nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valdivia Valdivia, diecinueve de abril de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, estudiante de pedagogía en Historia y Geografía, domiciliada en domicilio reservado de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del nombre reservado, representado por nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, comuna de nombre reservado, al que atribuye la vulneración de sus garantías constitucionales, con ocasión de la resolución del nombre reservado que dispone su remoción en el cargo de Secretaria General de dicha institución, por falta de confianza e incompatibilidad de funciones, solicitando que se le restituya en dicho cargo.

Señala que es voluntaria del nombre reservado y que el 15 de diciembre de 2021 fue electa en el cargo de secretaria General de dicha institución.

Expone que el 4 de enero se fijó una reunión en que se cuestionó sólo la elección de su cargo, impugnándose la votación, impugnación que no prosperó.

Manifiesta que el 24 de febrero debía tener lugar la entrega de la documentación para ejercer su cargo, asunto que en la práctica no ocurrió, sino que los miembros del Directorio General, presidido por el Superintendente, se dedicaron a cuestionar sus capacidades para ejercer el cargo, señalando que no contaba con su confianza, de forma agresiva, en un abierto hostigamiento a su persona.

Relata que, al día siguiente, oportunidad en que tuvo lugar la reunión reglamentaria del mes de enero, se percató de ciertas irregularidades en las actas, entre otras, que no estaba el acta del 4 de enero en que se cuestionó su elección como secretaria general.

Afirma que el 2 de marzo pasado, se realizó la reunión reglamentaria correspondiente al mes de febrero y entonces se le hizo entrega de una carta en que se le removió de su cargo, insultándole, gritándole y ordenándole de forma prepotente que abandonara la sala de reuniones, esto por haber realizado una oferta en Facebook para arrendar el inmueble que ocupa como residencia y que pertenece al nombre reservado.

Sostiene que no se le llamó a aclarar dicha situación, ni se le preguntó si esa era o no su cuenta en la referida red social, no se le dio espacio para defenderse ni se realizó investigación alguna.

Agrega que la casa que usa debe cuidarla y atender solicitudes de información y, de requerirlo, atender la base de comunicaciones, por lo que no existen remuneraciones ni contrato entre las partes.

Informó nombre reservado, nombre reservado, solicitando el rechazo, con costas, del recurso.

Señala que el nombre reservado es una corporación de derecho privado, que se rige por la ley 20.564, ley marco de Bomberos de Chile, el decreto 95 de 2013 del Ministerio de Justicia, sus estatutos, reglamento y,, supletoriamente, las disposiciones del título XXXIII del libro I del Código Civil.

Agrega que está integrado por bomberas y bomberos que prestan servicio voluntario y que está dirigido por un Directorio General, integrado por Oficiales Generales (Superintendente, Vicesuperintendente, Secretario, Tesorero y los Comandantes) además de los directores de las seis compañías que le integran, siendo representado por su Superintendente.

Refiere que a la recurrente se le informó que debía asumir su cargo el día 10 de enero de 2022, en atención a que el 4 de enero y esa semana se celebraba el aniversario del nombre reservado y todo el protocolo de dicha celebración se había preparado con mucha anticipación.

Indica que, efectivamente, el 4 de enero, se realizó una reunión, para aclarar un supuesto mal recuento de votos, lo que no tuvo resultado, ratificando su cargo a la recurrente.

Afirma que se le señalaron falencias graves en el ejercicio de su cargo en el periodo anterior a la secretaria, entre otras, presentarse a sesión ordinaria sin el acta anterior en varias oportunidades, no transcribir las actas al libro correspondiente de manera oportuna, no mantener actas de registro de correspondencia recibida y despachada, presentar descargos por escrito durante el ejercicio superior anterior en la que manifestaba que “bomberos no era su prioridad”, extraviar un computador proporcionado por el Cuerpo; transcribir actas atrasadas al libro de puño y letra de tercero, intentar sustraer el libro de actas desde las dependencias del nombre reservado; y demandar remuneraciones ante la inspección del trabajo todo incumplimiento grave de los estatutos.

Relata que, el día antes de asumir, fue llamada por el señor nombre reservado a revisar varios puntos y entre ellos la devolución del computador y estar atrasada en su gestión anterior, además de ver la forma de trabajo para el 2022, comprometiéndose la recurrente a cumplir la brevedad con lo pedido. Además, se le señaló que, pese a todo, se le iba a hacer una oficina de Secretaría y otorgarle todo lo necesario para que desempeñara su cargo.

Hace presente que la recurrente vive de manera gratuita desde el año 2017 en una casa del cuerpo y que luego realizó una publicación ofreciendo arrendar piezas de esta propiedad que no le pertenece y que no paga por habitar.

