nombre reservado con SEREMI BIENES NACIONALES REGION DE LOS RIOS

Valdivia, siete de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don JUAN PABLO FUENTEALBA REYES, abogado, deduce recurso de protección en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS DE VALDIVIA, representada por el Secretario del Ministerio de Bienes Nacionales de la Región de los Ríos don nombre reservado.

Señala que existe un inmueble en la localidad de Mehuín, comuna de San José de la Mariquina, denominado originalmente SITIO N°1, MANZANA K, hoy denominado MANZANA 8 SITIO 8, sitio originalmente inscrito a nombre del Fisco, en mayor cabida a fojas 1.269, bajo el número 1.333 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia del año 1951. De acuerdo a sus títulos tiene una superficie aproximada de 1.138,70 metros cuadrados y sus deslindes son NORTE, calle 10 Los Boldos en treinta y nueve metros separado por cierros; ESTE, domicilio reservado metros, separado por cierros; SUR, sitio número dos, en treinta y ocho coma veinte metros, separado por cierros y OESTE, calle cuatro costanera en treinta metros separado por cierros. Y el rol de avalúo fiscal es el número 404-08 de la comuna de Mariquina.

Explica que según decreto de concesión de título definitivo de dominio N°782 de fecha 01 de Octubre de 1974 se concedió título definitivo de dominio a su madre doña nombre reservado (Q.E.P.D), quien con fecha 17 de Marzo de 1976 lo inscribió a fojas 208, número 275 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia del año 1976. En dicho decreto se hace alusión directa al PLANO 93.219, de la Población de Mehuín, archivado bajo el N°33, fojas N°616, bajo el N°756, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia de 1972. Según la recurrente es éste plano el que rige hasta los días de hoy, y este plano fue por el cual se extendió el decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, ya que no existiría otro plano aprobado.

Al fallecer su madre (nombre reservado) el recurrente solicitó el saneamiento del título el 23 de agosto del año 1972, y ya tenía diez años de ocupación pacífica tranquila e ininterrumpida y tenía los cercos puestos de malla, los que permanecen en los deslindes hasta estos días. Según el recurrente lo más importante de la solicitud respectiva es que señala, en la letra b de la solicitud, que tiene terrazas de laja y muralla de laja ubicada hacia el Océano Pacífico, la que sería parte del cierro de lo que se señala en el límite Oeste del título. Indica que actualmente es dueño exclusivo y excluyente del sitio en comento según inscripción de fojas 276, número 354, correspondiente al Registro de Propiedad del año 2019. En tal calidad envió a hacer un levantamiento del terreno debido a que la propiedad es un cerro y los metrajes no eran tan exactos.

Refiere haber sido informado por personas de Mehuín del comité (sic), que el 29 de Agosto del año 2019 se les citó a las oficinas de Bienes Nacionales de Valdivia, para recibir el decreto del título de dominio sobre inmuebles que afirma estarían emplazados dentro de su propiedad privada. Señala que los cierros de su propiedad han estado ahí desde el año 1962 e indica que la confusión en el Ministerio de Bienes Nacionales se produciría, al parecer, porque el título de dominio del recurrente señala una superficie aproximada de 1.138,70 metros cuadrados y al señalar los deslindes Norte y Sur se indican menos metros, ya que son cincuenta y nueve en vez de treinta y nueve y el otro son cincuenta y ocho en vez de treinta y ocho. Expresa que no se ha tomado en consideración el límite OESTE: calle cuatro costanera en treinta metros separados por cierros, pues si fuera como lo interpreta Bienes Nacionales necesariamente tendría que deslindar con otro sitio, lo cual no es correcto, ya que en el título claramente se señala que deslinda con la calle cuatro costanera (donde estarían emplazados los sitios que se pretenden entregar).

En este caso la propiedad del recurrente sobre el bien inmueble proviene de una compraventa de acciones hereditarias y parte de herencia. Sostiene, por tanto, que el Ministerio de Bienes Nacionales no tiene facultad de conceder dos veces un título de dominio sobre la misma propiedad debidamente cerrada (hace 57 años) y concedida hace 45 años a su madre y del cual han hecho ocupación siempre.

