nombre reservado con SERVICIO DE SALUD VALDIVIA

Valdivia, veintidós de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

El 28 de junio de 2020 recurren de protección las abogadas, Carolina Azúa García y Natalia Ulloa Villena, en representación de doña nombre reservado, técnico de nivel superior en enfermería, en contra del Servicio de Salud Valdivia, representada legalmente por su Director, don nombre reservado, acusando un actuar ilegal y arbitrario al ordenarse su destitución en virtud de un sumario administrativo respecto del cual atribuye irregularidades, viéndose vulnerado su derecho a integridad psíquica, igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad sobre sus derechos laborales.

Dice haber ingresado a trabajar al Hospital en el año 2004, siendo dirigente gremial de FENATS HBV desde 2017 y actualmente presidiendo la asociación. Acusa persecución por parte de jefaturas del Hospital y el Servicio de Salud de esta ciudad, en especial del Departamento Jurídico.

Explica que el 13 de noviembre de 2018 protagonizó un accidente, resultando dañada la barrera de acceso al Hospital por calle Haverbeck. Ello motivó la instrucción de una investigación sumaria, aunque siempre la recurrida lo calificó como sumario administrativo.

Afirma la existencia de irregularidades en el procedimiento y un afán de justificar la sanción de destitución, a modo de venganza por su labor dirigencial. Destaca que la barrera fue dañada, no destruida, que todo se relaciona con un guardia, que ya no trabaja en el hospital, quien fue desvinculado por faltas de respeto y malos tratos hacia el personal del hospital, enfatizando que la barrera se encuentra reparada.

Sostiene que inicialmente, en marzo de 2019, el sumario se cerró con la proposición que pagara los daños ocasionados a la barrera; sin embargo, el 17 de abril de 2019, el Director del Hospital ordenó una primera reapertura del sumario, en base a observaciones efectuadas por el Departamento Jurídico, sugiriendo se formulen cargos. Así, el 6 de mayo de 2019, se le formularon cargos proponiéndose una anotación de demérito, derivando en la aplicación de censura a través de dicha anotación. No obstante, el 11 de julio de 2019, nuevamente a sugerencia de la unidad jurídica, el Director del Hospital, una vez más, ordenó reabrir el sumario, repitiendo lo mismo que en la ocasión anterior. Señala que el 22 de agosto de 2019 nuevamente se le formularon cargos, en esta oportunidad, proponiéndose una multa correspondiente al 15% de su remuneración por dos meses. Añade que interpuso un recurso de nulidad, que fue acogido. Enseguida, el 1 de octubre e 2019, nuevamente se le formularon cargos, proponiéndose la aplicación de la sanción de censura, no existiendo otra actuación en el proceso hasta conocerse la opinión del abogado, Marco Rosas Leal, jefe de la Unidad Jurídica del Servicio de Salud, de 26 de marzo de 2020, dirigida al Director del Hospital Base, para, finalmente, el 30 de abril de 2020, mediante resolución exenta del Director del Servicio de Salud, aplicar como sanción a la recurrente la destitución.

Cuestiona que en resolución N°2414, de 30 de abril de 2020, se diga que el sumario administrativo fue instruido para determinar responsabilidades administrativas vinculadas a la “destrucción” de la mencionada barrera de control de estacionamientos, en circunstancias que en actuaciones anteriores siempre se expresó que se trataba de “daños” a la misma.

Dice no lograr vislumbrar el fundamento jurídico por el cual la sanción es aplicada por el Director del Servicio de Salud, en circunstancias que la investigación se originó en el Departamento Jurídico del Hospital Base, quienes son los encargados de ejecutar la investigación sumaria.

Destaca que se le expresó que la sanción habría sido notificada mediante carta certificada el 13 de mayo de 2020, enfatizando que aquella no llegó a sus manos, enterándose por el encargado de la oficina de partes del hospital que existiría una sanción en su contra, acudiendo a conversar con el Director del Servicio de Salud, quien le clarificó la situación, haciéndole entrega de copia íntegra de todo el expediente administrativo, firmando con dicha fecha el acta de recepción. El día 22 de junio de 2020 efectuó una presentación, clarificando que su notificación debía entenderse realizada el 18 de junio de 2020 en forma personal, recurriendo de nulidad y en subsidio de reposición, solicitudes que no fueron aceptadas por el Director del Servicio de Salud mediante resolución exenta 3362, de 25 de junio de 2020.

