Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Capital S

Valdivia, veinte de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente: 1°) Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, venezolano, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, licenciado en música, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., representada por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, en virtud del acto que estima como ilegal o arbitrario, consistente en rechazar su solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo cual estima que vulnera sus derecho a la igualdad y no discriminación, así como su derecho de propiedad.

Expone que su representado solicitó la devolución de fondos previsionales, de acuerdo con lo previsto por la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, la que fue rechaza por la recurrida, ante la falta de un certificado del instituto u organismo de seguridad social y/o previsional extranjero debidamente apostillado o legalizado y en virtud de haber sido contratado por la Ilustre Municipalidad de Osorno mediante decreto.

Argumenta que su representado ha cumplido con los requisitos legales, manteniendo una afiliación verificable en su país de origen a través de la plataforma oficial del gobierno de su país de origen.

Agrega que otras administradoras han estimado como suficiente el antecedente referido en otros casos. En cuanto a la forma de contratación, alega que no corresponde una aplicación estricta y exegética del artículo 1 y 7 de la Ley N°18.156, en orden a incluir únicamente los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código del Trabajo.

Solicita que se acoja la acción constitucional de protección y se ordene reconocer la validez de la documentación acompañada por su representado, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro del plazo de cinco días. 2°) Que, comparece Paula Catalina Peña Vásquez, abogada, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., quien informa al tenor de la acción constitucional interpuesta.

En primer término, sostiene la improcedencia de la acción constitucional deducida, por extemporánea, por mantener el recurrente otras dos solicitudes de devolución de fondos previsionales rechazadas en el año 2023.

Por otra parte, alega carecer de legitimación pasiva, por cuanto su representada se limitó a aplicar lo señalado por la invariable jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

En tercer término, alega que la acción constitucional de marras no constituye la vía idónea para conocer de la solicitud del recurrente, al pretender un pronunciamiento declarativo de derechos.

En cuanto al fondo, sostiene que el recurrente no dio cumplimiento a los requisitos previstos en la Ley N°18.156. Por un lado, porque el decreto que nombra al recurrente no contiene en ninguna de sus partes la voluntad de mantener la afiliación en un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile; y por el otro, porque la certificación acompañada no fue apostillada o legalizada. Solicita que se rechace la acción constitucional interpuesta. 3°) Que, el recurrente interpone acción constitucional de protección en contra de la recurrida, por estimar ilegal y arbitraria la exigencia de la primera de acompañar documentación apostillada o legalizada a su respecto, a fin de acreditar los requisitos previstos por Ley N°18.156, para el retiro de fondos de pensiones para personas extranjeras y por estimar que no procedía a su respecto el retiro solicitado al ser nombrado en un cargo público por parte de la Ilustre Municipalidad de Osorno. La recurrida alega la extemporaneidad de la acción, su falta de legitimación pasiva y, en cuanto al fondo, solicita el rechazo de la acción deducida, sosteniendo la inexistencia de acto ilegal o arbitrario, siendo su actuación consecuencia del acatamiento de las disposiciones que regulan su actividad económica. 4°) Que, en cuanto a las alegaciones formales, estas deberán ser rechazadas. Respecto de la presunta extemporaneidad, aparece de manifiesto que el acto recurrido dice relación con una tercera solicitud de devolución de fondos previsionales, del todo diversa a las dos anteriores acompañadas por la recurrida, siendo preciso señalar que la ley no prevé una preclusión o pérdida de la oportunidad para volver a formular la solicitud si esta ha sido rechazada anteriormente.

En relación con la falta de legitimación pasiva, sin perjuicio de las alegaciones de la recurrida, se advierte con toda claridad que el acto recurrido por el actor emana de ella y no de la Superintendencia de Pensiones. Así, de siquiera considerarse plausible la alegación en orden a que la recurrida únicamente ejecuta la regulación sectorial, cualquier recurrido podría eludir entrar al fondo del asunto atribuyendo la actuación a la Administración, al legislador, a los tribunales de justicia o al constituyente. 5°) Que, en cuanto al fondo, no resulta una interpretación razonable el excluir al recurrente de la posibilidad de acceder al régimen previsto por la ley para los extranjeros por el solo hecho de ser funcionario público, más aún si este no tiene posibilidad alguna de incidir en la redacción del decreto que lo nombra ni efectuar cualquier otra manifestación de voluntad que no sea la de aceptar el cargo. En este sentido, no se ha invocado un fundamento que permita entender la razonabilidad de la distinción. 6°) Que, sin perjuicio de lo anterior, sobre el valor legal de la documentación acompañada es necesario señalar que el uso de instrumentos públicos emanados de un Estado en el territorio nacional de otro, se rige por regla general por el trámite de legalización.

Excepcionalmente, se ha adoptado el Convenio de la Haya por el que se Suprime la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, del cual son Estados Parte la República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, ambos Estados han previsto una forma más expedita y común para que se dé valor y certeza a los enunciados que pueda contener un determinado documento, en este caso el conocido como apostillado. 7°) Que, no existiendo apostilla ni legalización en el documento presuntamente oficial de la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido invocado por el recurrente y siendo insuficientes los antecedentes acompañados a su presentación, debe estimarse que la recurrida ha actuado conforme a derecho en cuanto a rechazar la solicitud, manteniéndose a salvo la posibilidad de que el recurrente efectúe una nueva petición con la documentación idónea y debidamente apostillada. En consecuencia, no existiendo actuación ilegal o arbitraria en el caso de marras, deberá rechazarse el presente arbitrio.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado, venezolano, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-182-2026.