Protección contra Ilustre Municipalidad de Valdivia

Valdivia, once de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece don Jaime Benito Gallardo Casanova, abogado, en representación de: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos profesores, quienes recurren de protección en contra de Ilustre Municipalidad de Valdivia, persona jurídica de derecho público, representado por su alcalde, señor Omar Sabat Guzmán.

Funda el recurso señalando que en contexto de paro nacional de profesores y luego de la reincorporación de éstos a clases a nivel local en el mes de junio de 2019, los recurrentes vienen siendo objeto por parte de la recurrida de accionar arbitrario, si es que no ilegal.

Arguyendo el daño provocado y la necesidad subsecuente de recuperar clases, a los recurrentes: a) se les descuentan remuneraciones sin un procedimiento previo legalmente establecido que asegure la posibilidad de acceder a información relevante respecto de los criterios utilizados para ello, así como la posibilidad de controvertir y enmendar los yerros existentes en la materia; b) se les fuerza a calendario de reprogramación para luego indicárseles que no obstante recuperar clases no se les reintegrarán descuentos bajo pretexto de una u otra circunstancia con clara afectación al principio de evitar el enriquecimiento sin causa.

Agrega que dada la arbitrariedad del accionar denunciado, en tanto, este afecta a los recurrentes y no a todos los docentes que participaron del llamado a paro a nivel comunal, más bien pareciera tratarse de un castigo que de manera ejemplar busca sancionar a estos por haber mantenido la movilización una mayor cantidad de días comparativamente hablando respecto de docentes de otros establecimientos.

En atención a la afectación al derecho de propiedad que le cabe a los recurrentes sobre sus remuneraciones como consecuencia del accionar arbitrario e ilegal de la recurrida, se solicita dejar sin efecto los descuentos, disponiendo el reintegro de las sumas que le hubieren sido descontadas de sus remuneraciones.

En cuanto a los hechos Indica que es de público conocimiento el paro nacional de profesores. Los recurrentes, todos profesores de 2 colegios municipalizados de la ciudad, adhirieron a él durante 7 y 8 días respectivamente durante el mes de junio de 2019.

En la Región de Los Ríos, sólo en la comuna de Valdivia, se verificaron descuentos y, como queda dicho, sólo en el caso de establecimientos educacionales determinados y no en otros.

Hace presente que dichos descuentos, sin perjuicio de lo ilegal y arbitrarios que resultan, no se entienden tampoco bajo la lógica de Resolución 0728 de fecha 28 de junio de 2019, que aprueba la “suspensión” de clases con recuperación. Luego, los descuentos carecen de fundamento, en tanto, se ha tratado de una “suspensión de fuerza mayor” disponiéndose, por lo demás, la recuperación de clases; por lo que no resulta lógico descontar remuneraciones.

Afirma que la recurrida, sin establecimiento de procedimiento previo, que asegure transparencia debida en orden a conocer oportunidades, criterios, mecanismos de impugnación, etc., procedió a descontar sin más de las remuneraciones de los recurrentes los días que estos habrían adherido al paro. El descuento de remuneraciones constituye los hechos una sanción o castigo. De conformidad a potestad disciplinaria y supletoriamente a través del envío desde el estatuto docente al estatuto administrativo para funcionarios municipales; el municipio puede perseguir responsabilidad aplicando las sanciones del caso, sólo en el marco de una investigación sumario administrativo, hecho que, como queda dicho, no aconteció en la especie. (Artículo 118 y siguientes de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. En consecuencia el accionar de la recurrida resulta manifiestamente antijurídico.