Alega que tal acto administrativo del Ministerio de Bienes Nacionales constituye una vulneración de la garantía del artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República. Este derecho se estaría viendo conculcado en su esencia ya que el sitio fue concedido el año 1974 y desde esa fecha se ha hecho uso del mismo, pagado las contribuciones cuando correspondió, se mantuvo con sus cierros en buen estado y nunca ha existido disputa ni acción judicial o extrajudicial al respecto. Expresa que si el Ministerio de Bienes Nacionales pretende atribuirse dominio sobre su predio, tal materia debe ser conocida y juzgada por los tribunales, pero la recurrida ha actuado adjudicándose facultades jurisdiccionales y han pretendido hacer justicia por propia mano, interpretando el derecho a su antojo, vulnerando y conculcando el derecho de propiedad y lo que es peor dando falsas esperanza a gente de un comité de vivienda de Mehuín.

Solicita en definitiva, se adopten las siguientes medidas tendientes al pronto restablecimiento del imperio del derecho y a su debida protección: 1.- Ordenando a la recurrida dejar sin efecto cualquier resolución del Ministerio de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos que adjudique terrenos y o propiedades que estén emplazados dentro de su propiedad; 2.- Ordenar que la recurrida subsane el error en el título en referencia al señalar el metraje correcto de los límites: Norte es de 59 metros y el límite Sur es de 58 metros; 3.- Que sea condenada en costas.

Para estos efectos la parte recurrente acompañó los siguientes antecedentes: 1. Copia autorizada de la inscripción de Propiedad a nombre de nombre reservado de fojas 208 N°275 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia del año 1976; 2. Copia autorizada de la inscripción de dominio a nombre del suscrito que rola a fojas 276, número 354, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Mariquina del año 2019; 3. Copia de inscripción del Registro de Propiedad de fojas 549 N°756 del año 1972 (donde se refiere al plano); 4. Copia del PLANO 93.219, de la Población de Mehuín, archivado bajo el N°33, fojas N°616, bajo el N°756, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia de 1972; 5. Fotocopia simple del plano que se pretende aplicar, mal hecho (sic); 6. Carta a nombre reservado del Servicio de Impuestos Internos fechada 19 de Julio de 1996 donde aparece el rol de avalúos 404-08 y señalan que a contar de 01 de Julio de 1996 queda exenta de contribuciones y aparece el metraje por el cual hasta esa fecha se pagaron las contribuciones: 1.620 metros cuadrados y no 1.138 como aparece en el título (erróneamente); 7. Comprobantes de pago de contribuciones de fecha 30 de Abril de 1972 y de fecha 30 de Julio de 1994.

Informando el recurso don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos, solicita que sea rechazado por carecer de fundamentos pues no se ha cometido acto u omisión ilegal o arbitrario alguno que vulnere las garantías constitucionales de los Recurrentes, especialmente, la que dice relación con el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que por Decreto N°782 de 01 de octubre de 1974 el Ministerio de Tierras y Colonización otorgó título definitivo de dominio a doña nombre reservado, respecto del Sitio Nº l de la Manzana K, de la Población Mehuín en la comuna de Mariquina, de una superficie de 1.138,70 metros cuadrados, graficado en el plano Nº93219, Plano General de Urbanización y Loteo de Mehuín, aprobado por D.S. Nº210 de 16 de febrero de 1972 del Ministerio de Tierras y Colonización. Dicho inmueble fue inscrito a fojas 208 Nº275 del año 1976 del Registro de Propiedad del Conservador de Valdivia, indicando los deslindes de la propiedad y la superficie. Actualmente se encuentra inscrita la propiedad a nombre del recurrente, según inscripción de fojas 276 Nº354 del año 2019 del Registro de Propiedad del Conservador de Mariquina. Señala que este sitio no corresponde al Sitio N°8 de la Manzana 8, como plantea el recurrente, sino que el rol erróneamente lo indica de esta manera.

Además, el rol 404-8 actualmente señala que la superficie de la propiedad es de 865 m2, sin embargo, este problema que existe con el rol lo debe resolver el recurrente en instancia administrativa con el Servicio de Impuestos Internos, no vía recurso de protección.

