TURISMO PATAGONIA ANDINA LIMITADA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO LOS RIOS

Valdivia, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don Israel Andrés Carrasco Vásquez, abogado, en representación convencional de Turismo Patagonia Andina Limitada, empresa del giro de su denominación, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de la Región de Los Ríos, cargo servido por don Enrique Ortega Münzenmayer, domiciliado en domicilio reservado, en atención a que el actuar ilegal y arbitrario atenta contra sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2, 3 y 24 de la Carta Fundamental.

Funda su recurso en que mediante Ordinario N° 290 de 10 de julio de 2019, se declararon improcedentes los recursos administrativos de reposición y jerárquico deducidos en contra de la Resolución Exenta N° 41 y el Ordinario N° 131, ambos de 21 de mayo de 2019, exponiéndolo al pago de una multa sin posibilidad de ejercer el derecho a reconsideración administrativa.

Sostiene que el 19 de marzo de 2019, la Inspección comunal de Panguipulli dictó resolución de multa 1160/19/14, estableciendo seis infracciones cuyas multas ascienden a la suma de $13.043.790. Agrega que con fecha 26 de abril del año en curso, ingresó formulario de solicitud de recurso administrativo, sin efectuar descargos o comentarios respecto de las multas. Indica que en virtud de un error de hecho y debido a una incorrecta comprensión del citado formulario, solicitó la sustitución de las multas impuestas, bajo la estimación que la cantidad de trabajadores correspondía únicamente a un establecimiento, sin considerar los trabajadores de un segundo establecimientos, operados bajo mismo rol, pero en diferentes zonas geográficas. Refiere que su solicitud no fue sometida a un análisis previo en dependencia de la Inspección del Trabajo de Villarrica, ni tampoco la encargada de gestión de la empresa fue orientada al respecto Señala que el 22 de mayo del presente año se dictó resolución que no dio lugar a su presentación y, en consecuencia, no se autorizó a la empresa a incorporarse a un programa de asistencia al cumplimiento, en que acredite la corrección de la infracción que dio origen a la sanción y la puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a la resolución exenta número 41; y no dio curso a la solicitud de sustitución por capacitación de la multa número 1160/2019/14-1, ambos por haberse constatado que a la fecha de infracción el empleador tenía cincuenta o más trabajadores en toda la empresa. Manifiesta que en contra de la antedicha resolución, ejerció recursos administrativos de reposición y jerárquico, los que fueron rechazados por improcedente con fecha 14 de junio y 10 de julio, ambos del presente año, respectivamente.

Expone que el acto objeto de la presente acción constitucional, consiste en la resolución ordinaria 290 de 10 de julio de 2019, que declaró improcedente los recursos administrativos ejercidos por su parte, atendido que el razonamiento de la recurrida es material, lógica y jurídicamente insostenible, porque ignora o soslaya los principios que rigen la actuación de la Administración, como el de servicialidad y el principio de impugnación de los actos administrativos. Acusa falta de motivación y razonabilidad, calificando de ilegal y arbitrario el acto administrativo cuestionado que, en definitiva, lo priva de su posibilidad de defensa ante una multa administrativa, exponiéndolo a una sanción pecuniaria sin las debidas garantías.

Afirma que se vulnera el principio de igualdad ante la ley al ser objeto de un trato discriminatorio, pues se negó la admisión de recursos administrativos procedentes, lo que afecta su derecho a tutela jurisdiccional efectiva, al tiempo que la sanción pecuniaria lo priva de su derecho de propiedad.

En definitiva, solicita se acoja el recurso y se deje sin efecto el acto impugnado, con costas.

Informando el recurso, doña nombre reservado, abogada, por la Dirección Regional del Trabajo de Los Ríos, expone que el 24 de marzo de 2019 el fiscalizador dependiente de la Inspección Comunal del Trabajo de Panguipulli, don nombre reservado, en el ejercicio de las facultades, dictó resolución de multa 1160/2019/14 por seis infracciones verificadas tras un accidente del trabajo con resultado fatal.

Refiere que la empresa ejerció recurso administrativo de sustitución de multa por capacitación, conforme el artículo 506 ter del Código del Trabajo, solicitando un programa de capacitación dictado por la Dirección del Trabajo en relación a una infracción y solicitando por las otras cinco incorporarse a un Programa de Asistencia al Cumplimiento, según artículo 506 ter inciso 1° número 1, sin realizar alegaciones ni probanzas al respecto.

