Protección contra INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE OSORNO

Valdivia, catorce de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Don Gustavo Adolfo Sánchez Acuña, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de SOCIEDAD COMERCIAL KAISER LIMITADA, del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, interpone Recurso de Protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE OSORNO, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien ha afectado el legítimo derecho de propiedad de su representado consagrado en el artículo 19 N°24, así como la vulneración del artículo 19 N° 3 inciso 5° siendo juzgado por comisiones especiales, y la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 4 afectando su honra, conforme a los hechos que expone:

1) Con fecha 11 de septiembre del año 2018, don nombre reservado fiscalizador de la inspección del trabajo de Osorno, procede a realizar una fiscalización a la empresa Sociedad Kaiser Limitada. El fiscalizador manifiesta a la encargada de local que procederá a realizar una fiscalización por una denuncia.

2) Mediante la resolución de multa N°4544/18/91de fecha 1 de octubre de 2018, depositada en correos de Chile con fecha 8 de octubre de 2018, y notificada legalmente el día 16 de octubre de 2018, se procede a cursar a su representada una multa por 9 infracciones en materias de higiene y seguridad por la suma de 340 UTM.

3) Mediante la resolución de multa N°4544/18/91de fecha 1 de octubre de 2018, depositada en correos de chile con fecha 19 de octubre de 2018, y notificada legalmente el día 26 de octubre de 2018, se procede a cursar a su representada una multa por 1 infracción en materia Laboral referida al registro de asistencia del personal por la suma de 40 UTM.

Refiere que la Dirección Del Trabajo tiene un cuerpo normativo denominado "Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo", que regula el procedimiento de fiscalización que realiza la Dirección del Trabajo, para verificar el cumplimiento de la normativa laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo. El "Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo", pasa a ser de uso obligatorio para los funcionarios de las Direcciones Regionales, Inspecciones Provinciales y Comunales del Trabajo y del nivel central de la Dirección del Trabajo, que desempeñen labores de fiscalización, verificando el cumplimiento de la normativa laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo.

La fiscalización de que fue objeto su representada, tuvo su origen en una solicitud y no por oficio, situación en la que fiscalización solo puede ser objeto de la materia denunciada. El Manual de Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo es enfático en este punto.

El fiscalizador don nombre reservado, procedió a fiscalizar materias de higiene y seguridad y a la vez procedió a revisar registro de asistencia que no tiene relación con la materia solicitada habiendo una clara arbitrariedad y siendo completamente contrario a la norma legal vigente que rige el proceso de fiscalización.

El fiscalizador mediante la Resolución de multa N°4544/18/91 de fecha 1 de octubre de 2018, realiza dos instrumentos sobre un mismo acto, informando en fechas completamente distintas con 13 días de diferencia la aplicación de multas y materias no relacionadas.

Es decir, el fiscalizador no cumple con su norma legal en cuanto al procedimiento de fiscalización, además en forma arbitraria notifica en diferentes tiempos su fiscalización creando un estado de indefensión y vulnerando la bilateralidad de parte.

Producto de estos actos de arbitrariedad e ilegalidad por parte de un organismo del Estado que vulnera gravemente la ley que lo rige, produce una vulneración de las garantías constitucionales sobre el derecho de propiedad de su representado, crea un menoscabo grave y de consecuencias considerables.

La resolución de multa N°4544/18/91 de fecha 1 de octubre de 2018, depositada en Correos de Chile con fecha 8 de octubre de 2018, y notificada legalmente el día 16 de octubre de 2018, infracciona por el siguiente motivo: incumplimiento al derecho a saber.

