nombre reservado con UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

C.A. de Valdivia Valdivia, veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Comparece don Camilo Jara Pacheco, abogado, en representación de nombre reservado, académico, domiciliado en domicilio reservado y deduce recurso de Protección en contra de la Universidad Austral de Chile (indistintamente UACh. En adelante), representada por su rector nombre reservado, por vulneración las garantías contempladas en los artículos 19 Nº12, Nº2, Nº3 inciso 5 y amenazar la garantía del artículo 19 Nº24 de la Constitución.

Refiere, de manera previa, que este caso trata sobre la protección constitucional que debe existir cuando las organizaciones utilizan sus facultades sancionadoras para disuadir a sus trabajadores de emitir su opinión. Se trata también de cómo la arbitrariedad de una represalia se refleja en la vulneración de garantías mínimas del debido proceso y en una amenaza al trabajo de quien ha hecho uso de un derecho humano de primer orden; la libertad de expresión.

Indica que el Dr. nombre reservado es docente de la Universidad Austral de Chile, con contrato de trabajo vigente desde el día 1 de noviembre de 2012. Desde el 31 de mayo de 2021 el Dr. nombre reservado es miembro del Directorio como Director Académico de la UACh por votación de los académicos de la institución.

Explica que dentro del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la UACh, hay un capítulo denominado “Reglamento de Investigaciones Internas”. De acuerdo a su preámbulo, según apunta, este reglamento regula un procedimiento destinado a investigar aquellos casos en que se denuncia una infracción a los deberes de los trabajadores de la Universidad. El reglamento encomienda a la Contraloría de la Universidad la instrucción y resolución del procedimiento sancionatorio.

Entiende que es muy importante tener presente para efectos de este recurso que el cargo actual de Contralor de la UACh es ejercido por el Sr. Ricardo Martínez Serres.

Narra que el día 22 de agosto de 2023 el Director nombre reservado participó en una entrevista de 45 minutos de duración en la Radio UACh. En el programa se conversaron temas relativos a la situación económica de la referida Universidad y su proyección futura. Explica que “Diálogos Académicos” es un espacio virtual de la UACh donde se mantiene un diálogo abierto entre los académicos de la Corporación. Es una herramienta en línea de mensajería, que no tiene un carácter enteramente público, porque está cerrada al intranet de la Universidad, pudiendo acceder a ella sólo quienes cuentan con un usuario y contraseña del Sistema Académico. En distintas intervenciones del año 2021 al año 2023, el Dr. nombre reservado ha hecho publicaciones en “Diálogos Académicos” relativas a su participación como Director Académico en el Directorio.

Reseña que el 24 de agosto de 2023 se celebró una sesión de Directorio de la UACh, donde participó el Dr. nombre reservado como Director Académico y el Contralor de la Universidad, el Sr. Ricardo Martínez Serres. Esta sesión de Directorio tuvo lugar 2 días después de la participación del Dr. nombre reservado en el programa radial de la UACh del 22 de agosto de 2023. En dicha sesión, refiere, ocurrieron intervenciones de parte del Dr. nombre reservado y de parte del Contralor Ricardo Martínez Serres que transcribe en su recurso.

Indica que en el acta de esta sesión se omitió dejar constancia de los dichos del Contralor en referencia a las intervenciones del Dr. nombre reservado en Radio UACh y “Diálogos Académicos” por lo que en e-mail del 20 de septiembre de 2023 el Dr. nombre reservado solicitó la corrección del acta al Secretario General del Directorio.

Luego expresa que el día 4 de septiembre de 2023 el Dr. nombre reservado fue notificado en las dependencias de la Contraloría de la Universidad Austral de la resolución Nº073/2023 del 1 de septiembre de 2023, emitida por el Contralor Ricardo Martínez Serres. En dicha resolución el Contralor declara admisible una denuncia presentada por el Sr. Rector, Dr. nombre reservado, en contra del Dr. nombre reservado.

Agrega que con el fin de conocer en concreto cuáles eran los hechos denunciados por el Rector al Contralor Ricardo Martínez Serres, el 14 de septiembre de 2023, el Dr. nombre reservado envió un correo electrónico al departamento de Contraloría de la UACh solicitando copia de la denuncia formulada por el Rector junto al resto de los antecedentes del procedimiento en curso.