Indica que las solicitudes fueron resueltas el 22 de mayo de 2019 mediante oficio 131 que las declaró inadmisibles, pues la empresa no cumplía el requisito legal dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, esto es, tener menos de cincuenta trabajadores a la fecha de constatación de la infracción, siendo micro o pequeña empresa.

Señala que la recurrente dedujo recursos de reposición y jerárquico, solicitando se dejen sin efecto los rechazos indicados y, en su lugar, se ordene su tramitación o bien, se les tramite como reconsideración administrativa, dejando sin efecto las sanciones. Agrega que ambos recursos fueron desestimados, pues el legislador laboral ha contemplado y sistematizado los medios específicos de impugnación de las multas en los artículos 503, 504, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo, siendo improcedente los recursos de reposición y jerárquico contemplados en la Ley N° 19.880. Arguye que la recurrente no dedujo los medios específicos de impugnación, en tiempo y forma, por lo que solo pretende corregir su actuar negligente.

Alega la improcedencia del recurso de protección por existir un procedimiento especialmente regulado al efecto. Afirma la legalidad del actuar del Director Regional del Trabajo de Los Ríos y la inadmisibilidad del recurso jerárquico, por encontrándose ajustados a derecho los actos administrativos impugnados. Niega la arbitrariedad reclamada y la afectación a los derechos invocados.

Pide el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía consiste en la dictación la resolución ordinaria 290 de 10 de julio de2019, que declaró improcedente los recursos administrativos ejercidos por la recurrente en contra de la resolución de 22 de mayo de 2019, del Inspector Comunal del Trabajo de Panguipulli, que resolvió no autorizar a la empresa sancionada para sustituir la multa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo.

El objeto del presente recurso es que se deje sin efecto el acto impugnado.

TERCERO: Que, de lo expuesto por recurrente y recurrido, así como el mérito de los antecedentes acompañados, valorados conforme las reglas de la sana crítica, se tienen por acreditado los siguientes hechos y circunstancias:

1. El 19 de marzo de 2019 la Inspección Comunal del Trabajo de Panguipulli cursó seis sanciones de multa a la empresa Turismo Patagonia Andina Limitada, representada legalmente por don nombre reservado, por las siguientes infracciones:

a. No entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación el monto pagado, de la forma cómo se determinó y de las deducciones efectuadas, en el mes de enero de 2019, respecto del trabajador don nombre reservado, fallecido a consecuencia de un accidente el 23 de marzo de 2019, mientras realizaba labores de nochero en las instalaciones de Termas Coñaripe, de la Empresa Patagonia Andina, ubicada en Km. 15 camino Coñaripe Liquiñe de la comuna de Panguipulli.

b. No denunciar a Mutual de Seguridad en un plazo no superior a 24 horas de conocido el mencionado accidente fatal, incumpliendo obligaciones legales sobre prevención a los eventuales accidentes del trabajo y dificultando a la autoridad disponer ante el empleador las medidas necesarias e indispensables para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.

c. No informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo el mencionado accidente fatal.

d. No realizar el Comité Paritario de Higiene y Seguridad al menos una reunión al mes, respecto del mes de enero del 2019.

e. No informar al trabajador nombre reservado los riesgos que entrañaban sus labores de nochero, tareas que realizaba al sufrir el mencionado accidente fatal.

f. No entregar gratuitamente un ejemplar impreso que contenga texto del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa.

2. El 29 de abril de 2019 la empresa presentó un recurso administrativo, mediante el llenado de un formulario en que debía marcar la opción pretendida por cada multa, pudiendo alegar reconsideración, sustitución por un Programa de Asistencia al Cumplimiento, por capacitación o bien, alegar error de hecho. Así, para la primera infracción marcó la sustitución por capacitación, mientras que las cinco restantes por un Programa de Asistencia al Cumplimiento.

3. El 22 de mayo de 2019 el Inspector Comunal del Trabajo de Panguipulli, don nombre reservado, resolvió no autorizar a la empresa Turismo Patagonia Andina Limitada para que se incorpore en un programa de asistencia al cumplimiento, destacando que no se cumple con un requisito de admisibilidad, esto es que a la fecha de constatación de la infracción el empleador tenga 50 o más trabajadores en toda la empresa. El mismo día y por el mismo motivo se informó que no resultaba jurídicamente posible admitir a tramitación su solicitud de sustitución de multas impuestas por infracción a la normativa laboral por programa de capacitación.

