ECSE CONSTRUCCION Y SERVICIOS LIMITADA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO LOS RIOS.

Valdivia, dieciocho de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don José Ignacio Castillo Villagra, abogado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de Ecse Construcciones y Servicios Ltda., sociedad del giro de su denominación, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; interponen recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo, Región del Los Ríos, representada por don José Luis Bravo Becerra (s), o por quien la reemplace o subrogue, domiciliados en domicilio reservado, por ejecutar acciones ilegales y arbitrarias que vulneran los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de la República consagra.

Funda su presentación, señalando que la sociedad por quien comparece, Ecse Construcciones y Servicios Limitada, ha sufrido una lesión en sus derechos resguardados por la Carta Fundamental emanada del ejercicio ilegal y arbitrario de la Dirección Regional del Trabajo Región Los Ríos y que han implicado una perturbación y amenaza al derecho constitucional al debido proceso, a poder desarrollar cualquier actividad económica con respecto a la moral, orden público, seguridad nacional y a las normas legales que regulan la actividad y especialmente al derecho de propiedad, al rechazar el recurso de reposición administrativa interpuesto por su representada, en aquella parte que rechaza dejar una multa sin efecto por vulneración al principio jurídico del “non bis in ídem”

El hecho arbitrario e ilegal con que se lesiona los derechos constitucionales señalados respecto de su representada se materializó en la resolución Nº91 de fecha 22 de noviembre de 2017, notificada el 30 de noviembre de 2018, emanada de la Inspección Comunal del Trabajo de Lanco, firmada por doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo Lanco, por orden del Director del Trabajo región de Los Ríos.

Dicha resolución recae sobre un recurso de reposición deducido conforme a lo dispuesto en el art 511 del Código del Trabajo por la empresa que representa, en el cual se solicitaba dejar sin efecto una de las multas cursadas, por haber incurrido el ente administrativo en error de hecho por vulneración al principio del non bis in ídem, solicitando además la rebaja de la multa conforme lo dispuesto en el inciso final de la misma norma.

Sostienen que mediante la resolución de multa Nº3970/18/39 de fecha 10 de octubre de 2018 se cursa a su representada una multa que en sus números 1 y 2 conllevan una sanción de 60 UTM cada una, haciendo un total equivalente a esa fecha a la suma de $5.761.920.- cursada por el Sr. nombre reservado don nombre reservado, dependiente de la Inspección Comunal del Trabajo de Valdivia. Las infracciones por las cuales la empresa fue sancionada, fueron las siguientes:

a.- No mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral al no identificar los peligros y evaluar los riesgos que están presentes en la faena de armado y desarmado de andamios según el siguiente detalle: no mantener procedimiento de trabajo seguro respecto de enganche y desenganche de los equipos móviles” (carro de arrastre), labor que realizaba trabajador nombre reservado rut RUT reservado al momento de sufrir accidente de trabajo grave con fecha 24/9/2018, producto de lo cual sufre amputación primera falange dedo meñique mano izquierda.

b.- No mantener las condiciones adecuadas de higiene y salud al no vigilar que los trabajadores cumplan correctamente los procedimientos de trabajo establecidos por la empresa para el puesto de trabajo y proceso. no utilizar elemento de protección personal entregado por la empresa (guantes) al momento de realizar enganche de carro de arrastre a camioneta, todo en relación a accidente de trabajo respecto de nombre reservado rut RUT reservado quien sufre amputación primera falange dedo meñique mano izquierda.

En contra de dicha resolución, y con fecha 16 de noviembre de 2018, su representada presentó un recurso de reposición conforme a lo dispuesto en el art. 511 del Código del Trabajo, solicitando dejar sin efecto una de las multas (la segunda), por haber incurrido en error de hecho el fiscalizador, al haber sancionado dos veces por una misma infracción, vulnerando de esta forma el principio de non bis in ídem. En dicho recurso se solicitó, además, que la multa que no se dejara sin efecto, se rebajara a lo menos al 50%, derecho que le asiste al empleador corrigiendo la infracción dentro del plazo de 15 días de notificada, conforme el inciso final del art 511 del Código del Trabajo.

La resolución Nº91 de la DT. De fecha 22 de noviembre de 2018 que se impugna, rechaza la solicitud de dejar sin efecto la segunda de las multas, señalando que no se configura una vulneración al principio de non bis in ídem pues “no hay identidad en el hecho infraccional, esto es, en infracción 3970/2018/39-1 se reprocha el no mantener un procedimiento de trabajo seguro específico en relación a la labor de enganche y desenganche de carros de arrastre, y en cambio en la infracción 3970/2018/39-2 se reprocha por no vigilar el cumplimiento de los procedimientos fijados por la empresa y el uso de los elementos de protección personal entregados y requeridos para la labor”.

Lo anterior, indica, no es efectivo, ya que en ambas multas, existe lo que se conoce como “la triple identidad”, identidad de sujeto, identidad de los hechos fiscalizados y sancionados, e identidad de fundamento jurídico. Existe además una identidad en cuanto al bien jurídico protegido, cuál es la seguridad de los trabajadores dentro de la empresa en el desempeño de sus funciones.

