nombre reservado con GENDARMERIA DE CHILE

Valdivia, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°2042-2021, comparecen los abogados, doña María José Opazo Paredes y don Mauricio Aguilera Olivares, en representación de don nombre reservado, quien cumple condena por el delito de tráfico ilícito de drogas en el Complejo Penitenciario de Valdivia, dirigiéndose en contra de Gendarmería de Chile, por acusar una actuación ilegal y arbitraria al haber rechazado, mediante la entidad competente, su postulación al Centro de Educación y Trabajo de esta ciudad.

Afirman que nombre reservado satisface todos los requisitos para ingresar al Centro de Educación y Trabajo de Valdivia, al presentar buen comportamiento y haber realizado actividades laborales en el módulo 21 en calidad de mozo. Acotan que el 15 de junio de 2021 fue notificado del rechazo por mayoría de su postulación con base en el instrumento IGI, que arrojó un nivel de reincidencia muy alto con altas necesidades de intervención en área de pares, educación/empleo, uso del tiempo libre, actitud y orientación procriminal, consumo de alcohol/drogas. Se añade que se observan factores de riesgo que requieren un mayor tiempo de intervención, como la actitud desfavorable hacia las normas y convenciones sociales sumada a una tendencia a favor del delito, con deficiente conciencia del mismo y del daño o mal causado. En la resolución se dice además que se encuentra en etapa pre-contemplativa de cambio, con escaso análisis de su actuar delictivo, deficiente resolución de conflictos, basado en un patrón conductual impulsivo. Se expresa que no ha recibido intervención en torno a sus necesidades criminógenas y aun cuando está abierto a ser intervenido, no muestra mayor ocupación en la búsqueda de ayuda u orientación profesional, recomendándosele que participe en todas las actividades contempladas en su plan de intervención individual.

Aseveran que se está en presencia de un acto ilegal y arbitrario, pues las razones esgrimidas por el Consejo Técnico para el rechazo de la postulación son erróneas y no se condicen con la realidad intrapenitenciaria de su representado, careciendo de fundamentos.

Piden se acoja el recurso en definitiva, declarando la arbitrariedad del acto denunciado y se deje sin efecto la resolución de 15 de junio de 2021, ordenando el traslado inmediato de su representado al C.E.T. de Valdivia.

Gendarmería de Chile, por su parte, informó por intermedio del abogado don César Fernando Aguilar Silva, asesor jurídico de la Dirección Regional de Los Lagos, quien solicitó el rechazo del recurso. Sostiene que no se ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, manifestando que el recurrente cumple condena por orden legítima de un tribunal. Precisa que la postulación al C.E.T. no es un derecho, sino que un beneficio y que Gendarmería adoptó el procedimiento administrativo exigido en el Decreto Supremo N°943. Refiere que la resolución consistente en no haber aceptado la postulación del interno se encuentra debidamente justificada, cumpliendo con todos los requisitos impuestos por la ley N°19.880, destacando que la aplicación de la Gestión de Inventario/Caso da cuenta de una estandarización del procedimiento, por medio de la cual se determina el riesgo de reincidencia, de modo tal que en base a lo que éste arroja se pueda fundamentar la denegación de una determinada postulación, puntualizando que en este caso devino en riesgo de reincidencia alto. Resalta además que el recurrente no completa el tiempo mínimo para postular al beneficio del C.E.T., al cumplirlo el 16 de noviembre de 2021.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas, derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Carta Fundamental, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

En dicho sentido, es un medio de impugnación jurisdiccional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango constitucional, estrictamente enumerados en el artículo 20 del citado texto, comprendiendo situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

Segundo: Que, como consecuencia de los conceptos vertidos, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que: “según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a)

Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b)

La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c)

Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d)

Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado” (Entre otras, sentencia dictada el 16 de mayo de 2019 en causa rol 78-2019).

Tercero: Que, aclarados los presupuestos de procedencia del arbitrio en examen, a fin de centrar su objeto, es menester indicar que de los antecedentes del proceso aparece que el fundamento del recurso se radica en la decisión adoptada por el Consejo Técnico, en orden al rechazo por mayoría del beneficio de traslado del recurrente al Centro de Educación y Trabajo de Valdivia (C.E.T.), en cuyo caso su situación de privación de libertad se ha mantenido sin variación, en circunstancias que se sostiene que tenía la posibilidad de obtener acceso a un régimen dotado de mayores espacios de libertad, al tratarse aquél de un centro regido por un sistema semiabierto.

