.353, total adeudado sin interés de $ 4.690.620.

Dado lo anterior es que la recurrida procedió al cobro ejecutivo de la deuda, en causa C- 126-2016 seguida ante el segundo juzgado de letras en lo civil de Osorno, despachándose el respectivo mandamiento de ejecución y embargo, causa que fue archiva por el Tribunal por la inactividad de la recurrida con fecha 10 de mayo del año 2015, es decir que dicha causa se encuentra archivada hace 3 años y 6 meses a la fecha.

Desde principios del presente año, la recurrida ha hostigado a don nombre reservado, efectuando constantes llamadas telefónicas, con el fin de cobrarle la deuda referida, ofreciéndole diversas modalidades de pago, sin que el recurrente aceptara ninguna de ellas.

El día 28 de diciembre de 2018, don nombre reservado recibe el pago de la remuneración del referido mes, percatándose que le es descontada por la Caja de Compensación los Andes la suma de $ 175.149, figurando en la liquidación de su remuneración dentro de los descuentos el ítems PTMO ANDES por la suma referida.

Por lo que dicho acto es ilegal, ya que Caja de Compensación los Andes procede al descuento de dineros, sin que exista sentencia judicial que así lo determine, es más el proceso judicial se dio por terminado por la misma inactividad de la recurrida. En este sentido además la deuda por las cuotas impagas se encuentra devengada hace 4 años, por lo que la obligación se encuentra prescrita. Por último cabe destacar que el recurrente jamás ha manifestado su voluntad de acceder a los descuentos a través de sus remuneraciones, actuando la recurrida de manera ilegal, arbitraria y sin justificación alguna.

Estimando que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario e ilegal, que vulnera la garantía contemplada en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicita expresamente que se ordene a los recurridos hacer cesar el descuento efectuado desde las remuneraciones de la actora las cuotas cuya acción está prescrita, resolviendo que la recurrida no puede apropiarse de fondo alguno de la recurrente producto del mutuo de dinero celebrado entre la Caja Compensación de Asignación Familiar Los Antes y don nombre reservado celebrado en el año 2014, por cuanto dicha acción de cobro está prescrita, abandonando la acción ejecutiva la recurrida según resolución de fecha 10 de mayo del segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Osorno en causa C-126-2016. Además a proceder a la devolución de los dineros apropiados que se produzcan en lo venidero mientras se sustancie el presente recurso, que se declare que el cobro de dineros de la Caja Compensación de los Andes es ilegal, con expresa en costas.

Informa el recurso don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien señala que Caja Los Andes, con fecha 28 de marzo de 2014, otorgó al Señor nombre reservado el crédito código 190144120-7, por la suma de $6.118.222.-, a una tasa de interés nominal de 1.89%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $175.149.- y cuyo primer vencimiento se verificó el 30 de abril de 2014.

De acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, el Señor nombre reservado, a través de descuentos efectuados en sus remuneraciones de los meses de abril de 2014 a mayo de 2015, pagó las cuotas de los mismos meses, cuotas N°1 a N°14.

Posteriormente, durante el periodo que va desde agosto de 2016 a abril de 2017, se recaudó la suma de $1.115.927.-, la que se contabilizó como pago desde la cuota del mes de junio a noviembre de 2015, cuotas N°15 a la N°20, respectivamente, más un abono en la cuota del mes de diciembre de 2015, cuota N°21, por $65.033.- Actualmente la operación mantiene en morosidad el saldo de la cuota N°21 y aquellas con vencimiento desde enero de 2016 a noviembre de 2018, cuotas N°22 a N°56. Asimismo, se encuentra en cobranza la cuota del mes de diciembre de 2018, cuota N°57; las cuotas N°58, N°59 y N°60 aún se encuentran por vencer.

Indica que en consecuencia, en la especie se está frente a un crédito plenamente vigente cuya prescripción no ha sido declarada y que aún mantiene cuotas por vencer en los próximos meses.

Indica que en sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas "Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera". Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho. En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como "Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social". Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales.

En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden "administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley". Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que "las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial". Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales".

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

En esta línea de razonamiento, el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. Por consiguiente, el actuar de su representada no solo significa el ejercicio de una facultad conferida por la propia ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social.

