nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Valdivia Valdivia, uno de octubre de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, contador auditor, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, Valdivia, quien recurre de protección en contra de la Tesorería General de la Republica, domiciliada en domicilio reservado, representada por Don nombre reservado, del mismo domicilio. Funda su acción señalando que en la época correspondiente, es decir en abril del año 2019 presentó declaración de impuestos anual, por el año tributario 2018, y producto de ésta, tenía devolución a su favor por un monto de $ 2.255.461 que en definitiva la Tesorería debería reingresar a su patrimonio, en las fechas que normalmente sucede con todo el resto de los usuarios.

Que, al ver que no se hacía efectiva, esperó tiempo suficiente y pidió cuentas a la Tesorería, en relación a la tardanza de esta devolución y el día 20 de julio del año 2020, tomó conocimiento, que mantenía deudas con la Universidad de Chile y se le había embargado la cantidad de dinero que alcanza a la suma de $ 1.971.411.

Que este dinero, que en definitiva se aloja en otro patrimonio, corresponde a un embargo no tramitado con la legalidad correspondiente, es decir no ha tenido ninguna posibilidad de oponer excepciones, dejándole totalmente en la indefensión. Efectivamente estuvo estudiando en esa casa de estudios, hace treinta años atrás y recibió su título el día 27 de julio de 1993 y pagó el total de la deuda en el año 1995. Sostiene que la ley que regula los créditos solidarios de estudios, dice que las deudas por créditos universitarios son exigibles dos años después de egresar, que más adelante la propia ley señala una prescripción especial de 12 años desde que la deuda se hizo exigible, para los que estén pagando, si esta se ha extinguido completamente o no ya no interesa, esta se condona, por el solo ministerio de la ley.

Además, la ley entrega un plazo adicional al alumno que egresó con una deuda de 200 UTM o más desde el plantel educacional, a éste se le concede un plazo de 15 años, extinta esta deuda total o no, esta caduca por los mismos efectos, el ministerio de la ley.

Estima vulneradas las garantías contempladas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental y solicita expresamente se proceda a la devolución inmediata de sus fondos, sin más trámites, sin tardanza ni dilación alguna y que la Universidad de Chile o quien este solicitando medidas en su contra, lo hagan a través de los tribunales de justicia correspondientes.

Informa al tenor del recurso la Universidad de Chile, señalando que el recurrente ha incurrido en un error al solicitar se oficie, en calidad de tercero, a la Universidad de Chile, ya que todo lo relacionado con el crédito universitario, por expreso mandato legal, se encuentra entregado al nombre reservado Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Chile, que es administrado con amplias facultades por su Administrador General, lo que significa que este recurso está mal entablado.

Lo anterior, ya que a través de los artículos 70 y siguientes de la Ley N° 18.591, se establecieron los Fondos Solidarios de Crédito Universitario para cada una de las Instituciones de Educación Superior, entre ellas la Universidad de Chile, que recibían aporte fiscal al 3 de Enero de 1987. Dichos Fondos se encuentran regulados, además, en los siguientes cuerpos legales: Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial el 20 de Enero de 1981, que fija normas sobre financiamiento de las universidades y, entre otras materias, estableció el "Crédito Fiscal Universitario”; y la Ley N° 19.287, publicada en el Diario Oficial de 4 de Febrero de 1994, que modifica la Ley N° 18.591 y establece normas sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario.

Conforme a esos cuerpos legales, el nombre reservado Fondo Solidario del Crédito Universitario constituye jurídicamente un patrimonio separado en su administración de los demás bienes y obligaciones de la Institución de Educación Superior, en este caso de la Universidad de Chile, y a la que se encuentra adjunto, y que sólo puede ser destinado a un fin específico: otorgar crédito a sus alumnos para pagar el valor anual o semestral de la matrícula o aranceles, según corresponda.

Asimismo, en lo que respecta a la atribución específica de solicitar la retención de la devolución de impuestos e imputar el monto retenido al pago de la deuda por concepto de crédito universitario, el artículo 1° de la Ley N° 19.989 la consagra específicamente en el Administrador del nombre reservado Fondo Solidario de Crédito Universitario respectivo.

Indica que el Administrador General es el responsable de mantener un sistema de seguridad y custodia de los activos del respectivo nombre reservado y cuenta con varias atribuciones para administrarlo con amplia autonomía.

