nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valdivia Valdivia, dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno.

Visto:

Comparece doña nombre reservado, quien recurre de protección en contra de doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo del Ranco.

Funda su presentación señalando que se le notificó con fecha 26 de abril del 2021, de un reclamo administrativo por un eventual despido injustificado deducido por una ex trabajadora, señora nombre reservado.

Expone que durante el devenir del proceso conciliatorio, se acompañaron al funcionario don nombre reservado, todos los documentos que acreditaron su correcto actuar respecto a cómo se llevó adelante el despido de la trabajadora en cuestión. Se le indicó expresamente que lo único que no se pudo hacer por una circunstancia ajena a su voluntad, fue enviar la carta de despido por carta certificada, dado que en su oportunidad la empresa de correos rechazó realizar el envío por ser la dirección de la trabajadora sin número (s/n), es decir se dio énfasis y se hizo saber al órgano público, que no tan solo se notificó personalmente sino que además siempre existió voluntad como empleadora de enviar la carta de despido por carta certificada; pero la empresa de correos no aceptó tal envío por las razones expuestas, no logrando verificarse.

Así las cosas, describe que el reclamo de la trabajadora fue finalmente desestimado en prácticamente todas sus partes, sin perjuicio que el órgano fiscalizador le hizo saber sus derechos para que ejerza su demanda, de estar disconforme con el resultado de su reclamo incluso instruyéndola de contar con abogado gratuito, acción judicial que finalmente no dedujo, lo que vuelve a acreditar que todo terminó de buena forma con la trabajadora.

Indica que la única infracción supuestamente encontrada por el recurrido fue por supuestamente "no comunicar por escrito ni por carta certificada el término del contrato de trabajo", siendo éste el primer acto arbitrario o ilegal, dado que le imponen una multa de $412.736, equivalente a 8 U.T.M., cuando quedó claro que se notificó personalmente a la trabajadora, que si bien no quiso firmar, se verificó la entrega de la carta de despido y su correspondiente certificado de cotizaciones al día personalmente; tanto así que la misma trabajadora indica en su reclamo que no estaría de acuerdo con el despido ni con las causales contenidas en la carta en cuestión, "dejando en evidencia que sí recibió tal carta en sus manos".- Por lo que habiéndose notificado personalmente a la trabajadora, no podría el órgano público fiscalizador imponer también la notificación por carta certificada, como lo advierte el art. 162 del Código del Trabajo.

Añade respecto de la multa, que se acogió a la sustitución de la misma por la capacitación, que advierte el art. 506 ter del Código del Trabajo, deduciendo dicha solicitud administrativa conforme a derecho. Pero con fecha 5 de julio de 2021, por ordinario N°97, se rechaza su solicitud, por insistir el recurrido que debía enviar comprobante del envío de la carta certificada, decisión respecto de la cual se dedujo con fecha 6 de julio, en tiempo y forma, recurso de reposición y en subsidio jerárquico, conforme a la Ley N°19.880, con el objeto de impugnar el acto administrativo expresado en el ordinario N°97, que le impone arbitrariamente una multa por los hechos ventilados en esta presentación, reservándose además en su oportunidad el derecho a recurrir de protección.

Refiere que con fecha 14 de julio del 2021, se le notifica del ordinario N°105, acerca de la improcedencia jurídica de los recursos interpuestos, indicando la recurrida que no proceden respecto de resoluciones de multa los recursos de reposición y jerárquico, por cuanto indica "que el legislador ha contemplado y sistematizado medios específicos de impugnación contenidos en los art. 503, inc. 3, 504, 506 ter, y 512 del Código del Trabajo, regulando así la reclamación judicial y los procedimientos impugnatorios ante el Director del Trabajo".

Estima que éste es un nuevo acto arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, que por cierto marca la temporalidad de la presente acción de protección, dado que claramente perturba el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el art. 19 N°2 de nuestra Constitución Política de la República. Sostiene que, en efecto, la parte recurrida yerra profundamente en su reflexión, dado que no es la impugnación de la multa la que se pretende con el ejercicio de los recursos deducidos, ya que se acogió precisamente a lo previsto y dispuesto en el art. 506 ter del Código del Trabajo siendo esto la sustitución de la multa por capacitación, por lo que fue ese el camino jurídico que se eligió en consideración a los hechos ventilados en el proceso de fiscalización; en este sentido, lo que se pretende impugnar por medio de los recursos impetrados no es otra cosa que el acto administrativo que rechaza la solicitud de sustitución deducida.

