nombre reservado con nombre reservado

Valdivia, catorce de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°2338-2020, don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, recurre de protección en contra de don Claudio André Baéz Bahamondez, abogado, en su calidad de juez árbitro partidor de los bienes quedados al fallecimiento de doña nombre reservado.

Funda su presentación, señalando que su representada es parte de la comunidad hereditaria quedada al fallecimiento de doña nombre reservado, ocurrida el año 2000, en esta ciudad y acota que dentro de los bienes quedados a dicho fallecimiento, se encuentran acciones y derechos en el inmueble ubicado en domicilio reservado.

Sostiene que parte de los comuneros incoaron ante el Primer Juzgado Civil de esta ciudad una demanda de designación de juez partidor, con el objeto sustantivo de terminar dicho estado de indivisión respecto del inmueble referido más arriba, lo que dio origen a los autos Rol C-3385-2017. Detalla que, en audiencia citada al efecto, no hubo acuerdo entre los asistentes en orden al nombre del juez que liquidase la comunidad, procediendo el tribunal a designar en tal calidad al abogado, don Claudio André Báez Bahamondez, quien, notificado de ello, aceptó el mismo y juró fiel desempeño.

Apunta que posteriormente y sin perjuicio que, según tiene entendido su mandante, no fueron notificados la totalidad de los comuneros, como por ejemplo su hermana Erna Marissa -amén de no haberse tramitado aparentemente todas las inscripciones especiales de herencia de algunos de los comuneros fallecidos-, lo que viciaría de nulidad todo lo obrado, se comenzó a tramitar la partición ante el referido abogado, ahora ya en calidad de juez partidor, quien señaló domicilio y designó como actuario a don nombre reservado, Secretario nombre reservado Juzgado Civil de esta ciudad.

Añade que, dentro de la tramitación de la partición, una parte de los comuneros, representados por el abogado, don Marcelo Andrés Velásquez Soto, formularon la pretensión de cese de goce gratuito con relación a su mandante, respecto del inmueble ya referido, del que es dueña cuotativa y que constituye actualmente su domicilio. Aducen un supuesto entorpecimiento de su mandante -sin especificar de qué se trata-, a la misma partición, el uso exclusivo del inmueble sin el pago de renta a los demás comuneros, por lo que piden que se declare el término de dicho goce gratuito exclusivo y se haga abandono de la propiedad, dentro de 10 días de notificada la resolución o en el plazo que el juez partidor determine. A dicha petición, el tribunal dio tramitación incidental, recibió la misma a prueba y, con fecha 14 de febrero de 2020, dictó sentencia, la que se notificó a su mandante el día 1 de julio en curso.

Indica como fundamento que no se procura con el proceso particional adquirir el bien común, o una parte de él, o una cosa diversa a cambio de los derechos que se tienen sobre las cosas comunes. Lo que interesa es poner fin al estado de indivisión, singularizando el derecho que corresponde a cada comunero.

Previene que el sentenciador no resuelve bien lo pedido, pues aquel, en primer lugar, señaló que se declaraba el término del goce gratuito, para luego ordenar dos hechos: el abandono y la entrega; pero no cualquier entrega, sino una entrega al juez.

Señala que no encuentra amparo legal un aspecto incluido, que dice relación con la orden de desocupar el inmueble y en cuanto ordena su entrega al tribunal.

Hace presente que, incluso cuando dicho cese ha sido tramitado ante un Juzgado Civil, nuestro máximo tribunal de justicia ha indicado que éstos carecen de la facultad de lanzamiento, citando un fallo al respecto.

Estima que el acto referido vulnera la garantía contemplada en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que solicita expresamente declarar que la resolución recurrida es arbitraria e ilegal, la cual perturba y priva a su mandante, quien recurre, del legítimo ejercicio del derecho de propiedad -uso y goce- que le cabe respecto al inmueble ya individualizado, amén de constituir igualmente una afectación a los derechos contemplados en el N° 1 y N° 3 inciso 4° del mismo artículo de la Constitución Política de la República.

Culmina requiriendo que la resolución recurrida debe dejarse sin efecto en todo lo que excede al cese del goce gratuito exclusivo, esto es, desde que ordena la entrega, lanzamiento y uso de fuerza pública.

Informando el recurrido, señala, en cuanto a si existen más herederos en esta causa o en aquella seguida ante el Primer Juzgado Civil de Valdivia, en la cual fue designado como partidor, que no hayan sido notificados del procedimiento de designación, que no es resorte del tribunal a su cargo dar a conocer quiénes son los comuneros que se encuentran en indivisión, ni tampoco lo es del Juez estatal aludido.

Por otra parte, aclara que la resolución que le designa como árbitro se encuentra firme y ejecutoriada, destacando que tampoco podría ser de su responsabilidad que en la respectiva posesión efectiva no se encuentren individualizados todos los herederos.

