nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Valdivia, siete de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

El recurso de protección.

Que don nombre reservado, trabajador, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), representada legalmente por nombre reservado, médico, ambos con domicilio en domicilio reservado, y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por su director nacional don Claudio Lautaro Reyes Barrientos, ingeniero comercial, domiciliado en domicilio reservado, por los actos arbitrarios o/e ilegales que producen una privación, perturbación y/o amenaza, a sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

En forma previa indica que el presente recurso es consecuencia inmediata de las acciones arbitrarias e ilegales en las que se incurre, precisamente el rechazo de la apelación planteada ante la negativa del pago de licencias médicas, por lo que los efectos del acto se producirán en la ciudad de Valdivia.

Indica que por Resolución Exenta N° 36207, el 25 de octubre de 2018, de la Superintendencia de Seguridad Social, tomo conocimiento del rechazo de la apelación que planteo ante la negativa de pagar las licencias médicas presentadas, lo que confirma el Dictamen del COMPIN N° 18417.

El rechazo se funda en que el reposo indicado en las licencias no está justificado, pues la patología alegada ha sido definida como irrecuperable, razón por la cual “no corresponde acoger nuevas licencias médicas”, no existiendo mayor fundamento ni proporciona datos al efecto, transformándose por ende dicha resolución en arbitraria e ilegal y por otro lado tampoco se le admite jubilar por invalidez, quedando en la total y absoluta indefensión, sin recibir el subsidio de incapacidad laboral temporal por un lado y por el otro sin poder optar a una pensión por invalidez.

Hace presente que cada licencia médica se ha emitido por el mismo plazo de 30 días, confirmándose en todas ellas como diagnostico una ARTROSIS SEVERA EN RODILLA DERECHA (GONARTROSIS DERECHA), indicándose para ello cirugía “P.T.R.”. Así las cosas, la COMPIN ha rechazado las siguientes licencias médicas, confirmándose dicha resolución por la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de la resolución exenta IBS N° 36207:

- N° 2 - 50226738 de 23 de marzo de 2016 a 23 de abril de 2016.

- N° 1 - 35268267 de 22 de abril de 2016 a 22 de mayo de 2016.

- N° 1 - 36068481 de 22 de mayo de 2016 a 22 de junio de 2016.

- N° 1 – 36068594 de 20 de junio de 2016 a 20 de julio de 2016.

- N° 1 – 36127369 de 20 de julio de 2016 a 20 de agosto de 2016.

Sostiene que las resoluciones de los entes administrativos deben ser descifrables para el ciudadano en orden a que por su sola lectura pueda entender racionalmente los argumentos tanto fácticos, médicos y jurídicos que se esgrimen para fundar la decisión del órgano perteneciente a la Administración del Estado, lo que evidentemente no se cumple.

Afirma que su diagnóstico de artrosis severa en rodilla derecha (Gonartrosis derecha), una afección grave la cual le impide trabajar, patología que no es irrecuperable, carácter que le fue atribuida por la COMPIN, lo que se acredita con certificado médico del Dr. nombre reservado, de la Unidad de Traumatología del Hospital de Temuco, de 29 de abril de 2016, que señala que tiene una “patología recuperable con operación P.T.R.”. Además el certificado de la Dra. Yinniva nombre reservado, médico cirujana del Hospital de San Agustín de Collipulli, de 20 de junio de 2016, señala que “presenta el diagnostico de gonartrosis bilateral, izquierda operada, la derecha pendiente de cirugía, presenta recuperabilidad laboral luego de cirugía y recuperación de ésta”. Dicha cirugía se encuentra en lista de espera para su realización. Acompaña certificado del Dr. nombre reservado, médico de la Unidad de Traumatología del Hospital de Temuco, que dice “actualmente se encuentra en lista de espera quirúrgica para realizar artroplastia total de rodilla”; luego certificado del Director Zonal Sur de FONASA, don nombre reservado, de 22 de abril de 2016, que se señala expresamente que “usted se encuentra efectivamente en lista de espera quirúrgica por Artrosis de Rodilla derecha. Dicha lista de espera consta de un total de 23 pacientes y usted se encuentra en el número 13”.

El no pago de las licencias le afecta -en primer lugar- la garantía constitucional del artículo 19 N º 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Es del caso, que el pago de las respectivas licencias suple la remuneración del trabajador y su rechazo implica que no cuenta con los medios económicos para hacer frente a las diarias necesidades de su familia.