Expresa que lo que la recurrida señala erróneamente en su ordinario N°105, de 14 de julio del 2021, es que se intentaría impugnar una multa administrativa, pero lo que se hizo al solicitar la sustitución por capacitación es volver a la regla general, es decir, debe someterse, conforme a su naturaleza de acto administrativo, a las reglas de impugnación que el legislador establece para atacar precisamente los actos administrativos, tal como lo franquea la ley N°19.880, como lo son el recurso de reposición y el jerárquico.

Estima vulnerada la garantía contemplada en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Carta Fundamental, ya que lo obrado constituye una amenaza de despojarle de $412.736, equivalente a 8 U.T.M.

Por lo expuesto, solicita expresamente establecer las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.- Informa la recurrida señalando que con fecha 23/04/2021 doña nombre reservado interpone, ante la Inspección Provincial del Trabajo del Ranco, un reclamo administrativo, solicitando audiencia de conciliación con su ex empleadora, como instancia previa dispuesta en el art. 497 del Código del Trabajo, generándose el reclamo N°1402/2021/67. La presentación de dicha solicitud se notificó a la empleadora, doña nombre reservado, requiriéndole exhibir determinada documentación de origen laboral incluyendo el finiquito de la extrabajadora, realizándose la conciliación respectiva sin que las partes lleguen a acuerdo.

Se revisaron todos los antecedentes presentados por las partes, determinando el fiscalizador actuante que existía infracción a la normativa laboral, razón por la cual, en el cumplimiento de sus funciones, cursa la multa 3627/2021/11, en síntesis, por no comunicar por escrito, personalmente o por carta certificada, el término del contrato en el plazo de 3 días hábiles, contados desde su separación; lo cual importa infracción al art. 162, incisos 1° y 2°, art. 506 del Código del Trabajo.

Destaca que la resolución administrativa fue aplicada en el ejercicio de las facultades otorgadas al Inspector del Trabajo, según lo dispuesto en los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo; y art. 1° del DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Expone que ante dicha multa, efectivamente la empresa con fecha 26/05/2021 solicitó que aquella fuera sustituida por una capacitación, de acuerdo al art. 506 ter N°2 del Código del Trabajo. En su presentación la empleadora reconoció expresamente haber cometido la infracción, argumentando que: “En aquel procedimiento se indicó las razones por las cuales no se envió carta certificada a la trabajadora, conforme a derecho, no obstante, esta parte asume y concuerda con el señor inspector del trabajo, en la falta cometida, a la cual no tenemos reproches." no deduciendo ningún recurso administrativo o judicial en el cual se alegue el error de hecho al cursar la sanción alegado hoy por ella. Por lo que deben descartarse desde ya, todas las alegaciones sobre un supuesto error de hecho al aplicar la multa 3627/2021/11.

Dicha solicitud de sustitución fue rechazada mediante Oficio N°97 de 05/07/2021, de la Inspección Provincial del Trabajo del Ranco, notificado por correo electrónico de misma fecha, al no acreditar corrección, pues la empresa no adjuntó a su solicitud ningún antecedente mediante el cual se acreditase corrección del hecho infraccional señalado o, en subsidio, algún antecedente que acreditase haber llegado a algún acuerdo con la trabajadora desvinculada; sino que simplemente adjuntó una carta explicativa donde reconocía la infracción y un mandato judicial.

Posteriormente, con fecha 07/07/2021, la empleadora interpone recurso de reposición con jerárquico en subsidio, en virtud de la Ley N°19.880, respecto del cual, mediante Oficio N°105 de 14/07/2021 de la Inspección Provincial del Trabajo del Ranco, se le informó su improcedencia jurídica ya que si bien la Ley N°19.880 dispone varios mecanismos conducentes a que la autoridad administrativa revise los actos emanados de su actuar, consagrando la facultad de corregirlos o dejarlos sin efecto, a través de los recursos de reposición y jerárquico, entre otros; sin embargo, no proceden respecto de las resoluciones de multas los recursos de reposición y jerárquico, por cuanto el legislador ha contemplado y sistematizado medios específicos de impugnación, contenidos en los artículos 503 inciso 3, 504, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo, regulando así la reclamación judicial y los procedimientos impugnatorios ante el Director del Trabajo.

