nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Valdivia, seis de septiembre de dos mil diecinueve.

Visto:

Que el señor Luis Orlando Reyes Castro, abogado, domiciliado en domicilio reservado. Matta Nº549, de la ciudad y comuna de Osorno, en representación de nombre reservado, profesora de inglés, del mismo domicilio, deduce acción de protección en contra de Tesorería General de la Republica, Universidad Austral de Chile y Banco Falabella, el primero con domicilio en domicilio reservado, representado por su tesorera (s) doña nombre reservado; el segundo con domicilio en domicilio reservado, representado por su vicerrector de área don nombre reservado, ambos de la ciudad y comuna de Valdivia y el tercero con domicilio en domicilio reservado, representada por nombre reservado, por las acciones ilegales y arbitrarias que se señalan más adelante, de las cuales tomó conocimiento la afectada doña nombre reservado, el pasado día lunes 22 de junio de 2019, acciones que se han perpetuado a la fecha y que vulneran de manera continua el derecho de propiedad que la Constitución Política de la República reconoce a todos los habitantes del territorio, solicitando que se acoja el recurso de protección.

Expone que su representada el 11 de diciembre de 2018 obtuvo en causa T-22-2018 la declaración de vulneración de sus derechos fundamentales por parte del Fisco de Chile. Al efecto la sentencia dispone:

“III.- Que SE ACOGE la denuncia de tutela de garantías fundamentales, interpuesta por doña nombre reservado y por doña nombre reservado, en contra del FISCO DE CHILE, todos ya individualizados, declarándose que la relación habida entre las partes no se enmarcó dentro de un contrato de trabajo, y acogiéndose solo en cuanto que la demandada lesiono el derecho fundamental de las demandantes de igualdad y no discriminación y, consecuencialmente, su derecho a la libertad de trabajo con ocasión del término anticipado de las contratas de las actoras, al ser éste un acto discriminatorio fundado en razones de opinión política, condenándose a la demandada únicamente al pago de las siguientes prestaciones, rechazándose en lo demás:

1. - Por indemnización de la parte final del inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo, correspondiente a siete ingresos mensuales, para la demandante Sra. nombre reservado teniéndose como base de cálculo para dicho efecto la última remuneración mensual percibida por la actora indicada en la demanda ($1.150.010), lo que asciende a la suma de $8.050.070 (ocho millones cincuenta mil setenta pesos).”.

Que la sentencia quedó ejecutoriada al rechazarse por la Corte de Apelaciones un recurso de nulidad enderezado por el Fisco (RIT 288-2019). Y se ordenó el pago de las indemnizaciones, lo cual se verificó el 5 de julio del presente año cuando se recibe en causa C-18-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, la Resolución Exenta Nº235 que ordena el pago a Tesorería General de la República de la suma de $8.488.902 (según liquidación de fecha 7 de marzo de 2019 en causa C-18-2019)

Su representada concurrió a la Tesorería Provincial de Osorno a cobrar su cheque el lunes 22 de julio momento en el cual la funcionaria le indica que el dinero fue retenido por concepto de “retención de impuestos” por deuda del crédito con garantía estatal. Al pedir más información a Tesorería, ésta le indicó que la retención se efectuaba con la sola información y nómina que le enviaba esa casa de estudios y que respondía a una deuda de crédito universitario.

El 28 de julio de 2019 tras consultar la página web de este servicio se entera que la devolución de impuestos había sido retenida con igual fecha por la Tesorería General de la República, con una glosa que indicaba haberse efectuado una compensación el 13 de mayo de 2019 por la suma de $121.357 solicitada por la Universidad Austral de Chile, deuda por estudios realizados en la mencionada Universidad.

Sostiene que la retención sub lite es abiertamente ilegal y arbitraria porque se retuvo dineros que no proceden de devoluciones de impuestos sino del pago de remuneraciones laborales, que es ilegal pues no existe fuente legal que la autorice al tratarse del pago de remuneraciones que adeudaba el Fisco de Chile, como se explicó.