Entre dichas atribuciones se contemplan, entre otras, proceder al cobro ejecutivo, en caso de incumplimiento del pago anual que corresponda efectuar en conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 19.287; certificar, cuando corresponda, la extinción de la deuda, sea por el pago efectivo del total del crédito, por el vencimiento del plazo o por otra causa legal según el artículo 14 de la Ley N° 19.287; y, en general, ejercer todas las atribuciones inherentes a la función de administrar, y quedar sujeto a las obligaciones y responsabilidades propias del cargo.

En el caso de la Universidad de Chile, ejerce el cargo de Administrador General del nombre reservado Fondo Solidario de Crédito Universitario, en conformidad a lo establecido en el Decreto Universitario N° 001848, del 2000, el señor Director de Finanzas y Administración nombre reservado, pero se trata de dos cargos y funciones separadas y distintas la una de la otra.

Por lo anterior, se configura una falta de legitimación pasiva de la Universidad de Chile.

En subsidio señala que según los antecedentes logrados recabar con el Administrador General del nombre reservado Fondo Solidario del Crédito Universitario de la Universidad de Chile, don nombre reservado, éste informó la morosidad del recurrente por concepto de crédito universitario y asimismo solicitó para el año tributario 2019 a la Tesorería General de la República la retención de la devolución de impuestos del recurrente, pues efectivamente es deudor moroso del referido crédito universitario.

Es falso lo sostenido por el recurrente en cuanto habría pagado el total de su deuda el año 1995.

En efecto, el recurrente obtuvo crédito universitario del nombre reservado Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Chile para financiar sus estudios en la carrera de Contador Auditor en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, hoy Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, asumiendo las obligaciones establecidas en la Ley N° 19.287.

Según consta en los antecedentes informados por el señor nombre reservado Fondo Solidario del Crédito Universitario de la Universidad de Chile, al 2 de enero de 2019, y según consta en Carta Notificación de Retención de Devolución de Impuestos Según Ley N° 19.989, el recurrente adeudaba por concepto de crédito universitario la suma total de 176,60 UTM, equivalentes a la fecha de esta presentación a la suma de $8.539.139 incluyendo capital moroso, reajustes e intereses correspondientes.

Entonces, siendo el recurrente deudor moroso del crédito universitario, el Administrador General del nombre reservado Fondo Solidario del Crédito Universitario de la Universidad de Chile, en conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 19.989 y al procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley N° 19.989, fijado por Decreto Supremo N° 297, de 2009, del Ministerio de Educación, solicitó a la Tesorería General de la República la retención de la devolución de impuestos en los procedimientos de Operación Renta del recurrente, hasta el máximo posible de retener, habida consideración el monto de la deuda.

De acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley N° 19.989, en enero de 2019, el Administrador General del nombre reservado Fondo Solidario de Crédito Universitario incluyó al recurrente en la Nómina de Deudores Morosos de Crédito Universitario afectos a la Retención de la Devolución de Impuesto a la Renta, en atención a la morosidad registrada por concepto de crédito universitario, nómina que fue publicada desde el 1 de enero de 2019 al 21 de enero de 2019 en diario electrónico de www.emol.cl de acuerdo al artículo 5° en relación con artículo 3°, ambos del D.S N°297,de 19 de noviembre de 2009, del MINEDUC.

Asimismo, como una medida complementaria para el debido y oportuno conocimiento del recurrente, también se le remitió una carta certificada de 11 de enero de 2019, enviada al domicilio informado por el recurrente y registrado en los sistemas corporativos del nombre reservado Fondo Solidario de Crédito Universitario.

En dicha carta se le advierte su situación de morosidad con el nombre reservado Fondo Solidario de Crédito Universitario; su incorporación a la nómina de deudores morosos informados, para la Retención de la Devolución de Impuesto a la Renta Año Tributario 2019 que debía efectuar la Tesorería General de la República y; el plazo que le asiste en virtud del artículo 6° del Decreto N° 297, que concede al recurrente y a todos los deudores el de 10 días hábiles, contados desde la notificación por carta certificada, para solicitar al Administrador respectivo que aclare la situación del deudor en aquellos casos en que éste considere que, o bien, ha operado algún modo de extinguir las obligaciones, o bien el monto que se consigna como adeudado no está correcto.

Atendido lo anterior, una vez transcurrido en exceso el plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de su notificación y constatarse que el recurrente no hizo gestión alguna tendiente a aclarar su deuda conforme el citado Reglamento permite, se remitió, tanto por vía electrónica y cómo por escrito, al Ministerio de Educación, la nómina de deudores morosos de crédito universitario de nombre reservado Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Chile, para los efectos que dicho Ministerio verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 297 de 19 de noviembre de 2009 MINEDUC.

