nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Valdivia, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Doña nombre reservado, auxiliar de servicios, en representación de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS Nº2 VTF VALDIVIA1, persona jurídica RUT RUT reservadoy de todas las trabajadoras y trabajadores que son socias y socios, interpone Recurso de Protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, representada por el Sr. Alcalde de la comuna de Valdivia don nombre reservado, en su calidad de jefe superior del Departamento de Educación Municipal de la comuna de Valdivia (DAEM Valdivia), por vulnerar el derecho a la igualdad, el derecho a un debido proceso y el derecho de propiedad, todos ellos derechos fundamentales y normas jurídicas contenidas en los artículos 19 Nº2, 19 Nº3 y 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República.

Indica que en Asamblea de 17 de junio, las socias de los Jardines Infantiles VTF de la comuna de Valdivia acordaron adherir y participar en el Paro Nacional convocado para el día 18 de junio de 2019. En dicha instancia se les comunicó que se había realizado una reunión para informar a la jefatura (DAEM) sobre la movilización, oportunidad en que se les indicó que eventualmente se harían descuentos en la remuneración mensual de las funcionarias, en caso que se adhirieran al paro y que estos descuentos se realizarían a todas las funcionarias de los VTF, independiente a si las funcionarias acudieran a sus establecimientos a cumplir horario (brazos caídos), marcaran su entrada y salida, o participaran o no en la movilización.

El día en que se realiza la movilización nacional, el 18 de junio de 2019, en Valdivia tuvieron más de un 90% de adhesión funcionaria al movimiento por parte de las socias y un 52% de éstas efectivamente marcharon por las calles de Valdivia.

El DAEM de Valdivia, materializó el descuento de un día de trabajo en la remuneración del mes de junio, tal como lo confirman las diferentes liquidaciones de sueldo entregadas a las trabajadoras, el día 28 de junio de 2019 y en algunos casos el 12 de julio de 2019. Dichos descuentos obedecen al escalafón de las funcionarias y a la remuneración de las mismas, teniendo un rango monetario que va desde los $10.921 a los $36.952. Indican que les parece una sanción desproporcionada para un justo movimiento.

Adicionalmente consideran que existen otros defectos de hecho en el actuar injustificado del DAEM de Valdivia al realizar los descuentos por la movilización del sector, que vale la pena señalar, porque hubo descuentos a funcionarias que no se presentaron a sus puestos de trabajo, no registraron asistencia y no asistieron a la marcha. Que los descuentos se realizaron a funcionarias que habiendo asistido a su lugar de trabajo y registrado firma digital, asistieron a la marcha (dejando registro en cuaderno de ruta) y que luego finalizada la movilización en el centro de Valdivia, retornaron a sus puestos de trabajo. Que los descuentos se aplicaron a funcionarias que sólo participaron en la marcha, que firmaron asistencia posteriormente y estuvieron el resto de la jornada de paro trabajando. Y finalmente que estos descuentos se practicaron a funcionarias que cuentan con fuero sindical y horas de trabajo sindicales por ser dirigentes de la Asociación de Funcionarios Nº2 VTF Valdivia.

Que los hechos descritos dan cuenta que tanto la acción de realizar descuentos aleatorios, sin procedimientos u actos administrativos que los justifiquen, afectando las remuneraciones de sus representados y sus asociados; acreditan y demuestran un actuar por parte de las autoridades administrativas arbitrario e ilegal, que lesionan y ponen en riego los derechos fundamentales a la propiedad sobre sus remuneraciones, a la igualdad ante la ley y al debido proceso. Invocan el Convenio 151 de la OIT.

Precisa que el actuar municipal no respeta lo establecido en el artículo 7º de la Constitución que establece el principio de juridicidad, pues la recurrida vulnera todas las normas constitucionales descritas y las normas sobre responsabilidad administrativa de los artículos 118 y siguientes de la Ley 18.883, ya que las sanciones en las remuneraciones que impuso a los trabajadores debió hacerlas en el marco del contencioso administrativo. Invoca jurisprudencia.

De esta forma, el artículo 19 Nº3 en lo relativo al derecho al debido proceso prohíbe expresamente a las llamadas “comisiones especiales” por incurrir en el juzgamiento de hechos sin estar habilitados previamente por la ley, razón por la cual les resulta lógico deducir que la Ilustre Municipalidad de Valdivia en su DAEM, al sancionar sin justificación alguna o proceso administrativo sancionatorio, descuentos en la remuneración de los trabajadores se constituye en una comisión especial.

Además de los derechos relacionados con la igualdad y la libertad de expresión, nuestra Constitución consagra el derecho de propiedad en el artículo 19 N° 24 y en particular en su inciso 2° que prescribe, resguarda y garantiza el derecho de propiedad, y en tal sentido el recurrido ha actuado de manera arbitraria e ilegal y sin haber establecido fundamentos o causas, por medio de una investigación sumarial o sumario administrativo, o simplemente mediante una resolución administrativa que la justifique, sin respetar el principio de juridicidad.