Precisa la parte recurrente que las trabajadoras que se mencionan en la respectiva infracción tenían obligación de informar, según lo establece el decreto supremo 40 artículo 21°, estos documentos son acompañados en el presente recurso. Existen los registros de lo expuesto y más aún en ninguna normativa se indica la marca de los químicos, lo que busca el legislador es informar sobre químicos no sobre marcas, y eso la obligación de informar de las trabajadoras lo tienen. El fiscalizador se otorga facultades de interpretación que solo corresponde a los tribunales de justicia, más aun con dicho acto arbitrario vulnera gravemente el articulo 19 N°3 inciso 5° de nuestra Carta Fundamental, creando un grave perjuicio a su representado, y siguiendo con el nexo causal expuesto vulnera el derecho constitucional del articulo 19 N°24 afectando la propiedad del recurrente.

Por su parte, la resolución de multa N°4544/18/91de fecha 1 de octubre de 2018, depositada en Correos de Chile con fecha 8 de octubre de 2018, y notificada legalmente el día 16 de octubre de 2018, infracciona a su representada por el siguiente hecho: no entregar gratuitamente el ejemplar impreso del Reglamento Interno, entre otros.

En el presente recurso se acompaña un registro de entrega a la trabajadora del reglamento interno de la empresa, más aún la trabajadora bajo su consentimiento se le entregó una copia digital y se le instruyó sobre las normas del reglamento en cuestión. Una vez más el fiscalizador se otorga facultades de interpretación que solo corresponde a los tribunales de justicia, más aun con dicho acto arbitrario vulnera gravemente el articulo 19 N°3 inciso 5° de nuestra carta fundamental, creando un grave perjuicio a su representado, y siguiendo con el nexo causal expuesto vulnera el derecho constitucional del articulo 19 N°24 afectado la propiedad de este recurrente. A la vez afecta gravemente al derecho a la honra de su representado, consagrado en el artículo 19 N° 4 de nuestra carta magna, interpretando y señalando que no se le entrega gratuitamente el reglamento, dando a entender que se le cobra a la trabajadora por dicho reglamento, siendo una falsedad por que los registros que se acompañan en la presente, dan prueba de lo contrario.

Pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de Inspección Comunal del Trabajo de Osorno, representada por don nombre reservado y en definitiva ordenar que se adopten de inmediato todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, dejar sin efecto la presente fiscalización y asegurar la debida protección del afectado.

Informa el presente recurso doña nombre reservado, abogada de la Dirección del Trabajo, conforme a los siguientes planteamientos:

Refiere que el recurso de protección de autos se ha interpuesto en contra de las Resoluciones de Multas N°4544/18/91-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y Nº 4544/18/92-1, ambas de fecha 01.10.2018 cursadas producto de una fiscalización efectuada por la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno a la recurrente, proceso a cargo del fiscalizador dependiente de dicha oficina don nombre reservado.

Dicha fiscalización tiene su origen en denuncia presentada con fecha 07.09.2018, ante la Unidad de Atención de Público de la Inspección del Trabajo de Osorno por parte de un trabajador en contra de Sociedad Comercial Kaiser Limitada, por no llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, por no informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales, no dar a conocer el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, no entregar copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y pagar remuneración parcial o incorrectamente.

Con fecha 11.09.2018, se realiza la respectiva visita inspectiva en dependencias de la denunciada, se entrevista a trabajadores y al representante del empleador, en virtud del principio de bilateralidad; para estos efectos, Sra. nombre reservado, Jefa Administrativa, Sra. nombre reservado, Administrativa de Recursos Humanos y Sr. nombre reservado, representante por poder y se revisa la documentación pertinente.

Conforme con el resultado del proceso de fiscalización realizado, cuyo resultado consta en el Informe de Exposición de la Comisión Nº1003/2018/826, el fiscalizador constata las siguientes infracciones: no ubicar los extintores en lugares accesibles, no instruir en el uso de extintores, no entregar gratuitamente un ejemplar impreso que contenga el texto del reglamento interno de la empresa, no informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales, no proporcionar los elementos de protección personal libre de costa para el trabajador, no estar debidamente protegidas las partes móviles y otras de las maquinarias y equipos, no contar la empresa con hojas de seguridad de aquellas sustancias que almacenan o manipulan, no mantener los pasillos de circulación suficientemente amplio para un seguro desplazamiento y no contar con señalización visible y permanente las zonas de peligro, por lo que se procede a cursar la multa Nº4544/18/91-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, notificada mediante carta certificada a la recurrente, depositada con fecha 08.10.2018 en oficina de Correos de Chile, conforme lo establece el artículo 508 del Código del Trabajo.

