Protección contra DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA y a fav

Valdivia, tres de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Ruta T-350, camino a Curiñanco, representante legal de la organización comunitaria funcional denominada CONSEJO DE DESARROLLO DE LA COSTA, recurre de protección en contra del DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA y a favor de doña nombre reservado con domicilio conocido en Cutipay Alto, Ruta T-354, Kilometro 1.7, Niebla, comuna de Valdivia.

Los hechos:

1.- Con fecha 2 de agosto del año en curso se llevó a cabo asamblea extraordinaria para aprobar una reforma a los estatutos de la Junta de Vecinos.

2.- Dicha modificación fue avalada por el Departamento de Organizaciones comunitarias de la Municipalidad de Valdivia y respaldada por asesoría Jurídica de la misma municipalidad, según publicación realizada en el Facebook de la Junta de Vecinos por su Presidenta, Sra. nombre reservado y ratificado por la Jefa del Departamento de Organizaciones Comunitarias presente en dicha asamblea.

3.- Si bien las organizaciones reguladas por la Ley 19.418 pueden realizar modificaciones o incorporaciones a sus estatutos, estos no pueden estar por encima de la ley o la Constitución Política de la República.

4.- La Ley 20.718, en su artículo único que sustituyó la letra f) del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 19.418, que habilitó a las Juntas de Vecinos para emitir certificados de residencia, no establece ningún documento o exigencia para la entrega de estos Certificados de Residencia.

5.-EI certificado de residencia sólo busca acreditar que una persona natural "tiene domicilio conocido en un lugar específico" de la jurisdicción de la Junta de Vecinos, pero además le traspasa a él o la solicitante la obligación de señalar la verdad respecto de su domicilio:

"f) Emitir certificados de residencia, siéndole aplicable al requirente que faltare a la verdad en cuanto a los datos proporcionados al efecto, las sanciones contempladas en el artículo 212 del Código Penal".

6.- No es un argumento válido para negar la entrega de un Certificado de Residencia el que la organización o su representante legal se verían afectados por las sanciones contempladas en el "Artículo 212 del Código Penal, antes mencionado, esto sólo aplica al "requirente" y no a quien entregare dicho documento.

7.- Si se establece la legalidad de lo aprobado por esta Junta de Vecinos, se viola la garantía constitucional de "Igualdad ante la Ley de doña nombre reservado, como también de todas las personas que están en su misma situación, que siendo socios y socias fundadoras de esta Junta de Vecinos, precisamente porque tienen domicilio conocido y viven actualmente en la jurisdicción de esta organización", hoy se les niega el "Certificado de Residencia" ya que no cuentan con los documentos que ha aprobado solicitar esta Junta de Vecinos para su entrega.

8.- Pero además como representante legal del Consejo de Desarrollo de la Costa solicito dejar sin efecto lo aprobado, porque si se valida legalmente, esto sienta un precedente jurídico para que cualquier Junta de Vecinos de la costa de la comuna de Valdivia o del resto del terrario nacional pueda, por la vía de una modificación de estatutos, hacer exigencias para la entrega de este documento y violar por esa vía la garantía constitucional de "igualdad ante la ley".

9.- Esto significa que ningún jefe o jefa de hogar, que vivan en la condición, por ejemplo, de allegado en el área de esta Junta de vecinos podrá obtener un certificado de residencia ya que no podría presentar los documentos exigidos, quedando excluido o excluida de acceder a beneficios sociales o políticas públicas que demanda la presentación de un Certificado de Residencia.

Un niño o niña que requiere de un Certificado de Residencia a su nombre, por ejemplo, para optar a alguna beca, no podría tener este documento ya que evidentemente no posee recibos de pago de servicios básicos a su nombre, contrato de arriendo o certificado de dominio vigente de un bien raíz.

Es más, que una persona pueda acreditar tener un "bien raíz", eso en modo alguno lo hace "residente", es decir que tiene domicilio conocido y permanente en el área de una Junta de Vecinos, sino sólo que es propietario de un bien raíz, pero podría tener domicilio en cualquier otro lugar del territorio nacional o fuera del país.