También le afecta la garantía constitucional del artículo 19 Nº 2, la igualdad ante la ley, pues existe una arbitrariedad del COMPIN y SUSESO, al rechazar sin mayor justificación, catalogándola como una enfermedad irrecuperable.

Asimismo afecta la garantía del artículo 19 N°3, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, afectando el debido proceso, pues en su generación no ha sido tramitado legalmente, pues carece de fundamentación, que debe necesariamente contener de acuerdo a los artículos 3 y 40 de la Ley N°19.880 Y finalmente la del artículo 19 N°24, el derecho de propiedad, pues licencia médica es un derecho del trabajador y reporta un beneficio de carácter económico; su rechazo significa un atentado al derecho de propiedad, en el sentido de los dineros que por ley le corresponden.

Invoca el artículo 3 y 18 de la Ley N°19.880 Sobre Procedimientos Administrativos, en relación con el deber de fundamentación de la resolución final, del artículo 40 del mismo cuerpo legal. En el mismo sentido invoca el artículo 16 del DS N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que exige la fundamentación al momento de rechazar una determinada licencia médica, lo que se ha omitido de plano. Por ende, el acto recurrido es ilegal, al ser un acto administrativo infundado tanto desde el punto de vista técnico, esto es, en orden a expresar las razones médicas en que sustenta el rechazo, tanto desde el punto de vista factico, en orden a señalar los hechos en que se basa la decisión denegatoria, que se omiten de plano.

Además es arbitrario en cuanto no ha sido adoptado con criterios que puedan estimarse racionales de acuerdo a los hechos, sobre todo en la respuesta que se le confiere al peticionario. Invoca doctrina del profesor don nombre reservado.” (Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, Derechos, Deberes, y Garantías).

Aun cuando la enfermedad fuera irrecuperable, lo que no es el caso, no es obstáculo para que se efectúe el pago de las licencias médicas; máxime, la determinación de las recurridas lo deja desprovisto de dinero para mantenerse, pues no ha vuelto a trabajar. Invoca el Decreto Supremo 3 del año 1984, norma que Reglamenta la ampliación, reducción o rechazo de licencias médicas, articulo 16 del Reglamento. Así dentro de este reglamento no existe ninguna norma que obligue a la isapre o COMPIN rechazar una licencia médica por tener una nombre reservado, por el contrario, considerando especialmente el artículo 22 pues el hecho de que una patología sea irrecuperable, no es per se, una causal para establecer el rechazo de una licencia médica.

Hace presente el fallo dictado por la Excelentísima Corte Suprema, del 30 de abril de 2018, pronunciado por la Tercera Sala, ROL N° 2198-2018, el cual indica: “Sexto: Que a la luz del fundamento esgrimido para rechazar las licencias médicas, el que estriba en el carácter crónico del padecimiento del recurrente, la decisión adoptada por la Superintendencia resulta ilegal y arbitraria, al no haber instado - mediante los mecanismos legales correspondientes- a efectos de la oportuna remisión de los antecedentes del recurrente a la Comisión Médica para que ésta proceda a calificar la eventual invalidez que afecta al actor, iniciativa que no resulta baladí al tenor de lo dispuesto en la Circular N°2 C/134 de fecha 24 de junio de 1985 que dispone que mientras dure el trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y éste se considere legalmente ejecutoriado, las COMPIN deben continuar autorizando las licencias médicas y pagando los correspondientes subsidios. En efecto ha sido el legislador quien ha dispuesto que “los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones” ( artículo 5° inciso segundo de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundido fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653), a lo que se suman los principios de eficiencia, eficacia, economía procedimental y de inexcusabilidad, en cuanto se ordena que la autoridad administrativa deberá instar siempre por la resolución integral de los asuntos sometidos a su conocimiento, incluso derivado de su ponderación a quien tenga la competencia para ello (artículo 14 inciso segundo de la Ley N° 19.880). Séptimo: Que de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por el recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, y lo sitúa en una encrucijada en la que a razón de su condición de salud no puede trabajar, pero, dada la cronicidad de la misma no tiene derecho al pago del subsidio que la respectiva licencia genera. Octavo: Que, según ha quedado establecido en autos existe un acto arbitrario e ilegal de parte de la Superintendencia de Salud así como de parte de la Compin Antofagasta al fundar la mantención del rechazo de las licencias del actor en el carácter irrecuperable de su condición de salud sin que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 ya mencionado. Dicha actuación claramente infringe el derecho a la vida e integridad física y psíquica del actor, así como el derecho de propiedad sobre los subsidios a que da lugar la licencia médica conforme lo señalado en el motivo sexto de este fallo, vulneración que permite acoger la acción intentada y disponer la cautela urgente que se señala en lo resolutivo de esta sentencia. Y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de once de enero de dos mil dieciocho, y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección interpuesto por Javier Mandaleris Jara, ordenándose el pago del subsidio por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas Nº 54541883 y 54551829, extendidas en favor del actor, así como la autorización y consecuente pago posterior de las demás licencias cuestionadas, y aquéllas que se emitan en su favor, en los términos de la Circular N°2 C/134 de fecha 24 de junio de 1985, debiendo remitirse -por quien corresponda- los antecedentes del recurrente a la Comisión Médica respectiva a efectos que se pronuncie en relación a la eventual invalidez que aqueja al actor.”