A su vez, en virtud del resultado del proceso de fiscalización realizado, cuyo resultado consta en el Informe de Exposición de la Comisión N°1003/2018/898, el fiscalizador constata igualmente la infracción consistente en no llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo del tipo electrónico computacional, por lo que se procede a cursar la multa Nº 4544/18/92-1, notificada mediante carta certificada, depositada con fecha 19.10.2018 en oficina de Correos de Chile, conforme lo establece el artículo 508 del Código del Trabajo.

La parte recurrida alega no tener participación ni vinculación con los hechos invocados. Aclara que los actos recurridos en esta acción, esto es, las Resoluciones de Multas Nº4544/18/91-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y Nº4544/18/92-1, no son actos emanados del Inspector Provincial del Trabajo de Osorno don nombre reservado, sino, son actos dictados por el fiscalizador don nombre reservado, en contra de quien no se recurre, y quien es dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno, quien en el ejercicio de sus funciones cursó las multas antes individualizadas a la recurrente ante la verificación del incumplimiento por parte de ésta de la normativa laboral. De lo dicho se sigue que, en tales actos, el Inspector del Trabajo recurrido no ha tenido participación alguna, por lo que solicita se declare improcedente el presente recurso de protección por cuanto, y según se ha indicado, el recurrido no ha tenido ni le corresponde participación alguna en los hechos que se le imputan.

Lo anterior ha sido acogido por la jurisprudencia de la lltma. Corte de Apelaciones Puerto Montt y Coyhaique, en fallo de recurso de protección que cita.

Plantea como alegación adicional, la improcedencia del recurso de protección en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por el recurso de protección.

De lo dicho se sigue que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, como sucede justamente en el caso de autos.

En efecto, la Excma. Corte Suprema ha resuelto reiteradamente que el recurso de protección no es el camino idóneo para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa de orden laboral, puesto que no fue concebido como un sustituto procesal de acciones y procedimientos ordinarios existentes en la legislación. En este caso existen otras acciones específicas para la impugnación de las resoluciones de multa, ya sea a través de la vía administrativa, como lo dispone el artículo 511 del Código del Trabajo, o bien, haciendo uso de la acción ordinaria de reclamación ante el Juzgado laboral que regula el artículo 503 del mismo cuerpo legal.

En este sentido ya se ha pronunciado la lltma. Corte de Apelaciones de Valdivia en fallo dictado con fecha 26.12.2013 rol 2132-2013.

En efecto, añade que el Libro V del Código del Trabajo, relativo a la jurisdicción laboral, contempla en su Título II el procedimiento para reclamar judicialmente de las multas administrativas y demás resoluciones administrativas, consagrado específicamente en el inciso tercero del artículo 503. En efecto, dicha norma establece la posibilidad de reclamar judicialmente de la resolución de multa dentro del plazo de quince días contados desde' su notificación, aplicándose para estos efectos el procedimiento especial contemplado en el artículo 503 el cual es breve y concentrado, suspende la aplicación de la multa, fija las partes del conflicto, ante un juez laboral, en un procedimiento oral, concentrado, y .en aplicación especialmente de los principios de inmediación, impulso procesal de oficio y la celeridad, sede, donde necesariamente han de conocerse y resolverse impugnaciones como las efectuadas por el recurrente. Además, se debe tener en consideración que las multas aplicadas por los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo están revestidas de la presunción de veracidad del artículo 23 del DFL Nº 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que el único procedimiento que, por su naturaleza, permite la producción de prueba destinada a destruir la presunción con las garantías procesales debidas, es el consagrado en el Código del Trabajo, quedando tal posibilidad al margen de los alcances del recurso de protección.