Agrega que la Tesorería General de la República está autorizada por ley a retener parte de la devolución de impuestos o su totalidad dependiendo de los montos que los contribuyentes adeuden por los siguientes conceptos:

Retenciones Judiciales: son órdenes de retención que envían los tribunales de Justicia en contra de un contribuyente por juicios con terceros.

Retenciones Judiciales Previsionales: Son órdenes de retención que envían los tribunales de Cobranza Laboral y previsional, los tribunales laborales o los tribunales de garantía para que se retenga la devolución de impuestos por deudas previsionales.

Retenciones de crédito universitario solidario o con aval del Estado: Las instituciones de educación superior ordenan a Tesorería la retención del monto de las cuotas del crédito universitario con aval del estado o solidario impagas.

Retenciones de instituciones de Salud: Los hospitales o instituciones de salud envían a Tesorería la información de las deudas que el contribuyente tiene con el sistema de salud público para que se retenga el valor adeudado de su devolución de impuestos.

Mandatos: Corresponde a mandatos establecidos en escritura pública en que un contribuyente le cede a otro su devolución de impuestos.

Afirma que en el caso se retuvo una cantidad que no procede de devolución de impuestos, se retuvo arbitrariamente dineros que proceden por otros conceptos, pero no los referidos en la ley. Sostiene que la única cantidad legalmente retenida es la suma de $121.357, que si es compensable por su origen tributario, pero no la suma de $8.488.902.

Añade que tampoco existe un caso especial de compensación, que es la facultad que tiene el Servicio de Tesorerías para pagarse de las obligaciones que se registren pendientes en la Cuenta Única Tributaria del contribuyente, con el excedente de impuestos o créditos que registre un contribuyente a su favor en el Servicio de Tesorerías, lo que se encuentra reglado en el artículo 34 del Decreto Ley N°1.263, de 1975, artículo 6° del D.F.L. N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda y artículo 177, incisos 5° y siguientes del Código Tributario.

Concluye que se retuvieron dineros que constituyen remuneraciones de orden laboral que son inembargables.

En su concepto el acto de los recurridos es ilegal y arbitrario, por vulnerar el derecho a la propiedad del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la Republica.

Pide se tomen todas las medidas pertinentes y conducentes a restablecer el imperio del derecho y que se le haga devolución y reintegro de todo el dinero que le fuera retenido por parte de aquel que actualmente lo tenga en su poder, con costas.

Que la señora nombre reservado, abogado, por la Tesorería Provincial de Osorno, informa al tenor del recurso y señala que mediante la Resolución Exenta N° 1235, de 1 de julio de 2019, del Ministerio de Justicia, se ordenó que la Tesorería pagara a la recurrente la suma de $ 8.488.902, que reajustada ascendió a $8.701.102 por concepto de prestaciones laborales, todas correspondientes a la causa caratulada “nombre reservado con Fisco de Chile”, Rit N° T-22-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, pago que no se verificó por cuanto a esa data operó una compensación entre deudas reciprocas del recurrente y del Fisco.

Expone que al momento de verificarse el pago, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda tributaria del recurrente, que da cuenta el formulario 34, folio 133083 por deuda Universitaria, traspasando su cobro a su institución por parte del Banco Falabella, lo que consta en certificado de compensación que se acompaña, que en total ascendió a la suma de $ 8.701.102.- La facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

De acuerdo al artículo 1.656 la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles.

En el caso que motiva el presente recurso de protección, se desprende que concurría el primero de los requisitos para que operara la compensación. En relación a los requisitos 2° y 3° no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al 4° requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, estimamos que éste requisito se cumple por cuanto a la data en que operó este modo de extinguir su deuda era plenamente exigible, el giro en cuestión estaba en Tesorería en “condiciones de ser pagado”, exigibilidad requerida por el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y por ende, en relación a esta deuda operó por el solo ministerio de la ley la compensación y no hubo retención.