Con posterioridad y establecido por parte del Ministerio de Educación la conformidad de la nómina de deudores morosos, entre los que se debía incluir al recurrente, se remitió dicha nómina a la Tesorería General de la República para los efectos de proceder a la retención de la devolución de impuesto en la Operación Renta del año 2019.

Remitida la nómina, la Tesorería General de la República, en virtud de la facultad legal señalada en la Ley N° 19.989 y en el artículo 13 del Reglamento de dicha Ley, retuvo en el mes de mayo de 2019 parte o el total de la devolución de impuestos solicitada por el recurrente y remitió esa cantidad al señor nombre reservado Fondo Solidario del Crédito Universitario de la Universidad de Chile, lo que ocurrió.

Una vez recibida la suma retenida al recurrente, el señor nombre reservado la imputó al pago de la deuda de aquel.

Indica que el Administrador General del nombre reservado Fondo Solidario del Crédito Universitario de la Universidad de Chile, ha solicitado la retención de devolución de impuestos a la renta del recurrente en múltiples años, acompañando a este informe la documentación relativa a los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Indica que no puede tratarse de una actuación ilegal por parte de la Tesorería General de la República, si este se enmarca dentro de un procedimiento legal y conforme a la competencia tanto del Fondo Solidario, del MINEDUC y de la Tesorería General de la República. Además, tiene como objetivo el cobro de una deuda morosa por concepto de crédito universitario.

En cuanto a las alegaciones de que la deuda se encuentra pagada, si bien el recurrente no acompaña antecedente alguno al respecto, cualquier controversia relativa a la existencia o no de la deuda, no es por la vía de esta acción cautelar que deba resolverse.

Las alegaciones del recurrente relativas a una supuesta prescripción de las acciones para el cobro de la deuda, la supuesta prescripción también puede ser declarada judicialmente.

Informa el Fisco de Chile, Tesorería General de la República, quien señala que en el presente caso, como resultado del proceso Operación Renta del año tributario 2019, la declaración del contribuyente fue observada por el Servicio de Impuestos Internos por lo que la devolución solicitada no fue aprobada por dicha entidad sino hasta julio del año 2020 por el total que reajustado ascendía a $2.255.461.

Luego, con fecha 13 de julio de 2020, la Tesorería General de la República debió realizar dos retenciones: una judicial, por $284.050 y otra derivada de un crédito universitario por $1.971.411.

Que, de acuerdo registros informáticos de la Tesorería, se ha requerido la retención de Impuesto a la Renta de este contribuyente por concepto del crédito universitario por más de 10 años consecutivos, aunque en definitiva no se haya concretado por no existir saldos a retener.

De acuerdo a lo informado por el área Contact Center de la Tesorería General de la República, el 19 de julio de 2020 el contribuyente pidió cuenta sobre la retención efectuada por Crédito Universitario y obtuvo respuesta al día siguiente.

Con respecto al crédito solidario universitario, la facultad de la Tesorería General de la República para efectuar retenciones de los saldos a favor se encuentra establecida expresamente en la Ley 19.989. Antes de la dictación de dicha ley en el año 2004, la Tesorería ya contaba con facultades similares respecto del crédito solidario, pero operaba solo respecto de aquellos deudores que habían acudido a la reprogramación establecida en la Ley 19.848. Sin embargo, el propósito de reiterar esta facultad mediante la dictación de la Ley 19.989 fue extender los mecanismos previamente introducidos con la Ley 19.848, haciéndolos aplicables a todos los deudores de dichos fondos. Educación emite un certificado de conformidad, el que es remitido al Administrador del nombre reservado respectivo y a la Tesorería General. Además, ese Ministerio debe remitir electrónicamente a Tesorería las nóminas de deudas impagas para que con el mérito de éstas y del certificado proceda a la retención.

Es así que los deudores tienen la oportunidad de presentar sus descargos y de hacer valer sus medios de defensa ante el Administrador del nombre reservado en la forma dispuesta en el reglamento de la ley, específicamente, en su artículo 6° , el cual señala que éstos una vez notificados que se llevará a efecto la retención tienen un plazo de 10 días para solicitar que el Administrador del respectivo nombre reservado aclare la situación del deudor en aquellos casos en que éste considere que ha operado un modo de extinguir obligaciones o el monto que se consigna como adeudado no es correcto y, por ende, que no se concrete la retención.