Sostiene que por esta razón el Superintendente y el Honorable Directorio consideró que esto es una falta grave y que la recurrente no podía ser Secretaria General, cargo que ya no ejerce, sin perjuicio de que siga siendo voluntaria la Primera Compañía.

Expone que esta resolución se le comunicó en forma personal en la reunión del 4 de marzo este año, donde no tuvo el comportamiento de acuerdo con el reglamento, encontrándose todos los miembros, quienes solo la escucharon y pidieron que por favor devuelva la documentación que llevaba consigo.

Refiere que, además, la recurrente no solo presentó este recurso de protección, sino que también reclamó ante la inspección del trabajo, señalando que ha sido cuartelera de la base 1, donde ocupa la casa habitación que se ha señalado. Esto es absolutamente falso, pues ella ocupa esta propiedad sin ningún costo y no hace trabajo de cuartelera.

Sostiene que la recurrente no agotó las instancias internas que el Reglamento General del nombre reservado contempla, pues no presentó un reclamo al directorio general.

Termina señalando que le parece lamentable que la recurrente exponga hoy al nombre reservado a la justicia ordinaria, pues ella conoce la jerarquía dentro de la de la institución y considerando que existía una instancia interna que le permitía poder solicitar la revisión de los resuelto por el Consejo Superior de Disciplina, recurso que no utilizó.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquella norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

SEGUNDO: Que, tal como lo ha sostenido el recurrido en su informe, la ley 20.564, que regula el marco legal de los proceso disciplinarios de Bomberos de Chile, establece en su artículo primero que “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil”, refiriendo el artículo 553 inciso 2 del Código Civil que "La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercer a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario".

De esta forma, por medio de la presente acción constitucional resulta procedente la revisión de la legalidad del procedimiento administrativo sancionador en cuanto sus formalidades, la razonabilidad de la actuación y proporcionalidad de la sanción impuesta, dentro de un marco de control judicial de las facultades disciplinarias asumida por el órgano investigador de Bomberos.

TERCERO: Que así, en este caso, se ha alegado como acto arbitrario e ilegal la decisión adoptada por el nombre reservado, el 2 de marzo de 2022, Resolución 1-2022, que dispuso que doña nombre reservado “debe dejar el cargo de Secretaria General de este Cuerpo, por falta de confianza hacia esta institución e incompatibilidad de funciones”, fundado en que tomó conocimiento de un aviso en redes sociales en que la recurrente habría ofrecido en arrendamiento un inmueble de propiedad de la referida institución.

CUARTO: Que, de la lectura de dicha resolución y de las argumentaciones de las partes, se colige que la decisión impugnada es una medida disciplinaria, adoptada por el nombre reservado, señalando que lo hace como “representante de este nombre reservado y lo dispuesto en nuestro estatuto y reglamento”.

Sin embargo, de la lectura del artículo vigesimotercero de los Estatutos del nombre reservado, acompañados por la actora, se aprecia que no está comprendida entre las atribuciones del Superintendente la de decidir medidas disciplinarias ni la de aplicarlas, ni menos aún se menciona la potestad de destituir a la Secretaria General, oficial que forma parte, junto con el Superintendente, del Directorio General.

De esta manera, se ha establecido que, la decisión impugnada ha sido adoptada por un órgano que no tiene atribución para ello, constituido en una comisión especial, lo que vulnera tanto el referido estatuto como lo establecido en el inciso quinto del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, por otra parte, la aplicación de una sanción debe respetar al menos los contenidos mínimos de un procedimiento racional y justo, en que investiguen las imputaciones, se formulen cargos concretos y precisos, y se permita el derecho de defensa, según se reconoce en el artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República y en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, garantías que en este caso no fueron observadas.

Así, la referida sanción al no observar el procedimiento que debe aplicarse ante las eventuales faltas de las voluntarias y los voluntarios del nombre reservado transgrede lo dispuesto en el artículo 553 inciso 2 del Código Civil, y ha afectado la garantía fundamental de la igualdad, establecida en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, en conclusión, al haber sido adoptada por un órgano que no tenía competencia para ello y sin un procedimiento racional y justo es ilegal y, además, arbitraria, puesto que la decisión no se sustenta en un procedimiento legalmente tramitado, vulnerando las garantías de la recurrente establecidas en los numerales 2 y 3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso debe ser acogido.

Y visto, además lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del nombre reservado y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución 1-2022, de 2 de marzo de 2022, que dispone su remoción en el cargo de Secretaria General de dicha institución, debiendo la recurrente ser restituida en su cargo y sus funciones.

Acordada con la prevención de la ministra doña Marcia Undurraga Jensen, quien concurrió al voto por el rechazo, fundada únicamente en que quien ha dispuesto la remoción de la recurrente, el señor nombre reservado, no cuenta con facultades para ello.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. María Soledad Piñeiro Fuenzalida.

N°Protección-205-2022.