Explica que el plano NºX-1-10.531 e.u. grafica el Sitio Nº l de la Manzana 9 de una superficie total de 1.096,07 m2, que corresponden a terreno fiscal amparado por la inscripción de dominio de mayor cabida que rola a fojas 694 N°747 del año 1991 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Mariquina. Esta superficie, de acuerdo a una propuesta de desafectación según plano Nº14106-968 e.u., corresponde a 614,25 m2 de bien nacional de uso público (domicilio reservado) y a 481,82 m2 de terreno fiscal. Este sitio fue ocupado de manera irregular por doña nombre reservado y actualmente es ocupado por su hijo don nombre reservado, dueños de la propiedad colindante, sin existir autorización de ningún tipo por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.

A través del Plano NºX-1-10.531 e.u. del Ministerio de Bienes Nacionales, debidamente aprobado por la Dirección de Obras Municipales por Certificado Nº8 del 07 de septiembre de 2005 y archivado en el Conservador de Bienes Raíces de Mariquina, se modificaron los planos posteriores al plano Nº93219, existiendo un pronunciamiento de la Seremi del Minvu que indica que las zonas que fueron declaradas como bien nacional de uso público en virtud del plano original (Plano Nº93219), y que por cualquier razón pierden esa calidad con el plano modificatorio (Plano NºX-1-10.531 C.U.), debe operar la desafectación, la cual debe hacerse mediante decreto del Ministerio de Bienes Nacionales y del Ministerio de Vivienda.

Por tanto, no existe como plantea el recurrente un problema de deslindes o de errónea interpretación de los mismos por el Ministerio de Bienes Nacionales, sino que se le otorgó en el año 1974 un título de dominio a doña nombre reservado de una superficie de 1.138,70 metros cuadrados, tal como indican las inscripciones de dominio respectivas; sin embargo, tanto ésta como el recurrente han ocupado de manera irregular más terreno del otorgado de propiedad fiscal signado como Sitio Nº l de la Manzana 9 del plano NºX-1-10.531 e.u. Destaca que don nombre reservado ya fue declarado ocupante ilegal de otro inmueble fiscal signado como Sitio Nº21 de la Manzana 7 ubicado en calle Senador Carlos Acharán Arce S/Nº, de la localidad de Mehuín, mediante Resolución Exenta N°869 de 23 de junio de 2017 de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos.

Señala que el Ministerio de Bienes Nacionales en virtud del Decreto Ley Nº 1.939 de 1977 posee facultades legales sobre la adquisición, administración y disposición de inmuebles del Estado Uso Público.

De acuerdo al marco normativo vigente y ante la enumeración de facultades que señala el artículo 1° del Decreto Ley, corresponde al Presidente de la República, por intermedio del ministro de Bienes Nacionales, el ejercicio de las facultades de adquisición, administración y enajenación de los bienes fiscales. En efecto, el artículo 1° del Decreto Ley señala: “Las facultades de adquisición, administración y disposición sobre los bienes del Estado o fiscales que corresponden al Presidente de la República, las ejercerá por medio del Ministerio de Tierras y Colonización, sin perjuicio de las excepciones legales". Las decisiones que adoptan las autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales se enmarcan en un estudio detallado de la conveniencia, mérito, políticas y planes acerca de la administración del patrimonio fiscal en materia de asignación de inmuebles fiscales.

En consecuencia, es la ley la que confiere a la autoridad administrativa de este Ministerio la facultad discrecional y de ejercicio exclusivo para dictar los actos necesarios para la correcta administración de los inmuebles fiscales puestos bajo su tutela, no existiendo de esa manera razón o motivación particular alguna que la compela a proceder a su ejercicio, si no es su recto juicio respecto a la satisfacción de una necesidad pública.

Explica que las ocupaciones de inmuebles fiscales que no se encuentren debidamente autorizados deben reputarse ilegales por el Ministerio de Bienes Nacionales, para lo cual podrán interponerse las acciones civiles y penales que correspondan, sin perjuicio de ordenarse administrativamente el desalojo con auxilio de la fuerza pública cuando el interés público así lo exija. "Artículo 19. - La Dirección, sin perjuicio de las facultades que le competen a los Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, cuidará que los bienes fiscales y nacionales de uso público se respeten y conserven para el fin a que estén destinados. Impedirá que se ocupe todo o parte de ellos y que se realicen obras que hagan imposible o dificulten el uso común, en su caso. Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales. Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejercer las acciones penales que correspondieren y perseguir el pago de una indemnización por el tiempo de la ocupación ilegal".