Consecuencia de la forma y la urgencia con que actúa la recurrida, éste incurre en evidente yerros que se hacen patente en hechos tales como que no queda claro cuáles son los criterios que determinan el monto de los descuentos; sin perjuicio, de dar por hecho que los recurrentes no realizaron sus funciones. A mayor abundamiento, liquidaciones de remuneraciones del mes de junio de 2019 dan cuenta en la glosa “descuentos”, de código 093 DESC.PARO PROF., donde se procede al descuento de diversos montos sin que quede claro, en el caso en que haya operado el descuento, el criterio empleado. Por si no fuera poco, a continuación de la glosa 093, se ubican tres asteriscos con la leyenda: “DESC.PARO.PROF”. Bajo tal leyenda, y luego de los tres asteriscos se lee “descuentos no efectuados. Pagar personalmente”. Por cierto nada indica la liquidación, ni ningún otro documento, sobre en qué oportunidades, de qué manera, debiera pagarse “personalmente” el descuento que, en cada caso, se indica.

Agrega que, a mayor abundamiento, el Ministerio de Educación en el marco de “Propuesta de Ministerio de Educación ante el Petitorio del Colegio de Profesores de Chile” señala en el punto 32 Recuperación de clases “…..En ese contexto, las clases perdidas en estas últimas semanas deben ser recuperadas y los profesionales de la educación han de cumplir así su jornada laboral, lo que los habilita, en ese evento, a percibir la correspondiente remuneración, aplicándose el dictamen Nº 52.122 de 2009 de la Contraloría General de la República”, y agrega el citado dictamen: “Por último, es pertinente aclarar que en el supuesto que la autoridad administrativa disponga que las actividades no realizadas sean recuperadas, carece de fundamento la facultad de ordenar el referido descuento, pues en esa eventualidad los profesionales de la educación cumplirían su jornada laboral, lo que en la especie no consta que haya ocurrido”. Bajo el escenario interior, los docentes no sin dificultades han debido convenir calendario de recuperación de clases en curso, no obstante, lo cual igualmente se le descontó remuneraciones advirtiéndoles que la recuperación no supone el reintegro de sus remuneraciones.

Estimando vulnerada la garantía contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, solicitan concretamente declarar que lo actuado por la recurrida resulta arbitrario y/o ilegal y conlleva infracción a la garantía constitucional de número 24 del artículo 19 de la constitución política de la República, razón por la cual debe disponerse el inmediato reintegro reajustado de descuentos efectuados, todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Informan el recurso doña nombre reservado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, solicita el rechazo del recurso en consideración a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Señala que es un hecho reconocido por los Recurrentes, que al adherirse al Paro Nacional Docente, dejaron de prestar sus servicios docentes y de asistir a su jornada laboral los días 03, 04, 05, 06, 07, 10 y 11 de junio de 2019 en el caso de la Escuela España, y los días 03,04, 05, 06, 07,10, 11 y 12 de junio de 2019 en el caso de la Escuela Fernando Santivan.

Los actores se rigen por la Ley 19.070 sobre Estatuto Docente, que en su artículo 68 establece que “La jornada de trabajo de los profesionales de la educación, se fijara en horas cronológicas de trabajo semanal. Esta jornada no podrá exceder de 44 horas cronológicas para un mismo empleador”; Esta norma se encuentra refrendada en el artículo 128 del Reglamento de la ley 19.070, que establece que el personal docente se encuentra obligado a cumplir la jornada de trabajo, según decreto de designación, encontrándose facultado para dejar de laborar sólo en aquellos casos en que haga uso de feriados, licencias o permisos administrativos.

Los descuentos fueron practicados por el jefe de Personal, conforme los Directores de los Establecimientos Educacionales, iban comunicando a la Jefa D.A.E.M., los funcionarios que no habían trabajado en el mes de junio, adjuntando los libros de asistencia en donde constaba la inasistencia de los recurrentes y del resto de los docentes.

En virtud de lo anterior queda de manifiesto que, no constituye justa causa de ausencia la participación en huelgas, interrupción o paralización ilegal de actividades, siendo, por ende, procedente el descuento de las remuneraciones equivalentes al periodo de ausencia injustificada a sus labores o a su jornada laboral.