Afirma que la negativa carece de fundamento, siendo sarcástico y denostador, burlándose de su solicitud, tildando sus palabras de grandilocuentes. Se le señaló que el Director del Hospital Base posee facultades privativas para reabrir cuantas veces quiera el sumario y así determinar la responsabilidad administrativa del funcionario. A su juicio, se vulnera todo tipo de derechos fundamentales, no sólo de orden procesal. Considera inconstitucional reabrir un sumario una y otra vez por errores supuestamente formales, advirtiendo una intencionalidad en orden a perjudicarla, castigándola por sus acciones sindicales.

Cuestiona la aplicación del artículo 131 del Estatuto Administrativo, señalando que la carta jamás llegó al domicilio de la recurrente, por lo cual aún habiéndose enviado no se da cumplimiento a su notificación en los términos de lo establecido en el artículo citado.

Se le señaló que el sumario administrativo tiene naturaleza reglada, que no contempla el recurso de nulidad, pero destaca que ya había interpuesto un recurso de tal naturaleza siendo acogido. Sostiene además, que es aplicable en forma supletoria el Código de Procedimiento Civil y no existiendo norma en contrario, el recurso de nulidad es plenamente procedente, en especial atendida la naturaleza de la resolución, pues se busca corregir un vicio del procedimiento a fin de cautelar el debido proceso.

En cuanto al argumento alusivo a que la diferencia entre la sanción propuesta por el fiscal y la determinación del Director del Servicio de Salud no vulnera derecho, entendiendo que la primera es sólo una recomendación, sostiene que le resulta curioso, pues la fiscal fue de opinión de aplicar la pena más baja en el Estatuto Administrativo y, como contrapartida, el recurrido con los mismos antecedentes determinó aplicar la más gravosa.

Afirma que para que le correspondiese conocer al Servicio de Salud, la fiscal debió proponer la sanción de destitución, pero ello no fue así. La destitución, en definitiva, fue aplicada tras una seguidilla de reaperturas de sumarios, en las que jamás se propuso destitución, siendo la propuesta final la censura y quien debía conocer era el Director del Hospital Base de Valdivia.

Sostiene que reabrir sumarios en forma reiterada es ilegal, pues transgrede el derecho a un juicio rápido, al no respetarse plazos y procedimientos acaecidos, careciendo de seguridad jurídica, no siendo capaz de respetar actuaciones procesales realizadas por la misma.

Destaca su hoja de vida funcionaria, que califica de intachable, vulnerándose en consecuencia el principio de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, al aplicársele la sanción de mayor entidad como lo es la destitución. Señala gozar de fuero sindical, indicando que la única forma para proceder a ella es mediante la aplicación de una medida ratificada por Contraloría.

Asevera que se vulnera su derecho a la integridad psíquica, al verse expuesta a un sumario iniciado en 2018, existiendo constantes cambios de decisiones, culminando con el temor de perder su trabajo por un procedimiento que califica de injusto e ilegal, más aún considerando la contingencia sanitaria. Manifiesta que se vulnera la igualdad ante la ley, pues la sanción no se desprende de la investigación y sumario correspondiente, sino que estaba predeterminada y perseguía un fin específico tendiente a desvincularla pese a su fuero. Sostiene que el sumario sólo fue una excusa para ello, acusando trato discriminatorio y contrario al principio de dignidad humana. Añade que se vulnera el debido proceso, el derecho al trabajo y el derecho de propiedad.

Pide se declare que se anula lo obrado por el Servicio de Salud Valdivia y habiéndose sugerido la sanción de censura por parte de fiscal, que pasen los antecedentes al Director del Hospital Base de Valdivia para la aplicación de dicha sanción, toda vez que una de mayor envergadura vulnera principios de proporcionalidad y razonabilidad; que se deje sin efecto la sanción de destitución; que en lo sucesivo la recurrida se abstenga de ejercer persecución en contra de su persona y que se condene en costas.

Informó la recurrida por intermedio de los abogados, Carla Veloso, Marco Rosas y Daniel Villegas, solicitando el rechazo del recurso con costas. Explican que el sumario administrativo al que se refiere la recurrente fue tramitado conforme el procedimiento dispuesto en el Estatuto Administrativo y la medida disciplinaria corresponde al ejercicio privativo de la potestad disciplinaria, radicada en el jefe superior de la institución, que en el caso concreto de la recurrente corresponde a la Dirección del Servicio de Salud Valdivia.