Así, señala la recurrida que no existe algún acto arbitrario o ilegal que pueda haber ocasionado al recurrente una conculcación de las garantías constitucionales que esta acción resguarda. Además, el recurrente no logra explicar adecuadamente cual es el acto u omisión ilegal y arbitraria del Ministerio que implica una vulneración a sus derechos. El recurrente sólo se limita a indicar que "existió una reunión entre esta Seremi y miembros de un Comité de Vivienda de Mehuín donde este Comité habría recibido decreto del título de dominio por las propiedades emplazadas dentro de su propiedad privada"(sic). Sin embargo, nunca ha existido la reunión planteada por el recurrente, ni tampoco existe acto administrativo alguno del Ministerio de Bienes Nacionales, ya sea decreto o resolución, que otorgue título de dominio sobre la propiedad fiscal signada como Sitio Nº l de la Manzana 9 graficado en el Plano NºX-1-10.531 e.u. del Ministerio de Bienes Nacionales, ocupada irregularmente por el recurrente. Tampoco existe acto administrativo que otorgue título de dominio sobre el inmueble de propiedad del recurrente, signado como Sitio Nº l de la Manzana K del Plano Nº93219, toda vez que desde el año 1976 dicha propiedad perdió la calidad de fiscal siendo actualmente propiedad particular, no teniendo este Ministerio la facultad legal de administrarla o enajenarla.

Argumenta que tampoco existe vulneración de Derechos Constitucionales, pues faltan antecedentes concretos que demuestren la privación, perturbación o amenaza de la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República. Señala que el recurso adolece de fundamento, puesto que no se ve como la facultad otorgada por ley a este Ministerio para que administre y enajene los inmuebles fiscales de su propiedad puede afectar al recurrente, quien es ocupante irregular de un inmueble fiscal. Además no han existido actos que impliquen administración del inmueble ocupado irregularmente por el recurrente, ya que previo a administrar el Sitio Nºl de la Manzana 9, se necesita desafectar la superficie correspondiente a bien nacional de uso público. Invoca jurisprudencia Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Recurso de Protección rol Nº 77-84.

Del análisis de los hechos y en relación al derecho supuestamente vulnerado, la parte recurrida no distingue alguna actuación u omisión que revista el carácter de ilegal o arbitrario en el proceder del Ministerio, toda vez que, este organismo -actuando dentro de los parámetros de la ley- administra y vela por la debida ocupación de los inmuebles fiscales.

Señala que para que prospere la acción de protección se requiere la existencia de un derecho indubitado y la ocurrencia de una acción u omisión que pueda reputarse como ilegal o arbitraria. Nada de aquello ocurre en la especie, puesto que el recurrente no acredita que derecho tiene sobre la propiedad fiscal ocupada irregularmente y tampoco indica que acción u omisión de la recurrida le ha provocado un menoscabo en sus derechos.

Finaliza expresando que esta no es la vía procedente para discutir y resolver materias propias de un procedimiento civil o de lato conocimiento, como pretende el recurrente, ya que éste pide la modificación, sin fundamento alguno, de los deslindes de su propiedad particular.

Solicita el rechazo del recurso con costas.