Añade que los docentes, sabían que serían objeto de descuento de sus remuneraciones, por cuanto a raíz de una consulta realizada por el propio Colegio de Profesores, respecto a la posibilidad de que no se practiquen los descuentos, la jefatura del D.A.E.M., se vio en la obligación de dar respuesta a esta petición, mediante el oficio N º 2.921 de 31 de mayo de 2019, en donde se informa la imposibilidad de acceder a la petición de no aplicar descuentos a los docentes que se adhieran a la paralización, indicándosele que conforme a lo estipulado en el artículo 128 del Reglamento de la ley 19.070, el personal docente se encuentra obligado a cumplir la jornada de trabajo, según decreto de designación, encontrándose facultado para dejar de laborar sólo en aquellos casos en que haga uso de feriados, licencias o permisos administrativos.

En cuanto al procedimiento aplicado por la Ilustre Municipalidad para descontar los días no trabajados, indica que se aplicó la fórmula de cálculo establecida por la Contraloría General de la Republica en el Dictamen N° 91.879 del año 2015, que dispone que: “Sobre la materia, cabe señalar que atención a que la adhesión voluntaria a una huelga, interrupción o paralización ilegal de actividades no configura una causal de justificación de la ausencia, los educadores que no desarrollen sus tareas carecen del derecho al pago de los emolumentos correspondientes, por lo que de haber sido estos percibidos, procede que el valor del tiempo no trabajado sea descontado de sus remuneraciones.

Expresa que la Ilustre Municipalidad de Valdivia, aplicó los descuentos por día no trabajados, conforme lo estipulado por el órgano de Control, por lo que no es efectivo que a los recurrentes se les haya aplicado los descuentos, sin que exista un Procedimiento Previo Legalmente establecido.

Estos descuentos fueron materializados mediante el Decreto Exento N° E 1.678 de 21 de junio de 2019, que dispuso el descuento por ausencia injustificada en el mes de junio de 2019, y en donde se adjunta una planilla de los docentes a quienes se les aplico el descuento, con indicación de las horas de nombramiento, días de ausencia, horas no laboradas, y el Total descuentos, se especifica el descuento aplicado en junio y el descuento que falta por aplicar.

Que tal como lo ha sostenido el dictamen N° 7958 de 2018 de la Contraloría General de la Republica, en donde se aclaró que “el procedimiento de descuento por día no trabajado, únicamente persigue hacer efectivo, por la vía administrativa, el principio de correspondencia entre las remuneraciones y el desempeño de las funciones…”.

De esta forma constando en el presente caso la ausencia injustificada a las labores de los docentes, mediante el registro de asistencia, la medida de descuento resulta ser legal y ajustada a derecho.

Que tal como consta en el Decreto Exento N° E 1.678 de 21 de junio de 2019, hubo casos en que por tener el docente una serie de Descuentos legales y voluntarios anteriores, el sistema de remuneración del D.A.E.M. no le pudo aplicar el descuento por paro Docente, por cuanto eso hubiese implicado que los profesores habrían quedado sin saldo positivo, ya que el sistema establece como tope máximo de descuento el 50% de la remuneración liquida, indicándose por defecto que aquellos descuentos deben enterarse personalmente por el trabajador en la entidad acreedora, situación que no aplica tratándose de los descuentos por días no trabajados. Sin embargo, este orden de prelación será corregida a partir del mes de septiembre del presente año, procediéndose a practicar los descuentos por días no trabajados con preferencia sobre los descuentos voluntarios.

Solicita se desestime el presente recurso de Protección, por ser esta alegación una reclamación de lato conocimiento, no siendo una vía idónea el Recurso de Protección para reclamar su aplicación, por el carácter de excepcional de esta acción judicial. Y concretamente pide que en virtud los antecedentes expuestos se rechace el recurso, con costas, por cuanto la medida de descuento por días no trabajados de los recurrentes se encuentra ajustada a derecho, careciendo de fundamentación esta acción al no existir ningún acto arbitrario o ilegal, que haya afectado a los recurrentes.