El mismo día 14 de septiembre, la Sra. Daniela Plaza Brevil, secretaria designada para el procedimiento, le respondió al Dr. nombre reservado que el procedimiento era reservado hasta la formulación de cargos.

No obstante lo anterior, la Sra. nombre reservado le envió al Dr. nombre reservado a través del mismo email del 14 de septiembre, copia de los antecedentes fundantes de la denuncia, más no le envió el texto de la denuncia que el Rector dirigió al Contralor. Además, la Sra. nombre reservado le solicitó al Dr. nombre reservado que en lo demás dirigiera sus solicitudes directamente a la Fiscal del procedimiento.

Según consta en el correo electrónico anterior, los antecedentes de la denuncia resultaron ser un grupo de publicaciones del Dr. nombre reservado en “Diálogos Académicos” y el link de su entrevista en Radio UACh del 22 de agosto de 2023.

Para obtener copia de la denuncia formulada por el Rector, y preparar adecuadamente su defensa, el Dr. nombre reservado envió una segunda solicitud por email del 15 de septiembre, ahora dirigida a la Fiscal del procedimiento, con el objeto de obtener copia de la denuncia del Rector. Sin embargo, la Sra. nombre reservado (fiscal del caso) le negó la petición.

En su concepto, la Resolución Nº73/2023 dictada el 1 de septiembre de 2023 (notificada el 4 de septiembre de 2023) del Sr. Ricardo Martínez Serres en su calidad de Contralor de la UACh, que declaró admisible la denuncia del Rector dirigida en contra del Dr. nombre reservado, constituye una acción vulneradora y de amenaza a las garantías fundamentales del Dr. nombre reservado.

Señala que casi una semana antes de dictar la resolución Nº73/2023 del 1 de septiembre de 2023, el Sr. Ricardo Martínez Serres como Contralor de la UACh en sesión de directorio del 24 de agosto de 2023 pre-juzgó los hechos denunciados por el Rector diciendo, expresamente, que él no iba a permitir que el Dr. nombre reservado “filtrara” información en “Diálogos Académicos” o en Radio UACh, en circunstancias que, de acuerdo a los arts. 5, 1 y 22 del Reglamento de Investigaciones Internas, es el Sr. nombre reservado quien, al ejercer el cargo de Contralor, debe no sólo a pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia, para lo cual tiene que determinar previamente si (a su juicio) los hechos denunciados son constitutivos de incumplimientos graves o no, sino que además es quien tiene la potestad de absolver o sancionar al Dr. nombre reservado.

Es más, por disposición del artículo 25 del Reglamento, es el Contralor quien tiene la competencia exclusiva para resolver el único recurso que el Dr. nombre reservado podría interponer en contra de una resolución sancionatoria. En suma, el destino del procedimiento está en manos de quien ya emitió su opinión al respecto.

En cuanto a la ilegalidad, indica que por disposición del inciso 2 del artículo 6° de la Constitución sus preceptos obligan a toda persona, institución o grupo. Por ello la UACh, como cualquier otra institución, no puede hacer uso de las facultades sancionatorias que tiene para con sus trabajadores o integrantes, si no es respetando las garantías fundamentales protegidas por nuestro ordenamiento jurídico, entre ellas el derecho a ser juzgado de forma imparcial, que en este caso se ha infringido porque el Sr. Contralor, que es el funcionario competente para resolver la condena o absolución, prejuzgó los hechos que son objeto del procedimiento sancionatorio en cuestión y luego entró a conocer de ellos.

Además, el procedimiento de sanción iniciado por la resolución del Contralor es ilegal por amenazar las garantías constitucionales del artículo 19 Nº12 y Nº24 y vulnerar las garantías de los arts. 19 Nº2 y 3 inciso 5.