Hace presente que una vez sometido a su conocimiento este negocio, todas las partes interesadas fueron notificadas para efectos del compromiso arbitral, sólo llegando a la audiencia de rigor don nombre reservado, con delegación de poder del abogado, Marcelo Velásquez.

Refiere que las facultades entregadas en dicho comparendo fueron las de árbitro amigable componedor, tramitándose el juicio de conformidad a las normas acordadas por las partes o, en subsidio, a las reglas mínimas de procedimiento establecidas por la legislación procesal, entregándosele además facultades de venta directa del inmueble objeto del juicio.

Sostiene que, declaradas las rebeldías expresamente en el expediente particional, en lo que dice relación al compromiso arbitral, se le notificó completo a la recurrente en lo que toca a su cuaderno incidental y, a pesar de vivir a una cuadra de la sede de su tribunal arbitral, no se acercaron los recurrentes.

Precisa que existe una rebeldía expresa en el proceso, ya que la recurrente no ha comparecido a estrados en ninguna oportunidad, estando válidamente emplazada y teniendo un claro ánimo de dilatar y no aportar a la solución del problema jurídico de indivisión, pretendiendo seguir con el aprovechamiento del goce gratuito, lo que queda en evidencia, ya que existe un claro y evidente desinterés en estos autos y en la jurisdicción que le corresponde, pues ni siquiera ejercieron su derecho de impugnación en esta sede, cuyo plazo por lo demás se encuentra vencido.

En conclusión, manifiesta que dentro del procedimiento arbitral ha actuado con la debida prudencia exigida por la ley, aseverando que las partes no ejercieron en tiempo y forma los recursos que ella franquea, no agotándose previamente esa Instancia dentro del procedimiento especial que él instruye, por lo que este recurso de carácter extraordinario como medio de defensa sólo se podría aplicar a casos de extrema necesidad y por perturbación de derechos fundamentales, lo que en la especie estima no haber ocurrido mediante la sentencia que se recurre.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla.

De esta forma, al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el Constituyente establece.

SEGUNDO: Que, en los presentes autos, según se ha descrito en la parte expositiva, la recurrente reclama por la dictación por parte del juez árbitro partidor recurrido, de una resolución fechada el 14 de febrero de 2020, mediante la cual, en el marco de un procedimiento de liquidación de bienes de una comunidad hereditaria de la que forma parte la recurrente, ordena que ésta haga abandono del inmueble, procediendo a su entrega, libre de todo morador ante dicho juez. Además, conforme al petitorio efectuado en el incidente, se concede a la condenada un plazo máximo de 30 días, a contar de la notificación de la resolución, para proceder a entregar el inmueble, libre de todo morador, bajo apercibimiento de ser compelida por la fuerza pública. Estima así, que existen omisiones en el procedimiento y que el recurrido ha actuado más allá de sus facultades legales.

Por su parte, el juez recurrido esgrime que existe una “rebeldía expresa” en el proceso, ya que la recurrente no ha comparecido a estrados en ninguna oportunidad, estando válidamente emplazada, apreciando que concurre un claro ánimo de dilatar y no aportar a la solución del problema jurídico de indivisión, deseando continuar con el aprovechamiento del goce gratuito, amén de no haber ejercido su derecho de impugnación en dicha sede, cuyo plazo, además, se encuentra vencido.

TERCERO: Que, de esta suerte, el objeto del recurso se reduce a establecer si la mentada resolución adoptada por el árbitro arbitrador es constitutiva de un acto arbitrario o ilegal y, en la afirmativa, si afecta o no las garantías que se alegan conculcadas, en este caso específico, las contempladas en los numerales 1, 3 y 24, todos del artículo 19 de la Carta Fundamental, debiendo en cualquier evento estar en presencia de un derecho indubitado de la recurrente, quien discute la procedencia de la resolución involucrada, cuestionando el contenido de la misma, por estimar que no procede en parte lo resuelto, por carecer el recurrido de facultades suficientes.

CUARTO: Que, con miras a la elucidación de este asunto, es factible sostener que de los antecedentes que han sido puestos a disposición de esta Corte por parte de los intervinientes, analizados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se pueden tener por acreditados los siguientes hechos:

a.- En lo procesal, la recurrente fue notificada de la resolución recurrida por esta vía, dictada dentro de un procedimiento particional seguido ante el recurrido, actuando como árbitro arbitrador, sin que la hubiese impugnado en tiempo y forma.

b.- En lo sustantivo, la resolución cuestionada dispone el cese del goce gratuito de un inmueble por parte de la recurrente, ordenándole hacer abandono del mismo y procediendo a su entrega, libre de todo ocupante, en un plazo máximo de 30 días, bajo apercibimiento de ser compelida por la fuerza pública.