Se trajeron los autos en relación y el día de la vista comparecieron los apoderados de la parte recurrente y de la recurrida sosteniendo el primero los argumentos dados en el recurso sus fundamentos y peticiones concretas; la segunda solicitando el rechazo del recurso conforme a lo expuesto en el respectivo informe, por cuanto no se ha cometido ningún acto arbitrario o ilegal ya que los descuentos a las remuneraciones se han realizado conforme a la normativa legal vigente.

Terminada la vista del recurso la causa quedó en acuerdo y, una vez logrado este, se procede redactar la presente sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o aún amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

Segundo: Que, para que proceda la presente acción constitucional, es necesaria la concurrencia copulativa de: i) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, ii) que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución asegura a todas las personas, y, finalmente, iii) que quien lo interpone se encuentre ejerciendo legítimamente un derecho indubitado, esto es, que sea quien se encuentra legitimado activamente para su ejercicio.

En esta línea argumentativa resulta pertinente dejar asentado, como una cuestión previa, que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales, requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor de los recurrentes y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida, pues como la sostenido la Excma. Corte Suprema “la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27451-2014, de 14/01/2015). En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente,” (Rol 2538-14, de 09/09/2014).

Tercero: Que conforme los puestos por las partes en los escritos de discusión en la presente causa, los siguientes son hechos no discutidos dado que aparecen además, refrendados con los documentos aportados y que son ponderados conforme a las reglas de la sana crítica:

a) Que los recurrentes, son profesores Municipales, que adhirieron a Paro nacional de actividades siete y ocho días respectivamente en el mes de junio del año 2019, ausentándose de sus funciones.

b) Que con posterioridad, se les informó por la Municipalidad que se les descontarían de sus remuneraciones, las que correspondían a los días no trabajados.

c) Que después de la reincorporación a sus funciones, los recurrentes fueron informados que debían recuperar las horas de clases que no se trabajaron, efectuando igualmente descuentos en sus remuneraciones.

Cuarto: Que se pretende por el presente recurso, se declare por esta Corte que la decisión adoptada por la entidad edilicia es arbitraria e ilegal y por ello se ordene el reintegro reajustado de los dineros que les fueron descontados de sus remuneraciones, en atención a que, igualmente se trabajarán las horas que se perdieron por el Paro y porque en otras Municipalidades no se han efectuado descuentos a los profesores que adhirieron al mismo.

Quinto: Que a fin de resolver se debe tener presente, que la materia que ha sido sometida a conocimiento de esta Corte, a través del presente recurso, requiere para su solución pruebas aportadas por las partes para determinar la efectividad de haberse realizado descuentos y el quantum de los mismos, así como el número de horas que se pretende que los recurrentes recuperen, para determinar si en definitiva se ha trabajado por quienes recurren, más horas que las efectivamente pagadas.

Sexto: Que en virtud de lo expuesto, la posibilidad de que se les imponga a los recurrentes, trabajar las mismas horas que le fueron descontadas; y que pese a aquello, los trabadores reclamantes no perciban las remuneraciones que en derecho le correspondan, deberá ser materia de conocimiento de la autoridad respetiva, quien con el estudio de las pruebas aportadas, verifique la existencia de un descuento indebido, si fuera del caso. Sólo en ese evento tendrán los recurrentes un derecho indubitado sobre sus emolumentos.

Séptimo: Que, siendo entonces lo reclamado, materia de un procedimiento lato, distinto al arbitrio excepcional que corresponde a la naturaleza del presente recurso, éste deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y conforme lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Carta Fundamental, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección se declara que:

Se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Jaime Benito Gallardo Casanova prestación de los docentes individualizados en la parte positiva, en contra de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, representada por su alcalde señor Omar Sabat Guzmán.

Regístrese y notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular señor Carlos Iván Gutiérrez Zavala.

N°Protección-1856-2019.