Agrega que existe una reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que ha sostenido que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la facultad conferida a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco.

Por último, dice que para la procedencia del recurso se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional, situación que en caso alguno concurre respecto de la Tesorería Provincial de Osorno, toda vez que ésta, según se ha demostrado, sólo se limitó a actuar dentro de sus competencias legales. Pide el rechazo del recurso, con costas.

Que el señor Jorge Ignacio Manzano Nahuelpan, abogado, en representación de la Universidad Austral de Chile, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien informa al tenor del recuso y alega falta de legitimación pasiva, toda vez que su representada la Universidad Austral de Chile no ha solicitado retener ni ha recibido recursos desde la Tesorería General por deuda asociada a la recurrente. Añade que el presente recurso de protección ha sido enderezado erradamente respecto de su mandante, que no es la destinataria pasiva pertinente al no haber dispuesto por acto administrativo de los derechos que la recurrente reclama. Pide el rechazo del recurso.

Que el señor Ricardo Parra Hernández, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Banco Falabella S.A., informa al tenor del recurso. Expone que no se imputa a su representada ningún hecho que constituya una acción u omisión arbitraria e ilegal que vulnere derechos constitucionales protegidos. Su representada en el escrito de protección sólo es individualizada en la suma del mismo, sin otra referencia. Sostiene que la acción de protección debe rechazarse por las siguientes razones: Evidente falta de legitimidad pasiva; falta de fundamentación a su respecto; inexistencia de acto ilegal o arbitrario; derecho afectado no es indubitado.

Afirma que los sujetos pasivos de la acción constitucional pueden ser agentes públicos o privados, pero aquellos que causen un agravio en específico, el agravio que se reclama y Banco Falabella S.A no ha causado el agravio que reclama la recurrente. No existe descripción fáctica en tal sentido y de la simple lectura del escrito de acción de protección, nítido es que los sujetos pasivos son otros entes, tanto público como privados, pero no su representada.

Al dirigirse la presente acción en contra de varios recurridos es obligación del actor indicar los hechos que vinculan una eventual participación de cada uno e indicar con claridad la arbitrariedad o ilegalidad de su actuar individual, situación no acontece. Pide el rechazo del recurso, con costas.

Y teniendo presente:

Primero: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente (Rol 2538-14, de 09/09/2014)”.

Segundo: Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Tercero: Que mediante la Resolución Exenta N° 1235, de 1 de julio de 2019, del Ministerio de Justicia, se ordenó que la Tesorería pagara a la recurrente la suma de $ 8.488.902, que reajustada ascendió a $8.701.102 por concepto de prestaciones laborales, todas correspondientes a la causa caratulada “nombre reservado con Fisco de Chile”, Rit N° T-22-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, pago que no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas del recurrente y del Fisco.

Cuarto: Que en el caso se denuncia, como acto arbitrario e ilegal, la compensación recién aludida y, en el caso, la Tesorería tiene la facultad para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, como se lee en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 6º.- Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

Quinto: Que en relación a la entidad pública recurrida, de acuerdo a lo que se expuso más arriba, no resulta acreditado un actuar ilegal y arbitrario, desde que se ha demostrado que la Tesorería Provincial de Osorno sólo se limitó a actuar dentro del ámbito de sus competencias legales.

Sobre las recurridas Universidad Austral de Chile y Banco Falabella no se ha demostrado participación alguna en la comisión de los hechos cuestionados, circunstancias que permiten desestimar la acción de protección en todas sus partes.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el señor Luis Orlando Reyes Castro, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra de Tesorería General de la Republica, Universidad Austral de Chile y Banco Falabella.

Se condena en costas a la recurrente.

Redacción del Ministro Titular señor Juan Ignacio Correa Rosado.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-1883-2019.