QUINTO: Que, asentado lo anterior, si bien en el ámbito adjetivo consta llevar la razón a su favor el juez recurrido, por cuanto, dada la notificación de la recurrente y habiendo vencido el término para impugnar lo resuelto al interior del proceso particional, no estaría en situación de revertir, en principio, la decisión adoptada; en el aspecto de fondo empero ha de tenerse presente que, tal como lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema, en procedimientos de similar naturaleza, no puede obviarse, por un lado, la calidad de comunera de la recurrente en tanto no se dirima su derecho específico en la cosa común, como tampoco, con mayor acento aún, debe desconocerse la improcedencia de ordenar cualquier medida coercitiva, como lo es el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones por parte de un árbitro, entendiendo que una decisión de ese carácter incumbe privativamente decretarla a la justicia del orden estatal, sea ordinaria o especial.

SEXTO: Que basta al efecto tener presente a título ilustrativo, en el primer sentido, el fallo del máximo tribunal, pronunciado en autos Rol N°7.551-2009, donde se resolvió: "Séptimo: Que se pretende por los comuneros demandantes que, conforme a las argumentaciones y razonamientos vertidos en el recurso, se declare la procedencia de la acción en cuanto solicitan la restitución de la propiedad y el pago de las cantidades de dinero que señalan en la demanda por concepto de goce de la propiedad e indemnización de perjuicios, porque los artículos 653 y 655 del Código de Procedimiento Civil desvirtuarían lo decidido por el tribunal de alzada. Sin embargo, la sentencia impugnada, ha establecido que el demandado ha tenido derecho a usar el inmueble, por cuanto es comunero en la misma sucesión a la que se ordena restituir la propiedad, por lo que aparece dicha decisión como improcedente." El segundo aspecto, en tanto, queda fehacientemente esclarecido con el tenor del artículo 76 de la Carta Fundamental, inserto dentro de su Capítulo VI, intitulado “Poder Judicial”, cuando, en lo pertinente a su inciso segundo, prescribe: “Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.”

En igual orientación, el inciso final del artículo 635, aplicable al 643, ambos del Código de Procedimiento Civil, previene: “Sin embargo, cuando el cumplimiento de la resolución arbitral exija procedimientos de apremio o el empleo de otras medidas compulsivas, o cuando haya de afectar a terceros que no sean parte en el compromiso, deberá ocurrirse a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto”.

Refrenda, además, lo expuesto la doctrina y la jurisprudencia, pudiendo consignarse la opinión de la autora, doña nombre reservado, en su trabajo sobre “Arbitraje en Chile: Revisión de la Doctrina Jurisprudencial en el Arbitraje Doméstico y Comercial Internacional (CS 2008-2013)”, en cuya página 22, se expresa: “Así las cosas, se puede concluir que el árbitro no tiene dentro de sus facultades la posibilidad de disponer medidas coercitivas tendientes a obtener el cumplimiento efectivo de sus resoluciones, de tal manera que cada vez que esto sea necesario, deberá recurrir al auxilio de la justicia ordinaria. Así lo ha entendido la Corte Suprema, en autos rol 8077-2014, en los cuales se impugnó en la forma y el fondo, la sentencia de segundo grado, que confirmó la de primer grado, que en el marco de un procedimiento ejecutivo rechazó las excepciones formuladas por el ejecutado, y en donde se pronunció rechazando tanto el arbitrio de nulidad formal, como el sustantivo, señalando respecto al fondo que no puede estimarse infringida la ley procesal, por cuanto la fase ejecutiva se encuentra reservada en forma privativa a la justicia ordinaria.

“DÉCIMO QUINTO: Que resulta indudable que la ejecución, en cuanto supone el ejercicio del poder coercitivo, es materia propia de conocimiento de la justicia ordinaria y no puede serlo de la justicia arbitral, al margen que del tenor de la cláusula pactada por los litigantes se sigue que, tal como razonaron los jueces del fondo, sólo puede alcanzar a los conflictos que se produzcan con ocasión del contrato de multiplicación de semillas, pero en ningún caso a la ejecución de un título posterior como lo es la factura que se cobra en autos, aun cuando ésta pueda derivar de los efectos de dicho contrato…”

SÉPTIMO: Que, en virtud de lo expuesto, lógico es concluir que al dictar el recurrido la resolución cuestionada, extendiéndose a materias que exceden del ámbito de sus atribuciones, ha actuado exorbitando su jurisdicción, lo que torna al acto reclamado en ilegal, esto es, contrario al ordenamiento jurídico y, por ende, deviene arbitrario, vulnerando de paso, al menos, la garantía constitucional que tutela la propiedad de la recurrente, en su calidad de titular de un derecho cuotativo en la cosa común cuya partición se procura, forma de dominio que ha de entenderse comprendida en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental; razón por la cual habrá de prosperar su acción en la forma como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Carta Fundamental, más Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se ACOGE la acción interpuesta por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra del abogado, don Claudio André Baéz Bahamondez, en su calidad de juez árbitro partidor, sólo en cuanto deberá en su virtud el recurrido dejar sin efecto lo ordenado, en todo aquello que exceda de la declaración de cese del goce gratuito exclusivo del inmueble.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

Rol 2338 – 2020 Protección.