Así, estando dentro del plazo de 30 días corridos, desde que tomó conocimiento formal mediante la recepción de la resolución exenta IBS N° 36207, el 25 de octubre de 2018, interpone la presente acción de protección.

Solicita declarar arbitrario e ilegal la resolución exenta IBS N° 36207, dejándola sin efecto, y declarando en su reemplazo que las licencias médicas: - N° 2 - 50226738 de 23 de marzo de 2016 a 23 de abril de 2016. - N° 1 - 35268267 de 22 de abril de 2016 a 22 de mayo de 2016. - N° 1 - 36068481 de 22 de mayo de 2016 a 22 de junio de 2016. - N° 1 – 36068594 de 20 de junio de 2016 a 20 de julio de 2016. - N° 1 – 3612 7369 de 20 de julio de 2016 a 20 de agosto de 2016 queden aceptadas, debiendo la recurrida ordenar el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a ella, o bien adopte las medidas que V.S.I. estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas del recurso.

Acompaña: 1. Resolución exenta IBS N° 36207. 2.- Certificado emitido por Dr. nombre reservado, de 4 de mayo de 2017. 3.- Certificado emitido por el Equipo Traumatológico del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, de fecha 22 de enero de 2018. 4.- Certificado emitido por el Dr. nombre reservado, traumatológico, de fecha 29 de abril de 2016. 5.- Resolución emanada de FONASA, emitida por nombre reservado director zonal sur del mismo organismo de fecha 22 de abril de 2016. 6.- Informe complementario de Dr. nombre reservado, traumatólogo del Hospital de Angol. 7.- Certificado emitido por la Dra. Ynniva nombre reservado, médico cirujano del Hospital San Agustín de Collipulli, de fecha 20 de junio de 2016. 8.- Ingreso lista de espera de intervenciones quirúrgicas. 9.- Informe médico radiológico Dr. nombre reservado de fecha de 22 de septiembre de 2015. 10.- Certificado Dra. nombre reservado, médico cirujano Hospital San Agustín de Collipulli, de fecha de 15 de septiembre de 2016. 11.- Licencias médicas: - N° 2 - 50226738 de 23 de marzo de 2016 a 23 de abril de 2016. - N° 1 - 35268267 de 22 de abril de 2016 a 22 de mayo de 2016. - N° 1 - 36068481 de 22 de mayo de 2016 a 22 de junio de 2016. - N° 1 - 36068594 de 20 de junio de 2016 a 20 de julio de 2016. - N° 1 - 3612 7369 de 20 de julio de 2016 a 20 de agosto de 2016.

El informe de la Superintendencia de Seguridad Social.

Informando al tenor del recurso, don Sebastián de la Puente Herve, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, solicita en primer lugar se declare la extemporaneidad de la acción de protección, pues consta de la copia del expediente administrativo que por presentación de fecha 24-08-2016, el señor nombre reservado reclamó ante este Servicio por cuanto la COMPIN REGION DE LOS RÍOS, ordenó rechazar sus licencias médicas números 35268267, 50226738, 36127369 y 36068594 extendidas por un total de 120 días a contar del 23-03-2016, por reposo no justificado. Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA 185 Nº11493 DE 18-10-2018, la Superintendencia que representa dictaminó que: "Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias números 35268267, 50226738, 36127369 y 36068594, no se encontraba justificado, pues su patología ha sido definida de irrecuperable, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, más allá del extenso período recientemente ya autorizado, por lo que se estima que en su caso existe una incapacidad permanente y definitiva, por lo que no procede autorizar las licencias médicas anteriormente señaladas". Concluye confirmando el rechazo.