Indica que la parte recurrente manifiesta que se estaría cobrando el saldo de un crédito social cuya deuda se encuentra prescrita, pero la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que ésta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. Además, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. En el caso que se declarase prescrita la acción ejecutiva emanada del pagaré que garantiza la operación de crédito antes referida, ello solo impediría hacer exigible su cobro a través del correspondiente procedimiento ejecutivo, mas no extingue la obligación emanada del mutuo al que accede dicho pagaré, la cual se encuentra vigente por no haberse cumplido con los supuestos de la prescripción extintiva a su respecto.

Señala que los requisitos de la prescripción, especialmente el transcurso del tiempo establecido por el legislador, no se satisfacen en el caso del recurrente, habida consideración a que el mutuo otorgado fue pactado a un plazo de 60 meses, por lo que, encontrándose en morosidad aquellas cuotas cuyo vencimiento van desde diciembre de 2015 en adelante, es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda. A mayor abundamiento, el mutuo en cuestión mantiene aún por vencer las cuotas de los meses de enero, febrero y marzo del presente año 2019. En consecuencia, es una obligación plenamente vigente y exigible.

Hace presente que este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en el Ordinario N° 034440 de fecha 22.07.2009, lo siguiente: "Finalmente, esta Superintendencia manifiesta a usted que conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada ante los Tribunales de Justicia. En consecuencia, mientras la prescripción no sea declarada por los Tribunales, el acreedor puede válidamente cobrar su crédito".

Concluye que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales." Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la vista de la causa.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales es un medio de resolución de conflictos de naturaleza excepcional y de tramitación breve y concentrada que tiene por objeto resguardar derechos que la Constitución Política garantiza y de los que su titular sea privado perturbado o repute amenazados por actos ilegales y arbitrarios.

Segundo: Que en el caso de estos autos se ha recurrido de protección reclamando que Caja de Compensación Los Andes habría dispuesto el cobro en su remuneración, de dineros adeudados por el recurrente con motivo de un crédito social contratado con esa entidad, efectuando retenciones en sus remuneraciones.

El reclamante cuestiona que se cobre el crédito por esta vía, después de haber estado desde el mes de junio de 2015 impagas las cuotas, y habiendo la recurrida procedido al cobro ejecutivo de la deuda, en causa C-126-2016, seguida ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Osorno, causa que se encuentra archivada por inactividad de la recurrida desde el 10 de mayo de 2016.

Alega que el proceso judicial de cobro se terminó por la inactividad de la recurrida y que la acción de cobro se encuentra prescrita, por lo que estima que el actuar de la recurrida, de cobrar directamente de su remuneración las sumas que se detallan, constituye un acto arbitrario e ilegal.

Tercero: Que el artículo 58 inciso 1° del Código del Trabajo, dispone que “el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”

Por su parte, el artículo 22 inciso 1° de la ley N°18.833, que contiene el Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Del análisis de esas disposiciones legales se infiere que el pago y cobro de los créditos sociales otorgados por dichas instituciones se rige por las mismas reglas que las cotizaciones previsionales, lo que conduce a concluir que los descuentos de los dividendos mensuales por concepto de créditos sociales contratados con las Cajas de Compensación, están comprendidos entre los previstos en el artículo 58 inciso 1 del Código del Trabajo, por lo que tienen el carácter de obligatorios para el empleador y no exigen, por ende, del consentimiento previo del trabajador.

Cuarto: Que de acuerdo a lo expresado, si bien es obligación legal realizar el descuento de los valores adeudados por concepto de tales créditos sociales contratados con las Cajas de Compensación, resulta ineludible tener en consideración que en situaciones excepcionales cmo la planteada en estos autos tal situación se ve alterada. En efecto, consta de los antecedentes que habiéndose producido el cese del descuento al trabajador en cuestión la entidad Social procedió a hacer efectivo el crédito judicialmente incoándose la causa rol C-126-2016 del Segundo Juzgado Civil de Osorno, con fecha 10 de mayo de 2016 la que aparece actualmente archivada por retardada.

Quinto: Que en este contexto encontrándose sometida la decisión al conocimiento de un tribunal corresponde que en esta sede se discutan todo lo pertinente al cobro y subsistencia del crédito y que en dicho proceso las partes formulen las alegaciones que fueran pertinentes.

Que en consecuencia y ante lo expuesto no se avisora que la conducta de la recurrida resulta ser arbitraria e ilegal Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y se ordena que esta última se abstenga de efectuar cobros al recurrente en forma directa, sin perjuicio de lo que se resuelva en la causa judicial correspondiente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2368-2018.