Enfatiza que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar el mérito de la medida disciplinaria aplicada en sumario administrativo legalmente tramitado. Estima que la medida disciplinaria aplicada es la adecuada y proporcional a la gravedad de los hechos, destacando que la recurrente fue sancionada por haber utilizado su vehículo particular para derribar la barrera del estacionamiento de calle Haverbeck del Hospital Base de Valdivia, generando un daño efectivo y concreto en la infraestructura, lo que configura una infracción a la probidad administrativa y un incumplimiento de la prohibición de resguardo de bienes fiscales, figuras reconocidas como causales para resolver la destitución de un funcionario, de acuerdo a lo dispuesto en artículo 125 del Estatuto Administrativo.

Destaca que el Hospital Base de Valdivia es un establecimiento autogestionado, que forma parte de la red asistencial del Servicio de Salud Valdivia y que por resolución exenta N°10.912 de 2018, se ordenó la instrucción de un sumario contra nombre reservado, para determinar responsabilidades administrativas vinculadas a la destrucción de la barrera de control de estacionamientos aludida.

Enfatiza en que el procedimiento fue realizado conforme a las exigencias legales, respetando en todo momento garantías y derechos de la recurrente en calidad de inculpada, destacando aspectos relevantes del sumario.

Dedica un capítulo del informe para señalar que no se ha incurrido en acto arbitrario o ilegal, no advirtiendo irregularidades en el curso de la investigación resaltando que la existencia de reaperturas durante el desarrollo de un procedimiento disciplinario no configura vicio de nulidad, sino que es una manifestación de la potestad disciplinaria y de la obligación que pesa sobre la autoridad de salvaguardar la corrección del procedimiento.

Sostiene que la resolución que impone la sanción fue debidamente notificada conforme a carta certificada, citando el artículo 131 del Estatuto Administrativo, resaltando la extemporaneidad de un recurso de reposición y precisando la improcedencia de un recurso de nulidad. Añade que si bien el sumario fue iniciado por la Dirección del Hospital Base Valdivia, la aplicación de la medida disciplinaria de destitución del personal titular destinado al Hospital Base Valdivia, en su calidad de autogestionado en salud, está radicada en la Dirección del Servicio de Salud Valdivia, tal como lo dispone el artículo 23 letra g) en relación al artículo 36 letra f), ambos del DFL número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL 2763 de 1979.

Manifiesta que en la actualidad el procedimiento disciplinario se encuentra en revisión ante Contraloría Regional.

En cuanto a ilegalidad y arbitrariedad, no advierte conducta alguna, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido por el Constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

En dicho sentido, es un medio de impugnación jurisdiccional, que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango constitucional, estrictamente enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, comprendiendo situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

Segundo: Que la Excelentísima Corte Suprema ha señalado que “según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

1. Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

1. La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

1. Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y 1. Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado” (Sentencia dictada el 16 de mayo de 2019 en causa rol 78-2019).

Tercero: Que, conforme al mérito de los antecedentes, se tiene por establecido que:

1. El 20 de noviembre de 2018, mediante resolución exenta número 10.912, el Director del Hospital Base de Valdivia ordenó instruir un sumario administrativo en contra de doña nombre reservado, tendiente a investigar los hechos y circunstancias acontecidos el 13 de noviembre de 2018, aproximadamente a las 15:00 horas, en que a propósito del ingreso de la recurrente en su vehículo particular a un área de estacionamiento, quebró una barrera destinada al control de acceso. En principio, fue designada como fiscal la señora nombre reservado; sin embargo, a propósito de una recusación de la señora nombre reservado, fue inhabilitada el 31 de diciembre de 2018, designándose a nombre reservado, quien aceptó el cargo el 11 de enero de 2019.

1. El 19 de marzo de 2019 se declaró cerrado el sumario y se propuso por la fiscal del sumario, que la funcionaria cancele el total de daños causados a la barrera de control ubicada por calle Haverbeck, entrada al estacionamiento del Hospital de Valdivia.

1. El 17 de abril de 2019, mediante resolución 3608, el Director del Hospital Base de Valdivia ordenó la reapertura del sumario, a fin de desarrollar diligencias investigativas necesarias para llevar a término la investigación, teniendo especial consideración las observaciones realizadas por Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, contenido en reservado número 3, de 12 de abril de 2019, quien estimó necesario corregir el proceso sumarial, a fin de foliar cada foja del expediente, se formulen cargos a la funcionaria y se le notifique para que haga uso de su derecho a defensa.