Posteriormente, mediante presentación de 26-09-2016, el señor nombre reservado, solicitó se reconsidere el dictamen Nº 11493, de 2016, que confirmó lo dispuesto por la COMPIN REGION DE LOS RÍOS, que ordenó rechazar sus licencias médicas números 50226738, 36127369 y 36068594 extendidas por un total de 90 días a contar del 23-03-2016, por reposo no justificado. Además, reclamó por el rechazo de sus licencias números 35268267 y 36068481, extendidas por un total de 60 días a contar del 22-04-2016, por la misma causal de rechazo. Por Resolución EX185 Nº 18417 de 19-07-2017, se dictamino "Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias números 50226738, 36127369, 36068594, 35268267 y 36068481, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito consideró no justificado el reposo prescrito por cuanto las alteraciones que presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con reposo, debiendo ser evaluado por la Comisión Médica correspondiente al sistema previsional al que se encuentre afiliado y por consiguiente no corresponde acoger más licencias médicas por dicha patología". Concluye confirma el rechazo.

Luego, mediante presentación de 13-04-2018, el señor nombre reservado solicitó se reconsidere el dictamen Nº 18417 de 19-07-2017, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGION DE LOS RÍOS, en orden a mantener el rechazo de sus licencias médicas números 35268267, 50226738, 36127369, 36068594, 36068481, extendidas por un total de 150 días a contar del 23-03-2016, por reposo no justificado. Al respecto, por Resolución EX 185 Nº 36207 de 25-10-2018, se dictamino "Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias números 35268267, 50226738, 36127369, 36068594, 36068481, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que de acuerdo a la documentación adjuntada en su presentación, su patología ha sido definida de irrecuperable, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, más allá del período recientemente ya autorizado". Concluye confirma el rechazo.

La presente acción fue ejercida el 18 de noviembre de 2018, fuera del plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento el señor nombre reservado, tenía conocimiento cierto de los rechazos dispuestos por la citada Compin. En efecto, el 24 de agosto de 2018 el señor nombre reservado acompañó los antecedentes sobre los rechazos de las licencias reclamadas, y consta que los mencionados formularios fueron rechazados previamente por la señalada Compin con conocimiento del señor nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante la Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde casi un año y tres meses antes de la fecha de interposición de la presente acción el señor nombre reservado tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si estos formularios fueron emitidos a contar de Marzo de 2016 y Compin los rechazó a contar del 3 de junio de 2016.

Sostiene que el D.S. Nº 3 de 1984, del Ministerio de Salud, establece que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica. El hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Nº 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

En síntesis, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, los rechazos de estas licencias médicas fueron dispuestos por la referida Compin casi 2 Años y 3 meses atrás y la acción se presentó el 18 de noviembre de 2018. Invoca jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que incluso declaró inadmisible, el 12 de diciembre de 2014, el recurso de protección interpuesto en contra de su representada por la Sra. nombre reservado, Rol Nº 81839-2014, en virtud de lo siguiente: "1º Que el plazo para recurrir de protección es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto que dio motivo a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se estima vulnerado. Que, del contexto de la presentación y documentos acompañados, se desprende que el acto impugnado y a contar del cual se debe contabilizar el plazo para deducir esta acción constitucional es, en definitiva, la resolución Nº 49842 de fecha uno de agosto de dos mil catorce. 3° Que, de lo expuesto, es posible colegir que el recurrente ha tomado conocimiento del acto que impugna con una antelación superior al plazo previsto para su interposición, razón por la cual no puede ser acogido a tramitación por extemporáneo. 4° Que, las reclamaciones posteriores, y en particular las solicitudes de reconsideración, no pueden servir para computar un nuevo plazo. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara inadmisible por extemporáneo, el interpuesto a fojas 1".