Respecto de la arbitrariedad, entiende que carece de razonabilidad que quien emitió previamente una opinión sobre determinados hechos sea la misma persona que declare admisible la denuncia que recae sobre esos mismos hechos, y además tenga competencia privativa de nombrar a la Fiscal y Secretaria a cargo del caso, decidir sobre la absolución, condena y sanción y además resolver el único recurso que procede en contra de la decisión final. En definitiva no se trata de un procedimiento ni racional, ni justo.

Entiende amenazado el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales (artículo 19 Nº24). De acuerdo al artículo 23 del Reglamento de Investigaciones Internas, una sentencia condenatoria puede significar la sanción de propuesta de despido del Dr. nombre reservado, todo lo cual depende del Sr. nombre reservado como Contralor, quien, insistimos, ya emitió su opinión sobre los hechos denunciados. En consecuencia el contrato de trabajo del Dr. nombre reservado y los derechos que de él emanan se encuentran amenazados.

En cuanto a la garantía vulnerada la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio (artículo 19 Nº12): El procedimiento sancionatorio del que es objeto el Dr. nombre reservado se funda en su participación en “Diálogos Académicos”, o sea en la plataforma electrónica que de acuerdo a la pág. web de la UACh https://diario.uach.cl/dilogo-acadmico-una-instancia-para-comunicarse-enlnea/ y a su entrevista radial en Radio UACh del 22 de agosto de 2023. O sea, el Sr. Contralor, como ya lo dijo, cerca de una semana antes de admitir a trámite la denuncia del Rector en sesión de directorio, busca evitar las intervenciones públicas del Dr. nombre reservado mediante una represalia que ejerce haciendo un uso ilegítimo de sus facultades como Contralor. Esto vulnera el derecho del Dr. nombre reservado a emitir libremente su opinión e informar a la comunidad académica sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.

En relación a la igualdad ante la ley (artículo 19 Nº2): indica que esta garantía ha sido vulnerada porque el Dr. nombre reservado está sometido a un procedimiento en el que el Sr. nombre reservado, en ejercicio del cargo de Contralor emitió su opinión sobre los hechos materia del procedimiento antes de declarar admisible la denuncia que recaía sobre esos mismos hechos.

Por último en cuanto a la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales (artículo 19 Nº3 inciso 5), el Sr. Contralor se constituyó en comisión especial porque juzgó los hechos antes de constituirse como órgano con facultades de juzgamiento, y una vez recibida la denuncia no se inhabilitó para conocer de ella como debería haberlo hecho, sino que la admitió a trámite dando lugar a un procedimiento sancionatorio que puede desembocar en una propuesta de despido que él mismo Contralor podrá decidir. En otras palabras, el Sr. Contralor perdió las características de imparcialidad que por definición debe tener quien juzga.

Solicita en definitiva acoger el recurso declarando que:

a. Se deje sin efecto la resolución Nº73/2023 del 01 de septiembre de 2023 dictada por el Contralor de la UACh Sr. Ricardo Martínez Serres y la investigación en contra del Dr. nombre reservado a que dio origen.

b. Se adopten las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

c. Se condene en costas a la UACh.

Segundo: Que, el 18 de octubre se evacuó el informe por la recurrida, solicitando que se rechace el recurso en todas sus partes.

Indica que, en efecto, conforme lo dispone la Resolución de Rectoría N°484 de fecha 24 de octubre de 2016, que aprueba el “Reglamento de Investigaciones Internas”, el artículo 3° de este cuerpo normativo establece que la instrucción de una investigación se dispondrá previa solicitud del Rector o de los Vicerrectores dirigida al Contralor, la que indicará los hechos y conductas a investigar y, si procediera, la individualización de las personas eventualmente responsables. En este punto respecto de los hechos de la presente causa, es efectivo que el Sr. Rector de la Universidad Austral de Chile, Dr. nombre reservado, envió solicitud de inicio de investigación interna con fecha 29 de agosto de 2023, solicitando al señor Contralor (vía correo electrónico) que se investigue y determine si “las reiteradas intervenciones públicas en diversas plataformas por parte del Director Académico suplente, nombre reservado, constituyen o no un daño significativo a la integridad, estabilidad e intereses de nuestra corporación”.