1. El 6 de mayo de 2019, la fiscal del sumario formula cargos mediante un escrito breve, sin mencionar los hechos, señalando “se procede a formular a la inculpada D. nombre reservado: ANOTACIÓN DE DEMERITO en su hoja de vida. La inculpada dispone de 5 días hábiles a contar de la notificación del presente documento para presentar sus descargos, adjuntando los antecedentes o medios de prueba que estime puedan servir en su defensa”, siendo notificada la señora nombre reservado el 6 de mayo de 2019.

1. El 13 de mayo de 2019 se deja constancia que la señora nombre reservado no realizó descargos ni solicitó prórroga al respecto.

1. El 14 de mayo de 2019, la fiscal del sumario dicta resolución señalando que la funcionaria ha infringido las letras g) e i) del Art. 61 del Estatuto Administrativo y dispone aplicar medida disciplinaria de censura, a través de anotación de demérito.

1. El 11 de julio de 2019, mediante resolución 5931, el Director del Hospital Base de Valdivia ordenó la reapertura del sumario, teniendo en consideración las observaciones realizadas por el Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica contenido en reservado 19, de 9 de julio de 2019, estimando necesario se ejecuten diligencias investigativas propuestas, en concreto, corregir la forma de agregar documentos, actuaciones y diligencias, a medida que se sucedan, con todos los documentos que se acompañen, debiendo refoliarse. Nuevamente se sugiere por el Departamento de Asesoría Jurídica formular cargos a la funcionaria y que se le notifique para que haga uso de su derecho a defensa, debiendo materializarse en hechos concretos y precisos, destacando que a la fiscal del sumario no le corresponde resolver, sino proponer sanción o absolución, debiendo garantizarse a la inculpada derecho a debida defensa.

1. El 22 de agosto de 2019, la fiscal del sumario formuló cargos en contra de nombre reservado, estimando que se infringen las letras g) e i) del artículo 61 del Estatuto Administrativo (Ley N°18.834), sugiriendo medida disciplinaria de multa, consistente en la privación de un porcentaje del 15% de la remuneración mensual por dos meses.

1. El 9 de septiembre de 2019 se aprobó un acuerdo reparatorio en causa penal, en el Juzgado de Garantía de Valdivia, consistente en el pago de la suma total de $200.000 por nombre reservado, a solventar en diez cuotas de $20.000 cada una, en cuenta del Hospital Base de Valdivia.

1. El 10 de septiembre de 2019, la señora nombre reservado solicitó la nulidad de la resolución de fiscal, se declare su inhabilidad y se dicte resolución que en derecho corresponda por funcionario no inhabilitado.

1. El 11 de septiembre de 2019, la señora fiscal hizo lugar a la solicitud de nulidad de documento formulación de cargos, de 22 de agosto de 2019, no haciéndose lugar a la inhabilitación de fiscal, debido a que resolver tal petición es facultad del Director del Establecimiento.

1. El 1 de octubre de 2019, la fiscal del sumario formula cargos a la inculpada, siendo ella notificada el mismo día, evacuando descargos el 15 de octubre de 2019.

1. El 18 de octubre de 2019, la fiscal del sumario no hace lugar a los descargos de la investigada, proponiendo la medida disciplinaria contemplada en el artículo 116 letra a) de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, de censura.

1. El 19 de noviembre de 2019, el Director del Hospital Base de Valdivia solicita colaboración en la elaboración de informe jurídico de sumario administrativo instruido, al Director del Servicio de Salud Valdivia, señalando que sus abogadas se encuentran inhabilitadas para ejercer tal función, al haber presentado una querella por los aludidos daños ante el Juzgado de Garantía de Valdivia.

1. El 26 de marzo de 2020, el abogado Marco Rosas Leal, Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Valdivia, propuso aplicar a nombre reservado la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 121 letra d) y 125 del DFL 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo.

1. El 9 de abril de 2020, el Director del Hospital remite los antecedentes al Director del Servicio de Salud Valdivia, entendiendo que le corresponde ejercer la potestad disciplinaria al Director del Servicio de Salud Valdivia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 letra g) del Decreto con Fuerza de Ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud y los artículos 125 y 140 de la ley 18.834 y al mérito del reservado 20, de 26 de marzo, del Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Valdivia.