Igualmente, mediante la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, se acogió la alegación de extemporaneidad interpuesta por su representada, toda vez que: " ...Tercero: Que a su vez se ha dicho por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, que la presente acción sería extemporánea, toda vez que el año 2014 el actor conocía la decisión de su parte en orden al rechazo de las licencias médicas que ha invocado, lo cual se formalizó a través de la Resolución exenta Nº 39.312 de 24 de junio de 2014, por lo que claramente esta acción resulta ser del todo extemporánea. Que, asimismo, la decisión que rechaza la solicitud de reconsideración ante dicha autoridad, mediante el Ordinario Nº 5670 de 22 de enero de 2015, acto impugnado en estos autos, no es recurrible por esta vía de protección, toda vez que el pronunciamiento que le antecede había sido adoptado ya en el mes de junio de 2014, como se expresara, por lo que el recurrente con este proceder pretendería hacerse de un nuevo plazo para poder recurrir ante esta Corte, lo que resulta del todo improcedente". "Cuarto: Que del mérito de los antecedentes allegados a estos autos, consta que efectivamente la intención de mantener la decisión de no pagar las licencias médicas extendidas al actor se materializó a través de la dictación de la Resolución Nº 39.312 de 24 de junio de 2014, pidiendo el actor, muy posterior a esa fecha, la reconsideración de la medida, con lo dicho su actuar significó hacerse de un nuevo plazo para eventualmente recurrir de protección, como lo hizo, por lo que en ese evento habiendo transcurrido con largueza el plazo de 30 días que al efecto dispone el Auto Acordado respectivo para deducir el presente arbitrio, dicho plazo estaba totalmente vencido a la fecha de deducir la presente acción, por lo que la misma deberá ser declarada extemporánea".

Así, se concluye que no resulta procedente el que se emplee la acción de protección como una última instancia de reclamo o apelación, cuando las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros no le han dado el resultado esperado. Es decir, no es una vía de impugnación subsidiaria de otras pues aceptar que se pueda controvertir o revisar la decisión médica implícita en el procedimiento de autorización de las licencias médicas, más allá de todas las instancias de revisión dispuestas en el ordenamiento jurídico, implica asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas.