Pide concretamente, en definitiva, declarar la invalidez de dicho acto arbitrario y/o ilegal y en definitiva dejar sin efecto la segunda de las multas cursadas, manteniendo la rebaja de la primera, lo anterior con expresa condena en costas Informando el recurso, doña nombre reservado, abogada, por la recurrida Dirección Regional del Trabajo de Los Ríos, señala que con fecha 10 de octubre de 2018, el fiscalizador dependiente de la Inspección Provincial de Lanco, don nombre reservado, dictó la Resolución de Multa Nº3970/2018/39, aplicada a la empresa recurrente, la referida resolución multa fue notificada mediante carta certificada depositada con fecha 23 de octubre de 2018. La multa fue cursada por infracción verificada tras accidente del trabajo que produjo la amputación de la primera falange del dedo meñique mano izquierda del trabajador don nombre reservado, y cuyos hechos constan en informe de fiscalización N°1403/2018/86. Destaca que la sanción administrativa fue aplicada en el ejercicio de las facultades otorgadas al fiscalizador, según el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo y D.F.L. N° 2 de 1967.

Luego, con fecha 16 de noviembre de 2018, la empresa ejerce recurso de reconsideración administrativa de multa, conforme al art. 511 del Código del Trabajo, alegando error de hecho al cursar la sanción, solicitando dejar sin efecto o en subsidio rebajar. Tal solicitud fue resuelta mediante Resolución N° 91, de la Inspectora Provincial del Trabajo de Lanco, doña nombre reservado, a quien le está delegada dicha facultad por el Director Nacional mediante Resolución N° 1231 del 03.08.2016, conforme indica expresamente la misma resolución hoy impugnada, y expresando las consideraciones de hecho y de derecho que fundamentaban su decisión.

El Director Regional del Trabajo de Los Ríos (S) no ha tenido participación alguna en el acto administrativo reprochado por esta acción de protección. Se debe recalcar que la Resolución de Reconsideración N° 91, no es un acto emanado del Director Regional del Trabajo (S), don José Luis Bravo Becerra, sino que es un acto dictado por la Inspectora Provincial del Trabajo de Lanco, doña nombre reservado, en contra de quien no se recurrió, y quien, en el ejercicio de la facultad delegada mediante Resolución N° 1.231 de 2016, resolvió en conformidad al artículo 511 del Código del Trabajo, lo cual es reconocido por la empresa en su recurso.

Conforme a lo indicado el Director Regional del Trabajo de Los Ríos (S) no ha tenido participación alguna en los hechos que dan origen al presente recurso de protección, de modo tal que solicito se declare improcedente el presente recurso de protección por cuanto, y según se ha indicado, el recurrido no ha tenido ni le corresponde participación alguna en los hechos que se le imputan.

Seguir la tesis de la contraria, importaría acoger el presente recurso en contra de un tercero que no ha tenido participación alguna en los hechos reprochados, y que por ende, no le es imputable dicho actuar.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE PROTECCION POR EXISTIR UN PROCEDIMIENTO ESPECIALMENTE REGULADO AL EFECTO.

El Libro V del Código del Trabajo, relativo a la jurisdicción laboral contempla en su título II el procedimiento para reclamar judicialmente de las multas y demás resoluciones administrativas.

De este modo, se establece la posibilidad de reclamar judicialmente de la resolución de multa y también respecto de las resoluciones que se pronuncian sobre los recursos de reconsideración administrativa de dicha sanción, e incluso, respecto de otras resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo distintas de las anteriormente señaladas.

Por consiguiente, en los casos antes enunciados se aplica un procedimiento especial, cuyos efectos son la suspensión de la aplicación de la multa y la fijación de las partes del conflicto jurídico. Todo ello ante un juez laboral y en un procedimiento oral, concentrado, con un respeto íntegro del principio de la bilateralidad de la audiencia. Entonces, es en dicha sede donde necesariamente han de conocerse y resolverse impugnaciones como las efectuadas por el recurrente.

Indica que acoger el presente recurso importaría permitir que se conozcan las reclamaciones en contra de resoluciones administrativas por la vía de recurso de protección, dejando sin aplicación las acciones judiciales de los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo, y vulnerando el debido proceso y derecho a defensa del ente administrativo.

Agrega que la actuación de la Inspectora Provincial del Trabajo de Lanco, expresada en la Resolución N° 91, se encuentra ajustada a la normativa jurídica vigente, pues, se aplicó en el uso de las facultades de reconsiderar las multas impuestas por funcionarios de sus dependencias, tras sancionar por constatar a la veracidad de la infracción a la legislación laboral, conforme al artículo 511 del Código del Trabajo.

