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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2056-202021 ago 2020

nombre reservado con BANCO ITAU CORPBANCA

Fecha
21 de agosto de 2020
Corte
Corte de Apelaciones de Valdivia
Sala
Segunda
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valdivia, Rol N° 2056-2020, sentencia de 21 de agosto de 2020

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra Banco Itaú Corpbanca por el cobro de cuotas hipotecarias mediante mensajería celular, al haberse extinguido la relación entre las partes y perdido oportunidad la acción.

Texto íntegro

Valdivia veintiuno de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

Don nombre reservado, habilitado de Derecho, por si y a favor de Doña nombre reservado, interpone Recurso de Protección en contra de BANCO ITAU CORPBANCA S.A., representada legalmente por don nombre reservado y en la ciudad de Osorno por su jefe de agencia don nombre reservado, y de toda persona que ejerza facultades de representación y administración que en subsidio fuera a recaer este recurso de protección de garantías constitucionales, sin perjuicio de las responsabilidades individuales de todas las personas que hayan incurrido en vulneraciones de derechos tengan estas facultades o no sustentado por las violaciones a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la Republica en su artículo 19.

En forma previa indica que la recurrente tuvo noticia cierta de la acción ilegal y arbitraria el día lunes, 07 de Junio del 2020 a las 09:03 horas mediante correo electrónico de la recurrida.

Señala que la recurrente contrató un mutuo hipotecario con la recurrida, dando cumplimiento hasta la fecha, siendo efectivamente su deudora. Sin embargo, esto no habilita al acreedor a bombardear a ella con el cobro de las cuotas por mensajería de telefonía celular dejándola en un estado de estrés a ella y a su familia, sumada a la presión del contexto de una pandemia mundial.

Constituye entonces un acto ilegal y arbitrario el cobro constante, sistemático y abusivo del recurrido por vía de mensajería celular a mi representada que ha atentado su vida, su integridad física y psíquica en su persona y la de su familia.

Precisa que la propia ley establece las normas a las cuales se debe atener los cobros de las acreencias civiles y que estas deben de ser de carácter legal para todos los efectos legales, y deben practicarse en días y horas hábiles de acuerdo art 59 del Código de Procedimiento Civil. En dicho sentido invoca jurisprudencia Corte Suprema, Rol N° 4767-2013 e invoca la norma del artículo 37 inciso 6° de la Ley N° 19.496, en materia de cobranza extrajudicial, del cual podemos colegir que existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra precisamente referido a su integridad psíquica, que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas, sino que debe recurrirse a los procedimientos ordinarios de cobranza judicial, bastando con poner en noticia del deudor la existencia de la obligación impaga, sin que tenga justificación bajo ningún aspecto incurrir en un verdadero acoso telefónico a un deudor, al margen de todas las oposiciones que aquél pueda realizar legítimamente en el procedimiento de cobro judicial de la deuda. Invoca jurisprudencia de Corte Suprema, rol No 862-2000, de fecha 21 de junio de 2001. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 98, sección 5a, páginas 105 y ss.; Corte Suprema, rol No 16.227, con fecha 12 de julio de 1991. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 88, sección 5a, páginas 179 y siguientes; Recurso de protección, Rol: 36222-2016 Itma. C.A de Santiago.

En el caso en concreto de su representada, concluye que si bien la deuda es real y comprobable, y que se ha estado pagando las mensualidades de la hipoteca de forma periódica ya que su representada es ejecutiva bancaria y no puede estar en dicom por clausula especial de su contrato de trabajo, ello no supone una licencia ilegal y arbitraria en la forma en la cual se compele que la obligación sea cumplida por cualquier medio, sean estos poco éticos, arbitrarios y fuera de toda regla legal.

Tal acto vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la Persona; el derecho a la igualdad ante la ley; el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 y 5 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, ordenar que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de acoso a mi representada, que cese de inmediato la tormenta de mensajes que llegan a su teléfono celular ya que por razones de su profesión, sabe muy bien cuáles son sus obligaciones crediticias, y que de igual medida, se deje de enviar estos mensajes por cualquier medio sean estos escritos, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, o inclusive y por inverosímil que su S.S lo encuentre, que se acose a mi representada a viva voz afuera de su casa o en la vía pública y que de forma conjunta se suspenda los cobros de las cuotas de la propia hipoteca firmada por la recurrente hasta que la Pandemia haya terminado por motivos de racionalidad humanitaria, todo ello con costas.