Por consiguiente, como el asunto debatido tiene un procedimiento especial establecido en nuestro ordenamiento jurídico la parte debe hacer uso de sus derechos en esa sede jurisdiccional idónea.

Entrando al fondo, sustenta la legalidad y razonabilidad de los actos administrativos contenidos en resoluciones de multas recurridas.

La recurrente funda su acción en que respecto de la multa Nº4544/18/91- 3 y 4, el fiscalizador se otorga facultades de interpretación que solo corresponde a los tribunales de justicia. Esta afirmación es equivocada como se demostrará a continuación.

El artículo 1° del DFL Nº 2 de 1967 dispone que corresponde a la Dirección del Trabajo, entre otras funciones, "la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral", labor que, de acuerdo a la misma normativa laboral, cumple a través de las respectivas Inspecciones. El art.505 inciso 1° del Código del Trabajo, a su vez dispone: "La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo (. .. )".

Aparece entonces el concepto de fiscalizar como aquél que debe dotar de sentido y alcance la labor de quienes cumplen funciones encomendadas al órgano contralor.

De esta forma, y según lo expuesto, se debe tener en cuenta que fiscalizar la aplicación de la legislación laboral conlleva una actividad que necesariamente, requiere tanto la recopilación de los antecedentes de hecho- aquellos que constata el fiscalizador- como la elaboración de un juicio de valor sobre la forma de cómo esa realidad contractual específica se ajusta a la normativa legal, juicio que por lo demás subyace en el informe elaborado por el fiscalizador. El funcionario está llamado a constatar, en su calidad de ministro de fe, el cumplimiento de la normativa laboral vigente, lo que, tras analizar los antecedentes - revisar y requerir documentación, etc.- no le quedaba sino cumplir con su obligación de evaluar si se aplicaba correctamente la ley laboral por la recurrente.

Si se negase que la facultad de fiscalizar se encuentra ligada a la de calificar situaciones de hecho, implicaría que la Dirección del Trabajo solo podría ejercer sus facultades sobre infracciones claras y precisas, como indica el recurrente, por lo que a contrario sensu debiésemos entender que existen otro tipo de infracciones que serían "obscuras, confusas o escondidas", lo cual es contrario al ordenamiento laboral toda vez que las normas del Código del Trabajo no están dispuestas de esta manera, siendo una distinción artificial. Cita Jurisprudencia de la Excma., Corte Suprema en ese sentido.

De manera que, luego de constatar los hechos infraccionales, el fiscalizador procedió a cursar las multas, por lo que su actuación se enmarca en el ejercicio propio de las facultades de fiscalización que expresamente le han sido entregadas a la Dirección del Trabajo, cumpliendo con una obligación que esa misma ley le impone y sustentado en las razones que se consigna en la resolución de multa respectiva, debidamente fundada en los distintos elementos que conforman los expedientes administrativos bajo las comisiones Nº1003/14/826 y Nº1003/14/898. Tampoco puede pretenderse que al obrar de esa manera haya ejecutado actuaciones propias de un tribunal.

La recurrente igualmente funda su acción en que el fiscalizador no sólo fiscalizó las materias de higiene y seguridad sino que a la vez procedió a revisar el registro de asistencia, lo que supuestamente no tendría relación con la materia denunciada, ya que según argumenta la fiscalización si es solicitada, solo puede circunscribirse a la materia denunciada. Esta afirmación es errada como se explicara a continuación.

El Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo Versión: 2.0 Agosto de 2017, el cual se ha elaborado por el Servicio con el propósito de reformar normativamente en materia procedimental interna y orientar legal y técnicamente al Inspector del Trabajo en su labor de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, previsional y seguridad y salud en el trabajo. Dicho Manual en su acápite denominado "Fase investigativa", en la parte referente a la investigación en terreno, indica expresamente:

"Es obligatorio investigar y pronunciarse respecto de todas las materias requeridas en la comisión, sean denunciadas, agregadas por la Institución o derivadas de infracciones detectadas durante la investigación.

Por lo tanto, en el caso de tomar conocimiento durante la investigación de la existencia de otras materias presuntamente en infracción, deberán ser tratadas en la misma oportunidad y para efectos administrativos deberá activarse, posteriormente, una nueva comisión sólo en caso que los nuevos hechos constatados correspondan a materias excluyentes." Pues bien, en el caso de marras, el fiscalizador no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, como lo sostiene la recurrente, toda vez que el procedimiento de fiscalización se ajusta a lo dispuesto en el artículo 1 ° del DFL Nº 2 de 1967 y artículo 505 inciso 1 ° del Código del Trabajo, como también a las instrucciones vigentes de este Servicio, es decir, a lo instruido en el Manuel del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, dado que no sólo se fiscaliza las materias denunciadas sino también aquellas detectadas durante la investigación.

Por otra parte, resulta necesario y pertinente aclarar que con respecto a la infracción constatada, referente a no llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo del tipo electrónico computacional, dicha materia sí fue denunciada. Asimismo, por ser una materia excluyente la infraccionada, se genera una nueva Comisión Nº1003/2018/898, y se cursa la multa Nº4544/18192-1, quedando así consignadas en la multa Nº4544/18/91-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, sólo aquellas infracciones relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo, bajo la Comisión Nº1003/2018/826.

Las resoluciones de multas que se impugnan, no constituyen de manera alguna un acto arbitrario e ilegal que afecte las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

En primer lugar, como ya se indicado precedentemente, en el caso de marras el fiscalizador cumplió con las instrucciones sobre la materia, procediendo a notificar a la recurrente del inicio de la fiscalización e informándole de sus derechos y deberes respecto del procedimiento de fiscalización, lo anterior consta en documento denominado "Notificación de inicio de procedimiento fiscalización", que se acompaña, y luego en el transcurso de la fiscalización, se le requirió la documentación laboral pertinente al empleador y se entrevistó a la Sra. nombre reservado, Jefa Administrativa, a la Sra. nombre reservado, Administrativa de Recursos Humanos y al Sr. nombre reservado, representante por poder, todo lo cual se consigna en la respectiva Caratula de Informe de Fiscalización e informe de Exposición de las Comisiones Nº1003/2018/898, y Nº1003/2018/826.

De lo dicho queda claramente establecido que el actuar del fiscalizador se enmarcó en un debido proceso administrativo, no advirtiéndose infracción al art.10 de la ley 19.880, el cual consagra el principio de la contrariedad, pues no se ha privado de modo alguno al recurrente de la posibilidad de aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, considerando además que el empleador mantenía a salvo la posibilidad de reconsiderar administrativamente la multa y aportar en dicho proceso todos los documentos que estime pertinente para acreditar su pretensión en conformidad al artículo 511 del Código del Trabajo o reclamar directamente de las multas en cuestión en virtud del artículo 503 del citado cuerpo legal.

En segundo lugar, respecto de las resoluciones impugnadas resulta pertinente recordar el tenor del artículo 23 del DFL N°2 del Ministerio del Trabajo del año 1967: "Los inspectores del trabajo tendrán el carácter de ministro de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de los cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento. En consecuencia, los hechos constatados por los inspectores del trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial".

De lo anterior, surge con claridad que el fiscalizador sólo se ha limitado a verificar el incumplimiento de la legislación laboral y las multa cursadas no pueden ser calificadas de ilegales, ya que ha existido irrestricto respeto y cumplimiento al Principio de Legalidad por parte de la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno.