Estima que se ven amenazadas las garantías constitucionales de la libertad de expresión y la libertad de reunión, en el sentido que descontar remuneraciones por días movilizados en el fondo constituye una señal evidente para todos los funcionarios públicos respecto a que ejercicio de su libertad de emitir opiniones colectivas de orden sindical en un contexto de movilización y de reunirse a marchar o en concentraciones colectivas organizadas para protestar por justas reivindicaciones sindicales, será reprimida duramente castigando su remuneración. Ello configura una amenaza al desarrollo práctico del movimiento sindical, que requiere de ejercer en plenitud los derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 Nº12 y 19 Nº13 de la Constitución Política de nuestro país.

Solicitan en definitiva, dejar sin efecto la medida decretada por la recurrida en contra de los funcionarios públicos recurrentes, reintegrando a todos los funcionarios públicos del Servicio de Salud Municipal de Valdivia, aquella parte de las remuneraciones que le fueron el mes de junio de 2019 y los demás que eventualmente se produzcan durante la tramitación de este Recurso de Protección, con motivo de la paralización del día 18 de junio de 2019 y la orden de abstenerse de efectuar aquellos descuentos que se encuentren pendientes de practicar, sin que medie previamente una investigación sumaria o sumario administrativo, según sea el caso, completamente afinado, con costas.

Acompañaron documentos para fundamentar su recurso.

La recurrida, informa el recurso de protección solicitando su rechazo.

Precisa que el 18 de junio de 2019, a causa de llamado a Paro Nacional de Profesores, que incluyó a funcionarias de jardines infantiles y salas cuna, dependientes del Departamento Administrativo de Educación Municipal –en lo sucesivo, D.A.E.M. – de Valdivia, la Coordinadora de Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF Valdivia, doña nombre reservado, inspecciona personalmente los jardines infantiles y salas cunas dependientes del D.A.E.M., a fin de supervisar que efectivamente las funcionarias se encuentren en funciones , y se preste el servicio al cual los niños, padres y apoderados tienen derecho. Se elabora al efecto un informe detallado, que concluye que 9 de 8 unidades educativas, existían funcionarias en paro, con el resultado de que, por ejemplo, en el Jardín “Pedacito de Cielo”, el día 18 de junio del presente año, se dejó sin atención a 106 niños(as), y sólo se encontraban en el jardín el referido día 6 funcionarias, de un total de 17, a saber, 9 funcionarias en paro. Ejemplifica además con el caso del Jardín “Gotitas de Lluvia”. El informe da cuenta de las funcionarias ausentes durante su jornada laboral durante el día de paro, es detallado, donde se individualizan con nombre y apellido las funcionarias que se ausentaron o retiraron de su jornada. Así, consta que esta información se recabó el mismo día de ocurridos los hechos, con precisión y acuciosidad, cuidando registrar efectivamente quienes estaban ausentes y quienes no, de tal forma de sortear arbitrariedades. Información que fue chequeada por cada una de las Directoras de establecimientos, conforme consta del informe precitado.

El ausentismo laboral generalizado que experimentaron los jardines VTF el día 18 de junio de 2019, a raíz de la adhesión de las funcionarias a paro, no sólo se encuentra acreditado debidamente por el Informe de la Coordinadora pertinente, sino que este ausentismo ocasionó la abierta vulneración del derecho a la educación de los propios niños, quien se vieron privados intempestivamente de atención ese día, ya que el fin fundamental de dichas instituciones es, precisamente, atender, enseñar y cuidar los niños a su cargo, así como atender las necesidades de alimentación de los que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Por otro lado, los descuentos que experimentaron las recurrentes, se debieron específicamente a este ausentismo laboral ya referido, no autorizado por el empleador y que se practicó conforme al detallado informe sobre las funcionarias que indica.

Hace presente que la bilateralidad del contrato de trabajo supone por las partes el cumplimiento de obligaciones recíprocas, ello de acuerdo al artículo 7° del Código del Trabajo, en relación con el artículo 1545 del Código Civil debiendo considerarse además los principios rectores del derecho, como lo son la buena fe y la prohibición general de nuestro ordenamiento jurídico del enriquecimiento sin causa. Enseguida, si las recurrentes no han cumplido con las jornadas de trabajo pactadas, específicamente el día 18 de junio de 2019, se habrá incurrido en una conducta prohibida por la ley, lo que, autoriza el descuento pertinente de las remuneraciones. El razonamiento es ratificado en forma uniforme y reiterada por la Dirección del Trabajo. (Dictamen N ° 2306/162).