Añade que, frente a lo solicitado por el Sr. Rector y en el ejercicio de sus facultades reglamentarias, la Contraloría decidió dictar la Resolución N°73/2023 de fecha 01 de septiembre de 2023, ordenando el inicio de una investigación interna con el objeto e interés de indagar y esclarecer los hechos denunciados de la manera más completa posible. Dicha Resolución, además, nombró fiscal y secretaria de la investigación a las abogadas doña Carolina Jofré y doña Daniela Plaza, respectivamente, abogadas pertenecientes al departamento de Control Jurídico de la Universidad.

Añade que es efectivo que el día 14 de septiembre el Sr. nombre reservado envió un correo electrónico dirigido a la Contraloría, solicitando copia de la denuncia formulada por el Sr. Rector, junto al resto de los antecedentes del procedimiento en curso. Frente a ello, primero se le señaló que, según el artículo 30 del Reglamento de Investigaciones Internas de la Universidad, todos los datos, resoluciones y antecedentes que se manifiesten en el transcurso del procedimiento son confidenciales, con excepción de aquellas autoridades que intervienen directamente en éste y para los trabajadores involucrados, quienes igualmente mantienen la obligación de guardar reserva de los antecedentes que conozcan durante el procedimiento. Dicho lo anterior, cumpliendo con las disposiciones reglamentarias internas aplicables y con el estándar propio de un debido proceso, se envió un correo electrónico al Sr. nombre reservado con todos los antecedentes que obraban en la carpeta de la Fiscal de la Investigación y que decían relación con los antecedentes acompañados a la denuncia efectuada, que hasta ese momento era la totalidad de lo que se había realizado en el procedimiento de investigación; de manera que el denunciado pudiera tener total conocimiento de tales antecedentes y ejercer sus derechos, advirtiéndole de manera expresa y por escrito respecto de su obligación de guardar reserva, tanto respecto de la existencia de la denuncia y del procedimiento, como de su contenido.

Menciona que el recurrente volvió a enviar un correo electrónico a la Fiscal de la investigación el 15 de septiembre de 2023, reiterando su solicitud de obtener una copia de la denuncia del Sr. Rector. Ante esto, la Fiscal del procedimiento le expresó una respuesta negativa sin mayores explicaciones, omitiendo recordarle al Sr. nombre reservado que él ya tenía en su poder la copia íntegra de la denuncia que le fue entregada al momento en que le fue notificado personalmente el inicio de la investigación el día 4 de septiembre.

Entiende que se puede apreciar que no existe ningún hecho preciso y concreto o alguna omisión que pueda serle imputable al Rector de la Universidad Austral, como representante legal de la misma, que pueda calificarse de arbitraria o ilegal. El único proceder del Rector que en definitiva parece causar la interposición de la acción de protección, es el hecho de haber ejercido una facultad reglamentaria (que precisamente fue establecida para darle cauce procedimental previo al ejercicio de la facultad legal sancionatoria del empleador, precisamente para que no se ejerza de manera antojadiza, caprichosa o arbitraria) para que un órgano de la Universidad autónomo, como lo es la Contraloría, inicie una investigación.

En concreto, estima que lo que se busca impugnar es el ejercicio que ambas autoridades universitarias han hecho de sus respectivas competencias reglamentarias, una para solicitar el inicio de un procedimiento de investigación interno y la otra, para instruirlo y llevarlo adelante en cumplimiento de las potestades y limitaciones que a todas las universidad chilenas les reconoce la Constitución y las leyes.

Connota que no puede ser ilegal la acción de la Universidad Austral de Chile, por cuanto corresponde a una facultad legal protegida y amparada por la propia Constitución, ejercida en el marco de la autonomía universitaria y con estricto apego a los requerimientos constitucionales y procesales esenciales exigidos para este tipo de procedimiento disciplinario interno. Añade que, mucho menos puede ser arbitraria, cuando precisamente se ejerce con un sentido garantista a favor del propio trabajador, pidiendo una investigación que le permita al empleador, antes de ejercer su facultad sancionatoria, adquirir la certeza de haberse cometido un hecho constitutivo de una infracción y que, además, concurren las circunstancias de gravedad que ameritan la aplicación y magnitud de una determinada sanción, de todas las posibles de aplicar. Para ello el señor Rector estimó prudente pedirle al Contralor que investigue los antecedentes, recopile más información a partir de las diligencias que estimare necesarias y, en definitiva, emita un informe con sus conclusiones y eventual resolución o recomendación de sanción, siempre respetando y garantizando los derechos de la persona denunciada.