Cuarto: Que, en este sentido, el artículo 77 del Decreto Supremo número 943, que aprueba el reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario previene: “Población de los CET. La población penal de los Centros de Educación y Trabajo semiabiertos estará compuesta sólo por sujetos que posean la calidad procesal de condenados. Para ser destinados a un Centro de Educación y Trabajo Semiabierto, los condenados deberán presentar una solicitud de postulación y participar del proceso de selección”.

En tanto, el artículo 80 del citado reglamento dispone:

“Requisitos. Para la selección de los condenados postulantes a los CET se considerarán: su disposición al trabajo, necesidades de reinserción social, motivación al cambio y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta, características que deberán ser medidas y apreciadas por el Consejo Técnico en su informe.

La duración de la pena no constituirá un factor excluyente. Sin perjuicio de lo cual sólo podrán ser enviados a los CET cerrados y semiabiertos, los condenados que hayan cumplido, a lo menos, dos tercios del tiempo mínimo para optar a beneficios intrapenitenciarios.

Excepcionalmente podrán ser postulados internos con menor tiempo de cumplimiento siempre que concurran los requisitos establecidos en el inciso precedente y cuenten con la aprobación de la Subdirección Técnica de Gendarmería de Chile.

Los criterios conforme a los cuales serán seleccionados los condenados que postulen a los CET semiabiertos serán los siguientes:

a) Conducta: Que los internos tengan Buena o Muy Buena Conducta del último bimestre a la fecha de su postulación.

b) Tipo de delito: La selección de los condenados no estará condicionada o limitada por el delito a que se encuentre condenado el postulante.

c) Salud: Se considerará tener salud compatible con las actividades laborales del CET al cual postula”.

Quinto: Que, en el caso en evaluación, nombre reservado cumple una pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de tráfico ilícito de drogas. Se encuentra asentado también que inició su condena el 5 de julio de 2020 y que la completará el 23 de marzo de 2025, por lo que el tiempo mínimo para optar a beneficios intrapenitenciarios se producirá el 24 de julio de 2022, mientras el lapso mínimo para postular al C.E.T. se satisfará el 16 de noviembre de 2021.

Sexto: Que, según lo expuesto, debe asumirse que el recurrente no cuenta a su favor con el factor tiempo exigido en el artículo 80 del reglamento, esto es, enterar a lo menos dos tercios del tiempo mínimo para optar a beneficios intrapenitenciarios. En este aspecto, se ha pedido a su respecto se haga valedera la excepción contemplada en el inciso tercero de la mencionada norma, requiriéndose la aprobación de la Subdirección Técnica de Gendarmería.

Séptimo: Que, por otra parte, acorde al acta de notificación, el rechazo a la postulación se fundamenta en: “la evaluación con el instrumento IGI, mantiene un nivel de Reincidencia Muy Alto, con necesidades de intervención altas en las dimensiones de Pares, Educación/Empleo, Uso del tiempo Libre, Actitud y Orientación Procriminal, Consumo de Alcohol/Drogas. Se observan factores de riesgo que requieren un mayor tiempo de intervención, como la actitud desfavorable hacia las normas y convenciones sociales, sumada a una tendencia a favor del delito, con deficiente conciencia del delito y daño mal causado. El referido se encuentra en etapa precontemplativa de cambio, con escaso análisis de su actuar delictivo, además de deficiente resolución de conflictos, basado en un patrón conductual impulsivo. No ha recibido intervención en torno a sus necesidades criminógenas y aun cuando está abierto a ser intervenido, no muestra mayor ocupación en la búsqueda de ayuda u orientación profesional. Por lo que se recomienda que participe de todas las actividades contempladas en su PII”.

Octavo: Que, en complemento ilustrativo, el acta de sesión número 106 del Consejo Técnico, de 31 de mayo de 2021, evidencia que los cuatro votos contrarios al otorgamiento del beneficio solicitado a este interno se fundamentaron de la siguiente forma:

1. Fundamento Jefe Operativo: “Interno con Bajo compromiso delictual, sin observaciones de seguridad relevantes que mencionar, por otro lado, exhibe múltiples necesidades a nivel criminológico que deben ser intervenidas. Rol de trabajador se encuentra escasamente desarrollado, por lo que, no es recomendable un traslado todavía. Voto desfavorable”.

2. Fundamento Jefe Régimen Interno: “Interno que actualmente tiene muy buena conducta, respetuoso con el personal de servicio y pares, cumpliendo con horarios de encierro y desencierro, buena higiene personal, pero de acuerdo a los informes tendría múltiples necesidades criminógenas que intervenir, sumado a su incipiente involucramiento laboral, por esto mi voto es desfavorable”.