Expresa que en los casos antes enunciados se aplica un procedimiento especial, cuyos efectos son la suspensión de la resolución y la fijación de las partes del conflicto jurídico. Todo ello ante un juez laboral y en un procedimiento oral, concentrado, con un respeto íntegro del principio de la bilateralidad de la audiencia. Entonces, es en dicha sede donde necesariamente han de conocerse y resolverse impugnaciones como las efectuadas por el recurrente.

Sostiene que el acto impugnado es el Oficio N°105 mediante el cual no se impuso ninguna sanción pecuniaria, la multa administrativa por la cual se solicitó sustitución estuvo correctamente aplicada, inclusive a conformidad de la empleadora, sin que se haya impugnado su aplicación con error de hecho, sino que, como se ha dicho, sólo se solicitó sustitución de la multa por una capacitación, sin acreditar la corrección que la habilitara; y, si bien la imposición de una multa administrativa, importa una disminución del patrimonio de la empresa, lo cierto es que dicha limitación al ejercicio de este derecho se encuentra regulado legalmente, dentro del lus Puniendi estatal, consistente, en la especie, en el deber de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral y con ello sancionar aquellos casos de infracción a la legislación laboral, tal como lo establece el inciso 1° del artículo 503 del Código del Trabajo, sanción que puede ser impugnada mediante los recursos que la ley laboral contempla, no siendo procedentes la aplicación supletoria de la Ley N°19.880.

Manifiesta que, en consecuencia, la actuación de la Inspectora Provincial del Trabajo del Ranco se fundó en la misma ley laboral, como ya se indicó, tanto en el Oficio N°97 al resolver rechazar la solicitud de sustitución de la multa 3627/2021/11 por una capacitación, como en el Oficio N°105, que informó a la empleadora sobre la improcedencia de impugnar dicho rechazo a través de los recursos de reposición y jerárquico de la Ley N°19.880.

Expresa que no concurren los presupuestos de la acción cautelar interpuesta, siendo además, la petición del recurso indeterminada.

Se trajeron los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurarla debida protección ante la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de una acción u omisión ilegal, es decir, contraria a la ley o arbitraria, que vulnere derechos indubitados del recurrente.

Tercero: En la especie, resulta acreditado, mediante lo informado por la recurrida y lo señalado por el recurrente, todo ello corroborado por los documentos acompañados, que el acto por el cual se reclama ha tenido su origen en la intervención de la recurrente en un procedimiento administrativo laboral, en el que se ha resuelto a su respecto la aplicación de una multa, sanción que pretendió sustituir de conformidad a lo contemplado en el artículo 506 ter del Código del Trabajo.

Estima específicamente la recurrente, que el no haber accedido a la sustitución de la multa por capacitación, así como el rechazo de los recursos interpuestos contra la mencionada decisión, resulta vulneratorio de los derechos a la igualdad y a la propiedad de la recurrente.

Por su parte, la recurrida refiere que el rechazo de lo solicitado se basó en la falta de acreditación de cumplimiento de la norma en cuestión, específicamente, el envío de la carta certificada, que permite la sustitución de la multa, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 506 ter del Código del Trabajo.

En relación al rechazo de los recursos de reposición y jerárquico, dicha decisión se basa en la existencia de un procedimiento especial, que contempla recursos jurisdiccionales ordinarios, lo que privaría de la posibilidad de recurrir por la vía administrativa de dichas resoluciones.

Cuarto: Que, se observa que la recurrente pretende que la recurrida se pronuncie sobre una reposición interpuesta y un recurso jerárquico presentado en subsidio, el que espera en definitiva acoja su pretensión de sustitución de multa.