1. El 30 de abril de 2020, el Director del Servicio de Salud de Valdivia ordenó aplicar a doña nombre reservado la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 121 letra d) y 125 del Decreto con Fuerza de Ley número 20 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, siendo notificada la señora nombre reservado mediante el envío de carta certificada de 13 de mayo de 2020, luego que se certificase por el Jefe subrogante de la Oficina de Partes del Servicio de Salud Valdivia, que no fue ubicada durante cuatro días en su lugar de trabajo.

1. El 13 de mayo de 2020, se certificó que nombre reservado no presentó recurso de apelación en contra de la resolución exenta 2415/2020.

1. El 19 de junio de 2020, el Director del Servicio de Salud Valdivia ordenó aplicar la medida disciplinaria de destitución, ordenándose la notificación una vez que se encuentre totalmente tramitada.

1. El 22 de junio de 2020, nombre reservado presentó un escrito por el cual solicitó se le diera por notificada el 18 de junio de 2020, incidentando de nulidad, solicitando se retrotraiga el procedimiento a la resolución de 19 de marzo de 2019, mediante la cual se dispuso como resultado de la investigación sumaria el pago de los daños ocasionados, en subsidio, reponiendo de la resolución de 30 de abril de 2020, que dispuso la sanción de destitución y ordenando oficiar a Contraloría Regional de Los Ríos.

1. El 25 de junio de 2020, el Director del Servicio de Salud Valdivia no hizo lugar a las peticiones de nombre reservado en su escrito de 22 de junio, remitiendo a Contraloría Regional de Los Ríos copia de la presentación realizada por la interesada y de la presente Resolución, una vez que ésta última se encuentre totalmente tramitada.

Cuarto: Que el artículo 25 de la ley 19.296, que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, señala: “Los directores de las asociaciones de funcionarios gozarán de fuero, esto es, de inamovilidad en sus cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea de la asociación o mediante aplicación de la medida disciplinaria de destitución, ratificada por la Contraloría General de la República (…)”.

Según se expuso por recurrente y recurrida, ratificado en estrado, el control de juridicidad preventivo que debe efectuar Contraloría General de la República en este caso se encuentra pendiente, de manera que mal podría sostenerse que la resolución impugnada mediante esta acción cautelar sea un acto administrativo de término.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo reseñado en el motivo anterior, cabe tener presente que el sumario, instaurado en contra de la recurrente, se llevó a cabo de conformidad a las normas establecidas en el Título V “De la responsabilidad administrativa”, artículos 119 y siguientes del Estatuto Administrativo y, al efecto, de acuerdo al artículo 129 corresponde al Jefe Superior del Servicio, al Secretario Regional Ministerial o al Director Regional de servicios nacionales desconcentrados ordenar la instrucción de un sumario disciplinario, como ha acontecido en la especie y si bien este proceso tardó bastante tiempo e incluyó sucesivas reaperturas, ello se debió al propósito de dar durante su prosecución la debida protección de los derechos que correspondían a la investigada, resguardando, en particular, su derecho a defensa, de forma tal que ha podido concluirse que se cumplió con todas las formalidades en éste.

Cabe considerar, por otra parte, que la recurrente (la investigada) no apeló de la decisión impuesta, pese a habérsele notificado en forma legal, conforme a lo reglado en el artículo 125 de la Ley N°18.834, recurso del cual disponía al tenor de lo preceptuado en el artículo 135 del texto legal ya citado; sin perjuicio de ello, atendida la medida disciplinaria que se le impuso, de destitución, este acto administrativo, según se expuso, aún no está firme, por cuanto falta el trámite de toma de razón de la Contraloría Regional de Los Ríos, conforme a lo estatuido en la Ley N°10.336.

Sexto: Que, finalmente, no pudiendo este tribunal, dentro del marco de una acción constitucional de urgencia como la deducida, sustituir al respectivo órgano de la Administración en la apreciación del mérito de los antecedentes tenidos en vista para adoptar las resoluciones a que ha arribado, sino únicamente centrarse en la eventual vulneración de alguno de los derechos garantizados por la Carta Fundamental, y no advirtiendo arbitrariedad ni ilegalidad en el acto recurrido ni, por ende, la afectación de alguno de aquellos citados por la recurrente; este arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones, y visto además, lo establecido en los números 1, 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 y además, artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por las abogadas, Carolina Azúa García y Natalia Ulloa Villena, en representación de doña nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Valdivia.

Regístrese notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Fiscal Judicial Sra. Gloria Hidalgo Álvarez.

Rol 1923 – 2020 PRO.