Manifiesta que, además, el hecho denunciado no es arbitrario, dado que no se trata de un acto carente de razón o sin fundamento, toda vez que se inició este procedimiento interno de investigación ante la realización por parte del denunciado de determinados hechos, que necesitan ser analizados y ponderados por un órgano autónomo que no depende de Rectoría, para determinar si las comunicaciones que libremente expresó el Director nombre reservado pudieron poner en riesgo o afectar los intereses de la Universidad Austral o pudieron ser constitutivos de alguna otra infracción a la normativa interna de la UACh; aplicable a toda la comunidad universitaria sin excepción alguna, incluyendo a sus autoridades, directores, académicos y trabajadores.

Refiere que de los antecedentes acompañados por el actor queda en evidencia que en la especie no existen hechos y derechos indubitados a favor de quien ha solicitado la intervención cautelar. Por el contrario, de la lectura de los correos electrónicos se puede evidenciar la corrección, justeza a derecho, prudencia y racionalidad con que el señor Rector ha procedido en el ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en la protección de los intereses institucionales.

En concepto del informante, es la contraria quien en todo momento ha alegado que tiene derecho a expresarse libremente y a tener un debido proceso, pero sin haber acompañado ningún antecedente que permita tener por acreditado que alguna persona de la Universidad le hubiere impedido o le hubiere amenazado el ejercicio futuro de alguno de esos derechos. Dicho de otra manera, la actora pretende que se adopte una decisión a su favor fundada sólo en sus propias especulaciones respecto de lo que uno de los tantos posibles resultados de una investigación interna recién iniciada, podría llegar a causarle, reclamando una supuesta intimidación para seguir expresándose libremente a través de la radio institucional, por “Diálogo Académico” o en las sesiones de Directorio, cuando lo que en realidad quiere es que la esta Corte ordene a la Universidad que no se le investigue de manera alguna y que no se pueda determinar si efectivamente incurrió o no en un hecho que pueda serle reprochable. En otras palabras, el profesor y director nombre reservado pretende usar este mecanismo de tutela judicial de urgencia constitucional para procurarse una inmunidad que no tiene ningún miembro de la comunidad universitaria, ni siquiera el actual rector nombre reservado; finalidad evidente que no puede ser amparada.

Reitera que no ha existido acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la Universidad Austral de Chile; requisito básico para la procedencia de la acción de protección.

Agrega que en el caso de marras, tampoco se ha producido una vulneración de las garantías constitucionales invocadas, según el siguiente detalles - Inexistencia de vulneración de la garantía del artículo 19 N°2. Expone que a diferencia de lo que sostuvo en su libelo el actor, el Sr. Contralor ha seguido todos los procedimientos establecidos en el Reglamento de Investigaciones Internas y no existe ningún tipo de inhabilidad que pueda recaer en él. De hecho, en la reunión de la Comisión de Auditoría donde el Contralor intervino, lo que hizo fue hacer un recordatorio respecto de un acuerdo previo del propio Directorio en que esta Comisión en particular (atendidas las materias que trata, el seguimiento de procesos reservados que están en curso y otras razones más) no podía estar abierta a la asistencia de Directores “invitados” u “oyentes”, como sí ocurre en otras comisiones. Ello en atención a la naturaleza confidencial de la información que se entrega en dichas sesiones y en cumplimiento de las normas reglamentarias y legales que regulan los procedimientos de auditoría y de investigaciones a cargo de Contraloría, que se deben reportar o informar en estas sesiones de comisión. Ello fue lo que el Contralor le informó al Presidente del Directorio, en presencia del señor nombre reservado, haciendo expresa mención que el acuerdo fue adoptado por los miembros del Directorio con derecho a voto porque no podía haber ningún riesgo de filtraciones respecto de lo que se trataba en esa Comisión, ya que si eso ocurría podría implicar la vulneración de derechos de terceros, especialmente los derechos de los trabajadores de la Corporación que eran parte de los procedimientos de investigación.