En virtud de los argumentos expuestos solicita acoger a tramitación Recurso de Protección, se otorgue la protección solicitada y se deje sin efecto las exigencias para la entrega de certificados de residencia aprobadas por la Junta de Vecinos Cutipay Alto.

Informa doña BEATRIZ SANHUEZA BECERRA, abogada, en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, representada por don nombre reservado.

1.- En primer lugar, resulta importante señalar que el Departamento de Organizaciones Comunitarias consiste en una unidad que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario, según lo dispone el artículo 155 del Reglamento Interno que regula la estructura y la organización de la I. Municipalidad de Valdivia, aprobado por Decreto Exento N°8509 de fecha 01 de diciembre de 2016.

2.- Por otra parte, una de las funciones de dicha Dirección consiste en prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el municipio.

3.- Que de acuerdo al artículo 158 de dicho Reglamento, el Departamento de Organizaciones Comunitarias tiene por objetivos “implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tendientes a generar las condiciones mínimas para la adecuada participación de las organizaciones sociales; motivación, legalización e información entre otras.”

Y una de sus funciones específicas, consiste en asesorar técnicamente a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que permitan facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley n° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.

4.- Según lo dispone la Ley N°19.418 contenida en el Decreto N°58 del Ministerio del Interior; Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, concretamente en el artículo 6° inciso primero que “Para los efectos de esta ley, las municipalidades llevarán un registro público, que además estará disponible en la página web institucional, resguardando los datos personales en virtud de la ley N° 19.628, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas.” Por otra parte, y sólo a modo ejemplar, el artículo 10° letra l), dispone a propósito de la forma de elaborar un plan anual de actividades, que “Las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias que lo soliciten podrán sujetarse a un estatuto tipo que les será proporcionado gratuitamente por la respectiva municipalidad.

Que según se desprende de dicho cuerpo legal, los municipios tiene un rol importante para el desarrollo de tales organizaciones, dado que deben oír e informar a dichas entidades vecinales en diversas materias y, además, cumplen un rol importante en su constitución, reforma de estatutos, financiamiento de proyectos y disolución.

5.- Que respecto a los hechos descritos por la parte recurrente, con fecha 9 de julio del presente año, se lleva a cabo reunión con dirigentes de Junta de Vecinos de Bellavista Alto de Cutipay, solicitada por ellos mismos con el objetivo de aclarar dudas respecto a la modificación de sus Estatutos.

Dicha reunión se realiza con la presencia del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Valdivia, con el objetivo de conocer y evaluar las posibles modificaciones que dicha Junta de Vecinos proponía para sus Estatutos. En dicha ocasión se evalúan posibles modificaciones a sus estatutos, según los objetivos que buscaba la directiva frente a diversas situaciones de hecho que han debido enfrentar en su territorio, siempre presente el marco legal vigente que rige a tales organizaciones.

6.- Posteriormente, con fecha 2 de agosto, se solicita que dicho Departamento representado por su Jefatura, en conjunto con Departamento Jurídico representado por su Directora, asistan a reunión extraordinaria en donde la labor del Municipio, en específico de Organizaciones Comunitarias, se limita exclusivamente a transparentar la solicitud de asesoría por parte de dicha organización Territorial, en cuanto a que ambas unidades habían tomado conocimiento de las modificaciones propuestas por la Organización pero que sin perjuicio de ello, se clarifica en todo momento, que en la Asamblea de dicha Junta de Vecinos, recae la aprobación o el rechazo de la modificación de sus Estatutos. Y que tal modificación, luego de la votación, sería revisada, evaluada y autorizada, siempre que corresponda, por Secretaría Municipal, de acuerdo a la normativa vigente y las funciones asignadas a cada unidad municipal.

Por lo que, en tal ocasión, simplemente se transmitió que las unidades municipales habían tomados conocimiento de la modificación, y que recaía en los socios la decisión final, al ejercer cada uno su voto, por lo que la asamblea se desarrolló posteriormente sin la presencia del equipo municipal.