Informando el recurso don JOSE BERNARDO MANDIOLA ALLIENDE, abogado, en representación de nombre reservado, representada por su gerente general don nombre reservado, solicitando sea del todo rechazada a consecuencia de haber perdido oportunidad, en primer término, y en segundo término, por no existir una actuación ni ilegal ni arbitraria de parte de su representado.

Las alegaciones del recurrente se fundamentan el hecho que califica de ilegal y arbitrario cual es, en su concepto: “el cobro constante, sistemático y abusivo del recurrido por vía de mensajería celular a mi representada que ha atentado su vida, su integridad física y psíquica, en su persona y la de su familia”.

En primer lugar hace presente que el recurso adolece de falta de oportunidad, toda vez que la recurrente desde el mes de Junio del año 2020 ha dejado de ser titular de un crédito hipotecario otorgado por mi representado, toda vez que su deuda fue adquirida por el Banco Scotiabank Chile, Banco que a su vez, a consecuencia de dicha compra, pago el total del importe del mutuo adeudado por la recurrente a mi representado, tanto sus cuotas morosas como el saldo de capital respectivo.

Por ello, su representado no ha efectuado ninguna llamada, mensaje de texto o actuación de cobranza extrajudicial alguna a su respecto durante el mes de Julio del año en curso ni tampoco podría hacerlo en el futuro, por cuanto, como hemos señalado, la recurrente ha dejado de tener la calidad de deudor hipotecario de mi representado. De ello resuelta que el Recurso de Protección ha de ser rechazado, a consecuencia de haber perdido oportunidad, al cesar los hechos que el recurrente impugna como ilegales y arbitrarios a mi representada.

Sin perjuicio de lo expuesto, en lo formal, el recurso falla al señalar con claridad y precisión de qué manera el acto sindicado como ilegal y arbitrario que habría efectuado su representado, constituiría una privación, perturbación o amenaza de los derechos que señala como vulnerados en su presentación, cuestión que por si sola constituye una justificación para solicitar el rechazo del recurso de que se trata.

Pero además de lo anterior, la actuación realizada por su representado se encuentra del todo justificada en virtud de haberse efectuado precisamente dentro de los parámetros establecidos por el legislador, y precisamente encontrándose la recurrente en mora del pago de sus obligaciones para con mi representado. En efecto, desde el mes de enero del año en curso en adelante, la recurrente efectuó el pago de los dividendos respectivos, con posterioridad a las fechas previamente establecidas para su vencimiento. Así durante el mes de junio del año en curso, la recurrente mantenía impagos los dividendos del crédito hipotecario devengados con fecha 10 de mayo y 10 de Junio del año en curso, dividendos que solo fueron satisfechos con fecha 26 de Junio.

Así las cosas, los mensajes de texto enviados a la recurrente, en horario hábil, se encuentran precisamente amparados por la Ley N°19.496, destruyendo la argumentación de ilegalidad efectuada a su respecto.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección, constituye una medida de tutela de derechos consagrada para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufran las personas en el ejercicio de los mismos, producto de una acción u omisión ilegal y arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho o garantía amagada.

SEGUNDO: Que en la especie el acto que se estima ilegal o arbitrario es el cobro de crédito hipotecario de forma constante, sistemático y abusivo del recurrido por vía de mensajería celular a la recurrente, vulnerando el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la Persona; el derecho a la igualdad ante la ley; el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 y 5 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que por su parte, la recurrida manifiesta no existe actuar ilegal o arbitrario de su parte en razón de que ha actuado con estricto apego a la normativa legal, y añade, que la recurrente mantenía impagos los dividendos del crédito hipotecario devengados con fecha 10 de mayo y 10 de Junio del año en curso, dividendos que solo fueron satisfechos con fecha 26 de Junio. A mayor abundamiento, invoca falta de oportunidad, toda vez que la recurrente desde el mes de Junio del año 2020 ha dejado de ser titular de un crédito hipotecario otorgado por su representado, toda vez que su deuda fue adquirida por el Banco Scotiabank Chile.

CUARTO: Que ponderando de acuerdo a las normas de la sana crítica, teniendo presente los argumentos expuestos y la documentación acompañada, y considerando la naturaleza cautelar del recurso de protección, y habida consideración que la relación que unía a las partes ha concluido en el mes de junio del año en curso, la presente acción ha perdido oportunidad, procediendo su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara que se RECHAZA el recurso de protección interpuesto en autos.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 2056 – 2020 PRO.