Para fundar su pretensión la recurrida acompaña los siguientes antecedentes: l.- Inscripción de dominio a nombre del Fisco en mayor cabida de fojas 694 vuelta Nº747 del año 1991 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces del año 1991. 2.- Copia total y parcial del plano N°93219 que grafica el Sitio Nº l, Manzana K, transferido por el Ministerio de Tierras y Colonización a doña nombre reservado. 3.- Copia total y parcial del plano NºX-1-10.531 e.u. del Ministerio de Bienes Nacionales que grafica el Sitio Nº l de la Manzana 9 de propiedad fiscal colindante con el sitio transferido a doña nombre reservado y ocupado irregularmente por don nombre reservado. 4.- Copia plano Nº14106-968 e.u. que contiene propuesta de desafectación de bien nacional de uso público. 5.- Informe de fiscalización de 22 de febrero de 2012 sobre la ocupación irregular del Sitio Nº 1 de la Manzana 9 de propiedad fiscal. 6.- Certificado de Avalúo Fiscal Rol 404-8 de 24 de septiembre de 2019, con indicación de la superficie, y Certificado de Avalúo Fiscal Rol 404-34 correspondiente al Sitio Nºl de la Manzana 9 del plano NºX-1-10.531 e.u. 7.- Resolución Exenta N°869 de 23 de junio de 2017 de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, es una acción constitucional de carácter extraordinario que tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a una acción u omisión arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la República, sin perjuicio de los demás derechos que el sujeto activo pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO: Que conforme el mérito de los antecedentes aportados por cada una de las partes, se tiene por establecido que:

1. Que por Decreto N°782 de 01 de octubre de 1974 el Ministerio de Tierras y Colonización otorgó título definitivo de dominio a doña nombre reservado, respecto de un sitio ubicado en la Población Mehuín, en la comuna de Mariquina, inscrito a fojas 208 Nº275 del año 1976 del Registro de Propiedad del Conservador de Valdivia.

2. Que actualmente se encuentra inscrita la propiedad a nombre del recurrente, según inscripción de fojas 276 Nº354 del año 2019 del Registro de Propiedad del Conservador de Mariquina.

3. Que el recurrente estima que su título de dominio adolece de errores respecto de la cabida real de su propiedad, los que atribuye a la forma como se elaboró el plano y se identificaron los deslindes en el título originario otorgado por el Ministerio de Tierras y Colonización el año 1974.

4. Que existe una controversia entre las partes respecto de la correcta identificación del sitio del recurrente así como también del sitio colindante de propiedad fiscal, de las cabidas reales de ambos predios y de sus deslindes.

TERCERO: Que la parte recurrente no especifica ni ha sabido explicar cuáles habrían sido los actos administrativos precisos y concretos de la parte recurrida, que estima como ilegales o arbitrarios y que habrían provocado la vulneración de su derecho fundamental consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República. En el recurso sólo se hace mención a una presunta reunión en la SEREMI de Bienes Nacionales, en fecha no determinada, en la que se habrían realizado actuaciones que aparentemente no se habrían materializado formalmente en algún acto administrativo que pueda ser constatado por esta Corte, dado que la parte recurrida ha negado la ocurrencia de dicha reunión.

CUARTO: Que consultada la parte recurrente durante su alegato respecto a cuál es el acto administrativo específico que denuncia, tampoco supo responder con claridad, indicando en primer lugar que lo hacía por la presunta reunión que habría tenido un Comité de Vivienda en la SEREMI de Bienes Nacionales y a continuación referir que también era por un “dato sobre posible toma o modificación de plano e inscripción del año 1991” (sic).

QUINTO: Que, según lo establece el artículo 1º del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, esta acción tutelar se debe interponer “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

SEXTO: Que, en estas circunstancias, no constando en autos la ocurrencia de ningún acto administrativo u omisión preciso y concreto que pueda ser atribuible a la parte recurrida, respecto del cual se pueda realizar un análisis de legalidad o arbitrariedad, no es posible para esta Corte acoger la acción constitucional de protección interpuesto por el recurrente de marras.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, tampoco puede prosperar la acción tutelar de marras por cuanto ésta no es la vía idónea para conocer el fondo de un asunto que dice relación con la correcta o incorrecta identificación de cabidas y deslindes de los predios en cuestión, así como de eventuales ocupaciones irregulares o actos que puedan perturbar la posesión inscrita o material de una u otra parte. Por lo tanto, no corresponde que esta Corte se inmiscuya por ahora en el fondo de un asunto que debe ser materia de un proceso administrativo o judicial de lato conocimiento, que pueden ejercer cualquiera de las partes de la acción de marras.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por el abogado don JUAN PABLO FUENTEALBA REYES, abogado, en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS DE VALDIVIA, representada por el Secretario del Ministerio de Bienes Nacionales de la Región de los Ríos don nombre reservado.

Regístrese digitalmente, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Luis Alejandro Durán Roubillard.

N°Protección-2163-2019.