3. Fundamento Encargado Laboral: “Interno si bien mantiene una participación laboral constante tras proceso corto de adaptación, no cuenta con formalización como trabajador independiente. A pesar de lo anterior, genera estrategia para el ingreso de materiales y herramientas que le permiten mantener rutina productiva, rol de trabajador y proveedor. En contexto de las actividades de reinserción realizadas por el usuario, no ha realizado ningún taller del área laboral, además de acuerdo a antecedentes el referido presenta consumo de sustancias, situación que se configura como factor de riesgo para un traslado a un sistema semi abierto. Voto desfavorable”.

4. Fundamento Jefe Reinserción: “De acuerdo al análisis de los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que el referido no se encontraría en condiciones para un traslado al CET, debido a que en la evaluación con el instrumento IGI, registra un nivel de Reincidencia Alto, con necesidades de intervención altas en las dimensiones de Pares, Educación/Empleo, Uso del tiempo Libre, Actitud y Orientación Procriminal, Consumo de Alcohol/Drogas. Usuario que cuenta con alto nivel de riesgo de reincidencia general; inicia actos delictivos a partir de edad adulta, actualmente evidencia tendencia a favor del delito, actitud desfavorable hacia la condena, las normas y convencionalismos sociales. De personalidad altamente influenciable, no logra reconocer factores de riesgo ni contextos peligrosos para sí. En cuanto al delito, no cuenta con conciencia de daño ocasionado ni se responsabiliza en los hechos. No ha recibido intervención en torno a sus necesidades criminógenos y aún cuando está abierto a ser intervenido, no muestra mayor ocupación en la búsqueda de ayuda u orientación profesional. Sujeto desea ser trasladado a CET con la finalidad de aprender oficios y aportar económicamente con su familia. En la unidad penal no cuenta con trabajo estable, tanto a nivel dependiente como independiente, generando cierta actividad esporádica con materiales que le brindarían otros internos, no obstante, no es algo rutinario ni habitual. Desde la consideración a un posible traslado, se ve enfrentado a un importante factor de riesgo, asociado al consumo problema de drogas, manteniendo hasta la actualidad ingesta de cocaína, lo que no visualiza como dificultad. Además, por su personalidad influenciable evidencia conflictos en la asociación con pares refractarios, no siendo capaz de alejarse de contextos de peligro. No se encuentra en condiciones óptimas para ser trasladado. Por lo anteriormente expuesto es que el referido aún no contaría con las condiciones para un traslado al CET, por lo que, se debe intervenir y trabajar aspectos criminógenos en PII. Voto desfavorable”.

Noveno: Que, por el contrario, el único voto favorable fue entregado por el Coordinador Educacional, quien señaló que el interno presenta matrícula vigente en el segundo nivel medio del presente año, exhibiendo preocupación por su situación académica.

Décimo: Que, del mérito de lo reseñado en los considerandos pretéritos, queda en evidencia que no converge en la especie un acto ilegal ni menos aún arbitrario, puesto que para sustentar el rechazo reclamado, además de procederse con apego a la normativa citada atingente, ha existido un desarrollo argumental completo de parte de la entidad competente, inspirado, en lo fáctico, en la evaluación de la condición específica del interno solicitante, acudiendo a diversas fuentes de información. En efecto, al cumplir con la obligación de fundamentación de la resolución denegatoria, el actuar del órgano inserto dentro de la orgánica de Gendarmería de Chile no carece de razonabilidad, pues se apoya en motivaciones suficientes que resultan idóneas para fundar su legitimidad, en el marco del artículo 80 del Decreto Supremo 943, que contiene el reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario. En esta orientación, no conspira contra lo concluido el único voto favorable, pues su basamento no exhibe la solidez suficiente para imponerse por sobre el criterio predominante.

Undécimo: Que, como corolario de lo reflexionado, cabe colegir que Gendarmería de Chile ha actuado enmarcada en la esfera de sus atribuciones, dentro del proceso que la ley y reglamento prevé y, por sobre todo, otorgando fundamento bastante a su resolución en el contexto regulador respectivo; razón por la cual al no concurrir siquiera un acto digno de ser reputado arbitrario o ilegal en la decisión administrativa denegatoria analizada, la acción constitucional intentada habrá de ser desestimada, sin que fluya necesidad de ocuparse de la supuesta afectación de la garantía reclamada, al tratarse de presupuestos de carácter copulativo.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y visto, además, lo establecido en el artículo 19 número 3, en relación con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por los abogados, doña María José Opazo Paredes y don Mauricio Aguilera Olivares, en representación del interno nombre reservado, en contra de Gendarmería de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

Rol 2042 – 2021 PRO.