Asimismo las multas cursadas carecen de rasgos arbitrarios, se dictaron tras una fiscalización, fueron notificadas y se dictaron en el marco de la finalidad del ente administrativo.

Como consecuencia de todo lo expuesto, es necesario concluir que no puede haber arbitrariedad ni ilegalidad en la actuación denunciada, desde que, por una parte, existe un preciso mandato legal que las permite y, por la otra, no aparece que se actúe fuera de los marcos razonables cuando se fiscaliza la existencia de una obligación legal.

En cuanto a las garantías que se denuncian como conculcadas, aborda cada una de ellas en forma detallada y explica que no se han vulnerado con la fiscalización e imposición de multa.

Finalmente pide el rechazo en todas sus partes del presente recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En primer término se debe atender a que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las medidas que resulten necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección de los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria y/o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución, en su artículo 20 ampara, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: De lo expuesto precedentemente se desprenden dos cualidades de esta excepcional acción constitucional, que precisamente son puestas en duda por la parte recurrida, en cuanto sostiene que no se cumplen en el recurso interpuesto y que motivan sus primeras alegaciones de improcedencia y fundan el rechazo que pide.

La primera de las exigencias de procedencia de la presente acción constitucional, se refiere a que debe invocarse la afectación de un derecho fundamental que prive perturbe o amenace su legítimo ejercicio y se conculca con el actuar de la recurrida. En este caso se invoca por la empresa que acciona, la transgresión del ejercicio legítimo del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, del derecho de propiedad y del derecho a la honra.

Por ello la existencia del artículo 503 y 511 en el Código del Trabajo, que permiten discutir en sede judicial la imposición de multas por el fiscalizador, no es obstáculo para que se utilice esta vía para conocer los hechos, en que se hacen consistir la transgresión a las garantías constitucionales invocadas.

TERCERO: La otra alegación formal de la recurrida, recayó en el hecho de no haberse dirigido el recurso en contra del fiscalizador que impuso la multa, es decir, la recurrente habría dirigido equivocadamente su acción, al entablarla contra la Inspección del Trabajo de Osorno, representada por el Director del Trabajo respectivo y no señalar también como parte recurrida a la persona del fiscalizador. Al respecto se aprecia que el Recurso de Protección se interpuso contra la Inspección del Trabajo de Osorno debidamente representada, por las multas cursadas por un fiscalizador de dicha repartición a que se menciona con nombre y apellido. Así las cosas se entiende que el recurso está bien dirigido.

Es así, pues ello se desprende en forma clara del propio tenor del DFL N° 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del año 1967.

“Artículo 2° La Dirección del Trabajo estará a cargo de un funcionario con el título de Director, quien tendrá las atribuciones y deberes señalados en este decreto con fuerza de ley y demás leyes y reglamentos que le sean aplicables.

Artículo 5° Al Director le corresponderá especialmente:

a) La dirección y supervigilancia de la Dirección del Trabajo en toda la República y la representación del Estado en la aplicación y fiscalización de las leyes sociales;

Artículo 18° La Dirección del Trabajo ejercerá sus funciones por medio de las Inspecciones Provinciales, Departamentales y Comunales que determine el Director.

Artículo 4° La Dirección del Trabajo tendrá la siguiente estructura orgánica:

1.- Departamentos:

a) de Inspección;

b) de Negociación Colectiva;

c) de Organizaciones Sindicales;

d) Jurídico;

e) Administrativo;

2.- Oficinas:

a) de Estudios, Organización y Métodos;

b) de Contraloría;

c) de Relaciones Públicas;

d) de Estudios Económicos, Estadísticas e Informaciones.

Artículo 19° La Resolución que cree una Inspección determinará el lugar de su sede y su territorio jurisdiccional.

Artículo 20° Los Inspectores Provinciales, Departamentales y Comunales tendrán en su jurisdicción las mismas facultades del Director en lo que respecta a la aplicación de la legislación social, salvo en las que le son privativas.

