nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Valdivia Valdivia, tres de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece don Maximiliano Mannett Olivares, abogado, a nombre de doña nombre reservado, dependiente, y de don nombre reservado, trabajador independiente, y en esa representación recurre de protección en contra de doña nombre reservado y doña nombre reservado, en razón de sus actos ilegales y arbitrarios que vulneran el derecho a la integridad física y psíquica que garantiza el artículo 19 N.°1 inciso primero de la Carta Fundamental.

Indica que su representado nombre reservado es el ex conviviente de la recurrida nombre reservado, y padre de dos hijos en común (aunque luego indica que es sólo uno). Expresa que su otra representada es la madre del señor nombre reservado; y que la segunda recurrida es la madre de su ex conviviente. Apunta que el recurso dice relación con una dinámica de amenazas y chantajes que las recurridas han realizado en contra de sus dos representados, explicando que las referidas amenazas y chantajes funcionan así: las recurridas llaman constantemente, telefónicamente o por whatsapp, a sus representados, exigiendo pagos indebidos de diversas sumas de dinero. Las recurridas, en esas comunicaciones, expresan que, si las sumas de dinero exigidas no son pagadas, concurrirán ante los cuerpos policiales, ante el Ministerio Público o ante los Tribunales, a interponer denuncias en contra de mi representado, por delitos que son inexistentes, o bien a denunciar incumplimientos también inexistentes del régimen cautelar que pesa sobre mi representado.

A modo de ejemplo, transcribe mensajes de audio enviados por la recurrida nombre reservado a nombre reservado, el día lunes 31 de mayo de 2021: “Si mañana la plata no está a las 12 del día como dijiste tú, yo te voy a ir a denunciar y te voy a meter preso, nombre reservado”. “Hasta las 5 te espero con los 50 o 40 mil pesos del niño, me avisas a qué cuenta la vas a enviar, y mañana te espero hasta las 12 del día con los 110, no te espero más. Si no llega el primer depósito o el segundo depósito, no te quejes después por las denuncias”. Además, agrega, la recurrida nombre reservado, madre de la recurrida nombre reservado, concurre al lugar de trabajo de su representada nombre reservado, a ventilar ante sus jefaturas y compañeros de trabajo la existencia de dichas contiendas judiciales, como mecanismo de presión para conseguir sus cometidos espurios, cuales son el pago indebido de sumas de dinero que no corresponden. De esto da cuenta por escrito la Sra. nombre reservado, compañera de trabajo de su representada nombre reservado, en un documento que acompaña.

Hace presente que los dineros para la manutención del hijo en común son remitidos mes a mes por parte de su representado a la recurrida nombre reservado, según se da cuenta mediante comprobantes que se acompañan en un otrosí, pese a que los alimentos de los menores (sic) no han sido objeto de demanda ante los Juzgados de Familia, ni audiencia de mediación, y mucho menos judicialmente decretados.

Expresa que las conductas de las recurridas son ilegales y arbitrarias porque si la recurrida estima que cuenta con una razón para exigir el pago de una suma de dinero, el legislador ha previsto mecanismos judiciales para hacerlo efectivo, proscribiendo en todo sentido la autotutela. Esa interdicción tiene una fuente constitucional en el artículo 76 de la Carta Magna, el cual reserva exclusivamente para los tribunales de justicia el conocimiento y resolución de los conflictos. En ese sentido, trabado el conflicto por la suma de dinero que la recurrida nombre reservado estima que tiene derecho, toda conducta por la cual se persiga su ejecución, que se aparte de la tutela judicial por parte del tribunal competente, será de por sí ilegal. Esto es lo que ocurre en la especie: la recurrida estima que tiene derecho a una suma de dinero, y persigue su pago por medio de amenazas y coacciones que implican la puesta en marcha del aparato jurisdiccional penal, a pesar de que mi representado no ha incurrido en conducta delictiva alguna.

Por otra parte, las conductas desplegadas por las recurridas son lesivas del derecho a la integridad psíquica que asiste a mis representados. Este derecho, que se encuentra consagrado en el primer numeral del artículo 19 de la Carta Magna, se ve amenazado y afectado por el obrar de las recurridas, pues la conducta desplegada se condice con lo que conocemos como acoso, hostigamiento o stalking. Este fenómeno se caracteriza por tratarse de una conducta repetitiva dirigida en contra de alguien, que no es bienvenida ni deseada por la víctima, y que genera miedo, ansiedad o preocupación por parte de la víctima, elementos que concurren en la especie.