4. El 11 de junio de 2019 la empresa aludida presentó un recurso de reposición en contra de las resoluciones de 22 de mayo de 2019, solicitando se modifique o reemplace las resoluciones impugnadas concediendo la reconsideración de las multas, dejándolas sin efecto o rebajándolas al mínimo que la ley establece. En subsidio, interpuso recurso jerárquico en contra de ambas resoluciones, a fin que el Director Regional de Trabajo de Los Ríos modifique o reemplace las resoluciones impugnadas.

5. El 19 de junio de 2019 el Inspector Comunal del Trabajo de Panguipulli rechazó el recurso de reposición por improcedente.

6. El 10 de julio de 2019 el Director Regional del Trabajo subrogante de la región de Los Ríos, don Enrique Ortega Münzenmayer, rechazó el recurso jerárquico por improcedente, señalando que “…no proceden, respecto de las resoluciones de multas los recursos de reposición y jerárquico, por cuanto el legislador ha contemplado y sistematizado medios específicos de impugnación contenidos en los artículos 503 inciso tercero, 504, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo, regulando así la reclamación judicial y los procedimientos impugnatorios ante el Director del Trabajo…”.

CUARTO: Que, conforme a los hechos asentados pretéritamente, surge que el representante de la empresa recurrente, en su momento, optó por solicitar la sustitución de multa conforme al artículo 506 ter del Código del Trabajo que, en definitiva, resultó improcedente por un requisito de admisibilidad, pretiriendo el ejercicio de otros medios de impugnación específicos que prevé la legislación laboral.

QUINTO: Que, si bien el artículo 15 de la Ley N° 19.880 consagra como regla general el principio de impugnabilidad de todo acto administrativo mediante los recursos de reposición y jerárquico, lo cierto es que en la especie priman –por un criterio interpretativo de especialidad- las normas del Código del Trabajo que regulan los medios de impugnación que pueden ejercerse en contra de las multas administrativas impuestas por funcionarios de la Dirección del Trabajo.

En efecto, el estatuto laboral contempla los recursos que en sede administrativa y judicial puede ejercer el destinatario de una infracción en defensa de sus derechos. Así, establece un procedimiento reglado, con plazos, oportunidad y órganos competentes diferenciados, según el caso.

Por consiguiente, las reglas especiales contenidas en los artículos 503, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo desplazan, en el caso específico de la impugnación de una resolución de multa, la regla general contenida en los artículos 15 y 59 de la Ley N° 19.880.

SEXTO: Que, en las circunstancias antes indicadas, no se advierte ilegalidad en la dictación del acto administrativo que se impugna por esta vía, desde que el Director (s) de la Dirección Regional del Trabajo de la Región de Los Ríos resolvió dentro de la esfera de su competencia y en el ejercicio de sus facultades legales.

Del mismo modo, no se avizora arbitrariedad, en tanto se trata de una decisión motivada sobre la procedencia de los recursos interpuestos y conforme al parecer de la jurisprudencia administrativa que cita en apoyo a sus asertos.

SÉPTIMO: Que, con todo, cabe dejar asentado que dos cuestiones atentan contra la prosperabilidad de la presente acción de protección. En primer lugar, los recursos de reconsideración y jerárquico fueron formalmente tramitados por el órgano recurrido y contienen una decisión, lo que permite descartar una afectación al principio de impugnabilidad. Y en segundo término, porque al tenor de lo dispuesto en el artículo 511 del Código Laboral, el Director del Trabajo no se encuentra facultado para reconsiderar las multas administrativas cuando se hubiere solicitado la sustitución del artículo 506 ter, por lo que aun estimándose procedente la reconsideración prevista en la Ley N° 19.880, lo cierto es que el recurrido igualmente se vería impedido de conocer la solicitud de la empresa.

OCTAVO: Que, no habiéndose justificado la existencia de algún acto o una omisión que revista el carácter de arbitrario o ilegal, el recurso no puede tener acogida.

Por estas consideraciones, normas citadas y visto, además, lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Turismo Patagonia Andina Limitada en contra de la Dirección Regional del Trabajo de la Región de Los Ríos.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-1984-2019.