Enfatiza que no es efectivo que haya sido el señor Contralor quien coartó o privó al señor nombre reservado de su libertad a expresarse o de intervenir de manera igualitaria a los demás miembros del Directorio en las sesiones de la Comisión de Auditoría. Fue un acuerdo del propio Directorio el que determinó que sólo los integrantes de esta Comisión y nadie más ellos puedan participar de esas sesiones, regla que se ha aplicado de manera igualitaria a todos los directores y directoras que no forman parte de esa comisión, ya sea el señor nombre reservado o cualquier otro u otra.

Agrega que, lo mismo puede decirse respecto del acceso del señor nombre reservado a las plataformas de comunicación social o institucional para exponer sus opiniones y pensamientos frente a la realidad de la Universidad y la forma como entiende la crisis que experimenta la Universidad. El actor ha podido expresarse a través de la Radio Institucional en el espacio de difusión denominado “Diálogo Académico”, y en las sesiones de Directorio cuyo debate dirige el Presidente de dicho cuerpo colegiado (no el Rector, ni el Contralor). En todos esos espacios de expresión libre el señor nombre reservado no ha tenido ningún trato distinto o desmejorado del que tiene el resto de los trabajadores que están en su misma posición; trabajadores que son directores académicos.

Finalmente, destaca que en el inicio y desarrollo hasta ahora del procedimiento de investigación interna, la Universidad ha aplicado su normativa interna de manera igualitaria y no discriminatoria en el caso del señor nombre reservado, sin ofrecerle privilegios pero tampoco menos garantías, dada su condición de Director Académico.

- Inexistencia de vulneración de la garantía del artículo 19 N°3, inciso 5°. Argumenta que el actuar de la Universidad ha sido legal y justificado o fundado, conforme a un procedimiento interno previamente establecido para los casos como el de marras.

- Inexistencia de vulneración de la garantía del artículo 19 N°12. Respecto de esta supuesta garantía conculcada, controvierte expresamente que se haya vulnerado el derecho a la libertad de expresión, opinión e informar, o que se haya ejercido de alguna manera censura previa. Como se ha indicado, en la denuncia no se exponen hechos precisos que funden la supuesta lesión a esta garantía.

Arguye en los supuestos de hecho que se indican en el libelo, no se ha presentado ninguno que pueda ser constitutivo de una violación al derecho a la libertad de opinión, en los términos que garantiza el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República. El actor intenta invocar la conculcación de esta garantía para protegerse a sí mismo de su propio actuar discutible: la exposición o difusión frente a terceros e integrantes de la comunidad universitaria sobre hechos y situaciones que, por reglamentación interna, son de carácter estrictamente confidenciales o, eventualmente, según se podrá definir en la investigación interna, de otras infracciones a las normas reglamentarias internas.

La responsabilidad en emitir opiniones, sin censura previa, como lo fue en caso del recurrente, con exponer frente a la comunidad universitaria la existencia de procesos administrativos reservados ante el público o de expresar opiniones críticas que pudieren sobrepasar los límites que la normativa interna considera como tolerables para la sana convivencia universitaria, pone al Sr. nombre reservado en el contexto de que su conducta, pueda ser evaluada y eventualmente sancionada por la Corporación mediante la aplicación del Reglamento de Investigaciones Internas. Ello no significa que se estén vulnerando sus derechos, más aún cuando el empleador está ejerciendo sus facultades reglamentarias de manera prudente, antes de decidir su ejerce sus facultades disciplinarias propias de toda relación laboral.

Por otro lado, el actor aduce esta conculcación, pero olvida o no refiere que la Universidad o alguna de sus autoridades, no lo han censurado por ninguna vía. De hecho, el Sr. nombre reservado tuvo la libertad de exponer situaciones de carácter confidencial en diversas plataformas de comunicaciones, pudiendo hacerlo sin que nadie le haya quitado los espacios para que no pudiera expresarse.