En la pretensión antes aludida, consta que la recurrente ha optado por la vía administrativa, conforme lo sugiere el artículo 506 ter del Código del Trabajo, entendiendo que prescindió efectivamente de la vía judicial propiciada mediante el ejercicio de las acciones o reclamos contemplados ante esa sede en los artículos 503 y 511 del mismo texto. Dicha decisión de la pretensora involucra insertarse en un procedimiento que contempla diversas etapas, que deben ser resueltas coherentemente por el órgano administrativo, mediante los recursos que le son propios, sin que la opción ejercida implique que paralelamente deba resolverse la misma controversia por un órgano jurisdiccional.

En tal sentido, no obstante pudiera aparecer que estaba ausente el presupuesto adicional vinculado a la demostración de la corrección de la infracción, que previene el mentado numerando 2 del artículo 506, desde que no se ha comprobado que fuera despachada la carta certificada omitida de envío, ha quedado cuenta de la comparecencia personal de la trabajadora ante la Inspección del Trabajo a fin de efectuar reclamo contra su desvinculación basado precisamente en parte del contenido de la carta de despido que debía comunicársele por el medio indicado - e inclusive se admite no haberlo hecho por la propia empleadora, aun cuando justificando la razón ya expuesta-, lo que supone el conocimiento que entraña a toda forma de notificación. Por lo demás, si se invocó adolecer de numeración domiciliaria de la dependiente, siendo éste el óbice para dar curso a la notificación por la empresa de correos, según las circunstancias anotadas, cabía al ente administrativo entender procedente admitir a trámite la solicitud de sustitución de multa, a fin de emitir un pronunciamiento de fondo, uno de cuyos extremos bien pudo comprender el análisis de lo esgrimido.

Quinto: Que, en tal sentido, se comparte lo sostenido por la recurrente, en cuanto a la necesaria coherencia que debe existir en el procedimiento de sustitución de multa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, resultando entonces que la decisión de la recurrida, de no aceptar en forma alguna una revisión de su propia resolución por la vía administrativa, se evidencia como carente de lógica estructural, en el contexto de la vigencia del derecho a la acción, enmarcada a su vez dentro de los márgenes de un debido proceso legal; de lo que es dable desprender al menos un acto arbitrario de parte de la recurrida, desde que su determinación se aleja de la necesaria racionalidad que le es exigible, provocando un efecto de indefensión en la recurrente, que deviene atentatorio contra su derecho de igualdad ante la ley y que amenaza su derecho de propiedad, esto último frente a la posibilidad de verse privada de antemano de parte de sus ingresos, para compelerla a su inversión en la solvencia de una multa, sin haberse analizado de fondo la posibilidad de su eventual sustitución.

Además, el propio artículo 506 ter descansa sobre la hipótesis que las partes no han deducido las reclamaciones jurisdiccionales previstas en los artículo 503 y 511. La petición de la recurrente dice relación con el reconocimiento de la infracción cometida y la procedencia de una multa a modo de sanción, solo pretende que la sanción sea reemplazada por la misma autoridad administrativa que la impuso, por lo que ha de completarse ese tipo de vía impugnatoria.

De acuerdo a lo expuesto, es necesario que el órgano administrativo se pronuncie en forma sustantiva sobre lo solicitado, sin que la negativa a siquiera revisar lo resuelto aparezca revestida de fundamento plausible, amén de atentar contra el principio de impugnabilidad de las resoluciones administrativas, contemplado en el artículo 4 y desarrollado en el artículo 15 de la Ley N°19.880.

En refuerzo, sostener que existen recursos jurisdiccionales para revisar lo resuelto, desconociendo que la recurrente ha optado, como tiene derecho, por la vía administrativa, pretendiendo reconducir su accionar a la vía jurisdiccional, no resulta aceptable.

Sexto: Que en el presente caso, como ha sido solicitado por la recurrente, restablecer el imperio del derecho implicará dar coherencia al procedimiento de revisión de la resolución administrativa, mediante la reconsideración de la misma a través de los recursos administrativos impetrados.

Por las razones expuestas, preceptos citados y de conformidad además a lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se ACOGE el presente recurso de protección, interpuesto por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo del Ranco, debiendo la recurrida pronunciarse sobre el fondo de los recursos administrativos impetrados por la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Luis Galdames Bühler.

N°Protección-2168-2021.