Se trata, dice, de una conducta hostigante, puesto que las recurridas se han dedicado, de modo contumaz y sistemático, a perseguir y coaccionar a sus representados, exigiendo por distintas vías ilegales el pago de sumas que son indebidas, para finalidades que sus representados ignoran. Tanto es así que las recurridas concurren al lugar de trabajo de mis representados, a fin de buscarlos allí para exigir los pagos, y comunican a sus jefaturas y compañeros de trabajo la existencia de causas judiciales entre las partes. Además de ello, existen las amenazas de que se interpondrán falsas denuncias en contra de su representado nombre reservado, las cuales naturalmente provocarán un menoscabo en su situación jurídica. Lo anterior genera, desde luego, en mis representados, una necesidad por encontrarse constantemente en estado de alerta, lo cual significa un mal dormir y una preocupación ininterrumpida, todo por la amenaza constante de las dos recurridas. En ese sentido, la afectación al derecho a la integridad psíquica es innegable: la tranquilidad mental y emocional de mis representados se ve constantemente perturbada por el actuar de las recurridas.

En definitiva, pide que esta Corte ordene a las recurridas cesar en la actitud de hostigamiento que han desplegado en contra de mis representados, persiguiéndolos por distintas vías, exigiendo verbalmente y por escrito el pago de sumas indebidas de dinero, puesto que dichas conductas constituyen una afectación ilegal y arbitraria del derecho fundamental a la integridad psíquica que asiste a sus representados; y que, si las recurridas estiman que tienen derechos que ejercer en contra de mis representados, que lo hagan por la vía que legalmente ha sido dispuesta al efecto.

Se pidió informe a las recurridas, las que no lo evacuaron en la oportunidad procesal debida, de modo que se procedió a la vista de la causa sin él.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que las amenazas constituyen un hecho antijurídico que está sancionado como delito por el Código Penal, y que vician el consentimiento por fuerza en el Código Civil.

SEGUNDO: Que, en cualquier caso, para configurar una amenaza antijurídica el mal con el que se intenta mover la voluntad de la víctima debe ser uno que se caracterice por su ilegitimidad. En el caso del Código Penal, el tipo basal del Art. 296 exige que el mal constituya un delito (“El que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho.”). Puede también haber amenazas delictuales de males que no constituyan delito, pero la interpretación unánime de la norma del Art. 297 del Código Penal es que no alcanza al mal que supone la puesta en marcha del aparato jurisdiccional.

TERCERO: Que, en materia civil, por otra parte, la fuerza es un vicio del consentimiento configurado legalmente en el Art. 1456 del Código Civil, que dispone que “la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave”, norma respecto de la cual la unanimidad de la teoría legal apunta que fuerza debe ser grave, determinante e injusta; y en lo que interesa aquí, que la invocación del ejercicio futuro de acciones judiciales no constituye una amenaza injusta o ilegítima, a menos que se use para agravar la posición jurídica de la víctima, como si a un deudor se le dice que si no firma un nuevo contrato más oneroso que el original se lo someterá a un proceso de ejecución forzada (caso en el que ese nuevo contrato estará viciado de fuerza), cuyo no parece ser el caso de autos.

CUARTO: Que, de esa manera, en el caso concreto, la mayor parte de los hechos descritos por los recurrentes se inscribe, precisamente, en las reiteradas advertencias (molestas, por cierto) de acciones judiciales de distinto tipo para conseguir unas sumas de dinero, sumas que los recurrentes no parecen estar obligados a pagar, según los escasos antecedentes que permite manejar el presente proceso cautelar; y respecto de las cuales admoniciones o advertencias, por lo tanto, los recurrentes se encuentran en posición, lisa y llana, de hacer caso omiso.

QUINTO: Que, parece resultar cierto que tales advertencias se hacen, según los instrumentos probatorios aportados por el recurrente, de una manera reñida con la convivencia civilizada que cabe esperar entre personas que tienen hijos en común; pero es igualmente cierto que no es parte de la labor jurisdiccional de las Cortes, en sede proteccional, el incidir en la forma cómo los ciudadanos expresan sus deseos y requerimientos a otros, salvo que se configure una clara privación, perturbación o amenaza de un derecho inconcuso o no discutido, a través de un acto que resulte ilegal y arbitrario de otro; lo que no parece ser el caso.

Por las anteriores consideraciones y visto lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por los recurrentes en contra de doña nombre reservado y doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Juan Andrés Varas Braun.

N°Protección-1823-2021.