En conclusión, según reseña, el actor de autos no se ha visto privado, amenazado o lesionado en ninguno de sus derechos fundamentales, de manera que el recurso debe ser rechazado, con expresa condena en costas.

Tercero: Que según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) Una conducta ilegal o arbitraria; b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

En este caso, la acción se entabla por un particular en contra de una Corporación regida por preceptos de derecho privado, vale decir, se trata de un conflicto entre particulares en el que se debate acerca de si el recurrido ha obrado sin apego a derecho al iniciar un procedimiento sancionatorio en contra del recurrente, en las condiciones en que éste fue enderezado en su contra.

En el contexto descrito, el recurrente hace consistir el acto que objeta a través de la acción, en la denuncia entablada en su contra por el Rector de la Universidad Austral de Chile y la Resolución Nº73/2023 en ella recaída, dictada el día 1 de septiembre de 2023 por el Contralor de la Corporación, notificada el 4 del mismo mes, en cuanto por ella se declaró admisible la mencionada denuncia, motivada por la expresión pública de determinadas circunstancias en diversas plataformas. La denuncia fue promovida, según consta en estos antecedentes, con miras a determinar si los hechos en que se ampara, constituyen o no un daño significativo a la integridad, estabilidad e intereses de la Corporación, a través del procedimiento disciplinario que prevé la regulación interna de la Universidad.

Se reprocha a uno de los órganos de la jurisdicción doméstica de la Universidad Austral de Chile, esto es, el Contralor, un déficit de imparcialidad que se origina en haber prejuzgado los hechos narrados en la denuncia del Rector al manifestar en sesión del Directorio de la Corporación, celebrada el día 24 de agosto pasado, que no permitiría que el recurrente —Director Académico suplente nombre reservado— “filtrara” información en el espacio “Diálogos Académicos” o en Radio UACh.

A juicio de quien acciona, la alocución reseñada emana de quien, en ejercicio de su cargo de Contralor, debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia aludida, evaluando su entidad, debe designar al fiscal, secretario y de quien, en definitiva, ha de ejercer la potestad de sancionar o absolver al denunciado, conociendo del único recurso que consulta el procedimiento aplicable en contra de la decisión estimatoria de los cargos, según la reglamentación interna de la Corporación en materia disciplinaria.

Cuarto: Que, para la corrección del análisis sucesivo, conviene precisar que el recurso intentado en estos autos descansa en dos circunstancias de hecho que, a juicio de quien acciona, se configurarían en la especie:

a) La persona que ejerce el cargo de Contralor de la Universidad Austral de Chile, carece de imparcialidad en relación con la denuncia entablada por el Rector en contra del Director suplente señor nombre reservado, por haber manifestado que no permitiría la divulgación de informaciones que se hubiere determinado mantener bajo reserva.

b) Que, en el escenario descrito en el literal anterior de este motivo, el Rector dio inicio al procedimiento disciplinario en contra del señor nombre reservado, entablando una denuncia en su contra, declarándose admisible por el Contralor, para de ese modo impedirle expresar su opinión, informar e irrogarle consecuencias en el orden sancionatorio que terminarían amagando otros derechos fundamentales que invoca en su libelo.

Quinto: Que, ambas circunstancias apuntadas en el basamento precedente de este fallo, no constan de los antecedentes aportados en la instancia por las partes ni es posible inferirlas de aquellos. Así, resultan insuficientes para establecer tales hechos, en esta sede de amparo extraordinario y de emergencia de determinados derechos fundamentales, el ejercicio por parte del Rector de sus competencias estatutarias, presentando una denuncia en contra del recurrente y aparejando los antecedentes en que se funda. Del mismo modo, no se configura un acto de prejuzgamiento vertido con elementos suficientes para emitir pronunciamiento, por el hecho de haber manifestado previamente el Contralor, en el seno del Directorio de la Universidad Austral, la circunstancia de corresponder a una conducta vedada la divulgación de asuntos o informaciones reservadas por parte de los Directores.