Las recurrentes, se rigen por las normas del Código del Trabajo y su respectivo contrato. Sin embargo, ello no significa que no tengan el carácter de funcionarias municipales, atendida la función pública que desarrollan, siéndoles plenamente aplicables las normas de la Constitución Política de la República, Ley 18.575 Bases de la Administración del Estado. En ese sentido, nuestra Carta Fundamental en su artículo 19 N° 16, inciso 6°, establece que: "No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades", esta limitación constitucional es concordante con el principio de que los servicios públicos por su naturaleza deben satisfacer las necesidades colectivas regular y continuamente. De esta forma cuando un funcionario que se ausenta de su lugar de trabajo adhiriendo a una huelga o paralización de actividades, el valor del tiempo no trabajado debe descontarse de sus remuneraciones, al no configurarse causales de justificación, rebaja que alcanzara sólo a las sumas correspondientes al tiempo en que el profesional está obligado a trabajar (Dictamen N ° 022064 del año 1999 de la Contraloría General de la República). Invoca el artículo 3 inciso 1° de la Ley 18.575 de Bases de la Administración del Estado. Así, en conformidad a esta norma los funcionarios municipales que forman parte de la Administración del Estado deben atender las necesidades de la comunidad local en forma permanente y continua, no pudiendo interrumpir estos servicios por razones externas como son las paralizaciones o las huelgas de los funcionarios. Invoca Dictamen N° 5005 año 1997; Dictamen N° 07207 año 2007 y jurisprudencia en causa Rol 330-2010 de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de esta comuna, en causa rol O-176- 2011.

De acuerdo a lo expuesto solicita rechazar el recurso de protección.

Acompaña documentos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional, cuyo propósito consiste en obtener de los Tribunales superiores de justicia, una tutela eficaz y eficiente para salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales que aquélla norma contempla. Al conocer un recurso de protección, es el deber constitucional de esta Corte adoptar, en forma inmediata, las providencias necesarias para asegurar la debida protección ante una acción u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que el constituyente establece.

Segundo: Que, como una cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, es menester explicitar que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

Tercero: Que para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal y que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Cuarto: Que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprochan las recurrentes consiste en el descuento de las remuneraciones del día 18 de junio de 2019, que se habría materializado el día 28 de junio de 2019 y en algunos casos el 12 de julio de 2019, pretendiendo por esta vía se dejen sin efecto dichos descuentos, ordenando la restitución con costas.

Quinto: Que por su parte la recurrida indica que los descuentos se realizaron fundados en los deberes de reciprocidad de sus contratos de trabajo y la naturaleza de sus funciones, si las recurrentes no han cumplido con las jornadas de trabajo pactadas, específicamente el día 18 de junio de 2019, se habrá incurrido en una conducta prohibida por la ley, lo que autoriza el descuento pertinente de las remuneración Sexto: Que, no obsta el que las recurrentes se rijan por su contrato de trabajo el hecho que ostentan, a su vez, la calidad de funcionarios municipales dependientes del Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM), cuyo reglamento les prohíbe participar en paralizaciones o huelgas ilegales que interrumpan el normal funcionamiento de sus establecimientos, del mismo modo lo indica la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a la cual se encuentran sujetas pues los funcionarios municipales forman parte de la Administración del Estado.

Que a mayor abundamiento, es la propia Constitución de la República que en su artículo 19 N° 16, inciso 6°, establece que: "No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades", lo que es coherente con la naturaleza de sus funciones, pues el fin fundamental en este caso es atender, enseñar y cuidar los niños a su cargo, así como atender las necesidades de alimentación de los que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Séptimo: Que del mérito de los autos aparece que lo que pretende es que este tribunal ordene, por esta vía cautelar, el reintegro de los dineros descontados por el recurrido, argumentando su improcedencia, pero sin advertir además que esa situación se hubiere producido con motivo de feriados, licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, ni de la suspensión preventiva contemplada en el artículo 136, de caso fortuito o de fuerza mayor.

Que, en rigor entonces, lo que persiguen los actores es una declaración sobre la base de antecedentes controvertidos, de suerte tal que en este escenario y no existiendo hechos indubitados, su definición requiere de un proceso de lato conocimiento, donde puedan formularse las alegaciones y probanzas pertinentes, lo que no concuerda con el objetivo de esta acción en cuanto remedio pronto y eficaz en amparo a un eventual afectado, motivo por el cual debe estimarse que no concurren en la especie los presupuestos necesarios para acogerse la pretensión formulada, no advirtiéndose, del modo que se explicó en los considerandos precedentes, que exista una actuación ilegal o arbitraria imputable a la recurrida.

Que de este modo, no es posible acoger el recurso de protección impetrado, sin perjuicio de otros derechos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS Nº2 VTF VALDIVIA1, persona jurídica RUT RUT reservadoy de todas las trabajadoras y trabajadores que son socias y socios, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA, representada por el Sr. Alcalde de la comuna de Valdivia don nombre reservado, en su calidad de jefe superior del Departamento de Educación Municipal de la comuna de Valdivia (DAEM Valdivia), sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial doña nombre reservado.

Rol 1850 – 2019 PRO.