Una tesis contraria implica que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición del afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta. Invoca Jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, en el fallo Rol Nº 1354-2014, que: "La recurrida alega la extemporaneidad del recurso o acción, para lo cual se funda en que el acto contra el cual realmente se dirige, es aquél por el que la Compin Subcomisión Arauco rechazó sus licencias médicas, de lo cual, según la misma Superintendencia de Seguridad Social, el recurrente habría tomado conocimiento en julio de 2013, en tanto que el recurso se interpuso el 20 de febrero de 2014". Que consta en autos que el recurso de protección fue interpuesto el 20 de febrero del 2014, y que, a través del mismo, se busca se reconsidere la determinación de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el 21 de agosto de 2013 lo resuelto por la COMPIN Subcomisión Arauco, en cuanto a desestimar las licencias médicas del recurrente, hecho acaecido para las licencias médicas números 38998807, 39024339, 39011292 y 41075411". "Que, por ende, el acto agraviante contra el cual se recurre es realmente la determinación de la COMPIN Subcomisión Arauco, y no la resolución que resuelve la reconsideración presentada a la Superintendencia de Seguridad Social, y en este contexto es dable concluir que dicho recurso fue presentado en forma extemporánea, toda vez que, de conformidad con lo que dispone el Auto Acordado respectivo, el plazo se cuenta desde la fecha de ejecución del acto u ocurrencia de la omisión y no desde la producción de sus efectos. Aceptar el criterio de la recurrente implicaría dejar al arbitrio de quien intente un recurso como el de autos, la determinación de la fecha a partir de la cual se contabilice el término para deducirlo, lo que conduce en la práctica, a la existencia de plazos no definidos, contrariando lo claramente ordenado en el Auto Acordado antes indicado, en cuanto a que éste es de treinta días, lo que persigue la finalidad indudable de otorgar certeza respecto de dicha materia". "La Excma. Corte Suprema reiteradamente ha sostenido que el plazo para recurrir de protección es objetivo, de modo que haya certeza jurídica en cuanto a las fechas pertinentes, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes ni puede ser prolongado de manera artificial por el interesado y se cuenta desde la fecha de la fecha del acto u omisión o desde que se tuvo conocimiento o noticia del mismo y es esta circunstancia básica que permite el cómputo del término para recurrir". "Que, por lo anteriormente expuesto y concluido, ha de desestimarse la presente acción de protección... ". Lo anterior, se encuentra reforzado, además, por el fallo de fecha 1O de septiembre de 2013, de la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº 7991-2013, que sobre licencias médicas rechazadas por la Compin Región del Bío-Bío, señaló: "Que, sin embargo, de lo expuesto por las partes, y documentación acompañada a este expediente, aparece que efectivamente, los rechazos de las 4 licencias médicas materia del recurso, fueron dispuestas por la Compin Región del Bío-Bío, Subcomisión Concepción varios meses antes de entablarse esta acción". "En efecto, respecto de las licencias médicas Nº 39049334 y 38329722, en el reclamo de 12 de octubre de 2012 el propio recurrente hizo presente que con fecha 4 de septiembre de 2012 había presentado recurso de reposición ante la Compin Concepción, siendo informado del resultado negativo del recurso el 11 de octubre de 2012". "En cuanto a las 2 restantes licencias, Nº 39210164 y 37550002, también resulta de los antecedentes que, rechazadas que fueran, de estos rechazos el recurrente tomó oportuno conocimiento, pues dedujo recursos de reconsideración que fueron rechazados por la Compin Concepción el 4 de diciembre de 2012, según los formularios de notificación de los mismos acompañados en el expediente junto a su presentación de 19 de diciembre de 2012". La referida Compin las había rechazado por considerar reposo injustificado". "Así, posteriormente, con fechas 12 de octubre y 6 de diciembre, ambas de 2012, nuevamente reclamó en contra de la misma Compin el rechazo de las licencias médicas ya individualizadas, extendidas por un total de 120 días a contar del 21 de julio de 2012, dando lugar al Ordinario Nº 612, de 4 de enero del año en curso, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo realizado por la Compin Región del Bío-Bío de las licencias médicas en cuestión. Por último, mediante presentación de 8 de enero de 2013 el actual recurrente solicitó reconsideración de lo anteriormente resuelto, en cuanto a la confirmación del rechazo de las licencias médicas dispuesto por la Compin, el cual fue rechazado mediante oficio Nº 28447, de 7 de mayo de 2013, de esa Superintendencia". "Que, en las circunstancias señaladas, resulta indiscutible que la decisión de la cual reclama actualmente el recurrente se remonta al menos al 4 de septiembre de 2012, fecha de presentación de su recurso de reposición ante la Compin Concepción por el rechazo de dos de las licencias; y respecto de los 2 restantes (licencias), basta considerar que fueron denegadas, rechazándose por la Compin Concepción con fecha 4 de diciembre de 2012, el recurso de reconsideración también interpuesto". "En consecuencia, son estas fechas las que deben ser consideradas para el cómputo del plazo en estudio, y no la invocada por el recurrente en su libelo". "Por lo anterior, habiéndose deducido el presente recurso recién con fecha 24 de enero de 2013, como consta de fs.3, esto es, ya vencido el plazo fatal indicado, la presente acción resulta haberse interpuesto en forma extemporánea, y por ende debe ser desestimada". Pide en definitiva, se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En subsidio, alega la improcedencia del recurso en materias de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. Pues como se indicó de acuerdo al artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En subsidio, y en cuanto al fondo se refiere al marco jurídico-normativo que regula la materia: 1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador. Y en relación a los hechos, para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. Nº 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS). Así, consta que el cuadro que aqueja al señor nombre reservado ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo lo que se basa en que las patologías presentadas han tenido un curso cronificado, mostrando en su evolución una incapacidad no temporal y, por ende, no susceptible de modificar con el reposo continuo que ha tenido. Invoca el art 22 delD.S. Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud que indica “La Unidad de Licencias Médicas podrá elevar a consideración de la Compin los antecedentes de cualquier trabajador que se encuentre acogido al régimen de licencia médica y cuya afección se estime de naturaleza irrecuperable. Lo anterior se entiende sin perjuicio del dictamen obligatorio de dicha Compin, en los casos establecidos por la ley y este Reglamento". Luego el inciso 2º dice "Las ISAPRE en la situación de afecciones que estimen irrecuperables, podrán solicitarla declaración de invalidez del cotizante afecto al Sistema Previsional establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a las Comisiones Médicas Regionales, creadas por el artículo 11, del mismo texto legal; en el caso de los cotizantes que no estén afectos al sistema previsional establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, la ISAPRE solicitará dicha declaración de invalidez a la Compin correspondiente". Además de acuerdo al artículo 1° del mismo cuerpo legal, precisa que lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, que no es el caso del señor nombre reservado, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley Nº 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: "Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social'. En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: " Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo ... ". Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal, a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Además el Decreto Supremo Nº 7/2013 que "Aprueba Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a Los Exámenes, Informes y Antecedentes que Deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas", donde se hace mención a los elementos que deben contener las licencias médicas, según el tipo de patología y duración del reposo laboral. En su párrafo segundo señala lo siguiente: 2.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia. Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. Pues bien a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Y del artículo 2° de la Ley Nº 16.395, modificado por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social. Asimismo el artículo 3° del mismo cuerpo legal dispone que: "La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia". El inc. 2° indica que: "La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones." A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: "En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades".