Y que tal acompañamiento a dicha reunión, respondió al dar cumplimiento con lo que dispone la normativa vigente, en el marco de asesorar técnicamente en lo relativo a facilitar el funcionamiento o desarrollo de la organización, y en especial, a informar correctamente a los socios de sus facultades, de acuerdo a los estatutos que los rigen, motivando que cada uno conociera tales potestades, según sus estatutos.

7.- Que por lo tanto, si bien el rol del municipio consiste en asesorar a las Organizaciones, existe un trabajo en conjunto con el Departamento Jurídico y Secretaría Municipal, quienes revisan jurídicamente cada solicitud y documentación previa aprobación y devolución a las organizaciones. Actualmente la Documentación presentada por la Organización en comento, se encuentra en Secretaría Municipal sin que dicha unidad haya evacuado aún una resolución o acto administrativo respecto a la modificación que indica el recurrente.

8.- Que las municipalidades están encargadas de satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso, económico, social y cultural de la respectiva comuna, según lo dispone la Ley N°18.695 Orgánica de Municipalidades. Y que el actuar de dicho Departamento Municipal responde a tal función, dando cumplimiento al mandato legal.

9.- En este orden de ideas, y según lo planteado por la parte recurrente, no se establece la existencia de alguna privación, perturbación o amenaza a los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 Nº2 de nuestra Constitución Política de la República. Tampoco se ha dictado algún acto u omisión de parte de esta Corporación que sea catalogable como arbitrario o ilegal, toda vez que se ha actuado, en todo momento, dentro de las competencias y en la forma que prescribe la ley.

10.- En conclusión, de acuerdo a lo planteado en esta presentación, no se reúnen las condiciones que establece el artículo 20 de nuestra Constitución Política para considerar que existen actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que allí se establecen.

Pide el rechazo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Para la procedencia de la acción de protección se requiere que la parte recurrente sea titular de uno o más derechos fundamentales respecto del cual haya sido privado, perturbado o amenazado en su ejercicio a través de acciones u omisiones del recurrido que revistan el carácter de ilegitimas o arbitrarias. Concretamente, se invoca la perturbación del derecho de igualdad ante la ley de la recurrente, al haberse modificado los Estatutos de la Junta de Vecinos a la que pertenece, estableciéndose nuevas obligaciones que debe cumplir aquel miembro que solicite un certificado de residencia de la respectiva organización comunitaria.

SEGUNDO: Como se dijo, uno de los pilares del recurso de protección es la existencia de actuaciones u omisiones ilegales o arbitrarias.

La ilegalidad que se refiere por los actores, si bien no tiene un desarrollo acabado en el recurso, se desprende que radica en la actuación de la recurrida, al aprobar la modificación de los Estatutos de la Junta de Vecinos, cambios estatutarios que son contrarios a la ley.

TERCERO: Establecido que el “acto” que denuncia la parte recurrente, no se ha verificado, por cuanto el municipio informa que sólo ha realizado labor de asesoría y de guía legal, sin que exista una intervención en el cambio estatutario que haya verificado, pues cualquier modificación se realiza por votación de los miembros de la Junta de Vecinos, a lo que agrega que la Secretaria Municipal tiene aún pendiente el pronunciamiento sobre la modificación adoptada, no existe la posibilidad de analizar si se cumple con los requisitos de “ilegalidad” o “arbitrariedad” que debe cumplir el acto atentatorio contra la garantía constitucional del derecho de igualdad ante la ley, en el caso que nos ocupa, para poder dar respuesta a si merece ser amparado por la presente acción constitucional.

En este ámbito, la recurrente hace aseveraciones que no son corroboradas por documentación de respaldo, en cuanto a que las modificaciones estatutarias que estima conculcatorias a la garantía que invoca, se hayan verificado y tampoco, en caso de haberse materializado, que en ella haya tenido actuación decisoria la entidad recurrida.

CUARTO: Por lo expuesto se rechazará el recurso de protección interpuesto, al estimarse que no se ha incurrido en actuaciones arbitrarias ni ilegales que conculcan la garantía del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

Y visto además lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, se RECHAZA el recurso interpuesto por don nombre reservado, representante legal del Consejo De Desarrollo De La Costa, en contra del Departamento De Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad de Valdivia y a favor de doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 2204 – 2019 PRO.