Concluye señalando que procede que se desestime el recurso, por no haberse dirigido en contra de quien realmente dictó el acto administrativo que se reprocha. Asimismo, procede ser desestimado por no ser éste el medio procesal idóneo para la materia, al existir un procedimiento especialmente regulado en el Código del Trabajo. En subsidio de lo anterior, se debe desestimar el recurso pues no concurren los presupuestos de la acción cautelar interpuesta, que son:

A.- Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

B.- Que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho;

C.- Que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución.

Solicita rechazar el recurso por no existir actuación arbitraria o ilegal, por cuanto se actuó dentro del marco legal, en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias, no produciéndose además la lesión al derecho invocado.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de una acción u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o arbitraria, es decir, para que este recurso sea procedente y pueda ser acogido es imperativo que efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho evidente y no disputado del reclamante, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

TERCERO: Que en el caso de estos autos el recurrente denuncia que fue sancionado en un proceso de fiscalización por el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Valdivia de manera arbitraria e ilegal, por lo que debe examinarse si ha existido efectivamente arbitrariedad o ilegalidad que puedan constituir el fundamento de este recurso.

CUARTO: Que en el caso de estos autos la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Valdivia procedió en el legítimo y recto ejercicio de las facultades fiscalizadoras que la ley no solo le confiere sino que le impone realizar como parte esencial de sus cometidos funcionarios fundamentales.

Así resulta del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1967, cuyo artículo 1 letra a) señala imperativamente que a la Dirección del Trabajo “le corresponderá, particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden: a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral;”, lo que reafirma el mismo Código del Trabajo en su artículo 505, que establece imperativamente que “la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen.”

Por su parte la potestad sancionatoria está otorgada a este organismo de la administración del Estado por el artículo 503 del Código del Trabajo, que dispone que “las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.”

QUINTO: Que de tales antecedentes resulta que los recurridos no han procedido en forma arbitraria ni ilegal al proceder a la fiscalización del cumplimiento que la recurrente ha realizado de las disposiciones sobre derechos laborales que le son aplicables en su calidad de empleador, por cuanto han procedido en el ejercicio de una potestad que las leyes le confieren y en cuya virtud pueden realizar esas labores inspectivas y de fiscalización en todo caso que lo estimen procedente, así como aplicar las sanciones que estimaren procedentes en caso de contravención.

SEXTO: Que razonablemente el recurrente puede estar en desacuerdo con el ejercicio de esas potestades fiscalizadoras y sancionatorias que ha ejercido la Dirección del Trabajo en ejercicio de sus atributos legales, pudiendo reputar que sus actuaciones resultan ilegales o arbitrarias lo que, por lo demás, hipotéticamente es posible que pudiere acontecer en ciertas situaciones.

Es por esa razón que esas actuaciones, que eventualmente pudiesen ser reputadas irregulares no se encuentran al margen del derecho; por el contrario, el propio legislador laboral ha previsto los mecanismos para remediar tales situaciones que no se ajusten estrictamente a las respectivas disposiciones legales y reglamentarias.

En tal sentido el artículo 503 inciso segundo y siguiente del Código del Trabajo, reglamentan el procedimiento de reclamación señalando que “las resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción.

Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos Mínimos Mensuales, caso en el cual, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio, contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.”

La resolución que al efecto sea pronunciada por el respectivo juez de letras del trabajo es susceptible de ser impugnada por todos los recursos que establecen los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo.

En la comprensión del legislador respecto de la variedad de situaciones de hecho que pueden acontecer en los procedimientos de fiscalización, también se concede un recurso de reconsideración ante el mismo Director del Trabajo para que conozca y adopte las medidas pertinentes si en un proceso de fiscalización y sanción se hubiere incurrido en errores de hecho o si el administrado hubiere subsanado las infracciones que fundamentaron las sanciones que se hubieren impuesto. En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo 502 del presente Código.

SÉPTIMO: Que en consecuencia de los antecedentes antes señalados, resulta que los derechos del recurrente no han sido vulnerados de manera ilegal o arbitraria, por cuanto la Inspección del Trabajo y la funcionaria recurrida intervinieron en el ejercicio de potestades de que se encuentran legalmente investidas; si el recurrente disiente de esas actuaciones o si las reputa ilegales o arbitrarias tiene derecho de ejercer las acciones que establece el Código del Trabajo para impugnarlas, oponiendo la plenitud de los fundamentos que estime procedentes.

Al decidirse que no es procedente el recurso de protección para impugnar las resoluciones que dicten los funcionarios fiscalizadores de la Inspección del Trabajo en procesos de fiscalización, no se emitirá pronunciamiento sobre otras alegaciones del recurrente, ya que la materia ha debido ser conocida por los Juzgados de Letras del Trabajo.

OCTAVO: Que, en las circunstancias antes indicadas, el presente recurso de protección será desestimado.

Por lo expuesto, y visto además, lo dispuesto por en los artículos 19 Nº 4 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Ecse Construcciones y Servicios Ltda., en contra de Dirección Regional del Trabajo, Región del Los Ríos.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Titular Sra. Marcia Undurraga Jensen.

Rol 2207 – 2018 PRO.