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: "Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes." En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: "Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación". Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Nº 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de "supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes". El procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas y se indica que el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución. Ante ello, la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 1 O de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. Nº 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, el recurso de protección versa sobre derechos indubitados, preexistentes, y en el caso del señor nombre reservado, claramente su "derecho a licencia médica" no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudios llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto permite desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida, pues el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Invoca Jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº 19213-2014: "Que la Superintendencia recurrida afirma que se pronunció sobre el rechazo de las licencias médicas Nº 3967 4860; 3967 4862; 39765061; 39765070; 39913805; 39913828; 40228202 y 39765091 luego de haber revisado los antecedentes clínicos de la niña Rania nombre reservado, incluido el informe de la médico tratante y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por ella no se encontraba justificado al no acreditarse la gravedad de la enfermedad durante el lapso que las mismas cubren". "Que la aseveración efectuada en el motivo precedente por la recurrida encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente Nº 01736-2014-P1, tenido a la vista, en los que no sólo se encuentran las resoluciones impugnadas, sino el examen realizado a la hija de la recurrente en el Centro Radiológico Fleming el día 8 de enero de 2013". "Que a la luz de los antecedentes referidos en los motivos sexto y séptimo se aprecia que no aparece desprovisto de fundamento el acto recurrido, desde que no se encuentra acreditada la existencia de la enfermedad por la cual se otorgaron las licencias reclamadas. En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión de la recurrida de rechazar el reclamo del afiliado respecto de las licencias médicas, razón por la que el presente recurso debe ser rechazado".

Ello, máxime si el recurrente presenta patologías con un curso cronificado, mostrando en su evolución una incapacidad no temporal y, por ende, no susceptible de modificar con el reposo continuo. Observa que el Ord. impugnado por la recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de dicho Oficio, en orden a rechazar las licencias indicadas.

Afirma que su representada se limitó a resolver la situación del señor nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, no ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho. Su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que el señor nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas.

En cuanto al derecho de propiedad, el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el OS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

En efecto, lo anterior fue rescatado por el citado fallo de la Corte de Valparaíso, de 7 abril de 2015, causa rol 557-2015, que señaló lo siguiente: " Que en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría por haber "una privación a mi legítimo derecho a retribución monetaria consagrada en nuestra legislación en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad", dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que la misma, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello. Décimo: Que siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común y si la misma puede ser objeto de una incapacidad laboral transitoria o definitiva, con el resultado que en cada una de esas opciones se produzca, situación que en la especie requeriría la concurrencia de otra sede procesal que no es la que nos convoca en el presente recurso. Undécimo: Que en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas, que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, de manera que no es arbitrario, y que las decisiones fueron adoptadas por las respectivas comisiones médicas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto ilegales, como se pretende por el recurrente, por lo que atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario". Solicita el rechazo del recurso, con cosas.

El informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Que la señora nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Los Ríos, con domicilio en domicilio reservado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Los Ríos, informa al tenor del recurso.

Expone que el señor nombre reservado, de acuerdo al Histórico de licencias Médicas de FONASA (SIF), presenta un largo historial de licencias, prácticamente en forma continuada y con el mismo diagnóstico (Gonartrosis), desde el mes de Julio del año 2015 a Diciembre del 2018, sumando una totalidad de aproximadamente 1.259 días. Su reposo laboral fue autorizado por la Contraloría Médica de esta COMPIN desde el 27.07.15 hasta el 22.03.16, en base a la información médica proporcionada por el Sr. nombre reservado. Sin embargo, desde la fecha citada en adelante, sus licencias Médicas fueron rechazadas sistemáticamente, toda vez que el diagnóstico de base causante de la indicación de reposo, no calificaba en la categoría de patología transitoria (curso crónico).