Esta alocución vertida por el Contralor, sólo cabe comprenderla, según el cúmulo de elementos reunidos, como el ejercicio del rol estatutario que concierne a la referida autoridad universitaria, en orden a velar por la observancia de la normativa interna y de los acuerdos del propio Directorio, según discurre el “Reglamento de Contraloría de la Universidad Austral de Chile! N° 333 de 12 de diciembre de 2006, en relación con el artículo 553 del Código Civil, en cuanto establece que “[L]os estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerla bajo las penas que los mismos estatutos dispongan”. El contralor no hizo más que replicar esta disposición legal y su correlato reglamentario frente al Directorio en sesión celebrada el 24 de agosto de 2023.

Sexto: Que, en las condiciones apuntadas en el motivo anterior, despojadas de sus supuestos de hecho específicos, las circunstancias en que se hace consistir la ilegalidad y arbitrariedad de las actuaciones que denuncia el actor, no se configuran. No hay acciones de la referida índole que ameriten protección por esta vía cautelar de emergencia, por lo que la acción entablada en estos antecedentes no podrá prosperar, según se dirá en la conclusión.

En efecto, la base de los agravios que sustenta el impugnante no es otra que una desviación de fin de las decisiones estatutarias del Rector y del Contralor, que describe y cuestiona. Esta circunstancia es controvertida por la recurrida y, en modo alguno, consta en los antecedentes, de tal manera que huelga la base fáctica indispensable para que la acción de protección pueda ser acogida.

Por otro lado, ni los reparos en contra de la denuncia del rector ni causal alguna de inhabilidad han sido enderezadas respecto del Rector o del Contralor en los márgenes del proceso disciplinario seguido en contra el señor nombre reservado. En dicha sede de jurisdicción doméstica consta, además, el cumplimiento de las exigencias del procedimiento correspondiente, entre ellas, la denuncia entablada por quien tiene la autoridad para interponerla, la correcta notificación al recurrente a quien se informó cabalmente sobre los antecedentes que la fundan y la resolución en ella recaída, según el recorrido procesal que consulta el Reglamento de Investigaciones Internas de la Universidad Austral de Chile.

En las condiciones apuntadas, la pretensión del recurrente se dirige a evitar la iniciación de un proceso disciplinario, más que a obtener la tutela constitucional por amenaza de sus derechos en esa instancia, desde que no le ha sido negado el ejercicio de los mismos durante el referido proceso, como tampoco ha ejercido recursos en su contra, una vez notificado. El punto estriba, de tal suerte, en que no cabe considerar el inicio del procedimiento como arbitrario o ilegal.

Desde otro punto vista, tampoco cabe acoger los cuestionamientos a la iniciación del procedimiento disciplinario al tratarse de un acto de censura previa. Sobre este punto, conviene descartar que la activación del procedimiento disciplinario, en las condiciones que consta en estos antecedentes, constituya un acto idóneo para entrabar la libertad de emitir opinión e informar, sin censura previa. Mal puede pretender el recurrente por esta vía que se reconozca una prerrogativa incondicionada a su favor, relevándolo de todas las consecuencias jurídicas que se siguen del ejercicio de la libertad de expresión, inclusive las de orden estatutario.

Séptimo: Que, en consecuencia, no concurriendo el presupuesto correspondiente a la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de los recurridos; indispensable para que la acción de protección pudiese prosperar, ésta ha de rechazarse conforme se dirá en lo resolutivo, siendo inoficioso emitir pronunciamiento respecto de las garantías que se señalan como conculcadas, así como respecto de las demás defensas esgrimidas por la recurrida.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, contribuye a la conclusión a que se ha arribado sobre la desestimación del recurso, la inexistencia de un acto terminal o resolutorio dictado en el procedimiento disciplinario de que se trata, que tenga la aptitud de afectar o vulnerar las garantías constitucionales que se dicen infringidas. Según se desprende de la lectura de la acción constitucional intentada en estos autos, se cuestionan actos de postulación formal (denuncia) y decisiones intermedias o de trámite de la administración universitaria en el marco de un proceso correccional que aún no se encuentra afinado. Se trata de actos que, si bien conducen a la resolución final en cuanto presupuestos procesales de ésta, carecen de idoneidad lesiva respecto de las garantías constitucionales que se denuncian vulneradas.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Rodrigo Carvajal Schnettler.

N°Protección-1825-2023.