Artículo 23° Los Inspectores del Trabajo tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento.

En consecuencia, los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial”.

Conforme a toda la normativa antes transcrita, resulta estar bien dirigida la acción constitucional que reclama situaciones de vulneración de derechos fundamentales que se han transgredido, a su entender, por la imposición de multas administrativas, que han sido producto de un proceso de fiscalización de un funcionario dependiente de la Dirección del Trabajo en su Departamento de Inspección, que conforma la Inspección Provincial y ésta a su vez forma parte de la orgánica de la Dirección del Trabajo, las que son representadas por su Inspector Provincial y Director Regional, respectivamente.

CUARTO: Son hechos de la causa no discutidos, que la empresa recurrente fue fiscalizada, tras denuncia recibida, constatándose infracción a la normativa laboral por lo que se le impusieron multas por dos conceptos: no informar a sus trabajadoras de los riesgos y medidas preventivas y métodos de trabajo respecto de productos peligrosos y no llevar correctamente el registro de asistencia.

QUINTO: El artículo 1° del DFL N° 2, dispone que “la Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaría de Trabajo.

Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden:

a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”;

Es precisamente en el ejercicio de esta facultad legal que ha obrado la recurrida.

Por lo dicho, se desprende que la recurrida verificó su cometido en el marco legal correspondiente.

En la especie no ha existido la infracción a lo previsto en el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Carta Fundamental, al disponer la autoridad administrativa una multa en contra de la recurrente por haberse detectado por un fiscalizador de la Dirección del Trabajo el incumplimiento de la ley laboral, toda vez que conforme a lo previsto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 308 de 1960 de Hacienda, que fijó el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 -Ley Orgánica de dicho servicio-, se le otorga a éste precisamente la función de supervigilar la aplicación de las leyes laborales, tarea que a su vez se encuentra complementada con lo previsto en el Código del Trabajo, que precisamente consagran la facultad, en primer término, de aplicar sanciones de carácter administrativo por los inspectores del trabajo cuando éstos constaten infracciones de carácter laboral y, además, que se les concede la función de fiscalizar e interpretar para los fines del control de la legislación laboral.

SEXTO: Precisamente la cuestión reclamada se basó en la constatación hecha por un ministro de fe, autorizado por la ley, de múltiples infracciones a la normativa laboral, lo que le permitió administrativamente conocer y sancionar el incumplimiento constatado, sin que ello importe una actividad de orden jurisdiccional, pues precisamente la misma ley laboral le asegura al afectado una acción judicial para reclamar de la decisión administrativa que le perjudica, con lo cual podrá discutirse la procedencia de la sanción y la justificación o no de la medida impuesta por el Órgano Administrativo, de tal modo que toda la cuestión se encuentra sometida al imperio del derecho, sin que se advierta, con la claridad que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la ilegalidad o arbitrariedad que se le imputa a la recurrida.

Consecuente con lo anterior, tampoco se advierte transgresión al derecho a la honra ni al derecho de propiedad, que escasamente desarrolla en el libelo la parte recurrente y que del punto de vista fáctico se construyó sobre el hecho de haber sido notificada la resolución de multa en forma parcelada y por haber sido fiscalizada una situación que excedía al hecho denunciado. Ambas situaciones de hecho no son efectivas en cuanto a constituir vulneración a las garantías constitucionales citadas, ya que se basan en premisas equivocadas. En efecto, el ente fiscalizador no tiene límite para notificar en dos momentos distintos las resoluciones que imponen multa, pues desde la notificación de cada una se computan los plazos para el ejercicio de derechos y en lo relativo a la denuncia que motivó la fiscalización, esta fue amplia y comprensiva de todo lo fiscalizado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, con costas, la acción de protección deducida.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro don Samuel Muñoz Weisz.

Rol 2039 – 2018 PRO.