En consecuencia, el Servicio de Tesorerías al efectuar la retención de las devoluciones de renta del recurrente y remitirla al Administrador del nombre reservado, actúa en el ejercicio de una facultad legal que le ha sido concedida respecto de todos los deudores de ese crédito.

Señala que el recurso de protección no es la vía idónea para discutir sobre la prescripción o caducidad y al no existir garantías vulneradas, solicita el rechazo del recurso.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, del artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener, de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

Tercero: Que, para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe entonces existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Cuarto: Que la recurrente pretende por esta vía que se le devuelva por la recurrida, Tesorería General de la República los fondos que han sido retenidos y que quien sea que esté solicitando la retención, lo haga a través de los tribunales de justicia.

Tesorería señala que efectivamente efectuó la retención por la cual el recurrente reclama, derivada de un crédito universitario por la suma de $1.971.411 habiendo sido requerida en los últimos 10 años para efectuar esta retención respecto del contribuyente recurrente y que anteriormente no se concretó por falta de fondos.

Sostiene que ha actuado de conformidad a lo establecido en la ley 19.989 y a requerimiento del Ministerio de Educación, según lo solicitado por el Administrador General del nombre reservado Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Chile y que los fondos fueron entregados a quien pidió la retención.

Y la Universidad de Chile, alega la falta de legitimación pasiva pues quien requirió la retención es una entidad jurídica distinta, indicando además, que el recurrente no ha acreditado el pago de lo adeudado, afirma que éste adeuda la suma total de $8.539.139 y que se actuó de conformidad a lo establecido en la leyes 18.591, 19.287 y D.S. 297 del Ministerio de Educación.

Quinto: Que conforme a lo expuesto en el recurso y el respectivo informe, han resultado ser hechos no controvertidos los siguientes:

1.- La existencia de una retención efectuada por la Tesorería General de la República, respecto de la devolución de impuestos del recurrente, por instrucción del Ministerio de Educación y a requerimiento del Administrador del nombre reservado Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Chile.

2.- Que la deuda que se pretende cobrar, de acuerdo a los antecedentes aportados por los requeridos y lo informado por el recurrente, se hizo exigible en el año 1995. El recurrente afirma que ese año pagó el crédito universitario, hecho que no se encuentra justificado según el acreedor.

Sexto: Que a fin de resolver este asunto se debe tener presente, que la Universidad de Chile ha informado que fue la Ley 18.591, que estableció los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, norma que ha sido modificada por la Ley 19.287, que en su artículo 8° señala: ….” Si transcurrido un plazo de doce años desde que la deuda se hizo exigible, y habiendo cumplido el deudor todas sus obligaciones, restare aún un saldo, éste será condonado por el solo ministerio de la ley.

No obstante, para aquellos deudores cuya deuda acumulada, al momento en que sea exigible conforme al artículo 7°, sea superior a doscientas unidades tributarias mensuales, el plazo a que se refiere el inciso anterior será de quince años.”.

Séptimo: Que, de acuerdo a lo expuesto por los intervinientes, es un hecho no controvertido, que la deuda que se cobra al recurrente se hizo exigible en el año 1995, cuestión que debe ser analizada al tenor de lo establecido en la norma parcialmente transcrita en el párrafo precedente.

Octavo: Que resulta, de los mismos antecedentes, que ha sido retenida y cobrada parte una deuda que, de acuerdo a la fecha en que se hizo exigible el saldo insoluto del crédito universitario, pudo condonarse por el sólo ministerio de la Ley, en el caso que transcurrido el plazo de doce años desde que la deuda se hizo exigible, y habiendo cumplido el deudor todas sus obligaciones, restare aún un saldo, circunstancias que no se encuentran acreditas, en especial el oportuno cumplimiento de los pagos anuales de la deuda, antecedentes que deben ser discutidos y probados en la instancia que los interesados estimen pertinente, razones que permiten desestimar la acción, pues no existen derechos indubitados que permitan acoger el recurso.

Noveno: Y no se emitirá pronunciamiento en cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por el apoderado de la Universidad de Chile, pues sólo que le requirió un informe sobre lo mismo y porque la acción no fue dirigida en contra de la mencionada casa de estudios superiores.

Por estos motivos, normas legales mencionadas y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, contador auditor, quien recurrió de protección en contra de la Tesorería General de la Republica.

Sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

N°Protección-2302-2020.