En los Informes Médicos Complementarios presentados al COMPIN por el señor nombre reservado, la mayoría de los cuales fueron emitidos por los Hospitales San Agustín de Collipulli y nombre reservado de Temuco, se consignaba el antecedente de que este trabajador había sido operado de la rodilla izquierda y estaba en lista de espera quirúrgica.

Fue peritado en COMPIN el 25.02.16 por médico contralor traumatólogo, donde se consigna como conclusión diagnóstica en el informe pericial, la existencia de una Artrosis Bilateral de rodillas operada a izquierda y una Artrosis de rodilla derecha severa de indicación quirúrgica. Se le sugirió en dicha ocasión que debía jubilarse, en consideración a que su probable citación para cirugía, sería en el mes de Enero del año 2017.

El propio paciente indicó que se encontraba jubilado por vejez.

En consideración a que este trabajador continuó con licencias médicas, su caso fue pasado a Comisión Ampliada en el mes de Marzo del mismo año, donde se analizó su patología (incluyendo todos los antecedentes médicos y administrativos disponibles) por un grupo de aproximadamente siete facultativos, sumado a los médicos contralores, presidenta y ministro de fe de la COMPIN de Los Ríos.

En dicha instancia se declaró nombre reservado basados en el D. S. N°3/84 (Reglamento de licencias Médicas) y en la jurisprudencia existente de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), toda vez que el paciente se encontraba en una lista de espera quirúrgica para intervención con un tiempo promedio de latencia de tres años, donde el reposo no cumplía rol terapéutico.

Dado que el trabajador siguió presentando licencias médicas, que continuaron siendo rechazadas por la Contraloría (por no existir una fecha probable de pabellón a corto plazo .y sin variación de los antecedentes médicos), además de ser ratificadas por la SUSESO, se decidió pasar el caso del señor nombre reservado nuevamente a Comisión Ampliada el 31.08.18 y se decidió mantener la Declaración de nombre reservado, de acuerdo a los criterios técnicos y reglamentarios analizados por la Comisión.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para resguardar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Sin embargo, antes de analizar el tema de fondo planteado por la recurrente, es necesario hacerse cargo de una cuestión previa, esto es, la extemporaneidad de la acción deducida, circunstancia que ha sido alegada por la Superintendencia de Seguridad Social, una de las recurridas.

Tercero: Sobre el punto en cuestión el recurrente señala que, estando dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde que tomó conocimiento formal de la Resolución Exenta N° 36207, el 25 de octubre de 2018, de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmo el rechazo de las licencias médicas referidas en lo expositivo, interpuso esta acción de protección con la finalidad se declare arbitraria e ilegal la resolución recién mencionada, dejándola sin efecto, y en su reemplazo se determine que las licencias médicas que menciona queden aceptadas, debiendo la recurrida ordenar el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente, o bien se adopten las medidas que estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

Cuarto: El 13 de abril de 2018, el señor nombre reservado solicitó reconsideración del dictamen Nº 18417 de 19 de julio 2017, mediante el cual la Superintendencia de Seguridad Social confirmó lo resuelto por la Compin Región de Los Ríos, en orden a mantener el rechazo de sus licencias médicas números 35268267, 50226738, 36127369, 36068594, 36068481, extendidas por un total de 150 días a contar del 23 de marzo de 2016, por reposo no justificado. Y por Resolución EX 185 Nº 36207 de 25 de octubre de 2018, se dictamino lo siguiente:

"Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias números 35268267, 50226738, 36127369, 36068594, 36068481, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que de acuerdo a la documentación adjuntada en su presentación, su patología ha sido definida de irrecuperable, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, más allá del período recientemente ya autorizado". Concluye que confirma el rechazo.

Quinto: Que de estos antecedentes resulta evidente que el señor nombre reservado, al solicitar reconsideración de un dictamen anterior de la misma Superintendencia de Seguridad Social, que se había pronunciado en resolución Nº 18417 de 19 de julio 2017, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGION DE LOS RÍOS, en orden a mantener el rechazo de sus licencias médicas, pretende hacerse de un nuevo plazo para recurrir de protección, como ocurrió, por lo que en caso se constata que ha transcurrido con largueza el plazo de 30 días que al efecto dispone el Auto Acordado respectivo para deducir la presente acción, que plazo estaba vencido a la fecha de deducirlo, por lo que la misma será declarada extemporánea.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se rechaza por extemporáneo, sin costas, el recurso de protección deducido por el señor nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social.

Comuníquese, regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

Rol 2053 – 2018 PRO.